La esfera política vive estos días un encarnizado debate por una de las medidas económicas que ha propuesto Sumar de cara a las próximas elecciones y que haría efectiva en el caso de llegar a la Moncloa: la herencia universal. Una polémica ayuda económica, como todo lo que incluye en su nombre la palabra "universal", destinada a los jóvenes de 18 años (al margen de la renta que tengan) para su inserción laboral, formación, o emprendimiento.
¿Qué es? Es uno de los planes más ambiciosos que ha propuesto el partido de Yolanda Diaz hasta el momento. Se basa en una ayuda de 20.000 euros para los jóvenes de 18 años (pero que solo podrán percibir al cumplir los 23) con el fin de que dispongan de un colchón económico para afrontar su aventura en el mercado laboral, independientemente del nivel de renta que tenga su familia.
Esta ayuda beneficiaría a entre 2 y 2,5 millones de jóvenes a lo largo de la legislatura: a unas 500.000 personas al año, según los cálculos de Sumar. Además, sería totalmente automática. Es decir, los jóvenes adquirirían ese derecho sin tener que hacer ningún tipo de trámite.
La polémica. La propuesta, al hacerse pública, no tardó en encender un debate y multitud de críticas por parte del actual Gobierno y algunos partidos de derecha. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la calificaba de irresponsable por no tener en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios: "Medidas que consisten en dar ayudas sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta, ni objetivo concreto, tienen que explicar cómo lo financiarían".
Sin embargo, para Sumar, el hecho de que sea "universal" y que se entregue sin tener en cuenta el nivel de renta, no la hace "regresiva". "También la sanidad, la educación o las pensiones son derechos universales y no por eso dejan de ser políticas fuertemente redistributivas", argumentan. De hecho, tanto el partido como los impulsores teóricos de este mecanismo económico (como el economista francés Thomas Piketty) creen que es mucho más redistributiva que otras medidas que se aplican en función de la renta, como el ingreso mínimo vital, que requiere de muchas gestiones que acaban desincentivando a quien la pide.
¿Y quién la paga? Hay que tener en cuenta que esta ayuda supondría un desembolso extra enorme de 10.000 millones de euros, el equivalente al 0,8% del PIB, según los cálculos de Sumar. Este gran gasto extra se financiaría, según Díaz, a través de un aumento de la presión fiscal a los más ricos y de un impuesto a las grandes fortunas. Para ello, la formación plantea aumentar la progresividad en el impuesto sobre el IRPF a partir de los 300.000 euros.
"Llevamos tiempo denunciando el gran desequilibrio que hay entre la tributación de las grandes empresas y las pymes, por eso creemos que es urgente una revisión de la fiscalidad en profundidad", señalan desde el Partido, que también debate crear un impuesto especial sobre las grandes constructoras y las inmobiliarias.
¿También 20.000 euros para el hijo de Botín? Este tipo de preguntas han sido otro motor de polémica sobre la nueva medida. El hecho de que esta ayuda, al ser de carácter universal, también vaya destinada a los hijos de familias megaricas. Algo que tampoco supone un problema para Sumar, quienes argumentan que, aunque el hijo de una familia adinerada tenga derecho a la ayuda, su familia habrá contribuido con mucho más de lo que obtiene de la medida: "Sus padres van a pagar esa herencia y la de una docena de jóvenes más con el impuesto que planteamos".
También hacen hincapié en que las medidas universales como las pensiones o el acceso a la sanidad, que también se prestan a las personas ricas, son las más redistributivas y las que más contribuyen a reducir la desigualdad.
El carácter automático. Por último, el factor diferenciador con respecto a la mayoría de otras ayudas económicas paliativas, como el fallido ingreso mínimo vital, del que hemos hablado en Magnet, también ha traído cola. Y es que sea automática y no dependa de ningún requisito previo, ni se necesite probar precariedad o bajo nivel de ingresos.
Y es que para muchos expertos, si la medida dependiera de la renta ya no sería automática y por tanto, muchos jóvenes se quedarían sin ella (sea por la complejidad del proceso o por desinterés). Pero, sobre todo, por las trabas burocráticas, si la acreditación de documentos sobre patrimonio o renta disponible acaba limitando estas prestaciones.
Imagen: Unsplash (Rich Smith)
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