Incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea ha sido desde siempre una obsesión en nuestro país. El Gobierno ha solicitado al Consejo Europeo, otra vez más, que estudie nuestra propuesta. Una petición que ha levantado una polvareda de críticas en el bloque debido a los obstáculos administrativos, el alto coste económico (y la duda de quién pagará esa factura), así como el riesgo de un efecto contagio de demandas similares por parte de otros países.
En su misión, España no deja de encontrarse piedras en el camino. Primero fue Eslovaquia, ahora lo es Suecia.
La petición. Tal y como explicamos en este otro artículo de Xataka, el Gobierno, como parte de las negociaciones con Junts per Catalunya para facilitar una eventual investidura de Pedro Sánchez emitió una petición a la UE para que un viejo reclamo Español se convierta por fin en realidad: oficializar el catalán, el euskera y el gallego en la Unión. Una medida que, de aplicarse, les otorgaría el mismo estatus en el continente a estos idiomas que al castellano y resto de lenguas de los Estados miembros.
Los obstáculos. El problema es que para conseguirlo, la UE tendría que modificar el reglamento actual que limita el número de lenguas oficiales. Y eso es tarea fácil. Primero, porque la reforma precisa de la unanimidad de los 27 Estados miembros. Y segundo, porque algunos de los países de la UE ya se han mostrado críticos en resucitar sus propios conflictos nacionalistas y lingüísticos. España no pide nada por pedirlo para contentar a Carles Puigdemont, pero la aprobación no está en sus manos.
Vetado por Suecia. De momento, Suecia ha sido el país que ha dejado por escrito su opinión negativa y ya ha dicho que vetará la oficialidad del catalán en la UE: "Creemos que las consecuencias legales y financieras de la propuesta tienen que ser investigadas de manera más minuciosa. Hay muchas lenguas minoritarias que no son lenguas oficiales en la Unión Europea", aseguraba la ministra sueca de Asuntos de la Unión Europea, Jessika Roswall.
No es el único país que se opone. De hecho, la mayoría de los socios de la UE consideran "altamente improbable" que esto llegue a buen puerto en Bruselas, ya que consideran que la petición española debe "discutirse y analizarse en detalle" antes de adoptar una decisión.
Los argumentos de Eslovaquia. El primer país del bloque que mostró su escepticismo fue Eslovaquia. Lo analizamos en este otro artículo de Xataka. El país del este de Europa se opone a que el Gobierno de Pedro Sánchez oficialice esas lenguas sin haberlo hecho antes en toda España. Por un lado, señalan (basándose en el Reglamento 1 de 1958 adoptado por el Consejo) que cada Estado miembro puede contar con una o dos lenguas oficiales en el seno de la UE. España, en cambio, pretende que sean cuatro, lo que les parece excesivo.
Por otro lado, recuerdan que, según las normas del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, "las cuestiones de posición y uso de lenguas minoritarias o regionales deben ser resueltas por los propios estados en atención a su propio orden constitucional y a las leyes internacionales".
No cumplimos los requisitos. Lo cierto es que, tal y como esgrime Eslovaquia y se estipula en la norma europea, estas lenguas deberían ser primero "oficiales en todo el territorio del Estado miembro y ser las lenguas que utilizan las instituciones centrales en su día a día". Y España no cumple ese requisito. De hecho, la Constitución española establece en su artículo 3, que el castellano es el idioma oficial de todo el Estado. Esto implica que el catalán, gallego y euskera son cooficiales en sus territorios, pero no en el resto del país.
Para que así fuera, el Gobierno de España tendría que convertir estas lenguas en oficiales en toda España, al mismo nivel que el español/castellano. Y eso sólo es posible reformando la Constitución, un arduo proceso que difícilmente encontraría los apoyos políticos necesarios.
Sin apoyos. Todos estos inconvenientes dejan al Gobierno con pocas o ninguna opción a conseguir su objetivo. Y es que, como comentábamos antes, añadir tres lenguas más de repente es algo impensable para muchos países. A algunos les inquieta todo el lío administrativo, pero sobre todo, el coste económico. Y a otros como Francia, les preocupa que puedan resurgir pugnas internas en aquellos lugares donde existe una relación delicada con el uso de cualquier otro idioma.
Recordemos que Irlanda, el único que consiguió incluir su lengua, el gaélico, como idioma oficial, necesitó 17 años para llevarlo a cabo y asegurar los expertos necesarios para que fuera posible usar la lengua cada día y a todos los niveles.
Los costes administrativos. El Gobierno señala que aún no ha hecho cálculos de qué coste tendría añadir tres lenguas más (pagar a intérpretes y traductores, cambios en las infraestructuras, etc). Ni tampoco "están todavía en eso", explican. Pero Bruselas sí ha sacado la calculadora y cree que el coste total de la prestación de esos servicios en las instituciones de la UE es de alrededor de 1.000 millones de euros al año. Sólo en la Comisión Europea, que tiene a unos 2.000 traductores en plantilla, los costes llegan a 349 millones al año.
Imagen: Wikimedia Commons
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