El SEPE (Servicio Publico de Empleo Estatal) concederá subsidios por desempleo a partir de 2027 a los trabajadores que puedan demostrar unos ingresos inferiores a 964 euros brutos al mes. Es algo que lleva vigente varios años, aunque las cifras varían, pues el nuevo tope es una consecuencia administrativa de la decisión del Gobierno de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5,3 % el próximo año. Te contamos los detalles.

Sube el SMI, sube el tope del subsidio. La mayoría de los subsidios por desempleo en España condicionados a los ingresos exigen que los solicitantes tengan unos ingresos no superiores al 75 % del SMI, excluyendo la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias anuales. El SMI se sitúa actualmente en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que fija el tope en 915,75 euros, según las cifras publicadas por el propio SEPE.

El borrador del Ministerio de Trabajo sitúa el SMI de 2027 en 1.286 euros, es decir, 18.004 euros al año, tal como cuenta El País. El 75% de esa cantidad es lo que equivale a esos 964,50 euros. Por tanto, el umbral aumenta en casi 50 euros al mes.

Lo básico. La condición está recogida en el artículo 275 de la Ley General de la Seguridad Social. El SEPE la comprueba cuando alguien solicita un subsidio por primera vez y de nuevo cada vez que se prorroga o se reanuda. Para ello, tiene en cuenta los ingresos del mes natural anterior a cada una de esas fechas.

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Qué cuenta como ingresos. De acuerdo con la ley, se computan los ingresos por alquiler, los rendimientos del trabajo por cuenta propia, los intereses bancarios, las pensiones, las pensiones alimenticias y otras prestaciones públicas o privadas, así como ciertas ganancias de capital y rendimientos del patrimonio. Los salarios se computan por su importe bruto, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Entre líneas. Las personas que salen ganando son aquellas cuyos ingresos habrían estado justo por encima del límite de 2026 y justo por debajo del de 2027, así que realmente son poquitas. Superar el test de ingresos tampoco garantiza obtener el subsidio, ya que los solicitantes deben seguir cumpliendo los demás requisitos de cada modalidad. Entre ellos se encuentran:

• Haber agotado la prestación contributiva por desempleo.
• Ser mayor de 52 años.
• Haber cotizado menos de 360 días.

Algunos subsidios también permiten volver a solicitarlo más adelante si se cumple el requisito de ingresos tras haberse denegado la solicitud previamente. Así que para esas personas puede haber una segunda oportunidad.

Lo que no cambia. Los subsidios se calculan a partir del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), en lugar del salario mínimo, y tal como señala Noticias Trabajo, el IPREM permanece congelado en 600 euros al mes desde 2023. A menos que el Gobierno lo actualice, el subsidio para mayores de 52 años se mantendría en 480 euros en 2027. El SMI te dice si puedes solicitar el subsidio, y el IPREM, cuánto se percibe.

Y ahora qué. La cifra aún no es definitiva, pues tal y como comparte El País, el borrador está abierto a consulta pública hasta el 16 de noviembre. El Gobierno podría aprobarlo en el Consejo de Ministros el 17 de noviembre, o el 24 de noviembre a más tardar, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ministerio de Trabajo quiere que el incremento quede zanjado antes de los comicios, para que no dependa de un gobierno en funciones ni del siguiente. El salario mínimo se fija por decreto, por lo que no necesita la aprobación del Parlamento.

Las patronales CEOE y Cepyme quieren que la decisión se posponga hasta después de las elecciones, y los sindicatos CCOO y UGT, que solicitaron una subida del 7 %, no han respaldado la del 5,3 %.

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Una noticia puede llegar a millones de personas sin que todas ellas visiten el medio que la publicó. Durante años, los buscadores han servido como intermediarios entre quienes producen información y quienes quieren encontrarla, proporcionando un flujo de visitas que ayuda a sostener el negocio de la prensa digital. Sin embargo, la inteligencia artificial ha introducido un nuevo escenario: los usuarios pueden obtener respuestas directamente, sin necesidad de acceder a las fuentes originales. Para el lector puede resultar cómodo, pero para los medios plantea una cuestión de fondo sobre el valor de sus contenidos y cómo se remunera su trabajo.

Esa tensión acaba de trasladarse a la justicia europea. Este martes, 3 de noviembre, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, ha concluido que Gemini puede vulnerar los derechos de los editores cuando recupera y reutiliza sus publicaciones para generar respuestas en determinadas circunstancias. Su interpretación supone un revés para Google y abre una posible vía para futuras reclamaciones económicas por parte de los medios. Sin embargo, hay un matiz importante: se trata de unas conclusiones no vinculantes, por lo que todavía corresponde al tribunal pronunciarse mediante una sentencia.

Para entender el origen de esta disputa tenemos que trasladarnos a Hungría. Allí, Like Company, una empresa que gestiona varios portales informativos, emprendió acciones legales contra Google al considerar que Gemini utilizaba sus publicaciones sin autorización para elaborar respuestas. El expediente judicial recoge un ejemplo concreto relacionado con una noticia sobre Kozsó, un cantante húngaro que quería instalar un acuario con delfines junto al lago Balatón. El asistente generó un resumen detallado a petición de un usuario, lo que llevó a la editora a cuestionar el uso de sus contenidos. Ante las dudas sobre la legislación aplicable, un tribunal húngaro decidió consultar al TJUE.

La batalla por las noticias y la IA

No todas las respuestas de una inteligencia artificial basadas en noticias constituyen una infracción. La legislación europea distingue entre los hechos que relata un artículo y su forma concreta de expresión, que sí puede estar protegida. Según el abogado general, Gemini puede vulnerar los derechos de los editores cuando reproduce de manera reconocible sus publicaciones o accede a ellas eludiendo medidas técnicas eficaces de protección. El entrenamiento de modelos, en cambio, puede acogerse a las excepciones de minería de textos y datos bajo determinadas condiciones, aunque Szpunar propone no admitir las preguntas sobre esta cuestión porque no hay pruebas de que los artículos de Like Company se utilizaran para entrenar Gemini. 

No es ningún secreto que los medios también se juegan parte de nuestro modelo de negocio en esta transformación. Las visitas a nuestras páginas permiten mostrar anuncios, generar impresiones publicitarias y, en algunos casos, captar suscriptores. Pero cuando alguien obtiene una respuesta directamente de Gemini o encuentra un resumen de AI Overviews en el buscador, ese recorrido hasta el artículo original puede no producirse, reduciendo las oportunidades de obtener ingresos por el trabajo periodístico. Algunas plataformas de inteligencia artificial cobran suscripciones y mantienen acuerdos comerciales con determinados editores, pero eso no significa que todas las publicaciones reciban compensaciones por el uso de sus contenidos.

No hablamos únicamente de una preocupación del sector. Pew Research Center observó en 2025 que, entre los usuarios estadounidenses analizados, el 8% de las visitas a páginas de resultados de Google con resúmenes de IA terminó en un clic en los enlaces tradicionales, frente al 15% cuando estos no aparecían. Además, el Reuters Institute recoge datos de Chartbeat que reflejan una caída global del 33% en el tráfico orgánico procedente del buscador hacia más de 2.500 sitios web entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, sin atribuir toda esa pérdida a la IA. Europa ya había intervenido en este terreno: Francia multó a Google con 250 millones de euros en 2024 por incumplir compromisos relacionados con los derechos de los editores, incluidos algunos vinculados al uso de contenidos en Bard, antecesor de Gemini. 

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Ahora, como explica el propio TJUE en su comunicado oficial, la última palabra sobre la interpretación de la legislación europea la tendrán sus jueces, que deberán pronunciarse sobre las cuestiones planteadas desde Hungría. Su decisión será vinculante, pero corresponderá al tribunal nacional resolver el litigio concreto y determinar si existe una infracción y qué consecuencias tendría, incluidas posibles compensaciones económicas. 

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Hasta hace solo unos meses, pedir un cable USB de 50 céntimos a China, salía más barato que bajar a la tienda de la esquina y comprarlo, teniendo en cuenta que el pedido tenía que volar más de 10.000 km, pasar aduanas, y cubrir los costes de logística para entregarlo en tu domicilio una semana más tarde.

Eso cambió el 1 de julio con la entrada de en vigor de la tasa de la Unión Europea a los productos llegados de China. Desde el 1 de noviembre, ese peaje vuelve a subir con la entrada en vigor de una nueva tasa de dos euros destinada a cubrir el coste de procesar estos pedidos en las aduanas de la UE.

Dos euros por categoría que se suman

El nuevo reglamento delegado fija en dos euros la tasa de gestión aduanera por cada categoría de artículo. Según especifican desde el bufete de abogados Garrigues, una categoría reúne las mercancías de un envío con la misma clasificación arancelaria, descripción y, en su caso, origen. Por ejemplo, cinco camisetas iguales pagarían esa nueva tasa una sola vez, mientras que un pedido que incluya una camiseta y un reloj pagarían dos veces la tasa por tratarse de productos distintos.

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Esta tasa se suma al arancel transitorio de tres euros que ya se aplicó el pasado mes de julio y se estará vigente hasta julio de 2028. Es decir, siguiendo el ejemplo del cable de 50 céntimos del principio, ahora el comprador pagaría una factura total de 5,50 euros por el mismo cable, al incluirse las dos tasas.

A diferencia de la tasa que entró en vigor en julio, que se aplica a envíos con un valor inferior a 150 euros, la nueva tasa no tiene en cuenta el valor del paquete. Eso hace que vaya directa a la desincentivación las compras de productos de pequeño valor, un nicho en el que se basa el crecimiento de plataformas como Amazon, AliExpress, Temu o Shein.

Sobre el papel, este sobrecoste no lo paga el comprador. A ojos de la UE, las plataformas y los vendedores online son consideradas importadoras y responden de los trámites ante la aduana como lo haría cualquier empresa de exportación. Sin embargo, en la realidad, estas plataformas pueden absorber el coste en forma de campañas de promoción, o subir los precios de sus productos, lo cual pondrá freno a su competitividad con los productos locales.

Tras el estreno del arancel de julio, una prueba mostró que Temu y AliExpress sumaban 3,63 euros con IVA al pagar. Shein dejó el total intacto. Según recogía El País, para Raúl Mínguez, director del servicio de estudios en la Cámara de Comercio de España: "Es muy probable que las empresas vayan repercutiendo progresivamente parte de este gravamen en los precios o en el transporte".

El arancel de julio ya movió las cifras

Según fuentes de la Comisión Europea, desde que entró en vigor la nueva tasa a los pequeños paquetes en julio, los envíos de este tipo de paquetes cayeron un 60%. Aun así, siguen llegando unos cinco millones de paquetes al día a las fronteras europeas. En Francia, el volumen de ventas de Temu cayó un 50% entre junio y julio, y el de AliExpress un 37%.

Desde la entrada en vigor de la medida, las aduanas neerlandesas (uno de los principales puntos de entrada para estos productos procedentes de China) anotan un descenso del 46% en paquetes.

De acuerdo a lo publicado por Euronews, este descenso respondería a un cambio de estrategia logística de las empresas que estarían optando por "importar en grandes volúmenes y almacenar dentro de la UE para revender sus productos". Es decir, puede que el hábito de compra en estas plataformas de e-commerce siga igual, y solo haya cambiado la logística entre la tienda y el comprador.

Representantes de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) admiten que "la lógica de la tasa es cubrir los costes de control". El eurodiputado Dirk Gotink es responsable de la reforma aduanera en el Parlamento Europeo. Para él, el arancel de tres euros "ya ha reducido de forma significativa el flujo de paquetes, pero todavía no es suficiente".

Este nuevo arancel vendría a compensar el esfuerzo en recursos que están soportando los servicios aduaneros que deben procesar todo ese volumen de envíos. Por ello, la normativa contempla que el importe de esta tasa no es definitivo, porque Bruselas lo revisará cada dos años según el coste real de los controles.

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El debate (y la amenaza) sobre el impacto de la IA el mercado laboral está cada vez más presente y de forma transversal a cada vez más sectores. Una de las dudas que se planteaban muchas personas es si la adopción de la IA sería una causa válida para justificar un ERE que termine de un plumazo con varias decenas de puestos de trabajo. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de resolverlo en una sentencia que deja muchas puertas abiertas.

La sentencia del TSJ de Madrid sobre un ERE que se aplicó en un estudio de desarrollo de videojuegos es la primera en abordar la implantación de la IA como argumento para despedir a algunos de sus trabajadores, aunque hay importantes matices en esa decisión.

Lo que se juzgó de verdad. La sentencia 864/2026 del TSJM, del pasado 8 de octubre, resuelve el recurso de una guionista que consideraba que su despido (en el marco de un ERE) debía considerarse como nulo. Un juzgado de instrucción ya había declarado previamente ese despido como improcedente y pedía la nulidad y daños morales para ella. En su carta de despido no se mencionaba a la IA como motivo para justificar el despido.

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El veredicto. Por otro lado, una modeladora de gráficos 3D que trabajaba para el mismo estudio y estaba sujeta al mismo ERE, recibió una carta de despido en la que sí se citaba la IA, pero el juzgado de instrucción ya había declarado como procedente su despido. El TSJ de Madrid no examinó este último despido que no había sido recurrido y se cerró como procedente. Es decir, en este segundo caso, la justicia sí veía la implementación de la IA como un justificado para despedir a la empleada porque se estaban cambiando los modelos de producción y eso reducía el número de empleados que la empresa necesitaba.

La carta que cita la IA. La carta de despido de la modeladora mencionaba que la IA mejoraba la calidad visual y "permite ser más ágiles y eficientes". Por eso bastaban dos artistas 3D sénior y su puesto desaparecía. La empresa alegó causas económicas, técnicas, productivas y organizativas, pero la carta se apoya, sobre todo, en las económicas y las productivas. No en las técnicas que habría dejado la petición en el límite para considerarla improcedente.

El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores en el que se regulan las causas de despidos colectivos, se marca una diferencia importante entre las causas. La técnica toca los medios de producción, la organizativa los métodos de trabajo y la productiva la demanda de productos. Encajar la IA es discutible, porque la carta de despido de la modeladora 3D hablaba de un "cambio en la forma de trabajar". Es decir, una causa productiva, no de una nueva herramienta en sí misma, que sería una causa técnica. De hecho, la Inspección de Trabajo aceptó las causas económicas, organizativas y productivas.

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Bancarrota y cambio en los pedidos. La empresa justificó muy bien esa prioridad por las causas económicas, organizativas y productivas, y no presentó la implantación del uso de la IA como una causa directa, sino como una consecuencia impuesta por sus clientes.

La empresa se encontraba en una situación económica límite y pasó de ganar 646.297 euros en 2023 a perder 3.546.027 euros en 2024. Su cifra de negocio cayó de 7,99 a 4,60 millones. De hecho, en octubre de 2024, comunicó su insolvencia a un juzgado de Madrid y, como consecuencia de ello, presentó un ERE que afectó a 13 de sus 83 trabajadores.

En la sentencia se recoge que la empresa alegó que: "la utilización de imágenes generadas por inteligencia artificial impacta en un doble aspecto. Por un lado, mejora la calidad visual de nuestros productos y, con ello, mejora la valoración por parte de los usuarios y, por otro lado, permite ser más ágiles y eficientes ya que la inversión de tiempo necesaria por escena es mucho menor, por lo que, desde un punto de vista estratégico, se hace necesaria la implementación de un nuevo proceso de producción basado en el uso de Inteligencia Artificial (IA)". Es decir, no es el uso de IA lo que causa el despido, sino el cambio de procesos productivos orientados a que la empresa sea viable económicamente. Aunque esto implique usar IA.

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Por sí misma la IA no justifica el despido. El matiz que introduce el TSJM es importante, porque contextualiza el papel de la IA en la decisión de las causas del despido y su presencia no vincula la improcedencia o no de los despidos, sino que la vincula a las razones de su implantación.

Una sentencia del Tribunal de Instancia de Bilbao declaró improcedente el despido de un empleado cuyo puesto había sido sustituido por una IA, sin que en esa decisión hubieran incurrido otros motivos económicos u organizativos. Es decir, sustituir sin más a los empleados por una IA, puede costar muy caro a las empresas, a no ser que el motivo de despido no sea la sustitución directa por una IA, sino un cambio completo del modelo productivo o por motivos económicos que obliguen a cambiar ese modelo.

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Aunque estemos todo el día con la palabra "IA" en la boca, en Europa hay ciertas aplicaciones y servicios a los que la Unión les había dado con la puerta en las narices. Sin embargo, una propuesta para reformar el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) permitiría que esas empresas entrenen y operen modelos con datos personales sin tener que pedir permiso a cada persona.

Para esto, podrán invocar un 'superpoder' llamado "interés legítimo" y, aunque seguramente algunas Big Tech ya se estén frotando las manos, la propuesta aún no es ley. Veamos de qué va esto. 

En corto. El pasado 21 de octubre, un comité llamado Coreper que congrega a embajadores de Estados miembros, acordó la postura con la que el Consejo Europeo negociará con el Parlamento Europeo el Digital Omnibus (un paquete de simplificación de normas digitales). El Consejo publicó un documento de 179 páginas en el que exponen modificaciones sobre ese reglamento europeo de protección de datos, la directiva ePrivacy que regula las cookies, el Reglamento de Datos y la directiva de ciberseguridad NIS2.

Uno de los objetivos de estos cambios (como exponen en el documento y como leemos en IAPP) es agilizar los entrenamientos de modelos de inteligencia artificial permitiendo que las empresas puedan usar datos personales apoyándose en un interés legítimo debido a que la IA se ha convertido en un asunto no sólo tecnológico, sino geopolítico en el que la UE no puede quedarse atrás.

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Qué decía la ley hasta ahora. El RGPD no menciona expresamente la IA, pero ofrece en su versión actual las bases legales para tratar datos personales sin consentimiento, entre ellas ese "interés legítimo" que se repite en el documento del Consejo. Una empresa puede usar datos si tiene un interés justificado y no pesan más los derechos de la persona. Eso obliga a ponderar caso por caso, y esa ponderación es el punto de fricción entre las empresas de IA y los defensores de la privacidad.

Un dato personal es la información sobre una persona identificada o identificable y, en el RGPD, se prohíbe tratar datos sensibles (salud, origen étnico o similares) salvo algunas excepciones. Cualquier persona puede oponerse al tratamiento basado en el interés legítimo y hay casos como los de reutilizar datos del usuario para investigación científica que ya se consideran compatibles con la finalidad original de protección de los derechos del usuario. En estos casos, hay que poner medidas para que esos derechos no se vulneren.

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Qué quieren que pase. Si el texto del Consejo sale adelante, una empresa podrá desarrollar y operar modelos de IA con datos personales apoyándose en su interés legítimo, o el de un tercero, y sin pedir consentimiento. Conviene aclarar que hoy el RGPD tampoco exige consentimiento cuando hay interés legítimo. La novedad es que esto se escribiría expresamente para la IA (nuevo artículo 88 bis) y se recortan límites. En la página 145, el Consejo tacha salvaguardas que había añadido la Comisión: el derecho de oposición incondicional y la excepción expresa para menores y para leyes que exigen consentimiento. 

Además, una nueva excepción permitiría el tratamiento incidental y residual de los datos sensibles expuestos anteriormente durante el desarrollo y el funcionamiento técnico del sistema si la empresa no pretendía recogerlos. Si esos datos se cuelan sin que la empresa quisiera recogerlos, tendría que evitarlos, borrarlos en cuanto los detecte y protegerlos. Esto no cubre los datos que el usuario da directamente, como lo que escribe en un chatbot, ni el uso intencionado de, por ejemplo, voz o imagen.

El Consejo también quiere facilitar la investigación científica, incluida la de empresas privadas con fines comerciales, siempre que sea autónoma e independiente y la empresa justifique en cada caso que lo es y que sus resultados son verificables y transparentes. Y propone que los datos seudonimizados, aquellos en los que se ha separado la identidad de la persona, dejen de ser datos personales para el tercero que los reciba si no puede identificar a nadie. Si puede, siguen sujetos al RGPD.

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Qué viene ahora. Aunque ya hemos visto algunos mensajes en Twitter que apuntan que esto es una modificación de la ley, un volantazo europeo o que los gobernantes de la UE han aprobado cambios en el RGPD, no deja de ser una propuesta y queda camino y negociación por delante. 

De hecho, falta todo por definir, ya que el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo (que aún no tiene una postura) tendrán que negociar cualquiera de estos cambios que se plantean y el tiempo tampoco es que sobre. El CE pidió cerrar todos los ómnibus pendientes antes de que acabe este año, y no queda tanto.

Eso sí, no hay que confundir esta reforma planteada con el AI Act, la ley europea de IA, ya que esa va por otras vías.  

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El Ayuntamiento de Burgos reclama 279,20 euros que pagó a uno de sus trabajadores municipales por los días que no acudió a trabajar. Al no poder localizarlo en su domicilio, ha publicado un anuncio en el BOE (Boletín Oficial del Estado), para notificárselo.

Sin respuesta. La cantidad es pequeña, sí, pero cuando se trata de una administración pública, tirar del BOE para notificar a alguien es un recurso obligatorio para que el procedimiento pueda continuar a la vez que se le sigue dando a la persona la oportunidad de responder. Ocurre igual en muchos otras situaciones, como cuando se impone una multa de tráfico a alguien y no se le puede localizar.

Qué ha pasado. Según el aviso, publicado el 24 de septiembre y firmado por el jefe de personal del ayuntamiento, se le pagaron al trabajador varios días en los que no se presentó y no dio ninguna justificación. El ayuntamiento califica dichos salarios como pagos indebidos y ha abierto un expediente para recuperarlos. Desde el medio local Burgos Conecta informan de que los intentos del ayuntamiento por entregar la notificación en su domicilio habían fracasado. El anuncio del BOE no menciona el nombre del empleado ni indica qué días estuvieron implicados.

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El plazo. Tal y como cuenta el medio, el aviso concede al trabajador 10 días hábiles desde su publicación para responder. Puede enviar un escrito al Servicio de Personal del Ayuntamiento, citando el número de expediente que figura en la notificación. También puede ponerse en contacto con ese mismo departamento para ver el contenido de su expediente. El propio aviso señala que esta es la forma de “alegar lo que estime oportuno”, según el texto difundido por El Debate.

La notificación del BOE no significa que se haya considerado culpable al trabajador. Y es que tal como señala Las Provincias, esta fase solo abre la puerta a la defensa, pues el trabajador puede aportar documentos o explicar sus ausencias antes de que se tome cualquier decisión. Una ausencia justificada, por ejemplo, podría cambiar el resultado.

Qué viene después. Una vez transcurridos los 10 días, el ayuntamiento emitirá una resolución, haya respondido o no el trabajador. Si la decisión es desfavorable, el ayuntamiento puede exigir la devolución del dinero. Si no paga voluntariamente en el plazo establecido, el aviso advierte de que la cantidad podrá reclamarse “incluso por vía ejecutiva”, en palabras del anuncio del BOE.

Tal y como comparten desde Burgos Conecta, esta es la vía formal que utiliza una administración para forzar el pago de una deuda una vez expirado el periodo de pago voluntario. Puede implicar recargos, intereses de demora, una orden formal de pago y, en última instancia, el embargo de bienes.

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El Tribunal Supremo ha dictaminado que el uso de la tarjeta bancaria de otra persona nunca es un delito leve, ni siquiera cuando la cantidad es mínima. Y es que tal y como comparte el medio El Economista, a un hombre que gastó 31,50 euros con una tarjeta robada en un bar de Girona se le ha restituido su condena de seis meses de prisión.

Por qué es importante. Hasta ahora, muchos tribunales trataban este tipo de fraudes como un “delito leve”, pues no superaba la cantidad de 400 euros y, según la ley española, se castiga únicamente con una multa. Sin embargo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha cerrado esa puerta, pues en la sentencia 565/2026, de 25 de septiembre, sostuvo que el uso fraudulento de tarjetas es un delito independiente con sus propias penas, y que el umbral de los 400 euros simplemente no se le aplica.

El caso. Según los hechos publicados, una noche de diciembre de 2024 en Girona, a una mujer le robaron el bolso en un local de ocio nocturno. Unos 15 minutos después, un hombre pagó tres consumiciones de 10,50 euros cada una con su tarjeta en el bar de al lado, acercándola al datáfono, según se puede leer en la sentencia. Tras ello, la dueña de la tarjeta la bloqueó, habiéndose rechazado un nuevo intento de pago de 120 euros.

La Policía Municipal lo detuvo en el acto y fue condenado por los pagos con la tarjeta, pero fue absuelto del robo del bolso, al no haberse acreditado cómo llegó la tarjeta a su poder.

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Qué pasó en los tribunales. El Juzgado de lo Penal n.º 5 de Girona le condenó a seis meses de prisión. En apelación, la Audiencia Provincial redefinió los hechos como un delito leve, al ser el perjuicio inferior a 400 euros, y sustituyó la pena de prisión por una multa de dos meses. Sin embargo, el fiscal llevó el caso al Tribunal Supremo, que dio marcha atrás y restableció la condena original.

Qué dice el Código Penal. En España, el Código Penal registra en el artículo 248 las estafas ordinarias, que implican engañar a una víctima, y permite una rebaja a delito leve cuando el perjuicio no excede de 400 euros. Por otro lado, el fraude con tarjeta se encuentra en el artículo 249, y éste castiga a quien utilice fraudulentamente tarjetas de crédito o débito, u otros instrumentos de pago distintos del efectivo, para realizar operaciones que perjudiquen al titular o a un tercero. En este caso, la pena es de seis meses a tres años de prisión, y el texto no dice nada sobre límites económicos.

El Tribunal Supremo, avalado por la la Ley Orgánica 14/2022, afirma que ambos son delitos independientes, cada uno con sus propias penas. Esta reforma vino de una directiva europea, concretamente la 2019/713 sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo. La directiva exige penas eficaces y disuasorias, con condenas máximas de al menos dos años, y subraya que incluso los fraudes de pequeño valor deben ser perseguidos para proteger la confianza en los pagos digitales y combatir la delincuencia organizada.

No es el primer caso. Este tipo de condenas no son nuevas, pues el TS cita resoluciones anteriores de marzo de 2025, febrero de 2026 y abril de 2026, esta última relativa a una tarjeta perdida utilizada para pagar un billete de lotería de 15 euros y un cupón de 10 euros, según comparten desde Pontes Abogados. Desde este bufete también señalan que la Fiscalía General del Estado llegó a la misma conclusión en una consulta de 2024.

Qué se considera fraude con tarjeta. Además de usarla en un datáfono, una persona puede ser condenada por fraude con tarjeta si la usa, por ejemplo, para comprar por internet, o para hacer transferencias no autorizadas mediante manipulación. Según el bufete de abogados. Eso sí, si le robas una tarjeta a un familiar, la cosa cambia. Y es que según el artículo 268, se exime de responsabilidad criminal por delitos patrimoniales entre sí a los cónyuges no separados legalmente, ascendientes, descendientes y hermanos, siempre que no haya violencia, intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima. Aunque pueden seguir enfrentándose a responsabilidad civil.

Margen de maniobra. Para una primera condena con una pena inferior a dos años, los jueces pueden suspenderla si se paga o promete la indemnización, y eso es lo que ha ocurrido en el caso de Girona, donde la condena se suspendió por dos años. En los juicios rápidos, los acusados también pueden declararse culpables ante el juzgado de guardia a cambio de una pena reducida en un tercio.

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Cuando hacemos una búsqueda en Google, lo primero que nos aparece es un resumen generado por IA relacionado con esa búsqueda. Este resumen, denominado AI Overviews, generalmente comparte también una serie de enlaces para que nosotros podamos comprobar de dónde ha sacado la información. ¿Pero qué pasa cuando no hay enlaces? ¿Quién se debe responsabilizar cuando la IA de Google afirma algo sin esos enlaces como apoyo?

Un tribunal de Aquisgrán, Alemania, lo tiene claro: Google. Y es que ha ordenado a la compañía que impida que su modo de IA difunda afirmaciones falsas sobre un médico al que el resumen de IA de Google le había atribuido un delito de agresión sexual hacia su secretaria. El delito existe, pero fue atribuido a la persona equivocada. Ahora el tribunal, basándose directamente en una sentencia dictada en Múnich en mayo, considera las respuestas de IA de Google como declaraciones propias de la empresa. De momento es una medida cautelar y aún no es firme, por lo que Google todavía puede apelar.

El caso. Según el medio jurídico Beck-Aktuell, el demandante es un médico que trabajó como médico jefe en un hospital alemán hasta el pasado verano. A finales de agosto, un compañero le comentó que al buscar su nombre junto con la palabra “exención” en el modo de inteligencia artificial de Google, aparecía un relato sobre él bastante serio y en un tono preocupantemente elaborado. En él se afirmaba que había acosado a su secretaria en un viaje de negocios, que había sido despedido, que había recibido una condena condicional por agresión sexual y que se había marchado con una indemnización por despido de seis cifras.

Nada de eso era verdad. Y es que según cuenta Beck-Aktuell, los hechos parecen haber estado relacionados con otro antiguo miembro del personal directivo de la misma clínica, y de que los artículos de noticias enlazados por Google como fuentes nunca mencionaban el nombre del demandante. Según The Decoder, búsquedas adicionales con términos como “rescisión” y “procedimientos judiciales” también daban lugar a desinformación igual de detallada.

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La respuesta de Google. El médico pidió a Google por correo electrónico que retirara el contenido a finales de agosto. Sin embargo, Beck-Aktuell cuenta que Google respondió que había revisado la reclamación y que no tomaría ninguna medida. Una carta de advertencia de sus abogados, el bufete de Colonia Höcker, enviada el mismo día, tampoco cambió nada.

Lo que decidió el tribunal. El tribunal de Aquisgrán dictaminó que los textos que generaba la IA vulneraban el derecho general de la personalidad del médico, debido a que le atribuían acusaciones penales y consecuencias laborales que afectaban a otra persona. Según el medio, emitió la orden en un procedimiento de urgencia, sin escuchar primero a Google, alegando los daños a su reputación profesional y social. Google se enfrenta a una multa de hasta 250.000 euros por cada infracción.

El precedente de Múnich. En el caso anterior, el Tribunal Regional I de Múnich dictaminó que Google puede considerarse directamente responsable de sus resúmenes de IA, según comparte DW. Los demandantes eran dos editoriales de Múnich a las que dicha función había vinculado erróneamente con estafas de suscripción y esquemas fraudulentos. Google argumentó que los usuarios podían comprobar las fuentes a través de los enlaces y sabían que no se debía confiar ciegamente en los resultados de la IA. El tribunal rechazó este argumento, al considerar que el resumen era una declaración autocontenida y no ofrecía a los lectores ningún indicio de que pudiera no ser fiable. Google declaró en su momento que recurriría la sentencia.

El medio The Decoder informa de que el recurso nunca llegó a resolverse, pues según la investigación, el caso terminó con un acuerdo extrajudicial, y ni Google ni la editorial quisieron aclarar si hubo contraprestación económica ni por qué se cerró el caso.

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En Xataka | Anthropic muestra el efecto de la IA en el empleo junior: del 27% al 9% de nuevas contrataciones

La Guardia Civil ha comprado una herramienta diseñada para registrar de forma remota los móviles de las personas que se encuentren bajo investigación, sin necesidad de incautar los dispositivos. El contrato, publicado en el BOE, ofrece pocos detalles técnicos, pero sí revela lo que el sistema es capaz de hacer.

Espionaje a distancia. Según el contrato, la herramienta funciona tanto en Android como en iOS. La idea es que el sistema pueda ser capaz de alojar software en los teléfonos objetivo y proporcionar un “acceso transparente” a sus contenidos y comunicaciones. O lo que es lo mismo, que las autoridades puedan acceder a toda la información del teléfono sin que la persona se de cuenta.

Normalmente, la forma de proceder es incautar un teléfono móvil y proceder al análisis del mismo, una vez confiscado. Sin embargo, esta herramienta se ahorraría bastantes pasos.

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Meta, Google y Microsoft podrán seguir rastreando tus mensajes hasta 2028. A pesar de que la mayoría del Parlamento Europeo votó en contra 

El acuerdo. Tal y como señala la publicación en el BOE, el contrato fue adjudicado el 26 de marzo de 2026 a Fortier Europe, una empresa con sede en Boadilla del Monte, Madrid. El precio por el que la Guardia Civil compró el software fue de 2.066.115,70 euros antes de IVA (unos 2,5 millones de euros incluyendo impuestos).

El contrato se negoció sin licitación pública y solo se recibió una oferta. Tiene sentido teniendo en cuenta que el anuncio dice que el fabricante había concedido los derechos exclusivos de suministro y distribución a la empresa mencionada.

Lo que no sabemos. Los documentos publicados no mencionan al fabricante ni detallan las características específicas del producto. Tampoco explican cómo se instalaría el software en un teléfono, ni si se llegaría a necesitar acceso físico al dispositivo. Que no contemos con esta información nos deja dudas acerca del alcance de la herramienta.

Lo que dice la ley. Disponer de la herramienta no significa que los agentes puedan registrar el teléfono de cualquier persona. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de España permite registros remotos únicamente con autorización judicial. Tal como cuenta El Confidencial Digital, la ley permite a un juez aprobar un software que examine un dispositivo de forma remota y sin el conocimiento de su propietario, pero solo para una lista cerrada de delitos:

• Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
• Terrorismo.
• Delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente.
• Delitos contra la Constitución, traición y delitos relacionados con la defensa nacional.
• Delitos cometidos a través de tecnologías informáticas o de telecomunicación.

Los límites. La orden judicial debe especificar qué dispositivos se ven afectados, cómo se accederá a los datos y se incautarán, qué agentes pueden llevar a cabo la medida y cómo se protegerá la integridad de los datos. Esta medida dura como máximo un mes, prorrogable por periodos iguales hasta un máximo de tres meses, según cuentan desde el medio.

Quién es el proveedor. Fortier Europe fue fundada en marzo de 2011 y aparece regularmente en los contratos del Ministerio del Interior. El Digital de Albacete informa de al menos 13 contratos por valor de unos 15,6 millones de euros antes de IVA. En sus adjudicaciones de este año se incluyen un contrato de 743.802 euros para dos sistemas portátiles para localizar dispositivos móviles y extraer información de ellos, y un contrato de 495.570 euros para dispositivos de captura de audio y GPS. Los registros también muestran un acuerdo de mantenimiento de la Guardia Civil en 2020 para la plataforma EGOBOX.

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En Xataka | La justicia europea ha impuesto una nueva regla a los bancos: devolver el dinero de las ciberestafas de inmediato

Pagar importantes sumas de dinero en efectivo va a dejar de estar permitido en Europa a partir del año que viene. Y es que el reglamento 2024/1624, referente a las medidas de la Unión Europa contra el blanqueo de capitales, entrará en vigor el próximo 10 de julio de 2027 y, con él, un nuevo límite establecido de 10.000 euros para pagar en efectivo. Te contamos todos los detalles y cómo afecta esta normativa en España.

Por qué importa. Hasta ahora, la UE no tenía un límite común para el efectivo. Algunos países fijaban límites estrictos a los pagos en efectivo, otros apenas los limitaban, por lo que muchos podían aprovechar este agujero legal para delinquir. Bruselas afirma que el paquete de medidas, adoptado en mayo de 2024, pretende cerrar esas lagunas. El reglamento es directamente aplicable, por lo que los gobiernos no necesitan aprobar sus propias leyes para que el límite surta efecto.

En detalle. En el artículo 80 del reglamento aparece especificada esta nueva limitación a la hora de pagar en efectivo. Y es que según la normativa, cualquier persona que comercie con bienes o preste servicios solo podrá aceptar o realizar pagos en efectivo por un importe máximo de 10.000 euros, o su equivalente en otra moneda:

• Los pagos vinculados cuentan conjuntamente. El límite se aplica tanto si el trato se paga de una vez como en varias operaciones que parezca que están vinculadas. Por ejemplo, si compras un mueble de 14.000 euros y entregas 7.000 euros en efectivo el lunes y 7.000 euros el viernes, es probable que las autoridades lo traten como una sola transacción y acabe en infracción.
• El límite es un máximo. Los Estados miembros pueden establecer límites inferiores, previa consulta al Banco Central Europeo, y deben notificarlo a la Comisión en un plazo de tres meses desde su introducción.
• Los límites inferiores existentes se mantienen. Los límites nacionales que ya estén por debajo de 10.000 euros siguen aplicándose.

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No aplica a particulares. Los pagos entre particulares en los que ninguna de las partes actúe como profesional no cuentan. Por otra parte, estarían exentos de este límite los pagos o depósitos realizados en un banco, emisores de dinero electrónico y proveedores de servicios de pago. Por lo tanto, un depósito en efectivo superior a ese límite en la ventanilla de tu banco tampoco estaría prohibido.

Junto a ello, para las transacciones en efectivo de 3.000 euros o más, las empresas cubiertas por las normas antiblanqueo están obligadas a identificar al cliente.

Qué pasa en España. De por sí, la ley en España ya es más estricta que Bruselas. Y es que según la Ley 11/2021, publicada en el BOE, no se pueden realizar pagos de 1.000 euros o más en efectivo cuando una de las partes es empresario o profesional.

El límite se eleva a 10.000 euros para los pagadores que no sean residentes fiscales en España y no actúen profesionalmente, como los turistas. Eso sí, los particulares que comercian entre sí, sin que haya ningún profesional que preste servicios o ofrezca bienes e inmuebles, no se enfrentan a ningún límite en España

Como el artículo 80 de la normativa europea permite explícitamente que continúen los límites nacionales más bajos, España no tiene ninguna necesidad legal de modificar sus normas, así que es muy probable que en el país no cambie nada.

Y ahora qué. Tal y como hemos mencionado, la norma entra en vigor el 10 de julio de 2027, por lo que las empresas que manejan habitualmente grandes sumas de efectivo, como concesionarios de automóviles, joyerías, servicios relacionados con la propiedad y similares, tendrán que ajustar sus procesos de pago y cumplimiento de aquí a unos meses. En los países con límites de efectivo elevados o inexistentes, como es el caso de Alemania o Austria, el cambio será bastante más significativo.

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