Berlín tiene un 84% de población inquilina. Berlín ha hecho coincidir la votación de las elecciones regionales en el Land de la capital alemana con un referéndum popular para dirimir si la ciudadanía está a favor de expropiar 240.000 viviendas los gigantes grupos inmobiliarios. Era necesario alcanzar un quórum de un 25% de los electores, lo que consiguieron ampliamente. Al 96% escrutado, ha ganado el SÍ con un saldo a favor del 56% de la ciudadanía.
Aquí están celebrando el sí a la expropiación de viviendas en Berlín.
— Laura Cruz (@Laura_cruzd) September 26, 2021
Gritan: “Expropiar a Deutsche Wohnen”.
Es el éxito de la noche tras mucho tiempo de recogida de firmas. Es impresionante el movimiento por la vivienda que se ha creado en torno a esto. https://t.co/VSzXESj22S
Estos referéndums no son legalmente vinculantes y por eso los electores pueden decidir si hacer caso o no al sentir general, aunque sí se ven forzados a debatir esa iniciativa de ley en el Senado y a “iniciar todas las medidas” necesarias para iniciar un proceso que "balance entre el interés público y el de los afectados". La cosa es que, por como esa votación sobre la gran expropiación estaba en el horizonte, los partidos han hablado ampliamente en la campaña electoral sobre qué hacer con la crisis de los precios de los alquileres. SPD, CDU, AfD y FDP se han manifestado en contra de las expropiaciones, los partidos de izquierda estaban a favor y los Verdes sólo lo consideraban como “último recurso”.
Ha ganado el SPD. A día de hoy gobierna este partido socialdemócrata en la capital en un gobierno de coalición con Verdes y Die Linke. Con los resultados electorales de la noche de ayer, ganó el SPD con un 21.6% de los votos, segundo quedó la CDU con 17.6%, terceros Die Linke con 15.6% y cuartos los Verdes con 15.2%. La actual candidata socialdemócrata, Franziska Giffey, se ha mostrado a favor de acercarse a hablar con los Verdes y con CDU. Incluso aunque al final se renovase el actual encaje, con Die Linke dentro, la izquierda se lleva la pajita corta, ya que SPD y Verdes no están a favor de una expropiación, al menos de momento.
Algo haremos. Primeras declaraciones a la cadena pública ARD de Franziska Giffey: que “si bien se debe respetar el resultado del referéndum”, la expropiación “no incentivará la construcción de nuevos pisos ni resolverá el problema de la vivienda en general”. La futura alcaldesa ha dicho que quiere que el resultado de la votación sirva para que el Senado se ponga manos a la obra con un proyecto de ley y “una evaluación legal adecuada”.
Pero nada ilegal. Indica, además, que hay miedo a la inconstitucionalidad de la medida, cosa que ya ha pasado en Berlín después de que los tribunales tumbasen la Mietendeckel o Ley de límite de alquiler, que pusieron en marcha en 2019 en la capital SPD, Die Linke y los Verdes. Vamos, que no están por la labor de generar otro episodio de topetazo jurídico (y que, por cierto, causó ciertos perjuicios a posteriori a algunos inquilinos). Los grandes grupos de propietarios ya habían indicado que, en caso de que los partidos se planteasen llevar a cabo esa expropiación, recurrirían en los tribunales.
Menos da una piedra. Justo un puñado de días antes de las elecciones, el ayuntamiento de Berlín anunciaba el acuerdo de compra de 14.750 apartamentos a los dos mayores propietarios de Alemania, Vonovia y Deutsche Wohnen, por un importe de 2.460 millones de euros. Una municipalización que tiene como objeto contrarrestar el aumento de los alquileres. La compra de estas viviendas de Berlín llega como condición para dar luz verde a una operación por la que esos dos gigantes inmobiliarios se fusionasen en una sola empresa poseedora de más de 500.000 unidades residenciales en Alemania. Según los datos de la capital, harían falta 330.000 pisos extra (más incluso que los 240.000 que planteaba expropiar el referéndum, obviamente muchos más que los 14.000 ahora municipalizados) para hacer frente a la demanda habitacional de la ciudad de aquí a 2030. Como cuentan las asociaciones de inquilinos, además, Berlín ha ido vendiendo a entidades privadas unos 200.000 pisos de propiedad pública desde los años 90.
