Tras un debate que lleva años encima de la mesa, esta misma semana, el Congreso de los Diputados (con el visto bueno del Gobierno) acaba de abrir la puerta a la comercialización de los productos extraídos del cannabis con fines terapéuticos.
Esto quiere decir que, en un plazo de seis meses, las farmacias del país empezarán a vender todo tipo de soluciones para aliviar los "síntomas asociados a la esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, los efectos secundarios de la quimioterapia y los dolores crónicos o de tipo oncológico". La voluntad está clara, el problema es que nadie tiene muy claro cómo se va a llevar a cabo.
Se acaba el "modo prueba". En la actualidad ya se comercializan en España dos fármacos elaborados a partir del cannabis y, de hecho, han contado con financiación y apoyo públicos. En 2018, el país tenía unas 20.000 hectáreas de cultivo legal de marihuana y, durante los últimos años, un pequeño grupo de empresas han contado con la autorización gubernamental para desarrollar, producir e investigar todo lo que tenía que ver con los usos terapéuticos de la planta.
Con un enorme oscurantismo, eso sí. Hasta tal punto que desde hace años los sectores agrícola, farmacéutico e industrial llevan reclamando una regulación más clara y avanzada que permita aprovechar todo el potencial de España y no se pierda el "salto" frente a otros países del continente.
Lo que vamos a tener a partir de ahora es un punto intermedio entre la regulación anterior (que permitía el uso terapéutico, pero lo hacía discretamente) y lo que sería una legalización general. El acuerdo político va a abrir la mano y, a efectos prácticos, va a permitir considerar el cannabis como cualquier otro medicamento.
¿La puerta de atrás para la legalización del consumo? El mismo Congreso es consciente de que esta misma decisión de buscar un camino intermedio es problemática. En su informe, reconoce que las evidencias científicas sobre los usos terapéuticos del cannabis son “limitadas” y, de hecho, se muestra muy estricto en cuanto al tipo de dolencias incluidas en la nueva regulación. Solo se aceptarán nuevos usos del cannabis terapéuticos “cuando los estudios aporten indicios consistentes”.
Y es que lo que teme el Congreso (y así lo dice el informe final) es que esto se convierta en una legalización de facto de la marihuana. Por ello, subrayan en el informe que es absolutamente necesario evitar que la comercialización de estos productos “se confunda con una invocación genérica al uso del cannabis por la población” y pide que se controle muy de cerca las consecuencias de esta nueva regulación.
¿Por qué faltan seis meses? Porque aunque la mayoría del Congreso y el Gobierno se han puesto de acuerdo, ahora hay que seguir los procedimientos. El informe será definitivamente aprobado por la Comisión de Sanidad del Congreso la próxima semana y, posteriormente, se enviará al Gobierno. Un mero trámite porque el Ministerio ya se había comprometido a atender las recomendaciones del informe y está más que consensuado. Desde ese momento, la Agencia del Medicamento tendrá ponerse manos a la obra para que el desembarco del cannabis en las farmacias sea una realidad.
¿Qué podemos esperar? Poco, la verdad. Es un paso más hacia una legalización que cada vez parece más cercana. No obstante, la regulación atempera la mayor parte de los tres grandes efectos que podría tener la regulación: la recaudación no será más alta (al tratarse de medicamentos), el empleo puede crecer (aunque lo cierto es que los últimos estudios tampoco hablan de que la legalización tenga grandes efectos laborales) y las exportaciones no parece que se vayan a ver afectadas más que anecdóticamente.
Imagen | Richard T
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