Una subida sobre la mesa del 8,4%. Y la decisión de si hay que subir los peajes por completo, si se debe congelar su precio y compensar a las concesionarias o, por el contrario, no queda más remedio que ampliar los años de explotación como compensación para paliar la subida.
Este era el panorama al que se enfrentaba el Gobierno este mes de diciembre. A punto de empezar 2023, un año en el que los peajes deberían extenderse por toda la geografía española, el Ejecutivo ha decidido que ni una cosa ni la otra. Habrá subida, pero también compensación a las concesionarias.
Porque el Gobierno ha decidido que los peajes de las carreteras AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46 subirán un 4%. El resto de la subida lo complementará el Estado, con incrementos que varían en función de la carretera.
Las empresas que explotan estas carreteras tenían firmada una subida comparable al incremento del IPC, por lo que no habían dudado en pedir el 8,4% que les correspondía. Para mitigar la subida, el Gobierno ha decidido limitar el incremento al 4% y ha habilitado 23,3 millones de euros para compensar a las empresas. Además, contempla que el escenario se repita en los próximos años.
Además, en la nota publicada también se explicita que en la AP-7 Alicante-Cartagena los peajes contemplaban una subida extraordinaria de un 1% más, debido a un préstamo participativo del Estado que se hizo para pagar las expropiaciones. La misma subida se contemplaba en la AP-46 Alto de Las Pedrizas-Málaga y la AP-9 Autopista del Atlántico, en este caso por realizar las concesionarias obras de mejoras de la vía.
A la espera de más peajes
Los peajes se han convertido en uno de los términos de moda en la movilidad española de los últimos meses y hasta años.
En primer lugar porque según el Plan de Recuperación y Resiliencia, nuestro país debería contar con peajes en sus vías rápidas a finales de 2023 y estar a pleno rendimiento en 2024. Una contrapartida para poder acceder a los 70.000 millones de euros de los fondos Next Generation aportados desde Europa.
Y pese a que el plan parecía definitivo, lo cierto es que la implantación de peajes en las vías rápidas españolas lleva ya una década sobre la mesa. Tiempo suficiente para lanzar globos sonda con posibles tarifas y hasta que la DGT proponga quiénes deberían asumir este pago por uso.
Pese a todo, la implantación de este pago por uso languidece y el problema eterno pasa de un gobierno a otro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la última Ley de Movilidad Sostenible también contempla la implantación de peajes en las entradas de las ciudadesespañolas. La instalación, o no, dependerá nuevamente de los gobiernos de cada localidad.
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