La opinión pública española ha asistido durante las últimas semanas a una cascada de políticos y otros representantes públicos accediendo a la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. A una primera dosis que no les correspondía, al no pertenecer a ningún grupo de riesgo, y que en apariencia han recibido por el privilegio de su cargo. Los ejemplos son ya innumerables, y en ellos se entrelazan chapuzas propias de la función pública y, quién sabe, desafortunados malentendidos.
El caso más fragrante ha sido el del consejero de Sanidad de Murcia, cuya dimisión se consumó a las pocas horas de destaparse la irregularidad. Desde entonces han surgido más casos: desde los más de 600 trabajadores jubilados vacunados por el Hospital Clínico de Madrid hasta alcaldes de municipios cordobeses que obtienen su dosis durante la vacunación de un centro para mayores, pasando por funcionarios de la administración vasca y ayuntamientos que falsifican los listados públicos para vacunar también al cura, a un edil y a las mujeres de otros políticos.
El colmo de la indignación lo alcanzaron el consejero de Sanidad de Ceuta primero, afirmando que "no quería" vacunarse porque ni siquiera le gustan las vacunas; y el consejero de Sanidad de Andalucía, explicando que el 20% de dosis desperdiciadas por su administración no eran más que un "culillo". Más allá de las explicaciones de cada político, razonables o no, las irregularidades en torno a la vacuna han exaltado a una opinión pública en permanente estado de ansiedad y estrés por la pandemia, en especial por el carácter "salvador" de una vacunación que aún va demasiado lenta.
En este clima, resultaba inevitable que algún político ajeno a los escándalos aprovechara la coyuntura para apuntarse un tanto. El más notorio ha sido el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, precisamente allí donde aparecieron los primeros alcaldes vacunados tras saltarse el protocolo. El jueves, Puig anunciaba una decisión muy en sintonía con el carácter "moral" y casi penitente de la epidemia: ninguno de los representantes públicos vacunados sin que les correspondiera recibirían la segunda dosis. Un castigo por su mal comportamiento.
Ante la posibilidad de que reprimendas similares se extiendan durante los próximos días merece la pena preguntarse, ¿tiene sentido? Como hemos visto en alguna ocasión y como las propias farmacéuticas autoras de la vacuna se han hartado de explicar, una dosis es insuficiente para inmunizar a cualquier persona. Se requiere de una segunda. Es un requisito indispensable para alcanzar el tan cacareado 95% de protección frente al virus. Sin ella la inmunización se queda a medias.
(Sergio Pérez/Reuters)
Literalmente a medias. Los estudios preliminares sobre los grupos de población en Israel, el país más avanzado en la campaña (por encima del 30% de la población ya ha accedido al menos a una dosis), ilustran que la primera administración sólo ofrecen una protección por encima del 50%. Es por ello que todas las agencias públicas y los organismos internacionales han sido muy insistentes en el mantenimiento de los protocolos de riesgo para todos los sujetos. Pueden seguir contagiándose. Pueden seguir contagiando. Una sola dosis cambia poco.
Así, lo que en apariencia parece un castigo ejemplar para los políticos que se han aprovechado de su posición privilegiada puede transformarse rápidamente en una medida contraproducente. ¿Estaríamos tirando un vial por la mera ilusión del castigo, muy en especial cuando se trata de una cuestión de salud pública de la que nos beneficiaríamos todos? Es una pregunta que, como tantas otras durante la pandemia, no tiene una respuesta sencilla.
La prioridad y lo que no tiene remedio
Hablamos con Salvador Peiró, experto en Salud Pública e investigador en la Fundación por el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO). Su primera respuesta ayuda a acotar la naturaleza del problema: se trata de una cuestión de administración y política pública, no tanto de riesgos epidemiológicos. "Vacunar a unas pocas personas con la segunda dosis no tiene importancia desde el punto de vista de la Salud Pública", explica. El castigo planteado por Puig es otra cuestión. Sólo "si fueran miles" de personas las que hubieran accedido a la vacuna irregularmente estaríamos ante un problema a gran escala.
Pensemos en la escala del escándalo. España ha administrado ya más de 1.100.000 de primeras dosis. Alrededor de 43.000 españoles ya han completado el ciclo. Las comunidades autónomas aún no han utilizado más de 200.000 viales. La tasa de administración sobre el total entregado es superior al 80%. ¿Cuántos políticos han accedido a un vial de forma irregular, pasando por encima del protocolo y de los reglamentos? Es probable que no superen el centenar. Para el caso de la Comunidad Valenciana, la docena. No son significativos.
Ahora bien, podemos teorizar. ¿Debemos reservar las segundas dosis para ellos una vez han recibido la primera? El criterio médico, explica Peiró, es claro: "Si tienes a alguien que se ha saltado la vacunación pero que por sus condiciones pertenece a un grupo de riesgo, es conveniente que sea vacunado con la segunda dosis. Desde un punto de vista médico. Si es joven y no tiene patologías ni características que lo incluyan en grupos de riesgo sí podemos esperar". Podría ser el caso de Esther Clavero, alcaldesa socialista de Molina de Segura, Murcia. Se vacunó aunque no le tocara. Se defendió explicando que era paciente oncológica.
(Álvaro Barrientos/GTRES)
"La idea es atender al más grave primero", prosigue Peiró, "si tengo una segunda dosis y se la puedo poner a una persona de alto riesgo, lo relevante es aprovecharla. Si un señor cualquiera se ha saltado las colas y ha hecho trampas para obtener la vacuna pero realmente tiene riesgo, debemos ponerle la segunda dosis". El problema moral y político no surge tanto de los aprovechados vulnerables, sino de personas jóvenes y con relativa buena salud que estarían muy por detrás en el listado de vacunación.
Para su caso, es relevante saber de cuánto tiempo disponemos desde que se pone la primera vacuna hasta que se pone la segunda, el conocido como "efecto booster", o la multiplicación de la protección frente a la enfermedad. Pfizer y Moderna han sido claras al respecto: la segunda y última dosis debe administrarse entre tres y cuatro semanas después de la primera. De lo contrario, corremos el riesgo de que el ciclo de vacunación no sea tan efectivo. Pero es un riesgo cuya verdadera dimensión desconocemos porque escapa al análisis de los ensayos clínicos.
Peiró pone un ejemplo a escala nacional: Reino Unido. Todos los gobiernos afrontan un dilema en sus respectivas campañas de vacunación. ¿Es mejor vacunar a un amplio número de personas con la primera dosis y postergar la segunda en el tiempo o priorizar un ciclo de vacunación completo entre grupos poblacionales más pequeños y específicos? El ejecutivo de Boris Johnson ha optado por la primera opción. Británicos que han recibido su primera dosis en marzo obtendrán la siguiente en marzo o quizá más adelante. Esto introduce una variable impredecible.
"¿Qué pasa si te ponen la segunda dosis a los tres o cuatro meses? No tenemos ni idea", desarrolla el experto en base a los ensayos clínicos publicados por Pfizer y Moderna. "En principio, esas personas estarían tres meses con la mitad de la protección. Y el efecto booster funcionaría un poco peor". La estrategia británica plantea otros problemas, según Peiró: "Es muchísima gente a la que le están poniendo la primera dosis y no la segunda. Lo que nos preocupa es que tengas a muchas personas con anticuerpos a medias, por decirlo así, y que estas personas puedan contagiarse con variantes del virus resistentes a las vacunas, variantes de escape que escapan a su efecto".
Sucede que sabemos poco sobre la inmunidad natural y artificial frente al coronavirus a medio y largo plazo. Pfizer y Moderna no han tenido tiempo material de estudiar qué sucede cuando uno de sus pacientes recibe su primera dosis pongamos en mayo y la segunda en diciembre. ¿La inmunidad obtenida sigue siendo tan alta como para ofrecer una protección casi integral? Pasará tiempo hasta que lo sepamos y será importante obtener información de los países más avanzados, como Israel.
Peiró es crítico con la estrategia británica: "Es mejor vacunar a pocas personas con la segunda dosis antes que a muchas sólo con la primera. Es como sabemos que la vacuna funciona. Lo otro es un experimento in vivo". Peor también hay que entender la escala de la campaña británica. Centenares de miles de personas con una protección parcial frente al coronavirus sí son un problema (potencial) de salud pública. Un puñado de políticos y autoridades públicas a las que se reserva una dosis más tardía por haberse saltado los protocolos del ministerio no tanto.
"No sabemos qué fecha de caducidad tiene la primera dosis. Los británicos han asumido que pueden administrar la segunda a los tres meses, pero tiene sus riesgos. Lo normal con cualquier medicamento es seguir las instrucciones aprobadas por las agencias de medicamentos", razona Peiró. En este caso, pasaría por administrar la segunda dosis entre las tres y las cuatro semanas posteriores a la primera. La propuesta de Puig, de concretarse, nos llevaría a un terreno desconocido, si bien de importancia menor al tratarse de personas jóvenes y sanas.
En cualquier caso, sería un riesgo, porque podríamos terminar tirando la primera dosis. Desde un plano exclusivamente sanitario, la decisión debería ser clara. "Terminar con el ciclo de vacunación sería lo más sensato. Aunque no fueran de los primeros grupos de prioridad lo lógico sería terminarlo. Pero si se trata de una persona con un bajo riesgo frente al coronavirus, muy joven y sin otros problemas, podemos esperar. La idea y lo prioritario es gastarnos las vacunas que tenemos en la población de riesgo", concluye Peiró. Y en cualquier caso, con algo en mente: todo castigo tendrá una connotación más política que sanitaria.
Si queremos aprovechar las dosis ya administradas, una segunda es imprescindible. De lo contrario el proceso inmunización quedará a medias.
