A un día del cierre del plazo para solicitar el voto por correo, el número de solicitudes ya se sitúa en 2.200.000. Y se da por hecho que nos vamos a acercar a los 3 millones. De darse el caso, significaría que hasta el 8% del censo votaría por correspondencia este año. Un récord histórico en un país donde ese porcentaje suele rondar entre el 2 y el 3%, pero en el que un anticipo electoral en pleno verano puede cambiarlo todo.
Para gestionarlo, Correos ha firmado 19.400 contratos de refuerzo, 7.000 más de los solicitados por los sindicatos, y ha ampliado los horarios. Lo hace en medio de una humareda de rumores de fraude electoral, a los que ha respondido con contundencia. Veamos cómo funciona el voto por correo y por qué el sistema electoral español es prácticamente impucherable.
La acusación de fraude. A falta de tan solo 10 días para los comicios, el PP ha vuelto a la conspiración pidiendo a los carteros que "trabajen mañana, tarde y noche y, aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo sagrado". Su líder, Alberto Núñez Feijóo, añadía: "Les pido, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos". Tras las autonómicas, el partido lleva denunciando un intento de pucherazo por el hecho de que las elecciones se celebren en verano para que "falten interventores y apoderados" y así "a las bravas cambiar las cosas".
La respuesta de Correos. Ante esta polvareda de desconfianza, y de forma excepcional, Correos ha tenido que responder a los rumores de fraude electoral: "Contamos con empleados dedicados y profesionales. Mantenemos nuestra integridad y nos apartamos de debates que socavan instituciones y servicios públicos". Tal y como hemos explicado en Magnet, Correos ha tenido que llevar a cabo una contratación sin precedentes para cubrir a parte de su plantilla que se va de vacaciones y ampliar los horarios de oficinas y reparto. Las elecciones anticipadas han supuesto toda una remodelación de la empresa pública.
Pero, como todo lo que no se ve, el voto por correo genera desconfianza. Quien acude a votar presencialmente toca el voto, lo mete en una urna, lo ve. Sin embargo, en el voto por correo tenemos que "fiarnos" tanto de que el voto ha llegado como de que se ha emitido bien. Y aquí hay que hacer dos puntualizaciones lógicas: si los carteros no reparten los envíos, estarían cometiendo un delito y, si la empresa se guarda miles de sobres sin repartir, sería algo casi imposible de esconder.
Un sistema impucherable. Decenas de expertos politólogos y jurista han defendido la solvencia del sistema electoral español. De hecho, uno de los aspectos que se ha mejorado recientemente ha sido el voto por correo, ya que se ha eliminado el llamado voto rogado para introducir un sistema mucho racional. En el actual, se recoge el impreso de solicitud acreditando la personalidad presencialmente o vía web de Correos, y en ese documento se indica la dirección a la que ha de enviarse la documentación para votar.
Tras recibirla, y una vez introducida la papeleta en el sobre, se introducen tanto el sobre como el certificado de inscripción en el censo en otro sobre, dirigido a la mesa electoral. Ese sobre ha de ser llevado a una oficina de Correos, donde ahora se requiere acreditarse de nuevo con el DNI o una autorización del titular a otra persona que deberá constar junto a la fotocopia del DNI del votante.
Y con muchos obstáculos. Además, en caso de intentar hacer trampas, habría que sortear una cantidad enorme de obstáculos: cualquier ciudadano puede seguir el conteo, los policías vigilan los colegios y existen apoderados. El presidente de la Junta Electoral Central, Miguel Colmenero, defiende que "no hay ningún indicio para dudar de Correos y que el sistema electoral es absolutamente fiable y está totalmente descartado ningún pucherazo”. De hecho, este sistema lleva 37 años instaurado en España y las incidencias que se han producido son casi inexistentes.
Los datos lo demuestran. Este estudio realizado por José Abreu de la Universidad de Las Palmas sobre corrupción muestra que desde 2000 hasta 2020 sólo se produjeron 72 casos que terminaron siendo investigados, pero el 79% de ellos sucedieron en poblaciones inferiores a 10.000 habitantes. Y sólo 17 fueron condenatorios. Y es eso lo que nos devuelve a la diferenciación de fraude a gran escala (algo casi imposible en España) y los intentos de amaño a pequeña escala en pueblos, donde se producen elecciones muy reñidas y cuyos resultados pueden cambiar por pocos votos.
La compra de votos siempre va a existir. Es precisamente lo que hemos vimos en las pasadas elecciones autonómicas y municipales de mayo, donde se produjeron diferentes denuncias de compra de votos en provincias como Murcia, Huelva, Zamora o Melilla. Casos aislados que oscurecieron la recta final de la campaña y que también muestran otras "grietas" del sistema más difíciles de solventar.
Obviamente, siempre va a haber quien quiera vender su papeleta. Esta presunta trama de compra de votos seguía el mismo modus operandi en la mayoría de municipios. En Mojácar, supuestamente ofrecían entre 100 y 250 euros por cada papeleta y apuntaban principalmente a personas inmigrantes y de bajos recursos. Luego, miembros del partido lo llevaban a las oficinas de Correos. El número dos de la lista del PSOE, Francisco Bartolomé Flores, fue detenido por la Guardia Civil cuando le pillaron con 200 votos por correo listos para entregar.
Evitar un caso como el de EEUU. El problema de todo esto es que la desconfianza puede traer consigo un miedo inexistente y acciones políticas innecesarias. Es lo que hemos visto en EEUU, donde las denuncias de un supuesto fraude electoral por parte de Donald Trump han hecho que los republicanos aprueben leyes en varios estados. En Florida, por ejemplo, se ha creado una "policía electoral", un nuevo organismo que investiga cualquier sospechas de gente que vota sin tener ese derecho. Esos son el 0,000677% de los votos emitidos.
Imagen: Correos
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