Una nueva huelga de transportistas está convocada. Indefinida, a partir del 14 de marzo, pero sin una unión clara de asociaciones y sindicatos. De momento, la convocatoria la mueve la Plataforma para la Defensa del Sector de Mercancías por Carretera, instando a todos los ministerios competentes a tomar parte en la negociación. La subida de los combustibles, los costes de mantenimiento de los camiones y otras reivindicaciones históricas están sobre la mesa.
Se calcula que el sector del transporte produce alrededor del 5% del PIB español y emplea a 1,2 millones de personas. De hecho, el 95% de las mercancías que se mueven en nuestro país lo hacen por carretera y el 70% de las exportaciones también utilizan esta vía para salir de España.
La importancia del transporte de mercancías está fuera de toda duda. Durante el confinamiento más duro de 2020, los transportistas fueron considerados personal esencial y su actividad no se paró. Sin embargo, no fue hasta una amenaza de huelga durante la pasada Navidad cuando se atendieron reivindicaciones históricas para el sector.
Un momento especialmente delicado
Durante las últimas negociaciones con el Gobierno, los representantes del sector consiguieron el compromiso de reflejar en un Real Decreto-Ley (publicado el pasado 2 de marzo en el BOE) reducir los tiempos de espera a una hora o la prohibición de las labores de carga y descarga en los puntos de destino, salvo casos excepcionales, como los trabajadores de portavehículos, las mudanzas, el traslado de animales o la entrega de paquetería.
La otra gran reivindicación era la cláusula de revisión del precio del transporte. Con ella, los transportistas repercutirán obligatoriamente el encarecimiento del gasóleo en los contratos ya firmados, desde que se alcanza el acuerdo hasta que se hace efectiva la entrega. Antes no sucedía esto y, por tanto, un aumento en el precio también suponía un aumento de los costes o, incluso, trabajar a pérdidas.
Este punto es especialmente importante ahora que gasolina y gasóleo están alcanzando precios históricos en nuestro país. De hecho, en enero, el precio del gasóleo para el transporte ha alcanzado los 1,3876 euros/litro. Con la nueva cláusula, un contrato firmado en diciembre de 2020 que haya sido efectivo en diciembre de 2021 contará con un suplemento en el precio del combustible del 30,3%, consecuencia de las últimas subidas y antes de oficializar los precios de 2022.
Durante la amenaza de huelga de 2021, ya se avisó de la pérdida de poder adquisitivo de los transportistas y de un aumento en los costes, derivados de una subida de los precios de los combustibles, que estaba dejando al borde del alambre a miles de familias, en un sector con un claro papel del trabajador autónomo y la pequeña empresa.
Son los mismos argumentos que en octubre de 2018 movilizaron a los chalecos amarillos. En aquella ocasión, una importante subida de los precios de los combustibles desembocó en la mayor protesta social de Francia desde mayo de 1968. A las protestas se terminaron sumando otros colectivos sociales que llegaron a reclamar 25 peticiones entre las que se encontraban un mayor gasto social, menos impuestos o intervenciones bancarias.
Y el combustible no es lo único gasto que ha complicado la vida a los transportistas. Desde la Plataforma para la Defensa del Sector de Mercancías por Carretera también se reclama que se castiguen los contratos en los que se trabaja por debajo del coste de explotación, tomando como referencia el Observatorio de Costes que publica el Ministerio de Transportes, con actualizaciones mensuales (actualmente se actualiza trimestralmente y los últimos datos son de octubre de 2021).
Algunos de los costes que más han aumentado son las ruedas y el Ad Blue, el líquido que mejora las emisiones contaminantes de los motores diésel, que han vivido crecimientos en sus precios del 25% para las nuevas gomas y del 50% en el caso del Ad Blue.
Además, la asociación también reclama espacios seguros para el descanso de los transportistas en los lugares de carga y descarga, otra reivindicación histórica que no se tuvo en cuenta en el acuerdo alcanzado entre los representantes y el Gobierno a finales de 2021. Plazo de pago de 30 días por los servicios de prestación de transporte, con régimen sancionador por incumplimiento, o jubilación a los 60 años por ser la profesión calificada como de alto riesgo.
Sin consenso en el sector
La convocatoria llega después de que el pasado 1 de marzo el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto-Ley en el que se recogen todas las medidas acordadas durante la pasada Navidad entre el sector del transporte y el Gobierno. Medidas que la Plataforma para la Defensa del Sector de Mercancías por Carretera considera insuficientes, pues, además, asegura que la situación se ha agravado desde entonces.
Entonces, la huelga convocada para la semana de Navidad terminó por desconvocarse. El acuerdo alcanzado en diciembre es suficiente para el Comité Nacional del Transporte por Carretera, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) o la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). Tanto ASTIC como CETM, a la hora de escribir este artículo, nos han confirmado que no se sumarán a la huelga indefinida y que no tienen declaraciones que hacer al respecto.
Foto | Paul White/AP
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