Hace aproximadamente un año, una era geológica en términos 2020, las portadas de los medios de comunicación y las historias de las redes sociales rotaban también en torno a un único tema de conversación. No se trataba de una epidemia, ni de unos disturbios raciales. Se trataba de los incendios del Amazonas. Miles de hectáreas ardían en el interior de Brasil ante la impotencia de la comunidad internacional.
Un año después, el Amazonas sigue ardiendo. ¿Cómo evitarlo?
Presión. No mediante convenios y acuerdos entre estados, tan bien intencionados como prescindibles, sino, quizá, mediante la presión de las empresas privadas. Es la lógica que subyace tras la amenaza de siete financieras internacionales (Storebrand, AP7, KLP, DNB Asset Management, Robeco, Nordea Asset Management y LGIM) que, según Reuters, tantean retirar sus inversiones si Brasil no aplica medidas medioambientales más decididas en la protección de la selva.
El cómo. Es un mecanismo de coacción sencillo: si el gobierno de Bolsonaro no revierte sus políticas en el Amazonas, tan lesivas para la selva y beneficiosas para determinadas actividades económicas, sopesarán la retirada de sus más de $2 billones en inversiones. El movimiento es idéntico al anunciado hace algunas semanas por 40 productores y distribuidores agroalimentarios de Europa, y similar al cuadrado por 230 firmas internacionales en septiembre.
¿Por qué? Durante los últimos meses, Bolsonaro y su equipo de gobierno han tratado de aprobar una legislación que erosionaría aún más la protección legal del Amazonas. De forma muy resumida, permitiría explotar comercialmente las tierras ocupadas ilegalmente en el corazón de la selva. Una suerte de política de hechos consumados que, de facto, incentivaría y aceleraría el proceso de deforestación del Amazonas.
¿Hipocresía? Naturalmente, el movimiento de las multinacionales para con el gobierno de Bolsonaro tiene un alto componente de imagen. Brasil sigue siendo el principal productor de soja del planeta (el 55% del total en 2018), ingrediente fundamental para sostener la industria cárnica que, a su vez, sacia el apetito de estadounidenses, australianos y europeos. El mundo sigue dependiendo del sector agroalimentario brasileño, capaz de imponer parte de sus condiciones ante amenazas así.
Poco a poco. El anuncio, no obstante, reafirma una tendencia asentada en la mentalidad de algunas multinacionales: no invertir en negocios o sectores que dependan de soja plantada en terreno deforestado. Es algo que llevan prometiendo desde 2008, aunque Greenpeace y otras organizaciones afirmen que sólo es un eslógan. Es un círculo vicioso: sus consumidores en EEUU o Europa les piden ser más "sostenibles" y ellas, a su vez, escenifican frente al gobierno brasileño su sostenibilidad.
Tela que cortar. En cualquier caso, que Bolsonaro es más síntoma que causa de un problema, la deforestación, en apariencia irresoluble para Brasil: ¿sostenibilidad o explotación del Amazonas? Sus alocados planes de asfaltar y talar el bosque han tenido un impacto directo. En su primer año como presidente la deforestación ha aumentado un 27% (récord de los últimos 11 años), y en la primera mitad de un 2020 otro 34%.
Todo ello acompasado de una caída en sus índices de aprobación (en parte por el coronavirus). Sólo si los brasileños presionan a Bolsonaro en la dirección contraria, y si el consumidor europeo hace lo propio respecto a sus empresas, el Amazonas revertirá su siniestra tendencia. Pero son dos condiciones complejas por sí mismas.
Imagen: Bruno Kelly/Reuters
