El sistema de estratos sociales es una de las cosas que más impactan a los recién llegados a Colombia. Ejemplos hay muchos, pero este artículo de BBC Mundo publicado hace menos de un año es un buen ejemplo del shock cultural que supone.
El sistema implica una clasificación social en base a la ubicación y los servicios públicos con los que cuenta la vivienda en la que vive cada individuo, y supone clasificar a cada persona en una escala que va del 1 al 6. Básicamente, lo define como pobre o rico dependiendo de en qué zona de su ciudad viva sin entrar en más detalle.
Esta clasificación, polémica por mil y un motivos a pesar de que en su origen tuvo un loable fin social, está comenzando a ser puesta en cuestión por injusta, ineficaz y obsoleta tanto desde dentro como desde fuera del país. Tanto es así que muchos expertos ven complicado mantenerla en un país que se ha propuesto entrar en la OCDE antes de que acabe la segunda legislatura de Juan Manuel Santos (2018).
Las críticas son cada vez más fuertes y van firmadas por gente de la talla de Gustavo Petro (alcalde mayor de Bogotá). Algunas llegan a afirmar, con datos, que aunque Colombia no entre en la OCDE el sistema de estratos tiene que ser desmontado pues frena de forma alarmante los efectos de los programas de inclusión social y lucha contra la desigualdad y pobreza que vienen desarrollando desde hace años las instituciones del estado latinoamericano.
Desmontar los estratos no va a ser fácil pues el colombiano es un pueblo reacio al cambio y a alterar lo que él mismo considera como su propia idiosincracia, por lo que se avecinan tiempos bastante convulsos para la complicada realidad social de un país con potencial para alcanzar el estatus de desarrollado pero con unos cimientos a nivel socioeconómico que deben ser reforzados a través de un plan de reformas ambicioso, al que el gobierno Santos llama Plan Nacional de Desarrollo.
La polémica está servida.
¿En qué consiste el sistema de estratos?
Implantado a través de la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios), durante el gobierno de Ernesto Samper, el sistema de estratos supone una clasificación de las viviendas en categorías definidas por la calidad del entorno y materiales utilizados en la construcción, por los servicios públicos ofrecidos y su calidad, por la seguridad o por los accesos a nivel de infraestructuras del sector donde se encuentra el edificio clasificado.
En base a esta clasificación, que va del 1 al 6 en las ciudades grandes y del 1 al 4 en ciudades pequeñas, las empresas que ofertan servicios públicos articulan un sistema de subsidios. Con él, se pretende que las viviendas ubicadas en estratos altos subsidien el servicio a los que se encuentran en los bajos. Se quiere lograr una mayor inclusión social, compensarlas desigualdades entre los sectores más desarrollados y los más desfavorecidos de las distintas ciudades colombianas.
Evidentemente esto significa asumir que los barrios y residencias suponen el reflejo de la capacidad económica de sus habitantes: se da por hecho que quienes viven en estratos altos poseen capacidad económica para asumir el sistema de subsidios y esa asunción se instituye en una obligación social.
De este modo, los estratos 5 y 6 (y comercial e industrial) pagan una sobretasa al consumo, gastos fijos y conexión del servicio que se destina a subvencionar a los estratos 1, 2 y 3. Sólo el estrato 4 paga el coste real del mismo.
Esto se refleja en cada una de las facturas de los servicios y ha acabado significando una nomenclatura que no solo clasifica las viviendas, sino a aquellos que viven en ellas. Básicamente, esa información acaba siendo exigida por los bancos a la hora de solicitar un crédito, por la administración a la hora de realizar un trámite o incluso por otros conciudadanos.
¿Qué consecuencias sociales ha tenido?
El objetivo del sistema, en inicio, fue universalizar el acceso a los servicios públicos en una época de desmantelamiento de las empresas públicas por parte del gobierno colombiano.
Los subsidios tenían un doble destino. Por un lado, subvencionar el consumo de las clases más desfavorecidas, y por otro, proporcionar recursos a las empresas implicadas para que pudiesen ampliar la cobertura de su red y universalizar el servicio.
Fue un sistema positivo desde el primer momento, pero la realidad se fue volviendo perversa conforme los estratos se establecían, implantaban y se imbuían en la realidad social del país.
A partir de 1994 el estrato de la vivienda define también el precio y los impuestos a la propiedad que se deben pagar por el inmueble, generando cargas que tienen consecuencias en la realidad colombiana y que afectan a una sociedad ya de por sí bastante reacia al cambio.
A ojos de Consuelo Uribe-Mallarino, el sistema de estratos ha acabado estabilizando una ya profunda segregación en el país, segregación que ya no solo se ve a nivel de ingresos, de acceso a la educación o a la salud, sino también en las propias condiciones de vida de los ciudadanos, del barrio en el que viven y de calidad a nivel infraestructuras del mismo.
Esta separación de facto entre barrios para ricos y barrios para pobres no sólo muestra, en opinión de Consuelo, el origen social de los individuos, sino también su destino y la influencia que el mismo tiene en su vida laboral y económica.
En su opinión el sistema de estratos ha acabado actuando como factor desincentivador del ascenso social, pues moverse de un estrato a otro más alto acaba significando pagar más por la vivienda, más impuestos y una mayor factura en los servicios públicos, lo cual refuerza aún más la idea de que los estratos han acabado siendo burbujas totalmente aisladas y cuya frontera es muy difícilmente traspasable.
Y unido a todo lo anterior, se encuentra el desarrollo urbanístico de las grandes ciudades, cuestión donde el sistema de estratos ha tenido un inmenso impacto. Seguridad o accesos como ya decíamos anteriormente se unen a un desigual crecimiento de las ciudades, con una densidad de población altísima en estratos bajos y con déficit de transporte público y zonas verdes y todo lo contrario para estratos altos, zonas donde, más allá del mayor costo del metro cuadrado es muchísimo más rentable construir para los mayores promotores.
¿Qué opinan hoy los colombianos al respecto de él?
Gran parte del estudio desarrollado por Consuelo Uribe-Mallarino se centra en desgranar qué ha significado el sistema de estratos para los colombianos, haciendo hincapié tanto en la percepción general como en la específica para cada uno de los sectores poblacionales. La impresión es que el colombiano sabe diferenciar conceptos como los de estrato socioeconómico y clase social, pero mayoritariamente no entiende la implicación real que la imposición del sistema tiene al respecto del concepto de clase.
Al respecto del origen del sistema los habitantes de estratos altos citan como ocurrencia de un gobierno reciente al sistema, mientras que los que viven en estratos bajos, conscientes de que el sistema no hace sino perpetuar una realidad pretérita, hablan de que el sistema existe desde hace muchísimo tiempo.
Tomemos como ejemplo la encuesta realizada a una franja de mil personas en la que se preguntaba qué harían de ganar la lotería. Las respuestas obtenidas reflejan claramente qué ha significado el sistema de estratos para la población colombiana y su valor como elemento desincentivador del ascenso social. Más del 50% de los habitantes de los estratos 1, 2 y 3 se quedarían en su mismo sector por temor a tener que pagar más impuestos a cambio de mudarse a una zona más acomodada, mientras irse a vivir fuera del país parece una opción importante para los habitantes de los estratos 4 y 5, por encima de mudarse a un estrato superior.
La sensación que todo esto transmite es de fracaso del sistema, de una iniciativa que originalmente estaba encaminada a subsidiar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad colombiana y que finalmente ha acabado perpetuando la condición que se pertendía atajar. Aparte de lo anterior el sistema ha sido ineficaz de forma patente: se ha demostrado que el estrato donde se sitúa la vivienda no aporta suficiente información al respecto del individuo y su posible necesidad de asistencia social por parte del estado.
¿Ha habido iniciativas para acabar con el sistema? ¿Qué opina ONU Habitat?
Una simple ojeada al sistema de subsidios de los países del entorno de Colombia demuestra que el empecinamiento en el sistema es un error. Países como Chile, Brasil e incluso Costa Rica han apostado por la realización de encuestas a nivel socioeconómico para determinar quién necesita ayuda estatal. En ellas se tiene en cuenta la vivienda de la familia en cuestión, por supuesto, pero también factores como la renta familiar o circunstancias específicas como el número de hijos, una posible situación de desempleo, minusvalía o invalidez.
Muy persuasivo en la crítica al sistema fue Roberto Lippi, experto de ONU Habitat. En una entrevista ofrecida hace unos meses al Diario El Tiempo, Lippi afirmaba:
"La estratificación consolida la situación de segmentación y segregación del espacio en las ciudades colombianas, generando inequidad, exclusión social y estigmaticación. Lo que era una medida para universalizar servicios y permitir acceso a rentras bajas ha acabado generando lo contrario"
En este sentido Lippi concluye que "la estratificación no es aceptable" en un Estado Social de Derecho como es el colombiano, defendiendo en nombre de ONU Habitat la propuesta de que los subsidios deban ser enfocados sobre las personas, no sobre las viviendas, ya que la categorización realizada por Colombia en vez de generar igualdad en el acceso supone un freno para el crecimiento del país y para el éxito de políticas inclusivas.
¿Es compatible el sistema de estratos con las recomendaciones de la OCDE para Colombia?
Analizado el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos, que viene a tomar como hoja de ruta para su gobierno a las recomendaciones realizadas por la OCDE al país sudamericano de cara a su candidatura a entrar al club, queda bastante claro que la persistencia del sistema de estratos tiene un encaje bastante complicado con todas las reformas.
Medidas orientadas a la homogeneización de impuestos, el desarrollo de un sistema de pensiones público que haga frente a la grave situación de pobreza detectada en la tercera edad en el país, la actualización del valor catastral de los inmuebles a fin de que reflejen su valor real (muy superior al declarado en la gran mayoría de los casos) o la eliminación del subsidio de la vivienda y el monitoreo de un mercado inmobiliario que está cerca de ser considerado como una burbuja, son plenamente incompatibles con este sistema.
Un último ejemplo significativo: un estudio de la Universidad del Rosario afirma que, sólo en Bogotá, existe un déficit entre lo recaudado y lo reinvertido en subsidios de más de 660 millones de euros.
En definitiva, el sistema de estratos parece tener los días contados, pero queda saber si esta vez será la definitiva.
Fuente | Estratificación Social de Bogotá: de la política pública a la dinámica de segregación social. De Consuelo Uribe-Mallarino
Fotos | Wikipedia
