"Lo que sí que les puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes, nos lo exige Bruselas".
Son las declaraciones que Pere Navarro, director de la DGT, hizo ayer en TV3 durante el programa Els Matins. Allí seguró que esta medida llega impuesta desde Europa y pedía a los dos grandes partidos que lleguen a un acuerdo para establecer cómo sería el nuevo sistema de financiación. "Es un gran tema para un acuerdo entre los dos grandes partidos, para evitar que entre en el debate electoral, que al final todos salimos perdiendo", insistía
Las declaraciones han caído como una bomba en mitad de la campaña electoral. Hace unos días, Juan Bravo, portavoz económico del Partido Popular, resumía la situación un "que todos sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el Partido Popular, sino porque el Gobierno ya lo ha comprometido aunque ni lo cuente ni lo diga".
Las declaraciones de Bravo habían causado cierto revuelo pero se enmarcan dentro de lo esperado en una campaña electoral. Lo que sí es más sorprendente que incluso la DGT haya dado un paso adelante para desmentir a su propio director, con una nota aclaratoria en la que se lee lo siguiente, tal y como recoge El Mundo entre otros medios:
En relación a las declaraciones efectuadas por el director, comentar que lamenta profundamente la confusión generada sobre un asunto sobre el cual no dispone de ningun tipo de información directa ni competencias atribuidas para poder pronunciarse
Más dura ha sido Raquel Sánchez Jiménez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de quien depende una posible implementación de estos peajes: "quiero desmentir categóricamente que el Gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras. Sorprende muchísimo la hipocresía del Partido Popular que fue quien encargó estudios para implantar el pago por usos a partir del año 2021".
Vuelven los peajes (una y otra vez)
Que los peajes vuelvan a saltar a la primera línea mediática ya no es sorprendente. Sí lo es que las declaraciones lleguen por parte del director de la DGT, quien es propuesto por el ministerio de Interior, por lo que es obvio que no se esperan declaraciones subidas de tono que puedan perjudicar los intereses del partido del Gobierno.
Pero, más allá de la propia estrategia política y electoralista, Pere Navarro aseguró en el programa de la televisión local catalana lo siguiente:
Bruselas nos impone, nos exige, poner peajes; nos dice el dinero que os estamos enviando no es para conservación y mantenimiento de carreteras, es para otras cosas, con lo cual tenéis que poner peajes como una exigencia si queréis recibir más dinero
Esto que asegura el director de la DGT no es del todo cierto. Sí es cierto que la Unión Europea podrá exigir a España que imponga un peaje en las carreteras españolas de gran volumen, como medida para financiar la infraestructura viaria. Sin embargo, esto sucede porque fue el propio Gobierno el que lo incluyó en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado como garantía para poder recibir los fondos europeos Next Generation, calculados en 70.000 millones de euros.
En la página 127 de este documento remitido a Bruselas se leía lo siguiente:
Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras.
Antes, en la página 96, ya se anunciaba que queda la puerta abierta a los peajes urbanos, con una "implementación de planes de movilidad pago por uso urbana". Esta decisión ya se le daba una cobertura legal con la Ley de Movilidad Sostenible que con las elecciones ha quedado pendiente de aprobación.
La duda, por tanto, es saber hasta qué punto Europa ha presionado al Gobierno para implementar un sistema de pago por uso en las autopistas españolas. Sí es cierto que desde Bruselas ahora lo pueden exigir porque ha sido el propio Gobierno el que ha dado alas con su inclusión en el documento pero no sabemos el interés que ha mostrado la Unión Europea en el asunto durante las negociaciones para sacar adelante el documento del Plan de Recuperación y Resiliencia.
En duda: antes, ahora y en el futuro cercano
El interés de Europa en que las infraestructuras españolas se financien con un sistema de pago por uso parece evidente, teniendo en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado en 2022 ya contemplaban un gasto de 1.371 millones de euros para el mantenimiento de las carreteras.
Sin embargo, ese mismo año, la Asociación Española de la Carretera (AEC) aseguraba que para poner a punto todas las carreteras y arreglar los desperfectos que se acumulan en los 101.700 kilómetros de carreteras analizados se necesitan cerca de 10.000 millones de euros.
A esto se suma que cada vez quedan menos países en Europa donde las autopistas sean completamente gratuitas. En Francia, el sistema es parecido al español, con un impuesto de circulación (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en España) y una mezcla de carreteras de pago y otras gratuitas.
En Portugal, se contaba con este sistema, hasta que Europa obligó tras la crisis de 2008 a establecer un sistema de pago por uso. Unos pórticos tarifan al conductor la cantidad correspondiente cada vez que éste los supera. En Austria, se paga una viñeta anual y ha sido el país de referencia del sistema, copiado de una u otra manera por Chequia, Hungría, Eslovaquia, Suiza o Eslovenia. Alemania, sin apenas peajes, sigue siendo la gran excepción.
Si centramos el tiro en España, la idea generalizada por parte del Gobierno, en las suaves y siempre muy generales referencias que se han hecho al tema, es que pague el que más contamine. Es decir, que se pague por kilómetro recorrido y, además, se abre la puerta a que los vehículos más limpios también paguen menos.
Esto crea un nuevo problema para quienes utilizan las carreteras en sus desplazamientos habituales para ir al trabajo, al médico o a estudiar. Unos supuestos que el propio Pere Navarro se atrevió a sacar de la ecuación en 2021 y en las que, de nuevo, no se explicó claramente cómo se establecerían este tipo de excepciones.
Pese a que la imposición de los peajes en las carreteras españolas parece siempre inminente, hay que recordar que es un tema que sobrevuela la política española desde 2012. En 2018 también se puso sobre la mesa la implantación de estas medidas (en ambos casos con el Partido Popular la frente). Ya en 2021, con el PSOE gobernando, fue cuando se dio un nuevo impulso al posible pago por uso con el mencionado compromiso ante Bruselas. Entonces se apuntó a 2023, pero la medida fue aplazada a 2024.
Y, sin embargo, hay que tener en cuenta que el calendario aprieta si de verdad se quieren imponer los peajes el próximo año. Con las elecciones próximas, primero se tendrá que formar Gobierno y, con los plazos más ajustados posibles, se tendría que poner la maquinaria rápidamente a trabajar para sacar un plan en el que se establezca un precio por kilómetro, desarrollar toda la infraestructura y, en definitiva, aplicar una medida muy impopular durante los primeros días de mandato.
Foto | Jorge Franganillo
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