Hace un par de semanas os hablamos de todas las trabas al autoconsumo que propone el gobierno central con el borrador del Real Decreto para el autoconsumo. Sin embargo, un rayo de esperanza parece colarse a través de la gran cúpula con la que, cual Sr. Burns en Los Simpsons, este decreto iba a poner un impuesto al sol: el autoconsumo es viable en Murcia si el gobierno central no lo impide.
Resulta que, justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, el gobierno de la Región de Murcia promulgó un muy interesante Ley 11/2015 del 30 de marzo, que es un modificación de la Ley 10/2006 del 21 de diciembre sobre Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia.
Lo más relevante de esa ley se encuentra en la introducción de un artículo 20.bis, que en esencia lo que propone es, por un lado, ampliar el concepto de "instalación aislada" y, por el otro, plantear un balance neto energético, es decir, que la energía que cedamos a la red se nos descontará de la que gastemos.
Son dos artículos de apoyo el autoconsumo que el gobierno central ahora quiere tumbar, declarando dicha reforma inconstitucional y alegando que la Comunidad ha sobrepasado sus competencias. Pero antes de entrar en cuestiones políticas, veamos qué propone la ley murciana.
La ley de autoconsumo de la Región de Murcia
La ley de autoconsumo de la Región de Murcia ataca a dos aspectos cruciales del borrador Real Decreto sobre el autoconsumo que está preparando el gobierno central. Primero, la definición de instalación aislada, lo que eximiría del pago del peaje variable (previsto en 0,062€ por kWh que produzcamos y consumamos de nuestra instalación), y segundo, la contraprestación en términos de energía por la electricidad que produzcamos y vertamos a la red.
Así, en Artículo 3 apartado J, el borrador del decreto dice:
Instalación aislada aquella en la que no existe en ningún momento capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución. Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes, no se considerarán aisladas, a los efectos de la aplicación de este real decreto.
Mientras que la ley de Murcia, matiza:
Las instalaciones previstas para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables cuya finalidad sea la producción de energía eléctrica, sobre las que quede acreditado el consumo de la totalidad de la energía producida, así como la ausencia de conexión eléctrica con la red del sistema eléctrico, bien mediante el aislamiento físico o bien mediante medios técnicos que produzcan un efecto equivalente al mismo, podrán ser consideradas como instalaciones aisladas del sistema eléctrico.
Esto quiere decir que podríamos tener un sistema de placas (y opcionalmente baterías) para nuestro autoabastecimiento y a la vez nuestra vivienda conectada a la red, sin que ello suponga pagar peajes de ningún tipo, con la puntualización de que ambas instalaciones deben de ser independientes. Es decir, que no vertamos electricidad a la red en ningún momento, estableciéndose los medios técnicos para asegurar que eso no ocurra.
Por otro lado, el artículo 10.1 del borrador afirma:
La energía eléctrica excedentaria que un consumidor acogido a la modalidad de suministro con autoconsumo pudiera eventualmente verter a las redes de transporte y distribución no podrá llevar aparejada contraprestación económica vinculada a dicho vertido.
Mientras que la ley de Murcia, aún manteniendo que no habrá contrapestración económica, introduce el concepto de balance neto, es decir, que la energía que vertamos a la red podrá descontarse de la que gastemos.
Las instalaciones generadoras de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, y en particular las de tecnología solar fotovoltaica de pequeña potencia (...) podrán considerarse como instalaciones de intercambio de energía. La cesión de energía producida por estas instalaciones al sistema eléctrico no llevará aparejada contraprestación económica alguna, estableciéndose por la consejería competente en materia de energía las compensaciones por dicha cesión, en términos energéticos, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones económicas establecidas por el Gobierno para la venta de energía no autoconsumida.
Aunque puede que en esta segunda opción con balance neto sí que paguemos el peaje que plantea el decreto nacional, estos dos artículos harían que los números al plantearse una instalación para el autoconsumo fueran sensiblemente más razonables, y por tanto el autoconsumo viable en Murcia. No sería necesario estar completamente aislados de la red, y podríamos tener una pequeña instalación que redujera nuestra factura, o una gran instalación con la que recibiéramos compensación por la energía vertida.
Por ejemplo, en el escenario planteado por el nuevo decreto, con un pequeño panel de 240W (500 euros) que producía unos 576kWh de energía al año, ahorrábamos unos 60 euros al año y se amortizaba en 8 años, pero si la ley de la Región de Murcia fuera de aplicación, ahorraríamos 95 euros al año, y la amortización sería solo en 5 años.
¿Es posible que las Comunidades Autónomas legislen por su lado?
Aunque la Región de Murcia está también gobernada por el PP, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy no ha dudado en crear una comisión bilateral con la Comunidad Autónoma para resolver las discrepancias, paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la ley autonómica.
Y es que el gobierno central considera que la Comunidad ha sobrepasado sus competencias, algo sobre lo que discrepa la consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá, que en un comunicado ha afirmado que "el Ejecutivo murciano considera que el Estatuto de Autonomía otorga potestad jurídica para legislar en esta materia".
Habrá que estar muy pendientes de cómo acabe esta batalla, porque de mantenerse la ley de autoconsumo de la Región de Murcia tal como está planteada, abriría la puerta a que otras Comunidades Autónomas legislen por su lado y puedan matizar las duras restricciones que impone el borrador del decreto planteado por el gobierno central.
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