223 habitantes.
1,3 millones de dólares recaudados en multas de tráfico y bienes requisados.
Cerca de 6.000 dólares recaudados por cada uno de los habitantes del pueblo.
Esto es lo que ha conseguido un pequeño pueblo de Luisiana en Estados Unidos. Una localidad que se rige por una forma de impartir justicia extraordinariamente particular y que sigue vigente en algunas poblaciones de un par de Estados del país. Un tipo de justicia con la que existe un claro conflicto de intereses.
De media, las multas y bienes encautados en Estados Unidos suponen un ingreso adicional a las cuentas locales de un 1,7%. En Fenton (Luisiana), esta partida representa el 92,5%.
Esta es su historia.
Cuando yo pongo la multa, te juzgo y cobro por ello
Estados Unidos es particular. Al entrar al país te preguntan si estás decidido a cometer un acto terrorista. Un día te levantas y tu Estado ha decidido que quiere prohibir TikTok. Otro día alguien reclama cinco millones de indemnización por echar demasiada hielo en su bebida.
O descubres que en Ohio y Luisina tienen activos los conocidos como Mayor's Court, una rareza judicial que se aplica en 297 tribunales de Ohio y alrededor de 250 tribunales de Luisiana. Una excepcionalidad que permite que el alcalde del pueblo o la localidad (o una persona designada por él) actúe como juez para resolver conflictos relacionados con multas y otras sanciones inferiores a 5.000 dólares y a las que no se puede aplicar penas de prisión.
¿Raro? Menos de lo imaginable. Según se recoge en este artículo, para que el alcalde realice estas labores no se le exige ningún tipo de titulación o conocimientos específicos. Tan solo tiene que llevar a cabo unas seis horas de prácticas para empezar a actuar como juez y, posteriormente, hacer un mínimo de tres horas al año.
Por si esto no fuera suficiente, en este tipo de tribunales no es obligatorio contar con una persona que registre lo que está sucediendo. Tampoco es necesario que se realice una grabación de audio o vídeo del juicio. Es decir, no existen los mínimos básicos para garantizar que el acusado está recibiendo un castigo justo y proporcional cuando se decide castigarle.
Una situación que ha llevado a Fenton, el pueblo del que hablábamos al principio de este artículo, a conseguir ingresos realmente extraordinarios gracias a las multas y sanciones de tráfico. ProPublica destapaba en un artículo que la localidad ha recaudado más de 1,3 millones de dólares en multas pese a ser un lugar donde apenas conviven 223 vecinos y tiene un tamaño especialmente reducido.
La cifra, evidentemente, eleva extraordinariamente el presupuesto del municipio. De hecho, el 92,5% de ingresos que representan estas sanciones dejan a Fenton como la localidad de Luisina donde el peso de estos castigos económicos es más importante. Y, por supuesto, es uno de los más altos del país.
En ProPublica explican que se dan dos importantes variables para entender lo que sucede en algunas localidades en las que están activos los Mayor's Court. En primer lugar, son poblaciones muy pequeñas, donde el presupuesto para la localidad es muy reducido, incluido el salario del alcalde y del resto de personas relacionadas con la gestión de la misma. La evidente indefensión del ciudadano permite a estos tribunales actuar con una manga ancha que lleva a localidades como Fenton a basar su presupuesto en cientos y miles de multas de tráfico poco creíbles.
No es un caso único, pero sí uno de los más llamativos. Según Governing, 600 jurisdicciones de Estados Unidos recaudaron, al menos, el 10% de los ingresos de su presupuesto a través de multas. Sólo en Luisiana se repitió esta situación en 70 poblaciones distintas. En 25 de ellas, las multas representaron más del 50% del presupuesto anual.
La excepcionalidad judicial provoca casos como los recogidos por Jalopnik, donde se recoge que un conductor fue sancionado con 305 dólares por circular a 71 mph (114 km/h) en una zona limitada a 50 mph (80 km/h), alegando que el comportamiento del mismo fue irrespetuoso con el agente. Lo mismo sucedió con otro conductor que circulaba a 81 mph (130 km/h) en la misma zona y cuyo supuesto mal comportamiento le repercutió una sanción de 490 dólares.
En ProPublica explican que trataron de entrevistar al alcalde pero que éste solo les concedía cinco minutos. También recibieron continuas negativas cuando pidieron pruebas gráficas o de audio de los juicios, con el objetivo de comprobar qué sucedía en situaciones como la que denunciaba una mujer, castigada con 210 dólares por circular a 61 mph (98 km/h) en el mencionado tramo limitado a 50 mph (80 km/h) y a la que se le negó la posibilidad de ver reflejada su velocidad en un radar. "Les dije que ya estaba frenando pero no conseguí detener la velocidad a tiempo", denuncia la acusada en el artículo.
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Foto | Google Maps
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