Cuatro detenidos, una pila de cadáveres, una montaña de dinero y una funeraria corrupta. Es el entramado criminal que ha dejado recientemente a la policía anonadada. Es la historia de una red de tráfico de cadáveres que falsificaba documentación para poder retirar ilegalmente los cuerpos de hospitales y residencias para posteriormente venderlos a universidades para su estudio por 1.200 euros cada uno y luego cobrar por falsas incineraciones. Un negocio redondo de no haber cometido un pequeño error de cálculo en el plan.
La investigación. La policía ha revelado este martes una investigación que el cuerpo nacional llevó a cabo a principios del año pasado: la Operación Thanathos. A los agentes de la comisaría de Ruzafa de Valencia les llamó la atención una denuncia que apuntaba a que una funeraria había retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera "irregular". Para ello habían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como en la documentación facilitada al Registro Civil.
El cuerpo del fallecido fue vendido a una universidad para su estudio por casi 1.200 euros aún cuando ningún familiar o amigo había dado el consentimiento. De hecho, el cadáver debía haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia financiado por el ayuntamiento. Aquello les llevó a muchos más casos similares.
El modus operandi. Según apunta la Policía Nacional en una nota de prensa, los supuestos estafadores "aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos". De esta manera, realizaban en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturando a las universidades para sacar beneficios. Así llegaron a cobrar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos, una vez estudiados.
Pero ninguna de estas incineraciones aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras oficiales que operan en la ciudad. Por otro lado, según apuntan las autoridades, los investigados apuntaban a fallecidos que no tuvieran familiares, sobre todo extranjeros, por los que nadie fuera a reclamar después.
Es una práctica ilegal. ¿Se puede pagar por un cadáver? La Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos establece que no se puede percibir compensación alguna por la donación post-mortem de órganos, por lo que comerciar con ellos es ilegal. Además, indica que la extracción de piezas anatómicas de fallecidos puede realizarse con fines terapéuticos o científicos, en el caso de que estos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición.
Los responsables de la funeraria investigada, así como dos trabajadores de la misma, han sido detenidos por un delito de estafa y falsedad documental.
La polémica en las universidades. El caso ha caído como una bomba en el ámbito académico, sobre todo en las principales universidades valencianas que trabajan con cuerpos para su investigación y estudio. La Universitat de València ha querido dejar claro tras el revuelo que no se ha visto afectada por esta trama: "Trabajamos con protocolos seguros para la aceptación de cadáveres para la docencia y la investigación. La Facultad de Medicina y Oncología no compra cadáveres, sino que acepta donaciones en vida, después del cumplimiento de unos requisitos rigurosos". De media, la Universitat recibe la donación de entre 40 y 50 cuerpos al año y "solo sufraga el traslado hasta la facultad".
De igual manera, la Universidad Católica de València también ha asegurado que ellos no compran cadáveres, si no que su Facultad de Medicina también trabaja con donaciones. En cuanto al CEU–Cardenal Herrera, también defienden que siguen un "estricto protocolo" en la donación de cadáveres para uso docente e investigador en su Facultad de Ciencias de la Salud. Señalan que reciben entre 10 y 15 cuerpos cada año y únicamente se sufragan los gastos del traslado y la cremación.
Sanidad ya se lo olía. También a principios del año pasado, la consejería de Sanidad revisó y mandó una instrucción para modificar el protocolo de actuación vigente desde hace 30 años en los hospitales públicos valencianos como La Fe, que permitía a las funerarias la gestión y registro de las muertes, llegando a hacer una especie de guardias. Esta medida terminó con un acuerdo con la Asociación de Empresas de Pompas Fúnebres de Valencia (Aseva), que agrupa más de una decena de empresas. Según la nueva normativa, son los sanitarios los que entregan toda la información para que decidan los familiares o allegados.
Imagen | Carlo Cozzoli (GTRES)
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