Los "troyanos" serán un arma más de la policía según el anteproyecto de reforma penal

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La policía podría utilizar troyanos en sus investigaciones

La llamada “Comisión Gallardón”, formada por un grupo de expertos coordinado por el secretario de estado de Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, ha publicado un borrador de anteproyecto del Código Procesal Penal.

En dicho borrador se encuentran diversas modificaciones a la actual legislación, pero hay tres artículos (350, 351 y 352) muy especiales. El Capítulo XI del borrador, titulado “Registros remotos sobre equipos informáticos“, especifica la capacidad de registros remotos en equipos informáticos mediante la instalación de “un software” en casos de investigación de delitos de “especial gravedad“.

Teóricamente, solo para delitos muy graves

La reforma, que por su redacción queda sujeta a un debate sobre sus aspectos concretos, está orientada a delitos especialmente grave —no da más datos al respecto— en los cuales la policía podría intervenir equipos informáticos para instalar utilidades que permitieran registrar el contenido de los mismos de forma remota.

Esos equipos informáticos también incluyen a tablets y smartphones, así como a bases de datos, y el registro tendría que ser autorizado por el Tribunal de Garantías, que recibiría una “petición razonada” —de nuevo, una definición muy poco concreta— del Ministerio Fiscal para llevar a cabo ese registro.

En esencia, la reforma permitiría que la Policía instalara un troyano en un PC, portátil, tablet o smartphone, de forma que los agentes responsables de la investigación —identificados claramente en la misma— puedan tener acceso remoto a esos equipos de cara a monitorizar la actividad realizada en ellos.

El propietario de los equipos será informado de la medida, y la policía “podrá ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia“.

O lo que es lo mismo, proporcionar contraseñas y otras medidas que por ejemplo protejan datos cifrados para que de este modo dichos datos también pueden ser consultados por la policía durante la investigación.

La reforma también presta atención a los proveedores de acceso a Internet (ISPs) quienes están “obligados a facilitar a los agentes investigadores la colaboración precisa para la práctica de la medida y el acceso al sistema“.

¿Peligro para los derechos fundamentales?

La medida propuesta por la “Comisión Gallardón” está orientada únicamente al tratamiento de delitos intencionados (con dolo) cuya pena máxima supere los tres años de cárcel, pero también aquellos relacionados con el crimen organizado y el terrorismo. También afecta a los que se comenten con sistemas informáticos: estafas por Internet, pornografía infantil, o acoso a menores.

En el artículo de El País citan las palabras de Alberto Sáiz, profesor de Derecho Procesal en la Universidad del País Vasco, quien afirma que “se trata de una diligencia que, desde el punto de vista de operatividad policial puede ser muy útil, pero que desde el punto de vista de los derechos fundamentales es muy invasiva“.

Efectivamente, la medida puede suscitar grandes dudas que atentan contra los derechos fundamentales y la privacidad de los ciudadanos de nuestro país. Saíz pone también el ejemplo de equipos utilizados por varias personas, que sin ser objeto de la investigación “verían afectados esos derechos fundamentales“.

Nicolás González-Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal y miembro de la comisión que ha redactado el texto, aclara en El País ese punto: “Es por esa razón que el borrador de anteproyecto prevé unos requisitos muy rigurosos para su aprobación por el juez“.

Un antecedente: Alemania

De aprobarse la reforma, España sería el segundo país europeo en regular este tipo de medidas tras Alemania. Como revela El País, el Tribunal Constitucional de aquel país declaró inconstitucional la norma, considerándola contraria a la “garantía de confidencialidad e integridad de los equipos informáticos“.

Eso hizo que tuviera que revisarse la aplicación de dicha norma, para la que se establecieron límites estrictos, muy similares a los que ahora propone la “Comisión Gallardón”, y que llevaron al Gobierno federal a aprobarla en casos de terrorismo.

Vía | El País
En Genbeta | Borrador de anteproyecto de reforma propone permitir a la Policía el uso de troyanos

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