En los últimos 14 días, España ha notificado muchos más de un millón de casos nuevos de COVID-19. Es decir, en pocas semanas España ha pasado de "rozar la inmunidad de grupo con la punta de los dedos" a encontrarse en medio de una ola enorme de contagios que, si bien no ha llegado a colapsar (aún) los hospitales, tiene a la atención primaria en K.O. técnico. Sobre todo, porque (en un contexto de escaso personal y alta presión asistencial) las bajas laborales se han triplicado desde el Puente de la Constitución en muchas partes del país y el trabajo administrativo vinculado a ellas está desbordando todas las expectativas.
Tanto es así que algunos centros de salud ven que "alrededor del 50% de su trabajo se centra en tramitar Incapacidades Temporales (IT) de pacientes leves con COVID-19" y ya han avisado que dejarán la tramitación de este tipo de bajas laborales en un segundo plano. Y la gran pregunta es por qué. ¿Cómo es posible que seis olas después no se hayan implementado cambios en el proceso de tramitación de las bajas laborales que permitan liberar la carga administrativa de los profesionales sanitarios? El debate está encima de la mesa, las soluciones (al menos, por el momento) no lo están.
Un problema que llevamos arrastrando años y ahora nos explota en la cara
A menudo, cuando comento la relativa singularidad del sistema español a la hora de gestionar las bajas laborales, las respuestas son de cierta sorpresa y estupor. En España, en lo que es un atavismo que viene de largo, las bajas laborales las gestionan los médicos de atención primaria. Tiene sentido y, a la vez, no lo tiene.
Sobre todo, porque aunque la "concesión de la baja" puede ser un tema relativamente fácil de resolver (y de hecho, legalmente en España, no debería de exigirse el parte por ausencias de menos de tres días), el seguimiento de la enfermedad que provoca la incapacidad temporal corresponde al médico de familia. De hecho, esta fue una de las principales quejas por parte de la atención primaria cuando en 2016 se habilitó la posibilidad de conceder la baja laboral en urgencias. "¿Quién hará seguimiento de esas bajas?", se preguntaban los representantes de la profesión médica.
Sin embargo, basta con mirar el funcionamiento de sistemas como el inglés (o el alemán, aunque este es más parecido al nuestro), para ver que la parte administrativa de la baja y la parte médica no tienen por qué ir de la mano. Estos días se ha defendido que las bajas se tramiten en los centros de testado del COVID, en las farmacias, o, directamente, a través de una auto-declaración responsable en la Seguridad Social (susceptible de revisión por un facultativo) como se hace ya en muchos países europeos.
Es más, un cambio tan sencillo como aumentar esos tres días hasta la duración media del covid leve reduciría la presión sobre la atención primaria de manera sustancial. No es ciencia ficción, en Reino Unido ha llegado a ampliarse hasta los 29 días. Sin lugar a dudas, podría dar lugar a un abuso del sistema, pero en las circunstancias actuales parece un mal menor en términos agregados.
Pero más allá de todo esto, lo que evidencian los sucesivos intentos de reforma del sistema es que era un problema mucho antes de la pandemia. Esa reforma de 2015, por ejemplo, habilitó la posibilidad de tramitar la baja y el alta a la vez para enfermedades de corta duración. Lo que ha ocurrido estos meses es que, como dice Sergio Ferrer, el problema "nos ha explotado en la cara".
Y, sinceramente, no se entiende bien, más allá del tópico de la picaresca española, que no se den pasos en este sentido en un país con tasas de absentismo relativamente bajas y con una legislación que deja meridianamente claro que la "defensa de la productividad"; es decir, la protección del empresario frente al absentismo, prima sobre la "protección de la integridad física y de la salud individual".
El descomunal tamaño de la ola de Ómicron (recordemos que la OMS avisó hace unos días que la mitad de la población Europea podría estar contagiada en pocas semanas) pone en jaque el sistema sanitario sí ó sí. No hay soluciones fáciles, ni (siendo realistas) estamos en disposición de aumentar los recursos humanos del sistema para hacer frente a los requerimientos que pone encima de la mesa. Queda poco más que proteger a los más vulnerables y confiar en el "muro de inmunidad" que han construido las campañas de vacunación mientras pasa lo peor de la crisis. Pero aún así, la falta de debate sobre fallos sistémicos que necesitamos solucionar ya confiere a estos últimos meses de pandemia una sensación generalizada de estancamiento e impotencia. Y eso sí que es un problema.
Imagen | Irwan Iwe
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