¿Qué va a pasar con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)? La pregunta ha regresado al centro de la actualidad mediática un año después de que gobierno, patronal y sindicatos abordaran su extensión tras el fin del primer Estado de Alarma. Hoy las dudas sobre su prórroga no rotan tanto en torno a la nueva fecha de caducidad (acordada ya para el 30 de septiembre) como a su forma (las exenciones a las que se podrán acoger las empresas para no sufragar las cuotas de la Seguridad Social). Una negociación que está a las puertas de romperse.
Qué sucede. Que el 31 de mayo, dentro de una semana, expira el marco regulatorio extraordinario habilitado por el gobierno y bajo el que miles de empresas han declarado ERTEs en el contexto de la pandemia. Tanto patronal como sindicatos como ejecutivo desean extender el esquema de ayudas públicas hasta finales del verano. Pero por el momento no hay acuerdo. La última reunión mantenida entre todas las partes implicadas, con especial protagonismo para el Ministerio de Seguridad Social, no ha llegado a buen puerto. Las opciones comienzan a agotarse.
¿Por qué Seguridad Social? Porque es su titular, José Luis Escrivá, mucho antes que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, quien mantiene un enfrentamiento más agrio con empresarios y sindicatos. Escrivá desea extender los ERTE pero también modificar sus condiciones. La disputa rota en torno a las "exoneraciones", las cotizaciones sociales que las empresas dejan de pagar bajo determinados supuestos. El ministro desea reducirlas para todos aquellos trabajadores incluidos en un ERTE y aumentarlas para todos aquellos "rescatados", ya de nuevo en plantilla.
Es decir, cambiar el sistema de incentivos. Facilitar las reincorporaciones (subvencionando sus cuotas) y dificultar las bajas (obligando a las empresas a pagar más, poco a poco, por los empleados en ERTE).
La situación. Para entender esto último conviene repasar el funcionamiento de los ERTE. En su formulación original, un ERTE permite a una empresa suspender de empleo y sueldo a un trabajador. Dado su carácter "temporal", las empresas siguen obligadas a pagar sus cuotas a la seguridad social. El trabajador en cuestión sigue dado de alta, por lo que no computa como desempleado. Este instrumento, diseñado para situaciones específicas, se convirtió en la herramienta por defecto para miles de empresas cuya actividad se detuvo a partir del 14 de marzo de 2020.
¿Por qué? Porque el gobierno se ofreció a pagar las cuotas de los trabajadores en ERTE en lugar de las empresas. Un salvavidas a cambio de reducir el volumen de EREs, despidos permanentes que sí habrían engrosado la bolsa de parados. El Ministerio de Trabajo se valió entonces de la figura de la "fuerza mayor" para abrigar a los ERTE declarados con motivo (objetivo, argumentado) de la epidemia.
La reforma. Aquella solución fue un parche. Uno que tenía sus límites una vez agotado el Estado de Alarma y que ofrecía poca flexibilidad tanto a las empresas como a las arcas públicas. En septiembre, gobierno, patronal y sindicatos aprueban una reforma de los ERTE extraordinarios: se mantendría la "fuerza mayor" pero se crearían tres nuevas subcategorías en función de la naturaleza de cada empresa y de las restricciones que cada una de ellas afrontara. Estas categorías serían la "actividad ultraprotegida"; el "impedimento" de la actividad; o su "limitación".
Las condiciones. A la reforma le acompañó una prórroga automática de todos los ERTEs por fuerza mayor hasta el 31 de enero de 2021, extendida posteriormente hasta el 31 de mayo. En función de la categoría designada, cada empresa disfrutaría de determinadas exoneraciones:
- Los ERTE por "impedimento" de la actividad habilitarían a exenciones de hasta el 100% para las empresas que hubieran tenido menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020; y del 90% si hubieran tenido más de 50 trabajadores.
- Los ERTE por "limitación" habilitarían a exoneraciones decrecientes. En octubre quedarían libres del 100% de las cuotas; en noviembre, del 90%; en diciembre, del 85%; y en enero, del 80% (un 10% menos respectivamente para las empresas de +50 empelados).
- Por su parte, los ERTE para "sectores ultraprotegidos", claves en la cadena de valor, permitirían exenciones del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para empresas más pequeñas.
El cambio. No ha trascendido cómo desea modificar Escrivá este esquema, pero sí que desea modificarlo. Sí se sabe que cuenta con el apoyo de la ministra de Economía y vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño. Seguridad Social desearía reducir el porcentaje de las "exoneraciones" fijadas en la reforma de septiembre y utilizar el dinero sobrante en reducir la cuota de los trabajadores reincorporados. Es decir, equilibrar la balanza. Poner el acento de las ayudas no tanto en los despidos temporales como en los "rescates" de empleados de aquí al final del verano. Porque nadie discute la extensión de los ERTE. Sólo su forma.
¿Y si no hay acuerdo? A esta hora hay un riesgo real de que las negociaciones no fructifiquen. Todos los implicados tienen cinco días para resolver el cuello de botella. El camino más recto pasa por un Consejo de Ministros extraordinario este viernes que apruebe a última hora la prórroga (caduca el lunes). Según CCOO, todo rota en torno a las "exoneraciones": "Las partes concernientes al Ministerio de Trabajo están resueltas". No es la primera vez que el acuerdo por los ERTE llega in extremis, pero sí ha sido el desencuentro más agudo entre CEOE/sindicatos y gobierno.
El Plan B. La gran cuestión es, ¿qué pasa si expiran los ERTE? En teoría, los beneficios habilitados por el gobierno en el contexto de la pandemia, desaparecerían. Si no mediara una resolución extraordinaria, muchas empresas se verían abocadas a un Plan B, como se explica aquí: pasar de la "fuerza mayor" a un ERTE ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas). El salto está previsto en el ordenamiento laboral pero obligaría a pactar las condiciones con los trabajadores y, ante todo, obligaría a las empresas a sufragar el 100% de sus cuotas.
El Plan C, la resolución por defecto, sería aún más traumática: si no transitaran hacia el ERTE ETOP, las empresas tendrían que reincorporar a todos los trabajadores acogidos hasta entonces por la "fuerza mayor" extraordinaria habilitada por el gobierno hasta el 31 de mayo. Es el escenario de incertidumbre denunciado hoy por patronal y sindicatos. Uno que a cinco días de la fecha límite deja en el aire el estatus laboral y económico de unos 600.000 españoles.
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