Eva R. de Luis
Editor SeniorCada euro gastado por una Administración Pública del Estado debe ser rastreable por la ciudadanía. No lo decimos nosotras, lo dice la ley. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica: si lo intentas, descubrirás que a veces es una misión larga, tediosa y a veces casi imposible.
Me explico: cuando alguien quiere saber a qué empresa le ha adjudicado contratos un hospital público o un ayuntamiento, el camino de búsqueda oficial le obliga a recorrer diferentes plataformas que van desde la Plataforma de Contratación del Sector Pública estatal a autonómicas como las de la Comunidad de Madrid, País Vasco o Galicia, porque hay CCAA (bastantes) que tienen su propio sistema y no publican en PLACSP. Esta fragmentación dificulta la búsqueda, como detalla el Observatorio de la Contratación Pública. Así que a un ingeniero se ha propuesto solucionarlo construyendo un buscador de contratos públicos españoles.
El "Google" de los contratos públicos en España. buscalicitaciones.com resuelve este problema de fragmentación con un único motor de búsqueda. Es un proyecto independiente que agrega, cruza y permite consultar en segundos la información de contratación pública que el Estado publica de forma dispersa en una larga lista de plataformas distintas.
Más concretamente, bebe de 10 fuentes oficiales, entre ellas la Plataforma Estatal (PLACSP), el Diario Oficial de la UE (TED), y plataformas autonómicas de Madrid, Catalunya, Galicia, Andalucía, País Vasco, Asturias y la Comunitat Valenciana, más datos del Registro Mercantil. El resultado es un buscador con cerca de 13,4 millones de contratos indexados, sin publicidad, sin tracking y con código abierto disponible en GitHub. Detrás del proyecto, Gerard Sánchez, programador y fundador de BQuant y profesor en la Universidad de Navarra y la UPF Barcelona School of Management.
Por qué es importante. La contratación pública no es algo baladí: en España movió más de 113.000 millones de euros en 2024, el equivalente al 10,92% del PIB, según el Informe Anual de Supervisión 2025 de OIReScon, el organismo oficial de supervisión del Ministerio de Hacienda. Cada año un dineral que es asignado mediante procedimientos que deben ser públicos y auditables.
La realidad es que esa auditoría es muy difícil sin herramientas. Un informe de la CNMC de 2019 subraya que la contratación pública representa entre el 10% y el 20% del PIB español y que España es uno de los países europeos con menor participación de empresas en las licitaciones: en uno de cada tres contratos estatales solo participa una empresa. Con herramientas de acceso a los datos que faciliten la transparencia se podría aumentar la competencia y reducir el coste para las arcas públicas.
Contexto. En España hay varias leyes que obligan a publicar los contratos públicos: está la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con un objetivo triple de aumentar la transparencia en la actividad pública, garantizar el acceso a la información como un derecho y establecer obligaciones de buen gobierno para los responsables públicos, pero también la la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que es una transposición de directivas europeas sobre contratación pública.
Así que el problema no es que no haya normativa, sino su aplicación y la dispersión de datos. Como explica el Observatorio de la Contratación Pública, desde marzo de 2018 es obligatorio para todo el sector público publicar en la PLACSP la información de sus contrataciones, pero la herramienta es también un dolor de cabeza en tanto en cuanto miles de entidades cargan información de forma manual y con texto de redacción libre, lo que constituye una fuente de error continua. Precisamente buscalicitaciones.com detecta y documenta esas inconsistencias.
Cómo funciona. Técnicamente, el proyecto descarga y normaliza los datos abiertos que cada una de esas 10 plataformas oficiales publica en formatos estructurados como XML, JSON, CSV. Cada registro se cruza con datos del Registro Mercantil para enriquecer la información del adjudicatario. El buscador ofrece tres modos de uso principales: la búsqueda de contratos por empresa adjudicataria, órgano contratante, sector CPV o texto libre del contrato; ver el historial completo de adjudicaciones de cualquier empresa por su NIF y consultar un registro público de contratos con importes anómalos superiores a 1.000 millones de euros.
Sí, pero. La primera gran limitación es estructural: depende de la calidad de los datos que publican las fuentes oficiales y esa calidad es manifiestamente mejorable. Si el dato de origen es malo, el agregador hereda ese error. Y ya hemos visto que a veces lo es y que desde luego, es de todo menos homogéneo.
Por otro lado, esta es la primera versión del proyecto y se nota: tiene fallos y la cobertura no es completa. Navarra no aparece en la lista y fuentes como la Comunitat Valenciana no tienen importe agregado disponible, País Vasco solo tiene importe en 106.000 de sus 651.000 contratos y Catalunya tiene dos entradas separadas con coberturas distintas. Por otro lado, el carácter independiente y altruista de este recurso de utilidad pública también tiene su cara B: la sostenibilidad a largo plazo, dada su gran envergadura.
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