Si a ti también te parece un importante guirigay el entramado judicial que se está ejecutando estas semanas en Cataluña por parte del Gobierno central, aquí te dejamos unas guías sencillas para distinguir qué ha hecho Rajoy para detener el desafío soberanista catalán y lo que todavía nos queda por ver hasta el próximo 1 de octubre.
La ilegalidad catalana
La joya del Gobierno en su lucha contra la consulta ha ido de la mano del Tribunal Constitucional.
El 7 de septiembre el Gobierno intentó abrir vías penales contra el presidente de la Generalitat y los consejeros participantes de la convocatoria, pero el Constitucional denegó este recurso.
Lo que sí consiguió entonces el Gobierno a través del TC es que se le aprobase el recurso para suspender la ley del referéndum en respuesta a las impugnaciones formuladas por el Gobierno. La celebración del referéndum aprobado por el Parlamento de Cataluña quedaba, oficialmente, suspendido, y de ahí que diversas acciones de los partidarios de la consulta sean ilegales. El Govern defiende que se trata de una "eventual suspensión" por parte del Tribunal Constitucional y se acoge a los principios del derecho internacional para seguir adelante.
Además también ha acordado apercibir personalmente a los 948 alcaldes catalanes, a al menos 62 altos cargos de la Generalitat, a los responsables de los Mossos y a los medios públicos catalanes, entre otros, a quienes les recuerda el deber de obedecer la prohibición de no participar en la organización del referéndum del 1-O. Se les avisó de que, en caso de no acatar la prohibición, se enfrentan a responsabilidades incluso penales.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado investigar a los presidentes de asociaciones de municipios pro-consulta (Neus Lloveras, de la Asociación de los Municipios por la Independencia, y Miquel Buch, de la Asociación Catalana de Municipios) por un delito de desobediencia. Los aproximadamente 700 "alcaldes rebeldes" de municipios catalanes que apoyaron participar en la próxima consulta ya han empezado a personarse en sus citaciones ante la Fiscalía para esclarecer su nivel de cooperación con la cita catalana. Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado querellas contra Puigdemont y sus consejeros e investigaciones a los alcaldes que apoyan la consulta.
La parálisis económica
Desde julio Hacienda venía pidiendo informes semanales de las finanzas catalanas. Es una medida excepcional que se ampara en la búsqueda del "cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria" de las comunidades autónomas, aunque el mismo Montoro reconoció que lo que intentaba el Gobierno con esto era garantizar que “ningún pago va a actividades ilegales o que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria”.
La medida no parece haber sido suficiente. La Generalitat anunció hace una semana que dejaría de mandar estos informes y por ello el Gobierno ha aprobado ahora por urgencia un mecanismo con el que ha intervenido las cuentas de Cataluña para evitar que financie el 1-O. Y ya ha puesto en marcha la operativa formal para arrebatar de forma efectiva el control financiero a la Generalitat que ya dictó el pasado sábado y que incluye a 298 entidades del sector público.
Con todo esto la Administración central ha pasado a hacerse cargo del pago de los servicios esenciales de Cataluña.
Implicar a las fuerzas de seguridad del Estado
Forma parte de un plan de seguridad de Interior. Por orden del Gobierno, unos 4.000 guardias civiles y policías antidisturbios y judiciales se han trasladado a la capital catalana desde diversos puntos de la geografía española.
Los efectivos están durmiendo estos días en tres cruceros contratados por el equipo de Rajoy.
Hay malestar entre los agentes, ya que no está previsto el pago de dietas y se les han suspendido las vacaciones hasta el próximo cuatro de octubre. Los sindicatos han pedido que se abone una "compensación extraordinaria" por el trabajo de estos días.
Y los ojos están puestos en los Mossos. La Fiscalía Superior de Cataluña ordenó al Mayor Josep Lluís Trapero que su cuerpo debía evitar la "consumación del delito", en alusión al referéndum ilegal, en un documento de nueve páginas. Aunque se comprometieron a acatar las órdenes, ahora se les acusa de falta de celo y está por ver si se les investigará por su inacción a este respecto.
Desarmar la logística de la consulta
Se han llevado a cabo sonoros registros por parte de la Guardia Civil de una imprenta en Tarragona y ha puesto operativos de vigilancia en un polígono de Constantí (Tarragonès) y en el de El Pla de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). A los trabajadores de algunos de estos centros se les ha estado revisando a la salida del trabajo por si en sus coches llevasen alguna papeleta.
También agentes de este cuerpo han registrado, sin orden judicial, sedes del servicio privado de mensajería Unipost, en Terrassa, Barcelona, en busca de material relacionado con el 1-O, donde encontraron tarjetas censales y notificaciones para los miembros de las mesas electorales.
Todo esto nos dejó una imagen que por cómica será inolvidable.
Al final ninguno de los registros de los días pasados ha logrado tener tanto impacto como los de ayer miércoles. Una de las nuevas inspecciones ha incautado nueve millones de papeletas en una nave industrial de Bigues i Riells (Vallès Oriental).
Al material físico se le suma el digital. También hemos visto el cierre continuo de páginas webs sobre la consulta. El mismo juez que ha mandado hoy arrestar a los altos cargos catalantes ordenó, por medio de una petición de la Guardia Civil, el cierre de la web referéndum.cat (a la que le salieron clones). Lo mismo ha ocurrido después con nuevos mandatos judiciales para ref1oct.cat y otras webs locales. Eso sí, como nos han informado desde sus redes políticos independentistas, se puede seguir consultando información sobre el referéndum en otras webs de procedencia europea.
Lo último: detenciones de altos cargos independentistas
Es una maniobra que lleva a cabo ahora un juez independiente, de oficio, pero que tiene por objetivo “encontrar pruebas contra la inminente celebración del referéndum del 1 de octubre”. Es decir, exactamente lo que pide el Gobierno. Doce detenciones y una cuarentena de registros en consejerías de la Generalitat, entes dependientes del Govern y una nave industrial.
El juez sortea así la investigación sobre el referéndum que ya estaba abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pero que posiblemente tardase más tiempo en ver resultados efectivos.
Entre los apresados están altos cargos de la Generalitat de Economía, Presidencia, Exteriores y Gobernación. El más sonado es el número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové.
Y lo que queda de recorrido en las próximas dos semanas
Seguir presionando en base a la suspensión del TC de la consulta. Este órgano puede seguir dando órdenes, ejecutadas por la Guardia Civil y policías, de detener a directores de instituto, funcionarios, voluntarios, empresas que fabriquen y almacenen urnas o se encarguen del reparto de papeletas... y básicamente cualquier participante que intente llevar a cabo esta consulta.
El Estado sigue teniendo la capacidad de aplicar más medidas coercitivas repartiendo sus acciones en diversos Ministerios estatales con los que podría intervenir el departamento de Ensenyament, tomar el control de los Mossos o precintar colegios, entre otros muchos. También está por ver qué podría hacer de forma preventiva el Gobierno con los 4.000 funcionarios, 7.000 mossos y 2.000 policías locales que va a necesitar la Generalitat para ejecutar la consulta.
Si todo esto falla Rajoy podrá echar mano de la ley del Constitucional, el artículo 155 de la Constitución, que, se cree prevé la suspensión de la autonomía y de la Generalitat pero cuya activación es más compleja y problemática.
Por último estaría la ley de Seguridad Nacional. Esta, aprobada en 2015 y avalada por el Constitucional tras un recurso de la Generalitat, dispone que "una declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia". Se aplica mediante un real decreto, sin tener que afrontar trámites parlamentarios, bajo la interpretación del Gobierno de lo que es una "situación de interés para la seguridad nacional" y no hace falta andar invocando a la Carta Magna.
