El año pasado por estas fechas contábamos el resultado de uno de los juicios más importantes para el feminismo holandés: multa (mínima, de 200 euros) para un hombre de Róterdam con una ligera deficiencia mental que había “piropeado” o “acosado” a dos grupos de mujeres. “Cariño, ¿ya te vas? ¡Quédate aquí conmigo!”, les dijo entre otros comentarios así como gestos lanzándoles besos. También las siguió en un par de ocasiones cuando ellas cambiaban de sitio molestas por la interacción. La queja no la pusieron las afectadas, sino dos guardias urbanos.
Y ahora ha ganado la apelación. Según la sentencia del recurso por la Corte de Apelación de la ciudad holandesa de La Haya los piropos y los ruidos ofensivos o de tinte sexual en espacios públicos forman parte de la libertad de expresión. La multa queda sin efecto gracias al trabajo de denuncia de los fiscales que han llevado el caso, no por la acción del particular.
La cuestión idiomática. Según el reglamento roterdamés, nadie puede burlarse, llamar, bloquear el paso a la calle o a cualquier edificio y no se deben realizar “gestos, sonidos o comportamientos ofensivos”, unos términos que, como han denunciado los juristas y los mismos asesores de la norma del Ayuntamiento (que ha tomado esta apelación como una toma de contacto sobre cómo se tomaría la justicia esta norma) son excesivamente amplios.
De ahí que ahora los jueces hayan declarado que ese corsé no permite a los ciudadanos de diferentes culturas manifestar su interés por otras personas, lo que limita su capacidad de comunicarse. Sus gestos de besos no eran "evidentemente ofensivos” y los receptores de los mismos no tenían por qué sentirse hostigados, y además "los ciudadanos que, por cualquier razón, no puedan expresarse con suficiencia a través del idioma (del holandés), deben ser capaces de informar mediante gestos".
Una cuestión de jerarquía. Parte del conflicto provenía de que la directiva por la que le habían impuesto la multa era del ayuntamiento en lugar de alguna norma civil o penal del conjunto del Estado. Es decir, que sólo el Gobierno y el Senado tienen la autoridad para imponer ese tipo de prohibiciones. Además, la normativa municipal tal y como estaba redactada no fijaba de manera suficientemente clara el límite entre un comportamiento aceptable y otro intolerable, así que fuese “indispensable de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos” proteger primeramente la libertad de expresión del individuo.
Y puede estar en camino: el ministro de Justicia, Ferd Grappenhaus, ya había comentado este año la posibilidad de incluir la intimidación sexual en público en el Código Penal, y adelantaba que podría ser penado con 3 meses de cárcel o multas de hasta 2.000 euros. Como en otros países de nuestro entorno, ahora hay en Países Bajos una especial sensibilidad con lo que respecta al acoso sexual hasta ahora ignorado, y las encuestas del país dictaban que el 84% de las mujeres afirma haber sido objeto de intentos de “acercamientos no deseados de tinte sexual” en algún momento de sus vidas, un saco en el que caben desde los besos al aire que protagonizan esta historia hasta insultos, tocamientos o asaltos.
