En España existe un pueblo que tiene de media 31 coches matriculados por cada habitante. El motivo no es ni mucho menos que las gentes del lugar tengan una predilección por gastar dinero en vehículos de cuatro ruedas, sino que se trata de un "paraíso fiscal" de coches. En estas pequeñas localidades se pagan menos impuestos (mucho menos) y esto ha llevado a muchas empresas de renting a gestionar en ellas las matriculaciones de sus flotas para ahorrarse millones de euros.
La explicación. Cuando hablamos de impuestos no nos referimos al de matriculación (que es de carácter estatal), sino al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que también es conocido como el impuesto de circulación. La diferencia es que el importe de este tributo no es el mismo en todos los municipios y depende de los ayuntamientos, por lo que existen diferencias muy marcadas dependiendo del sitio donde se pague.
Por ejemplo: un conductor de San Sebastián pagaría este impuesto un 158% más caro que en Tenerife, o desembolsaría un 49% más que un madrileño. Estos saltos son a veces tan drásticos que las diferencias pueden alcanzar hasta un 900% entre los municipios más caros y las más baratos.
Un paraíso fiscal para el renting. Esas diferencias tan agravadas en el importe fiscal ha originado que muchas empresas de alquiler y de renting de coches intenten sacarle rédito económico al sistema. ¿Cómo? Concentrando las matriculaciones de sus flotas y abriendo sucursales en pueblos remotos donde el impuesto sea menor.
De hecho, tal y como indica este estudio sobre fiscalidad municipal del automóvil de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), se registraron 255.000 matriculaciones de coches de renting en 2022 en España. De ellas, 170.000 (el 67%), se dieron de alta en nueve pequeñas localidades que si sumamos a sus habitantes apenas llegaríamos a los 40.000.
¿Dónde? Según el estudio mencionado de AEA, los tres paraísos fiscales de España más notables por su fiscalidad en los turismos son Rozas de Puerto Real, Colmenar de Arroyo y Patones (las tres en la Comunidad de Madrid). El primero registró en 2021 un total de 28.679 matriculaciones de turismos y solo cuenta con 577 habitantes. Eso se traduce en que haya 31 coches matriculados por cada habitante. El precio del impuesto varía entre los 3,16 y 28 euros anuales.
A este pueblo le siguen otros dos en el ranking: Colmenar de Arroyo, donde se produjeron 43.780 matriculaciones y tiene una población de 1.936 habitantes (19,88 turismos matriculados por habitante) y Patones, donde se matricularon 12.619, teniendo 536 habitantes (18,73 por cada vecino).
¿Qué es este impuesto? "El numerito", como se le conocía antiguamente en muchas regiones, y ahora es llamado impuesto de vehículos de tracción mecánica, se estableció en España en 1988 en sustitución del impuesto de circulación de vehículos. Se trata de una carga de recaudación local gestionada por los ayuntamientos y que se estima en 4.000 millones de euros anuales en todo el país. ¿De qué depende de que page más o menos? De la potencia del vehículo (caballos), en el caso de turismos y de la cilindrada, en el caso de las motos, además del peso, el número de asientos, y otras características de los vehículos.
Lo que sucede es que, aunque la norma estipula unas bases mínimas, deja margen para que los ayuntamientos puedan incrementar dichas cuotas, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, como ocurre en 12 de las 52 capitales de provincia españolas, según el informe de AEA. Y esa capacidad de maniobra que tienen los ayuntamientos es lo que ha llevado a la creación de verdaderos paraísos fiscales" que sirven de imán para las empresas con flotas muy grandes de coches.
La comparación. Solo hace falta comparar los tres euros anuales de Rozas de Puerto Real con los 68 euros que se pagan en Barcelona, o los 88 eurazos que se pagan en San Sebastián. Entre los ayuntamientos españoles más caros, además de San Sebastián, se sitúan los de Vitoria (71 euros), Bilbao (69 euros), Tarragona, Barcelona, Lérida, Palma, Ciudad Real, Valladolid, Huelva y Granada (todos ellos alrededor de 68 euros).
Sanciones. Como resultado de esta práctica de las empresas de renting de cambiar las matriculaciones de lugar, muchas ciudades no reciben sus ingresos correspondientes a los vehículos que luego realizan sus servicios en ellas. Y para frenar el fenómeno, algunas ciudades como Barcelona están impulsando medidas para regularizarlo.
Tal y como se explica en este artículo de Cinco Días, los inspectores se fijaron en contribuyentes con domicilio social, fiscal y real en la ciudad de Barcelona pero que tenían sus miles y miles de vehículos en localidades cercanas e impusieron 2,04 millones en concepto de sanciones y otros 282.266 euros por intereses de demora.
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