TheGregf intentó desahuciar a una inquilina de 80 años en uno de sus pisos de Andorra. La justicia se lo ha impedido

"El deseo de desalojar del arrendatario no es suficiente", explica la justicia local para negar el desahucio

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Varapalo de la justicia a Grefito, la empresa inmobiliaria del popular streamer TheGrefg. Mes y medio después de que saltase la polémica por los intentos de la compañía de echar de su casa a una octogenaria, el Tribunal Superior de Andorra ha dado la razón a la anciana. Y de forma elocuente además. Los magistrados del Principado desestiman la demanda de desahucio presentada en su día por Grefito, le cargan las costas del proceso y deslizan de paso un mensaje claro: en su opinión, a lo largo del pleito la mujer se ha encontrado en "una situación de indefensión". La firma de TheGrefg ya ha avanzado sus planes de desprenderse del edificio.

Estas son las claves del caso.

Polémica en Andorra. La polémica saltó a mediados de enero, cuando un diario andorrano, Altaveu, reveló los problemas que había entre Grefito SLU, la empresa inmobiliaria de TheGrefg, y una anciana de 80 años. El motivo: un edificio. En el verano de 2020 la firma inmobiliaria del streamer adquirió un bloque de viviendas situado en Escaldes-Engordany, una población próxima a Andorra la Vella, en el que residían varias personas en alquiler. El nuevo dueño del inmueble dejó de renovar los contratos de arrendamiento de los diferentes inquilinos. De todos, salvo uno, el que correspondía a una anciana que llevaba décadas allí.

El motivo era muy sencillo, al menos desde el punto de vista de la mujer, de 80 años. En su opinión no podían obligarla a abandonar el edificio porque lo ocupaba desde finales de la década de 1980 y disponía de un contrato "verbal" que le daba derecho a una arrendamiento vitalicio. Aquello derivó en una compleja batalla judicial entre ambas partes: la firma inmobiliaria y la inquilina octogenaria.

De obras de reforma y disputas. Que ambas partes no llegasen a un acuerdo no impidió a la empresa inmobiliaria reformar el edificio que acababa de comprar. O intentarlo, al menos. Con el objetivo de renovarlo contrató a obreros y empezó a arrancar cerramientos y ventanas. Problema: la anciana seguía sin abandonar el piso. Su abogado, Pere Cristófol, relataba hace poco cómo los trabajos de reforma empeoraron las condiciones del edificio hasta convertirlo en una "nevera". Al bajar las temperaturas —asegura el letrado— incluso se congelaron las tuberías.

Y se llegó a los tribunales. Así las cosas, la disputa entre la octogenaria y la empresa inmobiliaria llegó a los juzgados. La mujer presentó una demanda en 2021 y consiguió que la justicia obligara a la compañía a realizar ciertas mejoras, como la reposición de los cierres. A aquella decisión judicial le siguieron otros movimientos, incluido un recurso y una demanda de desahucio presentada ya en abril de 2023 por la firma inmobiliaria. La justicia se pronunció entonces a favor de la empresa: admitió su querella y en agosto incluso se acordó el desahucio, aunque como la anciana aún podía recurrirlo no llegó a marcarse una fecha.

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Varapalo para Grefito. El nuevo capítulo del culebrón jurídico-inmobiliario acaba de escribirse ahora. El País revela que la justicia de Andorra ha desestimado la demanda de desahucio presentada por Grefito, lo que supone un golpe para la compañía: la nuevo resolución, del Superior de Justicia, anula la sentencia previa, de agosto, paraliza el proceso de desahucio y da la razón a la anciana.

La clave de una y otra decisión está en cómo se interpreta la situación de la inquilina. Y la actuación de la empresa. La sentencia de agosto de 2023 reconocía que la mujer disfrutaba de un contrato verbal, aunque este, sostenía, se renovaba de forma anual. Cristófol replicó sin embargo que su clienta nunca se comprometió a dejar el inmueble. Y que como en 1989 —año en que la mujer se instaló en la casa— no existía ninguna ley sobre alquileres, en su caso debía aplicarse el derecho romano. En otras palabras: su contrato verbal tenía una duración "indefinida".

"No dice por qué causa legal". Ahora el Tribunal Superior de Justicia del Principado le da la razón y aprecia un defecto legal en la postura de la compañía inmobiliaria. En opinión de los magistrados que han examinado el litigio, la firma de TheGregf ha reclamado que se finalice el arrendamiento de la anciana, pero sin aportar una argumentación válida: "No dice por qué causa legal".

"El deseo de desalojar del arrendamiento no es suficiente", recoge el texto, consultado por el diario, y en el que se asegura que en ningún momento se concretó cuando expiraba el último año de contrato de la mujer. No solo eso. La sentencia añade que esta se ha encontrado "en una situación de indefensión".

La postura de The Gregf. El streamer no se ha pronunciado sobre la nueva sentencia, pero sí lo hizo en enero, después de que saltase la polémica. Entonces lanzó un extenso comunicado en el que aseguraba "no tener conocimiento del procedimiento" y que la sociedad implicada "está dirigida exclusivamente por otra persona". El País publicaba un día después que el youtuber se desvinculó de la gestión de la inmobiliaria apenas una semana antes del juicio por desahucio.

"Ante la ocupación abusiva de la señora (dos pisos conjuntos de 130 m² habitables, dos boxes de un total de 90 m² y un trastero de 20), con pretensiones totalmente fuera de lugar, se instó la correspondiente demanda judicial, en un procedimiento de arrendamiento, instando el desahucio", insistía el comunicado de TheGrefg, y aseguraba: "Una sociedad mía adquirió un inmueble de un propietario que había comunicado a todos los arrendamientos que vendía el edificio para su renovación y posterior arrendamiento, lo que hacía necesario que lo dejasen vacío".

El edificio, a la venta. El jueves, un día después de que trascendiese la resolución de la justicia andorrana, la empresa inmobiliaria daba un nuevo paso, aunque ya fuera de los juzgados. Durante una entrevista con un canal de radio del Principado, su abogado, Jesús Betriu, ha explicado que Grefito "está preparando la escritura pública" para vender el edificio a una empresa de la región.

Post actualizado con nueva información divulgada el jueves 29 de febrero.

Vía | El País

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