Declarar la "alarma por sequía" para seis millones de personas no es suficiente. Nunca lo ha sido. Eso es algo que la Generalitat de Cataluña tiene claro. Y por eso, el conseller de Acción Climática de la David Mascort (junto con la Agencia Catalana del Agua) ha decidido reducir los caudales de varios ríos de la comunidad tratando de exprimir al máximo el agua disponible.
El problema son las consecuencias.
Una medida a la desesperada. Es cierto que la medida permitirá alargar 136 días las reservas en el sistema Ter-Llobregat y así es cómo lo justifican desde la Generalitat ("es nuestra obligación garantizar el agua para las personas"), pero ¿en qué situación quedan todos estos ecosistemas por mucho que, tal y como se han comprometido, se lleven a cabo algunos "incrementos de caudal" dos veces por semana "para el mantenimiento de las condiciones ecológicas"?
La misma Agencia Catalana del Agua, en el plan que establecía los caudales ecológicos, explicaba que los caudales de mantinimiento debe de considerarse "como un pacto entre la actividad o el uso antropogénico y el mantenimiento de un estado de calidad ambiental aceptable". No obstante, el mismo plan reconoce la "posibilidad de asignar consigna de ahorro o sequía (épocas de crisis) en que se satisfagan unos caudales mínimos más bajos".
¿Cuánto se le puede bajar el caudal a un río? Al fin y al cabo, la Ley de Aguas es bastante clara en este aspecto. No solo es que "los caudales ecológicos o demandas ambientales" deben "considerarse como una
restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación", sino que para fijarelos se requieren "estudios específicos para cada tramo del río".
Y viendo los nuevos cauces, es inevitable preguntarse si esos estudios se han llevado a cabo. El caudal del río Ter pasará de 5.500 a 600 litros por segundo, el Llobregat de 4.300 a 250 y el Muga de 1.200 a 40.
Más allá de las consecuencias generales, lo cierto es que la medida compromete un buen número de espacios naturales protegidos (algunos forman partes de la Red Natura 2000 de la Unión Europea) y, según los grupos ecologistas, hasta el momento no se presentado ni informes técnicos ni estudios científicos que justifiquen la medida.
"Si debemos ir a los juzgados, iremos". Decía Mascort y, por lo que sabemos hasta ahora, es probable que tengan que ir. Ecologistes de Catalunya ya ha denunciado antes de la Fiscalía de Medio Ambiente a los responsables de la Agencia Catalana del Agua por "presuntos delitos contra el medio ambiente" y lo cierto es que, al menos sobre el papel, van a tener que explicar muy bien qué está ocurriendo.
Lo más relevante es que esto es solo el principio. No deja de ser iluminador que justo cuando estalla este problema, haya miles de agricultores en pie de guerra en toda Europa. Una de las consecuencias menos visibles de los periodos de sequía más largos es que, en la medida en que se 'rompe' el statut quo, se va a desatar una batalla de intereses (sean estos legítimos o no).
La batalla lleva en marcha muchos años. Hace unos días, Datadista presentaba un trabajo en el que explicaba cómo muchas de las restricciones de agua que se implantaron durante las grandes sequías de los 90 nunca se revirtieron y el caudal excedente (una vez superada la crisis hídrica) se empleó para actividades productivas que han terminado por "aumentar el problema de la sobreexplotación y contaminación de acuíferos y humedales".
Pero decir que no es nada nuevo, no basta. Es hora de ser conscientes de que esto no es una mala racha y prepararnos para lo que viene.
Imagen | Josep Enric
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