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Aprobado el 'Decretazo Digital' para cortar redes y comunicaciones con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos

Aprobado el 'Decretazo Digital' para cortar redes y comunicaciones con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos
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La nueva "Ley Mordaza" del Gobierno para tomar el control de internet por motivos de orden público ha quedado aprobada hoy por 50 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones y será tramitada como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia tras superar su votación.

La Diputación Permanente del Congreso convalida así un polémica Real Decreto Ley que amplía los motivos por los que el Gobierno puede intervenir internet sin autorización judicial. El objetivo del 'Decretazo Digital', como se ha venido llamando popularmente estos días, es según el Gobierno el de "reforzar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, aparte del interés general de España en su totalidad demográfica y territorial", refiriéndose a los altercados relacionados con Cataluña.

PSOE recibe el apoyo de PP y Ciudadanos y la abstención de Unidas Podemos

Entre las medidas aprobadas se incluye una restricción de los documentos válidos para identificar a un usuario y la obligación de que la recogida y tratamiento de los datos se encuentren en sistemas dentro de la Unión Europea. Adicionalmente, el Real Decreto-Ley "amplía los supuestos en los que el Ministerio puede adoptar medidas cautelares en casos de razones de urgencia sin audiencia previa del presunto infractor, pudiendo incluir el cese de la actividad o la prestación de servicios".

El Decretazo Digital ha supuesto motivo de disputa entre los distintos partidos políticos, pero finalmente ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos. En contra han votado partidos nacionalistas como ERC, PNV y EH Bildu y Vox mientras que Unidas Podemos se ha abstenido.

El decreto ley que Pedro Sánchez ha logrado sacar adelante se anunció para poner "punto y final" a la república digital catalana, pero juristas y abogados como Carlos Sánchez Almeida explican que se trata de "una ley chapuza que en malas manos puede ser peligrosa". Una legislación con "potestades excesivamente amplias, más propias de su inclusión dentro de la declaración de uno de los estados excepcionales de alarma o excepción", según el jurista Sergio Carrasco.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha negado que este decreto ley se apruebe con el fin de regular la república digital catalana y ha asegurado que la pretensión es "adecuar la legislación española a la de otros países".

Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información se ha comunicado que junto a otras organizaciones como La Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet, se procederá a promover su anulación por el Tribunal Constitucional. Para ello llevarán el caso ante el Defensor del Pueblo solicitando que esta institución interponga un recurso de inconstitucionalidad.

Imagen | Moncloa

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