Túnez no es una opción: por qué el Open Arms no puede desembarcar en los puertos africanos

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El Open Arms ya puede atracar en España. Diecisiete días después de solicitar su desembarco en Lampedusa, el gobierno español, por medio de un tuit de Pedro Sánchez, ha anunciado que abre al menos dos vías para su llegada: Algeciras y Mahón. Es una medida que mimetiza la tomada hace más de un año a propósito del Aquarius, y que llega tras una riada de decisiones y discursos contradictorios. El Open Arms, por su parte, ha declinado el ofrecimiento: con 107 personas a bordo en un estado de nerviosismo y desesperación extrema, seis días de travesía son inviables. Sólo contemplan una opción. Italia.

¿Pero qué hay de África?

El debate. Es la pregunta que puebla hoy numerosos foros e hilos de Twitter. La geografía obliga a planteársela: el Open Arms navega las regiones de búsqueda y salvamento (SAR) de Italia y Malta. Sus tareas de vigilancia y asistencia en alta mar se desarrollan frente a las costas de Libia, hervidero de migrantes y refugiados buscando un trayecto, por inseguro que resulte, hacia Europa. La ley de salvamento internacional dicta atracar en el "puerto seguro" más cercano. A vista de mapa, hay un elefante en la habitación: Túnez y su extensa costa.

El país, al contrario que Libia, no se encuentra sumido en una guerra civil calamitosa. Y está cerca, tanto o más que Sicilia o Lampedusa (cosa que no se puede decir de Egipto o Argelia). 

Los porqués. Hay una variedad de motivos que obligan a descartar Túnez como punto de desembarco de refugiados. El primero: el país no cuenta con una ley de asilo propia, y opera bajo la establecida a nivel internacional en 1951. Esto implica varias cosas. La principal, que los refugiados allí recalados no obtienen un permiso de residencia automático. Un vacío legal que les impide no ya trabajar en condiciones legales, sino incluso salir del país por su propio pie (deben pagar unos 1.000€ por haber residido ilegalmente en el país). Los refugiados en Túnez gozan de derechos difusos, a menudo, según algunas ONG, violados.

Condiciones. Túnez cuenta con unos 1.000 refugiados aglomerados en su único centro de asistencia, en Medenine, y con otros 250 solicitantes de asilo que desean instalarse en el país. Como revela este reportaje de Al-Jazeera, sus infraestructuras son insuficientes: los menores se agolpan en habitaciones pobladas por más de treinta personas, la supervisión médica oscila entre lo precario y lo inexistente, y los esfuerzos por integrarlos en la sociedad son nulos. Muchos no pueden trabajar, y son detenidos cuando lo hacen, y la mayoría no habla la lengua local (el árabe) ni cuentan con cursillos para aprenderla.

Aislados y sin perspectivas, los suicidios dentro del centro de Medenine han ido al alza durante los últimos meses. Túnez no cuenta ni con el marco legal adecuado ni con los medios físicos o económicos para recibir refugiados.

La política. Tampoco con la voluntad política necesaria para hacerlo. La agencia de refugiados de Naciones Unidas, UNHCR, lleva años trabajando con las autoridades del país para desarrollar una ley de asilo propia, de momento sin éxito. Todos los partidos políticos se muestran reticentes. La legislación convertiría a los puertos del país en "punto de desembarco" para los miles de refugiados rescatados en el Mediterráneo, un problema logístico y de opinión pública que ningún líder quiere afrontar. Así las cosas, las autoridades obstaculizan el contacto de los migrantes y refugiados con ACNUR, con la memoria reciente de los 900.000 refugiados llegados desde Libia hace cuatro años.

Alternativas. ¿Culpable? Sólo de seguir la misma línea fijada por otros estados europeos. Cuesta imaginar a Matteo Salvini, ministro de Interior italiano que ha cerrado todos los puertos del país a los barcos de salvamento, desarrollando una ley similar si Italia careciera de ella. Su ejemplo es paradigmático de la pasividad de la UE: la voluntad de los gobiernos se impone sobre un programa de asistencia y distribución a escala comunitaria. Todo depende de las decisiones puntuales de cada ejecutivo, ya sea en contra, como Salvini, o a favor, como Sánchez.

Barcos como Open Arms tienen pocas alternativas. Sin posibilidad de recalar en África y con los puertos "seguros" más cercanos, italianos y malteses, cerrados, su única opción pasa por navegar seis días hacia Menorca o esperar a que la justicia italiana abra las puertas de Lampedusa. Entre tanto, la situación dentro del barco es cada día más extrema: se han registrado enfrentamientos, conatos de violencia y huidas desesperadas durante los últimos días. Los pocos desembarcos (medio centenar de menores no acompañados) han exacerbado los nervios.

España. Su situación se ha convertido en motivo de tensión continua entre España e Italia. Salvini ha optado por una dura política de tolerancia cero, pese a las disputas abiertas con su propio primer ministro, Conte. El gobierno español ha mantenido una política errática: primero amenazando con multas de hasta 900.000€, después prohibiendo su salida al mar, y finalmente abriendo sus puertos. Ambos ejecutivos se enfrentan a una situación delicada (negociaciones para formar gobierno, posibles elecciones) y todo gesto tiene connotación electoral.

Entre tanto, el ofrecimiento de seis países de la UE para aceptar a los refugiados palidece frente al problema mayor: desmanteladas las redes comunitarias de salvamento y realojamiento, todo depende de las ONG y de lo que cada estado decida en cada momento.

Imagen: Olmo Calvo/AP

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