Va camino ya de los 30 años, tres largas décadas durante las que le ha tocado bregar en el resbaladizo campo de la política intergubernamental, pero nunca antes la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos —ISA, por sus siglas en inglés— había tenido que lidiar con un desafío tan complicado como el que ahora afronta. Tan complicado y de tanto calado. Desde hace días el organismo celebra en Kingston, Jamaica, una cumbre que se extenderá hasta principios de agosto. La cita podría ser poco más que unas cuantas conferencias y reuniones burocráticas, si no fuera porque coincide con un momento fundamental para el futuro de los mares: con el debate sobre la minería del fondo oceánico al rojo vivo.
Y con semejante telón de fondo todos miran a Jamaica.
De aquellos barros, estos lodos. Para entender por qué es importante el Consejo de ISA, una cita que acaba de arrancar en Jamaica y se extenderá hasta el 29 de julio —luego se celebrará la Asamblea del organismo, hasta el 5 de agosto—, hace falta remontarse un par de años atrás. Para ser más precisos a finales de junio de 2021, cuando la nación insular de Nauru se dirigió a ISA para plantearle la explotación de los recursos mineros que se esconden en el Pacífico.
Y no lo hizo porque quisiera tantear el terreno o tuviera una corazonada. No. El presidente de Nauru dio el paso porque hay una empresa, NORI, subsidiaria de la firma canadiense DeepGreen —hoy rebautizada The Metals Company (TMC)— que está interesada en los valiosos metales que se esconden bajo las aguas del océano, por debajo de los 200 metros de profundidad. En juego hay un auténtico tesoro sumergido para las empresas: nódulos polimetálicos, pequeñas rocas que tardan millones de años en formarse y son ricas en manganeso, cobre, níquel y cobalto.
¿Y por qué es importante? Porque la decisión de Nauru activó un resorte institucional, una suerte de cuenta atrás de dos años que daba a ISA margen para una cuestión crucial: preparar una auténtica regulación sobre la minería de aguas profundas y evitar que las compañías puedan lanzarse a remover el fondo marino ajustándose a las normas mínimas de turno. El movimiento de ficha de Nauru y TMC en 2021 acaparó titulares, agitó el debate y llevó a los países a reunirse de forma regular para dotarse de reglas sobre control ambiental. Sin éxito.
La fecha tope acaba de vencer y —como precisa France24— ISA está obligada ahora a considerar las solicitudes de la minería comercial. Eso no significa que necesariamente deba otorgar licencias, pero sí se abre un nuevo escenario que va más allá de los permisos de exploración que se han aceptado hasta ahora. La ISA solo permite contratos además en aguas internacionales. Cada nación es libre de realizar prospecciones en las suyas. De hecho, Noruega ya ha mostrado su deseo de abrir sus aguas a la minería de profundidad pese al recelo de los ecologistas.
Y con ese telón de fondo… Con ese enrevesado, complejo y sobre todo delicadísimo telón de fondo acaba de estrenarse la asamblea de ISA. De ahí que no sorprenda que las compañías mineras, ecologistas y tanto los países a favor como en contra de la minería en aguas profundas estén mirando con atención a Jamaica. La propia Nauru ha asegurado que no promocionará una solicitud de TMC hasta después de que el organismo se haya reunido. Emma Wilson, de la Coalición para la Conservación del Mar Profundo, lo expone con claridad: para ella la ISA afronta "el período de toma de decisiones más crítico en la historia de su existencia".
¿Y qué se plantea exactamente? A lo largo de las últimas semanas se han sucedido las voces que insisten en la importancia de evitar que la minería en aguas profundas arranque antes de que se desarrolle una regulación adecuada, mensaje en el que incidió Chile durante la apertura de la cumbre de ISA: "Debemos iniciar una pausa cautelar". No es el único que lo sugiere. Hace unos días la Coalición para la Conservación del Mar Profundo (DSCC) pedía a los gobiernos que apoyen una moratoria con el fin de "salvaguardar el océano y evitar daños irreversibles".
Chile, Costa Rica, Francia, Palau y Vanuatua han presentado una propuesta en la que piden a ISA que incluye en la agenda un debate sobre un "posible receso" en la minería del fondo marino. Otros países han mostrado su preocupación y cautela, incluida España, miembro con derecho a voto del consejo de la ISA. A principios de año la agencia SINC se hacía eco de la intención del Ejecutivo de defender el principio de precaución y plantear una "pausa preventiva" en la minería.
¿Qué impacto puede tener? "Receso, moratoria o pausa de precaución, todo este lenguaje tiene como objetivo básicamente detener la carrera acelerada", zanja Sian Owen, de Deep Sea Conservation Coalition. El debate es complejo. Lo que está en juego, también. La portavoz de DSCC argumenta por ejemplo que el solo hecho de que los estados no hayan sido capaces de desarrollar un código minero durante los últimos dos años "es una confirmación de las flagrantes brechas científicas que existen, el volumen de problemas regulatorios sin abordar y la creciente reacción global a una industria que sabemos que causará destrucción irreversible".
El planteamiento es diametralmente distinto desde la otra parte. Gerard Barron, director ejecutivo de TMC, reivindica que la minería en aguas profundas es crucial para ofrecer a la industria materiales indispensables para la 'revolución verde'. "Lo que necesitamos son metales básicos para baterías, turbinas y paneles solares con los que alejarnos de los combustibles fósiles", comentaba hace poco el directivo a la cadena CBC mientras sostenía un nódulo polimetálico en la mano, y deslizaba: "Todo lo que necesita para construir un cátodo de batería EV está aquí".
Imagen de portada: NORI - Nauru Ocean Resources Inc
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