España tiene un problema con la red de recarga para coches eléctricos. Y de los gordos. Cada Barómetro de Electromovilidad publicado por Anfac es un choque de realidad. Un golpe que nos pone los pies en la tierra y señala lo lejos que estamos de cumplir los objetivos deseados.
A las puertas de un nuevo informe, el más reciente hace referencia al del tercer trimestre de 2022. En él se otorga un total de 14,6 puntos en el indicador global de electromovilidad. La media europea se encuentra en 30,3 puntos. Francia obtiene 33,6 puntos y Alemania eleva esta cifra hasta los 46,1 puntos. Italia y Portugal (con 16,3 y 28,6 puntos) también están por encima de nuestro país.
Uno de los motivos principales para obtener estos datos lo encontramos en la escasa y poco densa red de recarga española. Los enchufes están mal repartidos y hay una escasez llamativa de puntos de recarga rápidos junto a las vías rápidas. España apenas ha cumplido el 10% del objetivo marcado para 2022, con 13.411 puntos de carga disponibles de los 45.000 que deberíamos tener.
Para evitar que la red de recarga para el coche eléctrico siga siendo un lastre para la adopción de la tecnología, Europa ha tomado cartas en el asunto y trabaja para garantizar una red mínima de seguridad a sus conductores: al menos dos enchufes de 150 kW cada 60 kilómetros para transporte ligero en cada sentido de la circulación. Posteriormente, la suma mínima de energía disponible deberá aumentar hasta lo 600 kW por electrolinera.
Un embudo
Pero que la apertura de puntos de recarga esté siendo extremadamente lenta (entre enero y septiembre de 2022 se abrieron 3.154 nuevos puntos de carga) no quiere decir que no haya interés por nutrir a las carreteras de este tipo de servicio.
Pero entre el interés y el consumidor se ha levantado un muro: la burocracia. Abrir un punto de recarga en España está siendo poco menos que una pesadilla, especialmente para las compañías más pequeñas. Por ello, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está ultimando una Orden que facilite la instalación de los mismos, según recoge en exclusiva elEconomista.es.
El diario digital explica que el objetivo es simplificar las exigencias para obtener las autorizaciones de los puntos de recarga. En el punto de mira está la Orden de 16 de diciembre de 1997: por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios consolidado con las siguientes modificaciones.
Entre todo el texto jurídico, se especifica que cuando la instalación del punto de recarga "tenga acceso directo a una vía de titularidad estatal o en cualquier otro caso en que ocupe el dominio público", ya no será necesario presentar una declaración de titularidad de la instalación principal (la gasolinera) y acudir a un notario con un contrato privado entre las partes, como hasta ahora.
Con la nueva redacción, la empresa instaladora del punto de recarga podrá llegar a un acuerdo privado con la gasolinera y éste será suficiente para dar el siguiente paso en la burocracia exigida para poner en marcha el espacio de recarga.
No es la primera vez que el Gobierno trata de aumentar el número de enchufes públicos disponibles para los conductores de coches eléctricos. En la Orden TED/1009/2022 se obligaba que las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de gasolina y gasóleo en 2019 deben instalar al menos un punto de recarga de 150 kW y aquellas con ventas superiores a cinco millones de litros deberán afrontar la instalación de un enchufe de 50 kW.
Foto | dcbel
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