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El Gobierno sigue adelante con el plan de eliminar "mensajes de odio" en redes sociales: qué proponen y qué se ha aprobado

El Gobierno sigue adelante con el plan de eliminar "mensajes de odio" en redes sociales: qué proponen y qué se ha aprobado
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El Congreso de los Diputados ha aprobado la 'Proposición no de Ley sobre la prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital' a petición de Unidas Podemos. Con los votos a favor de PSOE y ERC y en contra de PP y Vox, la iniciativa insta al Gobierno a "adoptar medidas para prevenir la propagación de mensajes de odio en redes sociales", así como establecer herramientas para "facilitar su vigilancia y eliminación inmediata como ya ocurre en Alemania o Francia".

En abril de este año, era el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien exponía en rueda de prensa "cambios legales para impedir que aquellos que contaminan la opinión pública" salgan impunes, abriendo la puerta a una regulación que planteaba muchas dudas.

Esta vez ha sido el partido morado quien ha decidido impulsar esta proposición tras comprobar "una creciente polarización" en la opinión pública debida a la crisis sanitaria. Una iniciativa que la oposición en el Congreso describe como un "atentado a la libertad de expresión" y un intento de silenciar las críticas.

Qué motivos se exponen a favor y en contra de esta regulación

Según recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales nº 168, los diputados Ismael Cortés y Joan Mena han explicado que "la circulación de discursos de odio en el espacio digital ha cobrado una especial atención, desde los primeros días de la pandemia". Unidas Podemos argumenta que "el dolor colectivo se ha instrumentalizado con fines ideológicos, poniendo en riesgo la seguridad física y la integridad moral". Más allá de la pandemia creen que "los discursos de odio han sido una reacción a los avances en materia de pluralismo, tolerancia a la diversidad y multiculturalismo registrados en las últimas década".

Entre los referentes de la propuesta se coloca Alemania y Francia. En el caso del primero, en 2018 aprobaron una ley específica para evitar la difamación online, mientras que Francia aprobó en 2019 una ley similar con el objetivo de penalizar "mensajes que puedan contener incitación al odio, discriminación racial, religiosa u homofóbica, así como la apología de la violencia, el terrorismo, o el acoso online".

Desde la Plataforma en Defensa de Libertad de Información se recuerda que "la ley alemana citada como ejemplo fue duramente criticada por organizaciones de libertad de expresión y por haber sido utilizada como “plantilla” legislativa por parte de gobiernos autoritarios en todo el mundo", mientras que la ley francesa fue declarada el pasado mes de junio como inconstitucional en los aspectos relativos a la retirada de contenidos online.

Desde los grupos de la oposición se ha descrito como un "disparate" la propuesta que sean las empresas tecnológicas privadas, y no los jueces, quienes decidan qué está bien o mal, según recoge Europa Press de las declaraciones de Eloy Suárez del PP. Para el diputado de Vox, Manuel Mariscal: "la expresión "discursos de odio" es un invento del consenso progre para perseguir a los que no piensan como ellos en el único lugar que aún no controlan: las redes sociales".

María Muñoz, diputada de Ciudadanos, explica que su partido se ha abstenido porque "el discurso está politizado" y "la lucha por eliminar los discursos de odio en redes sociales viene de Europa, del Consejo Europeo, y para proteger a grupos vulnerables".

Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), "los mecanismos oficiales de recogida de datos sobre los delitos de odio en la UE no consiguen captar a menudo la situación real sobre el terreno".

Qué ha aprobado el Congreso de los Diputados

Por el momento es una proposición no de Ley, pero teniendo en cuenta que ha recibido los votos positivos de los dos partidos que conforman el Gobierno tiene muchas probabilidades de continuar adelante. Estas son las medidas que el Congreso de los Diputados ha aprobado para instar a el Gobierno a aplicarlas.

"Garantizar que los usuarios de las empresas TIC dispongan de la información necesaria acerca de cómo denunciar los contenidos que inciten al odio, con derechos de información específicos en el caso de los usuarios menores de edad".

La primera propuesta trata sobre asegurar que las "empresas TIC" dispongan de vías para denunciar contenidos, similar a lo que ya existe en plataformas como Twitter que permiten denunciar tuits concretos.

"Simplificar los mecanismos para denunciar el contenido de los discursos de odio, incluida la creación de una herramienta única, accesible y fácil de manejar para los usuarios en todo el territorio del estado español".

La segunda medida es la creación de una herramienta única contra los discursos de odio, sin especificar más detalles sobre cómo funcionaría este organismo ni sobre quién residiría su control.

"Reducir el tiempo de procesamiento de los contenidos denunciados. Los operadores de las empresas TIC tendrán 24 horas para eliminar o deshabilitar de la web los contenidos que inciten al odio y a la violencia; o una hora cuando las víctimas sean menores. Esto exigirá a los operadores que apliquen procedimientos especiales y específicos, cuando sea necesario, para garantizar que las notificaciones se tramiten sin demora".

En tercer lugar, la proposición pretende establecer un tiempo máximo para eliminar un contenido denunciado, siendo de 24 horas para los contenidos que inciten al odio y de una hora cuando las víctimas sean menores. Este punto es complejo, pues la decisión sobre qué representa delito de odio es susceptible de interpretación.

Para Sergio Carrasco, jurista de Fase Consulting: "la reducción de plazos tan llamativa para actuar, especialmente en los supuestos "discursos de odio" puede llevar a la retirada de contenidos ante la amenaza de poder terminar siendo responsables. Además, muchos casos (aunque lo pudiera parecer) no tienen esa relevancia".

"Aumentar la cooperación entre los operadores de las empresas TIC con las autoridades fiscales y policiales competentes. Los operadores tendrán la obligación de almacenar temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad judicial con el fin de investigar, identificar y enjuiciar infracciones penales".

Finalmente la propuesta solicita al Gobierno que aumente la colaboración entre estas empresas digitales y las autoridades, obligando que las empresas almacenen el contenido denunciado y lo comparten con los jueces.

Desde la Plataforma en Defensa de Libertad de Información creen que esta proposición es "innecesaria y peligrosa" ya que "Europa está a punto de regular en esta materia" y "ahonda aún más los déficits que venimos arrastrando de legislaturas anteriores", apuntando que "esta propuesta encaja muy mal con la proposición de ley del mismo grupo parlamentario para descriminalizar los delitos de opinión y defender la libertad de expresión".

Para Guillermo Beltrà, responsable de política digital del Open Society European Policy Institute: "el Congreso español ha adoptado una resolución pidiendo al Gobierno que presente una ley para abordar los mensajes de odio online, copiando las peores medidas en otras leyes existentes".

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