Funcionarios sin derecho al teletrabajo: el Gobierno retrasa indefinidamente la norma que lo regula

Funcionarios sin derecho al teletrabajo: el Gobierno retrasa indefinidamente la norma que lo regula
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Los funcionarios no saben cuándo dispondrán de una norma que regule su teletrabajo. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguró en noviembre de 2021 que el Gobierno tendría preparado el real decreto ley para el trabajo a distancia en la Administración General del Estado para comienzos de 2022. Luego, en enero de 2022, el departamento ministerial comunicó a los sindicatos que la norma no se aprobaría hasta finales de febrero. Y ahora, a diez días de que finalice el citado mes, los sindicatos aseguran que no tienen noticia alguna del Ejecutivo en este sentido, según han explicado a Xataka Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Los sindicatos señalan que han preguntado en repetidas ocasiones sobre la cuestión al ministerio en las últimas semanas, y que la única respuesta que han obtenido por parte de la Administración es que no saben cuándo se retomará el asunto. “No hay ninguna novedad al respecto. Ni ponen fecha ni nos dan una respuesta aproximada de cuál es el planteamiento que tienen”, explica a Xataka Javier Martínez, secretario de comunicación del Sector de la Administración General del Estado de CCOO.

Desde UGT y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) corroboran la información de Martínez: la falta de novedades es absoluta. El diario El Mundo informa de que desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, tras los dos retrasos para la tramitación de la norma ya mencionados, no se atreven a ofrecer una nueva fecha, aunque sí aseguran que será antes del verano. Los sindicatos, ante las demoras pasadas y la falta de información por parte del departamento ministerial, dudan incluso de ese plazo, a pesar de ser bastante más holgado que los dados con anterioridad.

El real decreto para regular el teletrabajo de los funcionarios aparece en el plan anual de actualización normativa de la Administración General del Estado, lo que quiere decir que el Gobierno se ha comprometido a tramitarlo y aprobarlo a lo largo de 2022. Pero tiene hasta finales del presente año para hacerlo.

Los fondos van antes

Los sindicatos se muestran molestos por el nuevo retraso del real decreto del teletrabajo de los funcionarios, en especial porque consideran que la norma ya está bastante desarrollada (el periodo de alegaciones terminó el pasado 4 de enero) y la nueva demora no tiene justificación.

Desde CCOO consideran este retraso se debe a que el Ejecutivo está dando prioridad a otras normas que le urgen más desde el punto de vista económico: las comprometidas con Europa para la llegada de los fondos comunitarios de recuperación. “El problema es que el Gobierno no se comprometió a una fecha exacta en la que tendría que salir este decreto, pero hay otros, como los de las ayudas, que sí tienen fechas límite, y son a esos a los que están dando prioridad”, explica Martínez.

Así, los sindicatos consideran que el Gobierno no tiene prisa en aprobar el decreto que regula el trabajo a distancia de los funcionarios, entre otras cosas porque, según señalan, con las normas provisionales de la pandemia pueden resolver la papeleta, mal que bien, en el caso de que sea necesario que los empleados públicos trabajen más días de los permitidos desde casa en determinadas situaciones, como en un contagio de coronavirus.

Pero, subrayan, esas normas provisionales no resuelven los problemas a los que se enfrentan los funcionarios al teletrabajar, como el uso de dispositivos personales ante la falta de equipos profesionales, el déficit de competencias en herramientas digitales para el trabajo a distancia, la ciberseguridad, la protección de datos o el acoso. Aspectos que el decreto sí aborda.

Asimismo, en la actualidad los funcionarios sólo pueden teletrabajar un día a la semana, salvo en contadas excepciones, mientras que el real decreto les permitiría, con carácter general, trabajar a distancia hasta tres días, y en algunos casos hasta el 90% de la jornada mensual.

Imagen | Jaime García/GTRES

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