Las baleares son uno de los destinos más visitados de España. Llegan a las islas una media de 16 millones de extranjeros cada año, la mayoría británicos y alemanes y repartidos entre dos tipos de turismo: el de alta gama y el de borrachera. Con un notable repunte de este segundo, la Comunidad acaba de decir "basta".
Con la preparación de otro decreto sobre el turismo de excesos sobre la mesa y al ser preguntado su Conseller de Turismo sobre la posibilidad de que se expulse de las islas de los incívicos o la prohibición de volver a pisarlas durante un periodo de tiempo, ha dicho que no se descarta nada. La duda es si eso es legal.
El contexto. En 2020, el Gobierno balear aprobó un decreto (la primera ley europea de este tipo) para poner freno al desenfreno del turismo de borrachera en áreas designadas, como Magaluf en Mallorca y el West End de San Antonio en Ibiza. Las medidas abarcaban multas que podían llegar hasta los 60.000 euros para los turistas que fueran sorprendidos haciendo balconing, así como restricciones en la cantidad de alcohol servido durante las comidas en los establecimientos con "todo incluido".
La norma también prohibía los distribuidores automáticos de bebidas alcohólicas y la venta en tiendas entre las 21:30 y las 8:00, y se suspendía además la concesión de nuevas licencias de party boats, excursiones etílicas o el pubcrawling, la publicidad de alcohol y las promociones happy hour o 2x1.
Lo nuevo. Pese a que el balconing ha experimentado un descenso desde entonces, el exceso de consumo de alcohol por parte de los turistas sigue aflorando, ahora con otra preocupación en ciernes: las agresiones sexuales grupales. Con tal de reforzar la ley existente, el Gobierno regional planea eliminar para 2024 que solo algunas calles de ciertas localidades, incluyendo Magaluf y San Antonio, se vean afectadas por estas regulaciones. Y extender las medidas disciplinarias a toda la Comunidad.
En la reunión de la Comisión para el Fomento del Civismo en las Zonas Turísticas, al ser preguntado el Conseller de Turismo sobre la posibilidad de que se puedan incorporar medidas como la expulsión de las islas de los incívicos o la prohibición de volver a pisarlas durante un periodo de tiempo, Jaume Bauza ha respondido que eso dependerá del delito o la infracción cometida y estará regulado en el decreto: "He expresado las líneas maestras y ni se descarta ni se admite nada. Luego hay que encajarlo jurídicamente. Lo principal es atacar, también a las empresas, pero sobre todo a aquellas personas que se comportan de una manera que no es tolerable, ni aquí ni en ningún sitio".
No está claro si es legal. En resumidas cuentas: uno de los principales cambios que baraja el Govern es aplicar una mayor contundencia en las sanciones al turista incívico, a los visitantes con comportamientos antisociales. Y no se descarta ninguna medida, como la expulsión de la isla, sin embargo, aún queda ver si esto podría tener un encaje jurídico o si va en contra de la normativa internacional de libre circulación.
Es algo que debería ser examinado por expertos legales porque probablemente cualquier intento de incluir a turistas en una lista negra chocarría con la legislación de la UE sobre libre movimiento. Aunque no está claro si esto afectaría a los turistas británicos. Según el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: "Todos los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias tienen derecho a circular y residir libremente dentro de la UE".
La preocupación por las agresiones sexuales grupales. Mientras antaño era el balconing lo que llenaba las portadas de periódicos locales en la temporada veraniega, este año han sido las agresiones sexuales perpetradas, supuestamente, por manadas de turistas sobre jóvenes viajeras, ocurridas en Platja de Palma y Magaluf. Este verano, tres británicos agredieron sexualmente a una joven que, presuntamente, se encontraba bajo sumisión química. Los supuestos autores fueron detenidos in extremis en la puerta de embarque del aeropuerto de Palma a punto de volar de regreso a Reino Unido.
También en Magaluf se produjo otro caso de agresión sexual en grupo en agosto cuando seis varones, cinco de nacionalidad francesa y otro suiza, presuntamente violaron a una joven británica en un hotel de la zona.
Mala imagen para España. La prensa internacional no ha tardado en alertar acerca de estos hechos. De hecho, The New York Times, ilustraba en un reportaje cómo “cada verano” Magaluf se ve arrastrada por “jóvenes británicos en busca de una bacanal” y llega a definir Mallorca como “una parte de Reino Unido situada en el Mediterráneo, con la excepción de que es más sórdida que cualquier otro lugar en los rincones más lúgubres de Londres”.
Según explicaba el doctor en Sociología y Filosofía por la Universitat de les Illes Balears (UIB), Lluís Ballester, en este artículo de elDiario.es, el entorno turístico en el que se producen estos hechos también influye en este tipo de conductas, ya que “genera un contexto de responsabilidad en suspenso”. Ahora el Gobierno ha anunciado que trabajará junto con la Embajada británica para que los jóvenes de hasta 25 años conozcan las consecuencias de actos vandálicos y delictivos durante sus vacaciones.
Imagen: GTRES
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