La UE avanza hacia la transparencia fiscal de las grandes tecnológicas: acuerda la ley que las obligará a publicar ingresos e impuestos en cada país miembro

La UE avanza hacia la transparencia fiscal de las grandes tecnológicas: acuerda la ley que las obligará a publicar ingresos e impuestos en cada país miembro
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La Unión Europea (UE) ha dado un paso más para conseguir que las grandes multinacionales revelen las ganancias e impuestos pagados en cada Estado miembro. Este martes por la noche, representantes del Parlamento y del Consejo Europeo han cerrado un acuerdo para llevar adelante una directiva que obligará a las empresas o subsidiarias que operen en el Viejo Continente y facturen más de 750 millones de euros anuales durante dos ejercicios consecutivos a presentar un informe público en el que declaren, país por país, tanto los beneficios obtenidos como las tasas abonadas.

Esta directiva, que aún tiene que ser redactada con carácter definitivo y aprobada de forma oficial, obligará a multinacionales tecnológicas como Facebook, Google, Amazon, Microsoft o Netflix, entre otras, a hacer públicos los datos económicos de su actividad en cada Estado de la Unión Europea. Con ella, Bruselas pretende luchar contra la evasión fiscal y que las empresas contribuyan al fisco de los países en los que operan de una forma justa.

De acuerdo con las cifras estimadas por la Unión Europea, la elusión de impuestos de sociedades y la ingeniería fiscal de las grandes multinacionales de todos los sectores, no sólo las tecnológicas, cuestan a las arcas públicas de los Estados miembro más de 50.000 millones de euros al año en impuestos no cobrados.

Estas prácticas se están viendo favorecidas hasta ahora por la ausencia de medidas que obliguen a estas compañías informar de las cifras desglosadas de sus beneficios e impuestos pagados por país. Con este nuevo mecanismo legal, los países tendrán más herramientas para detectar prácticas de evasión fiscal y tomar medidas para combatirlas.

Según informa el Partido Socialista Europeo en su web, el acuerdo no sólo incluirá la publicación de beneficios e impuestos pagados por país, las multinacionales también tendrán que informar de cuántos empleados tienen contratados a tiempo completo, el volumen de negocio neto, los beneficios o deudas antes de impuestos, el tipo de actividad que desempeñan en cada territorio y todos los datos relativos a su actividad económica en paraísos fiscales.

Un largo camino

El acuerdo alcanzado este martes por la noche se basa en una propuesta de la Comisión Europea de 2016, en la que se planteaba que las multinacionales que superasen los 750 millones en ingresos anuales tuviesen que publicar un informe de cada ejercicio con las tasas que pagaban en cada Estado miembro.

En aquella ocasión, y en otras sucesivas, el borrador no alcanzó el consenso necesario entre los países miembro, que estaban en desacuerdo con la base legal del documento. Un grupo de doce Estados, liderados por Irlanda y Suecia, y entre los que se encontraban Chipre, la República Checa o Hungría, entre otros, han considerado en varias ocasiones que, al tratarse de un asunto relacionado con la fiscalidad, la propuesta debía ser aprobada por unanimidad.

Los demás países y la Comisión Europea, sin embargo, opinaban que la normativa podía ser aprobada por mayoría cualificada, al no tratarse de un asunto que modifique las leyes fiscales comunitarias, ya que es un asunto de transparencia.

Después de varios intentos fallidos, en febrero de este año se produjo un avance clave, ya que varios países más se unieron a los partidarios de que la normativa podía ser aprobada por la mayoría cualificada en una videoconferencia informal del Consejo Europeo en la que participaron los ministros de Mercado Interior e Industria de la Unión Europea, tal y como informamos en Xataka.

Aquel avance ha permitido que ahora Parlamento y Consejo europeos hayan logrado establecer un acuerdo sobre la directiva que forzará a las multinacionales a declarar todos los datos mencionados. Esta norma, que previsiblemente será aprobada en los próximos meses, tendrá que ser traspuesta a las legislaciones nacionales de los Estados miembro en el plazo de un año y medio desde su publicación, por lo que empezaría a funcionar aproximadamente en 2023.

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