Ni con etiqueta ecológica, ni sin ella. España se mantendrá en sus trece y, pese a la decisión de la Comisión Europea (CE) de conceder la categoría de energías “verdes” al gas natural y la nuclear, avanza que no aportará fondos para nuevas instalaciones. Durante una entrevista con Ràdio4 y La2, la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, aseguró que el Gobierno no financiará nuevas centrales nucleares ni infraestructuras de gas.
La socialista fue más allá y tachó de error que se meta en el mismo cajón "sostenible" al gas o la energía nuclear y otras alternativas que son “netamente favorecedoras de la descarbonización sin riesgos”. Por esa razón, el Ejecutivo español valora la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en contra la decisión de la CE.
“Requiere de un análisis jurídico. Políticamente lo tenemos perfectamente claro. Desde el punto de vista del entendimiento, de las señales que dan, creemos que es un error”, insistió Ribera, quien avanzó, en cualquier caso, que España se ha propuesto mantener “un estándar más elevado”.
Países en contra
De dar finalmente el paso y acudir al TJUE, España se sumaría a otros gobiernos europeos que, como Austria, han dejado clara su intención de presentar recursos contra la decisión de Bruselas. Al anunciar la medida, su ministra de Medio Ambiente, Leonore Gewessler, ya mostraba su confianza en que los ejecutivos de Luxemburgo, Dinamarca o España, que se han opuesto de forma pública a otorgar a la energía nuclear y el gas el sello “verde”, se sumasen con iniciativas similares.
“El que la Comisión haya hecho esto a modo de desarrollo reglamentario, al margen de la decisión del Consejo, no es bueno. No vamos a financiar nuevas nucleares, no vamos a financiar nuevas infraestructuras de gas”, incidió la titular de Transición Ecológica, durante la entrevista.
Sus declaraciones llegan solo unos días después de que la CE aprobase incluir ambas energías en su “taxonomía verde”, una decisión en sintonía con lo que solicitan algunos países de la Unión. La medida aún puede tumbarse a lo largo de su tramitación, si bien cumpliendo ciertos requisitos.
Podría ocurrir, por ejemplo, si durante su votación en la Eurocámara recibe el rechazo de 353 eurodiputados o si se oponen por lo menos 20 países que representan, como mínimo, el 65% de la población de la UE. Frente al rechazo frontal mostrado por España o Austria hay otras posiciones alternativas. Francia, por ejemplo, defiende la energía nuclear y Alemania el gas.
La medida no es un mero trámite, una formalidad o una simple cuestión de definiciones con valor simbólico. La “taxonomía verde” aspira a ofrecer una guía que pueda orientar la inversión en el sector energético, por lo que busca facilitar la financiación. La etiqueta no es en cualquier caso un cheque en blanco. Las nuevas plantas nucleares, por ejemplo, deberán ajustar su calendario y su permiso de construcción tendrá que ser anterior a 2040. En el caso de las plantas de tercera generación, ese tope se extiende a 2045. Los SMR no tienen fecha límite. Algo similar ocurre con el gas, aunque en su caso se fijan emisiones máximas: 270 g de CO2 equivalente por kilovatio hora.
Como telón de fondo está el objetivo fijado en el Pacto Verde de la UE: lograr la neutralidad climática de cara a 2050, una pretensión que, según apuntan algunas voces como la del comisario europeo de Mercado Interior, el francés Thierry Breton, difícilmente se podrá alcanzar sin el apoyo de la energía nuclear. “Las cifras están ahí”, insiste. La CE justifica de hecho incluir el gas y la nuclear como un “puente” hacia la transición energética y lograr el principal desafío: reducir el uso del carbón.
En el polo opuesto están quienes cuestionan que debamos considerar como "verdes" las energías que acaba de respaldar la CE. “Ni la nuclear ni el gas cumplen los criterios científicos y legales para ser consideradas sostenibles ni recibir el mismo tratamiento que tecnologías incuestionablemente verdes, como la eólica o la solar, y orientan en sentido contrario a las prioridades de un proceso de descarbonización de la economía europea sin riesgos ambientales”, recalcaba hace días Ribera.
Imágenes | Gretchen Mahan (Flickr)
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