El campo vivió hace tres días la mayor protesta de su historia. Miles de agricultores, ganaderos, regantes y sobre todo cazadores procedentes de todas las comunidades autónomas se manifestaron en Madrid para reivindicar un futuro para el mundo rural y las actividades que lo sustentan. Todo agravado por la actual coyuntura sociopolítica, la guerra en Ucrania y la huelga de transportes, y por el aumento generalizado de los costes derivado del alza de las materias primas y los costes laborales.
Una inmensa marea de 200.000 chalecos naranjas, la versión española y rural de las movilizaciones en Francia, cobró vida.
Con todo y a por todas. Para entender bien el fenómeno hay que recalcar un dato importante: la inmensa mayoría de los convocantes y asistentes a la manifestación eran cazadores (más del 90%). Tanto fue su ahínco por hacerse oír que esta otra cifra resume bien la magnitud de sus protestas: pagaron el flete de los 1.400 autobuses que llegaron a la capital cargados de manifestantes. Solo la Federación Andaluza de Caza, la mayor de España, destinó 400.000 euros a financiar ese medio de transporte para sus asociados, el 20% de su presupuesto de casi dos millones.
¿Quiénes son y quiénes les apoyan? Amantes de la actividad cinegética, embutidos en chalecos naranjas, protestando contra las políticas del Gobierno al que acusan de propiciar actuaciones que desembocarán en la prohibición de su actividad. El PP y Vox arroparon a los ganaderos, agricultores y cazadores en su grito de furia contra el Ejecutivo, por su puesto. El cariz político de la manifestación es muy evidente. Y ninguno de los partidos de la derecha dio la espalda a los cazadores. El PP, representado por Esteban González Pons, Cuca Gamarra y un grupo de diputados, entre los que se encontraba Adolfo Suárez-Illana.
Y Vox, claro. Santiago Abascal se dio un verdadero baño de masas, entre gritos de "¡Presidente!". Pero las protagonistas de la velada fueron la Real Federación Española de Caza (RFEC), Asaja (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores) y COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos).
¿Qué reclaman? La Federación sostiene que el gran problema de esta norma promovida por Unidas Podemos, la Ley de Bienestar Animal, que se encuentra en tramitación, es la "inseguridad jurídica" que transmite. Consideran que afectará sobre todo a la “cetrería, la caza con hurón, o con perro”, y mantienen que los animales que participan en actividades cinegéticas no deberían formar parte de esta normativa. Rechazan por completo que se prohíba la cría entre particulares ―la ley obliga a inscribirse como criador―, porque para ellos "no tiene ningún sentido".
Tampoco están de acuerdo con la esterilización obligatoria que propone el texto, que indica que en el caso de que el titular de los animales no esté inscrito en el Registro de Criadores, los perros de actividad cinegética que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros, deberán estar esterilizados.
Piden revocar la protección del lobo y la tórtola. El enfado con el Ministerio para la Transición Ecológica por haber protegido de forma estricta al lobo y no permitir la caza de la tórtola es evidente. En septiembre de 2021, el lobo dejó de ser un trofeo de caza y se puso fin a subastas como las de la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde se habían llegado a pagar 6.000 euros por abatir un ejemplar. Esta protección contó con el apoyo de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y del Comité Científico, que avaló el estancamiento de la población de lobo ibérico en los últimos años. Los cazadores también piensan que a la tórtola le seguirán otras emblemáticas para ellos como la perdiz, la codorniz o el zorzal.
Cazar en parques nacionales o modificar el código penal. En los parques nacionales está prohibida la caza comercial desde diciembre de 2020, algo que quieren eliminar los protestantes. Al igual que piden no incluir el maltrato a los animales silvestres en el Código Penal. El presidente de la RFEC considera que deja abierto un resquicio para que la caza entre dentro de la esfera del maltrato animal, lo que implicaría de facto su prohibición. Con los cambios propuestos se ampliarán las penas de prisión hasta dos años cuando se mate por maltrato de manera intencionada a un animal.
La respuesta del Gobierno. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación indicó a principios de marzo, cuando se aprobó la Estrategia Nacional de Gestión cinegética, que la caza "juega un papel relevante en el medio en el que se desarrolla" y que no solo es una "práctica deportiva" sino que es "clave" para la salud de la naturaleza, además de suponer un ingreso económico importante. Pero entre han dejado claro que entre las reivindicaciones de los chalecos naranjas se encuentran algunas que son inasumibles, porque ya están aprobadas y tienen una difícil vuelta atrás, como es la prohibición de la caza del lobo, permitir la caza en los parques nacionales o el mantenimiento de la munición de plomo.
Imagen: GTRES
