La Audiencia Nacional ha suspendido el bloqueo de la app de Telegram, acordado el pasado viernes 22 de marzo. El juez al cargo del auto ha solicitado a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la plataforma, como apunta Europa Press. En dicho informe, se busca recopilar información sobre el comportamiento de la aplicación, así como la incidencia que pueda tener la suspensión temporal sobre los usuarios.
Como recogíamos en Xataka hace unas horas, cerca de 8,5 millones de españoles (el 18% de la población) utilizan de forma diaria esta plataforma de mensajería, según datos de la CNMC. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número cinco acuerda suspender la ejecución del bloqueo a la espera de dicho informe.
Un bloqueo en pausa, a la espera de un informe policial
El pasado 22 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz solicitaba a las operadoras el bloqueo de Telegram. Lo hacía mediante una orden en la que se dictaba mandamiento para suspender de forma temporal "los recursos asociados a Telegram".
Se buscaba así bloquear cualquier tipo de conexión y acceso tanto a la web como a la aplicación de Telegram, dando a los operadores tres horas para ejecutar la orden una vez recibida la notificación de bloqueo. Desde Xataka contactamos este mismo lunes con las principales operadoras nacionales: algunas de ellas estaban empezando a recibir la providencia y quedaban a la espera de la resolución del Juzgado.
La 'vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual', según el juez, era la principal causa que movía la orden de bloqueo. Entre los demandantes, se encuentran Movistar+ y EGEDA.
El auto recoge "la falta de colaboración de las autoridades de islas Vírgenes a las que solo se les pide una actividad de comunicación a los responsables de la red social Telegram provoca que deban adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares". Islas Vírgenes es la localización en la que Telegram tiene su sede social, y las autoridades de dicho territorio son las encargadas de notificar a la empresa la orden de bloqueo.
"El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado este lunes una providencia en la que acuerda, con carácter previo a la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram, solicitar a la Comisaría General de Información un informe sobre la plataforma Telegram. El magistrado solicita información sobre sus características así como sobre la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal que acordó en un auto del pasado viernes y cuya ejecución queda en suspenso." Consejo del Poder Judicial.
El magistrado pide ahora a la Comisaría General de Información un informe en el que se expliquen "las características exactas de Telegram", así "como la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal".
Expertos consultados por Xataka coinciden en que censurar Telegram es un grave ataque a la libertad de expresión, pese a ampararse en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su artículo 13, en el que se recoge la "interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero".
En ningún momento se ponderó el impacto que tendría el bloqueo de un servicio utilizado por cerca del 20% de la población para comunicarse de forma privada. Abogados expertos en derecho de internet, como David Maetzu, nos hablan de la evidente precipitación del juez a la hora de ejecutar la orden, reculando tras el fin de semana a la espera de un informe en el que se indique si tiene sentido o no tomar una medida de tal calado. El nuevo auto, dictado este lunes, recoge que la medida sería "excesiva y no proporcional".
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