Hace un año, el Gobierno aplicó una medida extraordinaria frente a una inflación desbocada que se cebaba con los bolsillos de los hogares. Se basaba en establecer un tope del 2% para todos los alquileres sujetos a los incrementos del IPC. Llegaba en un momento en el que los inquilinos con contrato en vigor tenían que hacer frente a subidas muy drásticas de la renta ya que el IPC empezó a escalar de manera notable durante aquellos meses por la guerra en Ucrania.
Ahora, el Gobierno se plantea que en 2024 ese límite pase del 2% al 3% y luego establecer un tope con un nuevo índice de precios que aún se está diseñando. Sin embargo, varios expertos y empresas inmobiliarias hablan de las consecuencias más notables que está teniendo la medida: precios más caros y menos oferta. Veamos qué está pasando.
Un tope del alquiler del 3%. El Gobierno ha propuesto alargar un año más el tope a las subidas del alquiler y elevarlo en 2024. Esta medida, enmarcada en las negociaciones de la estancada Ley de vivienda, podría llegar pronto, según adelantaba ayer El País. Aunque aún no hay nada claro, tendría el siguiente objetivo: fijar un máximo del 3% a las actualizaciones de rentas durante todo 2024, mientras se prepara un nuevo índice que entraría en vigor posteriormente.
Para qué sirve. Antes que nada hay que mencionar que este límite al alquiler se refiere a las actualizaciones de las rentas conforme el IPC. Es decir, solo a los contratos que estipulan en una cláusula que son susceptibles de ser incrementados por el IPC, en caso contrario, no se paga ninguna subida. Cuando la inflación comenzó a subir el año pasado a consecuencia del contexto económico mundial, el incremento medio de los alquileres en febrero fue de 53€ más al mes como consecuencia de la subida del 7,6% en el IPC registrado en aquel momento. Esto suponía 634€ más al año. Y claro, la situación de los inquilinos hacía urgente una intervención política.
La decisión del Gobierno de prorrogar un año más la medida supuso para los hogares un ahorro de cantidades cercanas a los 1.200€ en algunas localidades este 2022. Sobre todo si tenemos en cuenta la diferencia de subir el alquiler un 10,8% (inflación de julio) con hacerlo solo un 2%. Para un arrendamiento medio en Madrid, la distancia entre ambos valores era de 97,5€ mensuales.
Consecuencias: precios más altos. Pero la medida con la que se quería proteger a los inquilinos ha tenido supuestamente un efecto secundario en el mercado del alquiler, según afirman algunas empresas del sector: impulsar los precios y reducir la oferta de inmuebles disponibles. Según datos de Alquiler Seguro, el importe medio de los alquileres formalizados en diciembre de 2022 ha aumentado un 14% interanual. Y según idealista, los precios han subido casi un 9% y hacen hincapié en que los caseros están rescindiendo los contratos para crear otros nuevos con una subida ya incorporada.
Sin embargo, hay que destacar también que, a pesar del alarmismo de las empresas (les va negocio en ello), esto no es algo que haya provocado solamente la medida. El alquiler ya estaba subiendo antes de la aplicación de la medida.
Menos oferta. Por otro lado, la falta de viviendas ya era un problema desde hace unos tres años, no es algo exclusivo de hoy. Según indican varias empresas, se ha acentuado porque muchos caseros han decidido retirar sus pisos del mercado. Según idealista, la oferta de alquileres disponibles al cierre de 2022 era un 17% inferior al de un año antes. Y es peor aún en ciudades como Málaga (un 42% menos), Madrid (un 32%) o Barcelona (un 28%). Pisos.com también señala que la medida ha desanimado a los propietarios en un momento en el que "la demanda de inquilinos cada vez es mayor".
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