La IA ya escribe más rápido que muchos profesionales, lo cual la convierte en una poderosa aliada en textos administrativos y legales, aligerando así la carga de trabajo más tedioso para el humano. El problema es que es una herramienta eficiente, pero no infalible, por lo que se hace necesaria la supervisión de sus resultados. Es decir, te ahorra solo una parte del trabajo, pero mantiene la obligación de supervisar los resultados.

Eso es justo lo que ha puesto sobre la mesa el TSXG en un caso que afecta a un abogado gallego, al que la sala del Alto Tribunal gallego ha abierto una pieza por mala fe procesal tras detectar un recurso escrito con IA en que se había inventado 24 citas jurídicas para argumentarlo.

El recurso bajo sospecha. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sostiene que el escrito presentaba "múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas". Según el tribunal gallego, el recurso acumulaba una serie de errores que no pueden ser atribuidos a fallos humanos, sino que responden "a una falta de diligencia notoria en la actuación profesional".

La resolución añade que el texto seguía una "curiosa estructura en la manera de redactarse", algo que la sala relaciona con el uso de IA generativa gratuita. Aunque, sobre todo, el TSXG afea al letrado la ausencia de verificación posterior para frenar las "constantes ‘alucinaciones" del sistema.

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La falta de revisión. Tal y como destaca el escrito del tribunal gallego, la mala fe procesal de la que se acusa al abogado no se lleva hacia un uso malintencionado del engaño, sino que "evidencian una conducta reveladora de una palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo –a lo que creemos-, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso, omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos".

Es decir, supone un aviso para navegantes de que la IA puede acelerar la redacción, pero no sabe si una sentencia existe ni si una cita descontextualizada sirve para sostener un argumento legal. Ese proceso de criba y supervisión sigue siendo humana, y ese rol de supervisión de los resultados será una pieza clave en el futuro del ejercicio de la abogacía.

Los ingenieros ya han cambiado. El proceso de cambio de roles que sufrirá la abogacía en un futuro muy cercano (de hecho, como vemos ya ha comenzado) con la llegada de la IA no es algo nuevo. Los ingenieros de software y programadores fueron los primeros en experimentarlo.

La IA está ganando protagonismo a la hora de escribir el código de las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft e incluso Anthropic ya genera buena parte de su IA con su IA pero, paralelamente, el ingeniero no ha desaparecido, sino que ha pasado de tener un rol de productor, a uno de supervisor que analiza los resultados que le entrega la IA.

Por ese mismo motivo, las tecnológicas han reducido la contratación de personal junior, que hasta ahora se dedicaba a esas tareas más tediosas, y han acelerado la contratación de los seniors con el ojo más entrenado para detectar errores e incoherencias en el código.

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De consejero legal a supervisor legal. La comparación entre lo que ya es evidente en las grandes tecnológicas y lo que se avecina en los bufetes de abogados es bastante evidente. La IA no va a acabar con la figura del abogado, pero sí generará un desplazamiento en los roles de trabajo hacia la supervisión de textos legales. De hecho, tal y como recogía Reuters, algunos bufetes ya están exigiendo a sus asociados junior conocimientos sobre el uso y supervisión de IA.

Estamos solo ante uno de los casos derivados del uso indebido de IA en textos legales que se han venido dando en los últimos meses. De acuerdo a lo publicado por Iberley en febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estableció una sanción económica para un letrado que había usado IA para generar un recurso de apelación que contenía un total de 48 citas jurisprudenciales inventadas por una IA.

Regular el uso de IA para jueces. En realidad, el impacto de la IA en el ámbito legal va más allá de su uso en la redacción de recursos y escritos legales rutinarios. En España ya se ha sancioado a jueces por usar ChatGPT en la redacción de algo tan comprometido como es una sentencia. En abril de 2026, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió un expediente a un magistrado por haber "eludido sus funciones jurisdiccionales" por dejar en manos de una IA la redacción de una sentencia.

A raíz de este caso y otras polémicas, el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que aprobar una "guía" dirigida al uso de la IA en la carrera judicial, de forma que se establece cómo debe usarse esta herramienta para no incurrir en una dejación de sus responsabilidades jurídicas. Quién sabe si una de esas nuevas profesiones que se crearán en el futuro sea la de supervisor de sentencias.

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Imagen | Unsplash (Romain Dancre y Solen Feyissa)

Hay pocas situaciones tan capaces de romper una familia como el reparto de una herencia. Lo saben los abogados. Lo saben los notarios. Y lo saben también, a veces demasiado tarde, los propios implicados, y eso que el siempre sabio refranero ya lo advertía: "A los hermanos se los conoce cuando hay una herencia". Avisados estaban.

Según datos publicados por El Periódico, la herencia es la principal fuente de conflicto legal para el 77% de los españoles. Cada año, decenas de miles de familias tienen que decidir qué hacer con un piso heredado entre varios hermanos, y claro, hay diferencias de opinión y de ellas nace la chispa de la discordia. De acuerdo a los últimos datos del INE de marzo de 2026, se han registrado 47.474 viviendas transmitidas por herencia en España. Muchas de ellas, lo hacen bajo titularidad de varios herederos.

Trendencias recogía que el reparto de estos bienes indivisibles es el principal foco de conflictos entre herederos, por ese motivo, abogados, notarios y juristas recomiendan dejar la vivienda a un solo heredero y compensar al resto para evitar la cotitularidad.

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Se hereda un piso y un problema

Cuando dos o más hermanos heredan una vivienda a partes iguales, nace lo que la ley llama comunidad de bienes, o condominio. En teoría, todos tienen los mismos derechos sobre el bien. En la práctica, ninguno puede hacer nada sin que los demás estén de acuerdo.

Uno propone vender, otro quiere alquilar y un tercero querría quedarse a vivir en él. Como ninguna decisión puede tomarse sin unanimidad de los propietarios, el resultado más frecuente es el bloqueo total. El piso queda congelado y la relación entre hermanos, deteriorada.

En una entrevista para Infobae, Antonio Martínez, socio fundador del bufete Martínez Lafuente Abogados, lo señala sin titubeos: "al hacer testamento es un acierto dejar bienes concretos a cada hijo y dejar la vivienda solo a uno", asegurando que compartir propiedades acaba siendo "una fuente de problemas entre la familia, salvo que haya una relación muy estrecha entre los hermanos".

El escenario más delicado es cuando uno de los herederos ya vivía en el inmueble o se instala en él tras el fallecimiento. La situación se convierte en lo que Martínez denomina el "heredero okupa": alguien que ocupa el bien sin compensar al resto y al que es muy difícil echar sin acudir a los tribunales.

Lo que proponen abogados y notarios: asignar, no compartir

En lugar de hacer un reparto "igualitario" entre los herederos abocándoles a convertirse en copropietarios del mismo bien, los abogados y notarios coinciden en que la mejor forma para evitar estos conflictos es hacer uso a la legislación vigente, y asignar cada bien a un heredero concreto compensando al resto con otros bienes o con dinero hasta igualar el valor reduce el riesgo de conflictos en la resolución de las herencias.

Hay una solución menos dolorosa para que una herencia no se convierta en una ruina para los herederos: renunciar a ella

El caso más típico es España es el de un patrimonio formado por un piso, dinero en el banco y unos terrenos en el pueblo. Con dos hijos como herederos, lo más práctico no es repartir todo al 50% como cabría pensar, sino que uno se quede con el 100% de la vivienda y al otro se le compense con el dinero y el terreno, siempre que los valores sean equivalentes. La legislación española establece que el reparto sea equitativo, no que todos los herederos deban ser copropietarios de todos los activos.

La notaria María Cristina Clemente Buendía señala en una de sus publicaciones en redes sociales que esta opción, la más práctica y la menos conocida, también tiene ventaja fiscal: ahorra a los herederos una escritura posterior de extinción de condominio para que resolver quién se queda finalmente con la propiedad, con su correspondiente impuesto de transmisiones patrimoniales que se genera.

Y hay otro miedo frecuente que la notaria también aclara: que la compensación en dinero entre hermanos genere impuestos adicionales. Una sentencia del TSJ de Madrid de septiembre de 2024 dejó claro que esa compensación económica, destinada a compensar el exceso de valor entre el inmueble que iba a recibir uno de los herederos y el reparto que iba a recibir el resto, no supone un incremento en la liquidación del impuesto de sucesiones.

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El consenso entre los profesionales del sector sobre la conveniencia de este tipo de reparto de la herencia es amplio. Abogados como Martínez, notarias como Clemente y juristas especializados como David Jiménez coinciden en la misma premisa: adjudicar bienes concretos a cada heredero para evitar que tengan que compartir propiedades que no quieren compartir.

Qué dice la ley cuando el conflicto ya ha llegado

El testamento ya existe, los bienes están repartidos a partes iguales y los hermanos no se ponen de acuerdo. ¿Qué opciones quedan? La primera es negociar. Parece obvio, pero muchas veces no ocurre porque cada parte espera que ceda la otra.

Si el diálogo no funciona, el Código Civil ofrece la extinción de condominio (artículos 400 y 1.062) porque ningún heredero está obligado a permanecer indefinidamente en la indivisión. De ese modo, tal y como explicaba David Jimenez en uno de sus vídeos, "uno se adjudica el 100% y compensa económicamente al otro".

La ventaja fiscal de esta adjudicación al 100% es importante ya que, mientras una compraventa convencional tributaría entre el 6% y el 10%, los actos jurídicos documentados rondan el 0,5% y el 1,5% según la comunidad autónoma. Además, tal y como señala Jiménez, "no hay que pagar plusvalía municipal al realizar la extinción de condominio, salvo que haya exceso de adjudicación".

Si la negociación se enquista, existe la figura del contador-partidor: un abogado o notario que resuelve el reparto de forma objetiva y con carácter vinculante. La vía judicial es el último recurso, y el más caro. En una subasta judicial, advierte Martínez, "la valoración del inmueble siempre va a ser muy inferior al valor de mercado". Todos pierden algo, pero el conflicto se desbloquea.

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Imagen | Unsplash (Jakub Żerdzicki, Vitaly Gariev)

¿Por qué debería pagarse un impuesto adicional por recibir un dinero en herencia por el que el fallecido ya tributaba? Muchas personas se hacen esa pregunta y deciden tirarse al monte (fiscal) intentando mil y una artimañas para eludir el pago del Impuesto de Donaciones y Sucesiones. El truco más habitual es el de vaciar las cuentas bancarias del familiar antes de que fallezca. Spoiler: sale mal.

Un caso resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid demuestra que esa creencia puede salir muy cara, y que el intento de esquivar al fisco puede terminar exactamente donde uno quería evitar llegar: pagando a Hacienda incluso más de lo que habría pagado en inicio.

¿Dinero, qué dinero? Una mujer figuraba como titular o autorizada en varias cuentas bancarias de su hermana. En septiembre de 2017, esta falleció sin dejar testamento. Cuando la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid empezó a investigar el caso, encontró que el patrimonio de la fallecida era mucho más abultado de lo que su hermana quería hacer ver.

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A 31 de diciembre de 2016, las tres cuentas bancarias de la difunta acumulaban saldos considerables: una con 9.217,08 euros, otra con 51.216,58 euros y una tercera con 132.644,53 euros, en la que la hermana figuraba directamente como cotitular. Además de esos ahorros, la fallecida había cobrado 45.000 euros en abril de 2017 por la venta de su parte de un inmueble que compartía con su hermana.

Al llegar el 31 de diciembre de 2017, todo el dinero de las cuentas se había esfumado. Hacienda calculó que el total del dinero y los bienes que debían haberse declarado en la herencia ascendían a 122.931,67 euros, al que se sumaba el valor del 50% de un inmueble en Hoyo de Manzanares tasado en 1.812,50 euros.

​No hay renuncia posible. La hermana respondió a las primeras peticiones de Hacienda asegurando que la fallecida había muerto sin patrimonio. Tiempo después aportó un documento notarial de renuncia a la herencia fechado el 29 de septiembre de 2020, más de tres años después de producirse el fallecimiento. Su argumento era que desconocía que su hermana tuviera bienes, y que los únicos movimientos que había hecho en las cuentas de la fallecida eran trámites de pago de la residencia donde recibió cuidados su hermana en su último mes de vida.

​El tribunal que revisó el caso en primera instancia le dio inicialmente la razón, al considerar que ese pago podía interpretarse como una gestión puntual. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, encargada de recaudar el tributo, recurrió y el TSJM resolvió de forma distinta. Aunque en teoría se puede renunciar a una herencia en cualquier momento del proceso, hacerlo después de haber actuado sobre los bienes del fallecido tiene consecuencias fiscales que ninguna escritura notarial puede borrar.

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Qué significa aceptar una herencia sin querer hacerlo. En España, no hace falta firmar ningún papel para convertirte legalmente en heredero. La ley recoge en su artículo 999.3 la figura de la aceptación tácita, que se produce cuando alguien actúa sobre los bienes de un fallecido como si ya fueran suyos, aunque nunca haya confirmado la aceptación de la herencia. Retirar dinero de sus cuentas, vender sus propiedades o simplemente gestionar su patrimonio son ejemplos de acciones que, a ojos de la ley, equivalen a decir "sí, acepto", aunque no se haya firmado ningún papel.​​

El problema es que muchas personas no son conscientes de esta regla y creen que, mientras no firmen nada ante notario, están a salvo. En realidad, lo que importa no es lo que se firma, sino lo que se hace. El Tribunal Supremo lleva décadas estableciendo que cualquier acto que revele de forma inequívoca que alguien se está comportando como heredero, aunque sea de manera informal o incluso inconsciente, tiene los mismos efectos legales y fiscales que una aceptación expresa de la herencia.​

Lo que dice la ley sobre el dinero que desaparece. El TSJM aplicó el artículo 11.1.a de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que establece que los bienes que hubieran pertenecido al fallecido hasta un año antes de su muerte se consideran parte de la herencia, salvo que se demuestre lo contrario con pruebas sólidas. La hermana no solo no aportó ninguna explicación de qué había pasado con ese dinero, sino que ni siquiera lo intentó a lo largo de todo el proceso.

El tribunal también valoró que la fallecida estaba ingresada en una residencia y recibía cuidados especiales, lo que hacía muy improbable que hubiera podido gestionar por sí sola la retirada del dinero de sus cuentas. Dado que la hermana era titular o autorizada en todas ellas, los jueces concluyeron que mover ese dinero equivalía, a ojos de la ley, a haber aceptado la herencia.

Paga el impuesto, pero se libra de la multa. El TSJ de Madrid confirmó que la mujer debía pagar 26.217,11 euros en concepto de liquidación del Impuesto de Sucesiones por la herencia de su hermana.

Sin embargo, los jueces le anularon la multa de 17.999,73 euros que la hacienda madrileña le reclamaba, porque la Comunidad de Madrid no llegó a demostrar que la mujer hubiera actuado con la intención deliberada de engañar al fisco, algo que la ley exige antes de poder imponer una sanción económica de ese tipo.

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El Tribunal Supremo ha dejado claro que los festivos no son días de descanso. Son derechos diferentes. Por lo tanto, si un festivo coincide con tu día de descanso, la empresa tiene que darte otro día libre adicional.

Durante años ha sido habitual que, si un festivo coincidía con, por ejemplo, un sábado, ese día de descanso se perdía. Una sentencia del Tribunal Supremo ha considerado que esa pérdida de un día festivo "no se ajusta a derecho". Por lo que el empleado debe poder disfrutar de ambos derechos: al descanso semanal y a disfrutar los festivos oficiales.

La injusticia: que los festivos coincidan con tu descanso. El Alto tribunal se pronunciaba en este sentido en una sentencia de julio de 2024, en la que se establece que los trabajadores con jornada de lunes a domingo y un día fijo de descanso entre semana tienen derecho a un día adicional cuando ese descanso coincide con un festivo laboral.

Esta resolución corrige el criterio previo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante la demanda de los trabajadores un comercio que, y esto es importante, abría de lunes a domingo con turnos rotativos, en el que los descansos de la plantilla no siempre coincidían con el fin de semana.

Eso hacía que, si un empleado tenía asignado, por ejemplo, los lunes como día de descanso, y coincidía con uno de los 14 festivos reconocidos por ley, ese empleado perdía o un día de fiesta o un festivo, mientras que sus compañeros (con otros días de descanso) sí disfrutaban ambos.

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En festivo también se descansa. La práctica habitual hasta la fecha era que, si el festivo coincidía con el día de descanso asignado durante la semana, el empleado "perdía" ese día dado que, en realidad, ese descanso se estaba produciendo igualmente.

Sin embargo, la sentencia del Supremo refuerza que los 14 festivos anuales reconocidos en la ley deben disfrutarse íntegramente, sin solaparse con el descanso mínimo semanal al que también tienen derecho los trabajadores, separando así ambos derechos y obligando a la empresa a compensar al empleado con otro día libre adicional.

Descanso semanal y festivo no es lo mismo. La doctrina del Supremo se apoya en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se indica que "las fiestas laborales tendrán carácter retribuido y no recuperable". Es decir, que no pueden sustituir o ser reemplazo de ningún otro tipo de descanso.

En la práctica, el tribunal considera que permitir que un festivo se solape con el día de descanso genera agravios comparativos entre personas con calendarios diferentes dentro de la misma empresa. Mientras unos disfrutan de los 14 festivos reconocidos legalmente más su descanso semanal, otros acaban con menos días libres al año solo porque su día de descanso coincide con el festivo.

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Si ambos coinciden, hay que asignar otro día. A partir de esta doctrina, si un festivo nacional, autonómico o local coincide con el día de descanso asignado, la empresa debe concederte un día libre adicional en otra fecha. Ese día compensatorio no tiene por qué ser el inmediatamente siguiente al festivo, sino que debe fijarse de común acuerdo respetando el calendario laboral y asegurando que el festivo no se pierde.

Para las empresas, esto obliga a revisar cuadrantes y calendarios en sectores que abren todos los días, como el comercio, la hostelería o determinados servicios esenciales, donde es habitual trabajar domingos y festivos.

Cómo te afecta si el festivo cae en fin de semana. En una jornada clásica de lunes a viernes, en la que siempre se disfrute de los mismos días de descanso y la empresa no tenga actividad los días festivos, esta medida simplemente no se aplica ya que los días de descanso no se alteran ni varían.

En cambio, si esos descansos son variables o, aunque se produzcan durante el fin de semana, la empresa tiene actividad los festivos (por lo que hay empleados que sí trabajan), la nueva jurisprudencia impide que ese festivo "desaparezca" sin más. La empresa tiene que compensarlo con un día de descanso adicional.

Según el artículo 47 del Real Decreto 2001/1983 que regula el disfrute efectivo de las jornadas de descanso, cuando por razones organizativas no se pueda disfrutar del día de descanso, la empresa se "verá obligada a abonar al trabajador las horas trabajadas" o a conceder un descanso compensatorio alternativo. Es decir, dado que el día festivo debe realizarse porque no es recuperable, el día de descanso no se "pierde", sino que se debe compensar con otro día o pagar con un incremento del 75% si no se disfruta.

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Madrid se despidió de 2024 con un récord histórico. Según el censo del INE publicado hace un año, la comunidad superó el millón de residentes nacidos en Latinoamérica. Solo los extranjeros de habla hispana llegados desde otro lado del Océano Atlántico sumaban 1.038.671 personas. Si a esa cifra se añaden el resto de nacionalidades el dato de foráneos se dispara hasta suponer algo más del 16% de la población de la región, gran parte de ella concentrada además en la capital.

Detrás de esas cifras (y de las dificultades con las que se encuentran muchos extranjeros cuando quieren empadronarse) hay quienes han visto un auténtico chollo: censar a inmigrantes en sus casas aunque no residan allí. Lo hacen (claro) a cambio de cientos o miles de euros, sin tener en cuenta que no es legal.

¿Dónde me empadrono? Una pregunta tal que así es la que se hacen cada año miles de inmigrantes recién llegados a España. La respuesta no siempre es sencilla. Al principio no es extraño que se alojen de forma temporal con familias o amigos y cuando quieren buscar una casa propia se encuentran con un hándicap (a parte de los precios disparados): no todos los caseros están dispuestos a que se censen. 

Llega una búsqueda rápida en redes o plataformas de anuncios para encontrar pisos en alquiler que dejan clara esa pauta: "No es posible el empadronamiento". Otros lo permiten, pero siempre y cuando la estancia dure un mínimo de meses.

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¿Por qué es importante? Porque aunque pueda parecer una formalidad burocrática, el empadronamiento es un trámite clave para los inmigrantes. Para empezar lo exige la ley, que deja claro que cualquier residente en España tiene que inscribirse en el municipio en el que habita. Si eso no fuera suficiente de por sí, el censo es el primer paso que debe dar cualquier migrante que quiera labrarse un futuro en el país: sin padrón no hay Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y se complican trámites como gestionar la tarjeta sanitaria o escolarizar a niños.

"El padrón es la manera que las personas en situación administrativa irregular tienen de demostrar el tiempo que llevan en el país. Para conseguir el arraigo social, el permiso de residencia, uno de los requisitos es probar que llevan tres años en España", aclara a ABC Daniela Montes, de la Oficina note de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de la Población Migrante del Ayuntamiento de Madrid. "Sin padrón no pueden hacerlo".

¿Cuál es la solución? Las redes. O al menos ahí es donde terminan muchos inmigrantes. Ante la tesitura de buscar una casa en la que empadronarse no pocos optan por lo más sencillo: acudir a redes sociales o plataformas de anuncios online y preguntar abiertamente. De nuevo llega una búsqueda rápida para confirmarlo. 

Si se teclea "empadronamiento Madrid" en Milanuncios uno de los primeros resultados es el de una persona que busca una "habitación con empadronamiento" a cambio de 350 euros. En Internet no solo se encuentran anuncios así. También los hay de gente que hace exactamente lo contrario: ofrecer inscripciones.

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¿Qué ofrecen exactamente? Hace unos días El País publicó un amplio reportaje en el que mostraba capturas de Milanuncios y Facebook en las que se ofrecen (de forma abierta, sin medias tintas), servicios de censo municipal. 

"Hacemos empadronamiento. Para personas que recién llegan o necesitan un empadronamiento para tramitar papeles nosotros se lo hacemos", se leía en un post de Milanuncios, hoy borrado. Otros post colgados en redes siguen activos tras varios meses. "Empadronamiento en Madrid centro, hay cupos para quien necesite empadronarse, sin adelantos y personalmente", se lee en uno de ellos.

¿De verdad es un negocio? Eso parece. En 2023 una reportera de ABC respondió a uno de sus anuncios, localizado por Wallapop, y acabó contactando con un hombre que se ofrecía a empadronar en su domicilio a inmigrantes recién aterrizados en España. Su gesto tenía poco de altruista. A cambio pedía 150 euros. 

No un caso aislado. Hay quien reclama 50 o incluso 300 euros. Otro anunciante con el que habló ABC exigía 3.000 euros a cambio de un empadronamiento de 12 meses. "Yo voy contigo al ayuntamiento y te empadrono en mi domicilio, dando permiso. Aquí te van a llegar multas, citaciones, y eso no es gratis". Su papel es clave porque para el registro es necesario disponer de un contrato firmado por el dueño de la vivienda, el comprobante del pago de alquiler, facturas o escrituras.

¿Tan frecuente es? No hay datos oficiales que permitan responder a esa cuestión, pero el tema lleva tiempo sobre la mesa, como lo demuestran las redes sociales y la hemeroteca. El País ha tocado el tema hace poco, pero el año pasado lo hizo RTVE, hace dos ABC… Prueba de que la práctica no es algo anecdótico es el testimonio de Mateo, un colombiano de 28 años que al llegar a Madrid con su pareja y mascota se encontró con el problema de dónde empadronarse. 

Su casero se negaba a entregarle los documentos que necesitaba para tramitar su censo por la vía legal, así que acudió a Facebook, donde contactó con personas que ofrecían empadronamientos. El primer intentó le salió mal. ¿El motivo? Al llegar a la ventanilla municipal donde debía presentar el formulario se encontró con que en el piso en el que iba a censarse figuraban ya más de 70 personas censadas.

¿Por qué es un problema? Más allá del evidente problema ético y moral (quienes venden censos se aprovechan al fin y al cabo de gente vulnerable), la ley arroja muchas sombras sobre esa práctica. El empadronamiento es un trámite obligatorio y gratuito y la normativa deja claro que la gente debe inscribirse en el domicilio en el que reside, no en otro en el que solo figura a nivel administrativo. 

Por si eso no fuera suficiente la Ley de Extranjería aclara en su artículo 53 que "consentir la inscripción en el padrón por parte del titular de una vivienda cuando no constituya el domicilio real del extranjero" supone una infracción grave. Una que acarrea multas cuantiosas que van desde 501 a 10.000 euros. El problema no es exclusivo de Madrid. Se da también en otras comunidades del país.

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Muchos millonarios, entre los que se encuentran Bill Gates o Warren Buffett, ya han concienciado a sus hijos de que, a su muerte, no van a heredar su enorme fortuna. En esos casos, incluso heredar un 1% ya implicaría hacerse millonario.

No obstante, la realidad del resto de los mortales es muy diferente y, en algunos casos, recibir una herencia no solo no es garantía de enriquecimiento patrimonial, sino que incluso puede que lo que se hereda sean deudas importantes que pueden poner en riesgo el patrimonio del heredero. ¿Qué hacer en esos casos?

Caso real: una deuda de 128.000 euros. En un caso reciente publicadopor Noticias Trabajo, una hija recibió una reclamación por parte de CaixaBank tras la muerte de su padre, quien había dejado pendiente una deuda de 128.000 euros con el banco. La entidad bancaria pretendía que su hija asumiera la deuda, pero la justicia aclaró que esto solo sería posible si ella antes aceptaba la herencia. Algo que la demandada no había hecho.

Mientras que el heredero no haga una aceptación oficial de la herencia, se produce lo que se denomina herencia yacente, en la que tanto la herencia como la deuda no tienen un titular definido hasta que no se produzca la renuncia de la herencia o su aceptación.

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Obligaciones de los acreedores y comprobación de deudas. Los acreedores, como en el caso de CaixaBank, pueden intentar reclamar las deudas a los posibles herederos tras la muerte del titular. Sin embargo, no pueden exigir el pago si la herencia no ha sido aún aceptada formalmente por ningún familiar.

Para saber si una herencia incluye deudas, es recomendable solicitar información en los registros de la propiedad, oficinas de catastro, bancos y consultar documentación testamentaria.

Cómo se gestionan las deudas hereditarias. Según el artículo 661 del Código Civil, los herederos asumen tanto los activos como las deudas y cargas de la herencia, por lo que tienen derecho a conocer tanto los bienes que van a recibir como las deudas si existieran antes de aceptarla. No es posible aceptar la herencia y rechazar las deudas.

El Código Civil prevé tres alternativas ante una herencia: la aceptación pura y simple, aceptación a beneficio de inventario y renuncia. Las más sencillas de entender en concepto son la renuncia, en la que se renuncia al conjunto del legado, formado tanto por sus bienes como por sus deudas, y la herencia (y sus acreedores) quedan sin persona contra la que reclamar el cobro.

Por otro lado, la aceptación pura y simple, implica la aceptación completa de la herencia, con las deudas y cargas que traigan vinculadas. Esta aceptación implica que el heredero se convierte en el nuevo deudor y deberá saldar las deudas pendientes con los acreedores del finado, así como los impuestos correspondientes.

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La tercera vía: aceptación a beneficio de inventario. Existe una tercera vía en la que, la liquidación de la deuda se realiza sobre los bienes que forman la herencia, de forma que primero se liquidan las deudas y el heredero recibe el sobrante tras saldarla.

Esta figura resulta especialmente indicada en caso de una deuda elevada porque, a diferencia de la aceptación pura y simple, en este caso el heredero no responde con su propio patrimonio personal, sino con el legado. Mientras que con una aceptación pura y simple los acreedores podrían comenzar a reclamar los importes debidos pidiendo el embargo del patrimonio personal que ya tuviera el heredero.

Esa deuda de la que usted me habla. El estatus de heredero no obliga a aceptar forzosamente la herencia y sus deudas, avales o cargas vinculadas. Si el importe de las cargas es superior a los bienes, basta con que ninguno de los herederos acepte la herencia y tanto el legado como la deuda pasará al Estado.

Pese a que existe una figura jurídica conocida como renuncia tácita, en la que se adivina un ánimo de no aceptar la herencia, lo más recomendable es dejar constancia de ello mediante un acta notarial. Con ese acto, se exime al heredero que ha renunciado de cualquier reclamación de la deuda o de cargas fiscales derivadas. Es decir, como si la herencia, sus deudas o sus obligaciones fiscales nunca hubiesen existido para quien renuncia a ella. Según datos del Consejo General del Notariado, en 2024 se produjeron 54.866 renuncias a herencias, buena parte de ellas por estar vinculas con deudas inasumibles por los herederos.

Una vez aceptada, se puede repartir. El legado va vinculado en la misma proporción de bienes y cargas, por lo que, en caso de que varios herederos acepten la herencia y sus cargas, lo harán en las mismas proporciones de bienes y deudas, que se repartirán por equitativamente entre ellos o en la proporción que acuerden en la escritura de herencia.

Eso significa que, si por ejemplo, hay tres herederos, cada uno asumirá un 33,3% de la herencia y sus deudas. Si uno de ellos no pagara su parte a los acreedores, estos no podrían pedirle responsabilidades al resto de herederos, puesto que esa deuda no les correspondería.

Por otro lado, el artículo 1082 del Código Civil establece que los acreedores también pueden exigir la liquidación de su deuda antes de hacer esa partición entre herederos, de forma que se satisface el montante total de la deuda y el resto se distribuye de forma equitativa entre los herederos.

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Pajaporte. El popularmente conocido como carnet porno o "pajaporte" tenía como nombre oficial "Cartera Digital beta". Que no era más que una aplicación móvil que gracias al uso de claves públicas o privadas permitiría verificar la edad del usuario y darle acceso a contenidos online de carácter pornográfico.

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Así funcionará el sistema de verificación de edad para acceder al porno en España: un reto técnico colosal

Dudas por doquier. Pronto aparecieron muchas dudas —incluso legales— sobre la viabilidad de un proyecto muy complejo a nivel técnico y con un escaso alcance en nuestro país. Además, los gobiernos llevan siglos tratando de ponerle puertas al porno y no les fue nunca demasiado bien.

El pajaporte, teóricamente en pruebas. Como señalan en El País, el pajaporte aún no existe a pesar de que debería haber estado listo para el "final del verano" de 2024. Esa era al menos la promesa del entonces ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. Su sucesor, Óscar López, declaró en el Senado el pasado 26 de febrero que la Cartera Digital "está siendo revisada en el Centro Criptológico Nacional para que tenga toda la seguridad, porque tiene que dar garantías a todos los ciudadanos". Aun así según La Vanguardia López aseguró que el Gobierno "ha encontrado una solución para garantizar privacidad y verificar la edad" y que la herramienta española está siendo "caso de estudio en Europa y lo mismo dentro de un año toda Europa la está aplicando".

Identidad digital europea (eIDAS2). La Unión Europea lleva años trabajando en el llamado 'European Digital Identity Wallet', una especie de carné de identidad digital que unificará DNI, contraseñas y todos los pagos en una misma aplicación. Esa iniciativa no está exenta de críticas, pero teóricamente acabará implantándose en noviembre de 2027 aunque las barreras son aún importantes. España intentó adelantarse con esta Cartera Digital centrándose en solucionar el problema del acceso al porno de los menores, pero la iniciativa española ha acabado convirtiéndose en un meme recurrente.

Caída en picado del tráfico. La web de contenidos para adultos Cumloouder, de la empresa asturiana Techpump, pide a sus usuarios de Barcelona y Madrid escoger un sistema de verificación de edad para acceder a sus contenidos. Por un lado, una app similar a Cartera Digital beta que hace necesaria la introducción del DNI. La segunda, una estimación con IA de la edad basándose en una imagen del rostro del usuario. Responsables de esta plataforma explicaban en El País cómo su tráfico ha caído un 85% tras implantar este sistema. Del 15% que acaba accediendo "un 3,38% hace la verificación y un 11,7% hace la estimación con IA, son  casi cuatro veces más prácticamente los que ponen su cara".

El porno (nacional) tendría que cerrar. Para los responsables de Cumlouder una caída del 85% en su negocio sería catastrófico. "El tráfico es negocio. Si llegamos a hacerlo para toda España, bajamos persiana", declaraba Javier Fernández, jefe de Tecnología de Techpump en declaraciones a El País.

La privacidad y protección de datos como reto. El pajaporte solo afecará a plataformas porno españolas, que como decíamos son las que menos utilizan los usuarios en nuestro país. A pesar de ello, esta medida podría perjudicarles porque la falta de claridad legal es preocupante. La CNMC ha tramitado varios expedientes  por la aplicación de la Ley Audiovisual de 2022, que obliga a tomar medidas necesarias para la protección de los menores en este ámbito.

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Las tradwives han sido una de las corrientes de Internet más potentes del año. También en el porno

Mejor dejo el negocio. De hecho la normativa está provocando un efecto contundente en esa industria. "No existe en el mercado ningún sistema que cumpla con la nueva Ley Audiovisual sin vulnerar los derechos de protección de datos", explicaba uno de los afectados por la regulación. Él acabó vendiendo el dominio y eliminando el contenido "para evitar posibles sanciones que podrían llevarme a la bancarrota". La CNMC ya multó con 308.529 euros a TechPump por su nulo control de edad, y este tipo de sanciones pueden ser una sentencia de muerte para plataformas más pequeñas.

Posible solución: nada de contenidos gratis. El fracaso del sistema de verificación ha hecho que Techpump opte por pasarse a una pasarela de pago, que hará que se filtre primero con una tarjeta de crédito. A partir de ahí pretenden crear un sistema de verificación para ofrecerlo a otras plataformas de contenidos para adultos. La CNMC ya indicó que el pago con tarjeta no basta para verificar que una persona es mayor de edad.

Reino Unido, un ejemplo paralelo. El país británico lleva también tiempo impulsando medidas para proteger a los menores del acceso a pornografía. Su Online Safety Act plantea alternativas para identificación y acceso a esos contenidos, entre los que están una identificación fotográfica, una estimación de la edad, comprobaciones con tarjetas de crédito o con servicios de identidad digital. Sin embargo no hay un sistema único ni definitivo, pero se supone según el regulador británico, Ofcom, que "para julio de 2025, todas las plataformas deberán disponer de una solución de garantía de edad muy eficaz para proteger a los menores de 18 años".

Imposible ponerle puertas al campo. Todo ello lleva a pensar en el colosal reto de poder controlar el acceso a contenidos pornográficos por parte de los menores de edad, algo que parece casi imposible a pesar de los esfuerzos de España o de la Unión Europea. Queda aún margen para que aparezcan opciones, desde luego, pero las posibles desventajas —sobre todo en materia de privacidad y de limitación de libertades— pueden ser obstáculos insalvables para estos proyectos.

Imagen | Xataka con Freepik

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El Ministerio de Consumo ha multado con 179 millones de euros a Ryanair y otras cuatro aerolíneas low-cost por el cobro abusivo del equipaje de mano. Una multa histórica con la que se pretende poner fin de una vez por todas a una práctica que afecta a millones de viajeros.

Las cifras. Ryanair es la compañía que ha recibido la mayor sanción. Le siguen Vueling y Easyjet y finalmente Norwegian y Volotea, que aunque realizan el mismo tipo de cobro, su facturación es considerablemente menor en España.

Así quedan las multas:

• Ryanair: 107.775.777 euros
• Vueling: 39.264.412 euros
• Easyjet: 29.094.441 euros
• Norgewian: 1.610.001 euros
• Volotea: 1.189.000,99 euros

El cálculo se realiza en base al beneficio ilícito obtenido. Según describe Consumo, unas sanciones de hasta seis y ocho veces el beneficio.

El Ministerio de Consumo se pone firme. A principios de verano, la Secretaría General de Consumo y Juego propuso una sanción de unos 150 millones de euros. Las aerolíneas tenían un plazo de tres meses para presentar recurso, pero el Ministerio ha decidido desestimarlos. Ahora se ha firmado la orden y se ha confirmado que desde el Gobierno se consideran estas prácticas como infracciones "muy graves".

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¿En base a qué el Gobierno decide si es una práctica abusiva? Fue a raíz de una denuncia de FACUA que derivó en una sentencia del juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid contra Ryanair. En esa resolución judicial se determinó que el cobro por el equipaje de mano y el cobrar por seleccionar asiento con personas dependientes era una práctica abusiva. Esta sentencia, junto a una resolución del TJUE de 2014 es en lo que se basa Consumo para decidir.

Y desde 2022 pueden multar. Fue en 2022 cuando el Estado consiguió las competencias directas para sancionar estas prácticas abusivas. El Ministerio de Consumo, entonces liderado por Alberto Garzón, modificó la Ley de Consumidores para poder sancionar a las grandes empresas que cometan fraude.

Estas sanciones máximas pueden ser de hasta el 4% del volumen de facturación y entre los factores a tener en cuenta se tiene la capacidad económica; el grado de culpabilidad, la existencia de intencionalidad; el carácter continuado; el número de consumidores afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.

Consumo pide que paren de inmediato, pero las aerolíneas tienen otros planes. Además de la multa, Consumo exige que las aerolíneas dejen de realizar estas prácticas, como el pago del suplemento por el equipaje de mano, el sobrecoste para elegir asientos en menores y personas dependientes, el no permitir el pago en metálico, las omisiones de información y las tasas desproporcionadas por imprimir la tarjeta de embarque.

Sin embargo, desde las aerolíneas tienen otra visión. La vía administrativa ha finalizado y es momento de pasar a la vía judicial. Ante la multa de Consumo cabe recurso ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses. Un recurso ante la justicia que las organizaciones que representan a las aerolíneas ya explican que van a realizar.

¿Es legal o ilegal el cobro del equipaje de cabina? Es la gran pregunta que falta por responder. El Gobierno se basa en una sentencia del juzgado de Madrid para justificar su decisión, pero las aerolíneas explican que se trata de una decisión unilateral y que no hay una ley que exponga que esta práctica es ilegal.

En respuesta a la multa de hoy, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) explica que es "un sinsentido", ya que España es el único país de la Unión Europea donde se quiere prohibir esta práctica. Algo que "supone un agravio comparativa respecto a los países de nuestro entorno".

"No es viable ni razonable plantear cambios en las políticas comerciales hasta que los Tribunales se pronuncien sobre esta decisión de Consumo, teniendo en cuenta los efectos tan perjudiciales que se podrían generar en los pasajeros", apunta Javier Gándara, presidente de ALA.

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La Eurocámara se posiciona sobre el equipaje de mano en los vuelos: las aerolíneas no pueden cobrar extras a los pasajeros

¿Está justificado? Las aerolíneas exponen varios argumentos para defender su posición. En primer lugar una cuestión de precios. Desde ALA exponen que "sancionar esta práctica limitará la opción de pagar solo por los servicios indispensables". Es decir, que si no pueden cobrar por la maleta de mano, pondrán ese precio para todos en el billete.

Por otro lado argumentan que entre el 30-40% de los pasajeros viajan sin equipaje de mano grande, al poder meter una mochila bajo el asiento. Y defienden esta práctica debido al tamaño limitado de los aviones. Si bien, esto no siempre es así ya que esta práctica se aplica incluso en vuelos donde muchos compartimentos van vacíos.

El problema: la jurisprudencia que hay no es suficiente. La justificación judicial viene de lejos. Consumo se basa en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra Vueling de 2014 en el que determinaba que se "obliga a las compañías aéreas, en cualquier circunstancia, a transportar no sólo al pasajero, sino también el equipaje facturado de éste, siempre que el equipaje responda a determinados requisitos relativos en particular a su peso, por el precio del billete de avión, sin que pueda exigirse ningún suplemento de precio por el transporte de tal equipaje".

Pero desde ALA se abrazan al Reglamento UE 10008/2008 donde se recoge el principio de libertad de fijación de precios. Y sobre esta sentencia exponen que Consumo hace "una interpretación retorcida de la misma".

El caso está previsto que llegue a los tribunales españoles antes de los próximos dos meses. Veremos hasta qué punto deciden las aerolíneas confrontar al Ministerio de Consumo en esta práctica.

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La web 'ayudavalencia.es' ya no está accesible. El Gobierno la ha bloqueado de manera urgente por indicios de fraude. Se trataba de una web donde se solicitaba ayuda para los afectados de la DANA de Valencia, pero la Policía Nacional ha recibido una denuncia y ha procedido a cerrarla.

El motivo: donaciones falsas. A raíz de la denuncia recibida por la Brigada Provincial de Información de Valencia de la Policía Nacional se ha detectado que en esta web se estaban pidiendo donaciones, pero esta ayuda económica eran donaciones fraudulentas a través de Bitcoin.

La Policía ha pedido inmediatamente ayuda a los operadores. Según explica el Gobierno, la Policía Nacional ha pedido inmediatamente el bloqueo del dominio. Para agilizar este proceso, Red.es ha solicitado a los principales operadores de telecomunicaciones el bloqueo de esta web. Una que ya no está accesible al menos desde ninguno de los grandes operadores.

Desde las Fuerzas de Seguridad del Estado explican que la investigación policial sigue su curso y piden a los ciudadanos que verifiquen los canales de ayuda que hay, ya que de algunos, como la web bloqueada, hay indicios de fraude.

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Qué es el bloqueo por DNS y por qué lo utiliza tu operador

Cierre de urgencia, sin pasar por el juez. La Policía ha actuado con celeridad. Debido a la naturaleza urgente de la situación con la DANA, el Gobierno ha pedido el bloqueo inmediato, sin esperar al inicio de un juicio ni contar con la autorización judicial. 

Se trata de una práctica habitual en operaciones policiales, donde se bloquean páginas web claramente fraudulentas. Durante la pandemia, la Policía Nacional llegó a cerrar más de 45.000 dominios web que eran utilizados para actividades criminales. 

¿Es legal? La reforma del Código Penal de 2015 habilitó el cierre de páginas webs cuando había "contenidos manifiestamente delictivos". Si la Policía detecta que una web es claramente ilegal, tienen la potestad para solicitar su bloqueo. 

Si bien en este caso de la web de 'ayudavalencia.es' la Policía parece tenerlo claro, hay muchas ocasiones donde puede no estarlo. Y el cierre de una web sin contar con la autorización del juez puede afectar a derechos fundamentales. 

En 2022, el Tribunal Supremo se pronunció por primera vez de forma clara sobre este asunto: "la Administración no puede acordar por sí sola la interrupción del acceso a un sitio web de contenidos informativos o de opinión". Una frase que tiene dos partes diferenciadas. Por un lado que el Supremo está en contra del cierre de webs por parte del Gobierno. Pero por otro lado especifica aquellas que sean de "información o opinión". No parece que la web de 'ayudavalencia.es' tenga un propósito más allá del de obtener donaciones fraudulentas. 

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El juicio por copyright más famoso de España llega a su punto final. Tras 16 años ahora sí que se han agotado todas las vías para seguir. Todo parecía terminado en 2019 cuando la sentencia del juzgado de Murcia absolvió a los administradores de SeriesYonkis. Pero no fue el caso, pues en marzo de este 2024 se volvió a abrir el caso cuando el Tribunal Constitucional decidió admitir a trámite una demanda de amparo. Afortunadamente no ha pasado ni un año y ya conocemos la decisión.

El Constitucional ratifica la absolución. Según ha adelantado ElDiario.es y ha confirmado el abogado del caso Carlos Sánchez Almeida, la sala segunda del Constitucional ha decidido por unanimidad rechazar el recurso presentado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y confirmar la absolución de los administradores de la web.

Por qué. La web de enlaces de descargas era legal en el momento que fue creada. A partir de la Ley de Propiedad Intelectual de 2015 se condenó este tipo de páginas web, pero la ley no puede aplicarse de forma retroactiva. Eso es lo que ha argumentado la defensa y el motivo por el que los distintos jueces han ido confirmando la absolución. 

Los gestores de derechos no han conseguido su objetivo. Organizaciones como EGEDA o Warner han intentado reabrir el caso,  exigiendo hasta 546 millones de euros de indemnización. Sin embargo, la postura del Constitucional ha sido unánime y no se ha admitido a trámite este recurso. 

La Justicia ha sido tajante y se ha respaldado claramente la sentencia de primera instancia. Cuando parecía que el famoso juicio iba a eternizarse de nuevo, el Constitucional ha decidido actuar con claridad. 

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