La Comisión Europea ha sancionado este jueves a la plataforma china de comercio electrónico con la mayor multa impuesta hasta ahora bajo la Ley de Servicios Digitales. Bruselas considera que Temu no ha sido capaz de detectar ni frenar la venta de artículos peligrosos que llegaban a los consumidores europeos, desde cargadores hasta juguetes para bebés.

Qué ha pasado exactamente. Bruselas acusa a Temu de “no haber identificado, analizado ni evaluado con la diligencia debida los riesgos sistémicos” derivados de ofrecer productos ilegales en su web, asegurando que esta práctica conlleva un “daño potencial” a los usuarios de la UE. Con ello incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la normativa europea que obliga a las grandes plataformas a vigilar lo que circula por sus servicios. Los 200 millones superan a los 120 que se impusieron a la red social X el pasado mes de diciembre, hasta ahora la sanción más alta bajo este reglamento.

En Xataka

La Comisión Europea quiere barrer a Huawei del mapa. España le ha dicho que no tan deprisa

Sin filtros. La Comisión sostiene que no se trata de un caso puntual de productos defectuosos, sino de un fallo en el propio sistema de seguridad de la plataforma. En palabras del Ejecutivo, “las pruebas recabadas indican que es muy probable que los consumidores europeos se encuentren con artículos ilegales en Temu”. El problema, por tanto, no estaría en un vendedor concreto, sino en la incapacidad de la empresa para filtrar lo que vende.

En detalle. La investigación se ha apoyado en varias fuentes. La principal fue un ejercicio de "compra de incógnito" encargado a un contratista independiente, que ha realizado pruebas de laboratorio sobre artículos elegidos al azar. Los resultados, según Bruselas, fueron preocupantes en tres categorías:

• Cargadores eléctricos: un porcentaje muy elevado no superó las pruebas básicas de seguridad, con riesgo de cortocircuitos y quemaduras.
• Juguetes y objetos para bebés: muchos presentaban peligros de gravedad media o alta, ya fuera por contener sustancias químicas por encima de los límites legales o por riesgo de asfixia debido a piezas que se desprenden.
• Joyería: también se detectaron irregularidades.

Según el comunicado, estos datos se contrastaron con controles aduaneros de los Estados miembros y con la base de datos europea de vigilancia del mercado (ICSMS). Las tres vías, según la Comisión, arrojaron porcentajes "altos o muy altos" de productos no conformes, aunque el organismo ha decidido no publicar las cifras exactas.

Bombardeo de productos. Además de los productos, Bruselas pone el foco en la tecnología de la plataforma. La Comisión critica que Temu no evaluó cómo el diseño de su propio servicio (los sistemas de recomendación y las campañas de promoción a cargo de influencers afiliados) podía estar amplificando la difusión de estos artículos. Además, según apunta el organismo, la empresa basó su evaluación de riesgos de 2024 en información genérica del sector y no en pruebas sobre su propia web, ignorando estudios externos (como informes de asociaciones de consumidores de Dinamarca y Finlandia) que ya alertaban del problema.

Qué dice Bruselas. "La evaluación de riesgos de Temu subestima riesgos específicos, carece de detalle, no se basa en pruebas sólidas y no es exhaustiva", contaba la vicepresidenta de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen. La comisaria finlandesa insiste en que estos análisis "no son meros trámites burocráticos", sino la columna vertebral de la DSA.

En Xataka

10€ de pedido, 30€ de aranceles: la UE acaba aprobar la madre de los aranceles para Aliexpress, Shein y Temu

Cuánto pesa la multa. Aunque la cifra es relativamente gorda, representa apenas el 0,38% de la facturación estimada de Temu para 2025 (calculada en unos 53.000 millones de euros), muy lejos del tope del 6% que permite la normativa. La Comisión justifica esa moderación porque la sanción es "proporcional" a otros aspectos que siguen bajo investigación. La situación lleva cociéndose desde 2024, a partir de las quejas de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y de 17 de sus asociaciones nacionales.

Y ahora qué. Temu tiene tres meses para pagar y hasta el 28 de agosto de este año para presentar un "plan de acción correctivo". Ese documento será revisado después por el Comité Europeo de Servicios Digitales, que dispondrá de un mes para emitir una respuesta. Tras ello, la Comisión tendrá otro mes para fijar la decisión final y en qué fecha se aplicará la multa. Si la empresa no corrige el rumbo, se expone a multas periódicas (diarias, semanales o mensuales) hasta que cumpla.

La compañía puede recurrir ante los tribunales europeos, pero Bruselas ya ha avisado de que la multa es definitiva y no pretende rebajarla aunque la empresa corrija su conducta.

Imagen de portada | François Genon y montaje propio

En Xataka | Europa ya acaricia lo que siempre fue un sueño: la fabricación industrial de cúbits para máquinas cuánticas

España ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. La norma adapta la legislación al marco establecido por la Unión Europea con la ley de IA y establece una serie de obligaciones y prohibiciones basadas en la clasificación del riesgo de estos sistemas. La normativa impone la supervisión humana obligatoria en sistemas de alto riesgo y extiende la responsabilidad más allá de la empresa que despliegue estos sistemas, alcanzando también a quienes hagan uso de ellos. 

Sanciones. En casos leves, se plantean sanciones desde 6.000 euros, como por ejemplo no cooperar con las autoridades, hasta 500.000 euros o el 0,5% de la facturación total. En casos más graves, la facturación se dispara hasta 35 millones o, en su defecto, el 7% de la facturación mundial en casos muy graves. También se plantean multas de 15 millones o el 3% de la facturación cuando se usen sistemas de alto riesgo sin supervisión humana.

En Xataka

Hemos llegado a un punto en el que los artistas tienen que explicar que han hecho sus obras sin ayuda de IA y no al revés

El doble rasero. La polémica surge porque estas multas no se aplican cuando es la administración quien incumple la norma. Si por ejemplo la policía o un ministerio hace uso de un sistema de IA calificado como prohibido, la ley contempla amonestaciones y actuaciones disciplinarias, pero nada de multas. El Gobierno defiende que se ha "subido el listón de autoexigencia" con medidas de transparencia, entre las que se encuentra la creación de un inventario público de todos los sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos. También introduce la figura del delegado de IA que se encargará de coordinar su uso.

Deepfakes. Se prohíbe la creación de deepfakes de caracter sexual y también la creación de pornografía infantil con herramientas IA. Los deepfakes que no caigan en estas categorías (por ejemplo de un político o un personaje público) no se prohíben, pero deben ir etiquetados como IA de forma "clara y distinguible" desde que se comparta por primera vez.

Etiquetado de contenido IA. El ministerio establece que los vídeos e imágenes deben llevar una marca de agua en una esquina de la imagen en la que se lea claramente las siglas AI. Para los audios generados con IA, deberá aparecer ese mismo sello en la aplicación correspondiente, bien sea Spotify, Apple Music u optro servicio. Si no se opta por esta etiqueta, será el  propio audio el que deberá incorporar una advertencia de que es generado con IA. La fecha para empezar a aplicar este etiquetado el 2 de agosto de este mismo año. 

Quién se encargará de controlarlo. La supervisión recaerá principalmente en la AESIA, la Agencia Española de Supervisión de la IA, pero se apoyará en otras autoridades como la Agencia Española de Protección de Datos para datos biométricos, el Consejo General del Poder Judicial para el ámbito judicial y el Banco de España para todo lo relacionado con el sistema financiero. Según El País, AESIA planea contratar 50 analistas antes de que acabe el año para realizar esta tarea. 

Cuándo entra en vigor. Se pretende que la ley entre en vigor antes de que termine 2027, pero la obligación del el etiquetado de datos con IA entrará en vigor el próximo 2 de agosto. Sin embargo, como la ley aún no se aplica, en la práctica significa que durante más de un año habrá obligaciones vigentes, pero sin capacidad real de imponer multas a las empresas que las incumplan. 

Imagen | Moncloa

En Xataka | Los deepfakes son mucho más que una broma de mal gusto. Ahora el Gobierno quiere que sean una vulneración del derecho al honor

Cada vez son más los usuarios que tienen un chatbot con IA de compañero para todo, ya sea ChatGPT, Gemini, Claude, u otro cualquiera. El problema viene cuando decidimos compartir datos sensibles con este tipo de herramientas, sobre todo con modelos comerciales producidos por grandes tecnológicas donde siempre vamos a tener la duda de hacia dónde viajan nuestros datos.

En este sentido, hay quienes comparten sus datos legales con el asistente, lo que puede desembocar en algo como ha ocurrido recientemente en Nueva York. Y es que un juez de la ciudad acaba de sentar un precedente histórico al considerar que cualquier conversación que se tenga con un chatbot es pública y por tanto no están protegidas por el secreto profesional abogado-cliente. Es decir: que todo lo que compartas con la IA puede acabar siendo usado en tu contra ante un tribunal.

En Xataka

La gran revolución de GPT-5.3 Codex y Claude Opus 4.6 no es que sean más inteligentes. Es que pueden mejorarse a sí mismos

El caso. Bradley Heppner, un ejecutivo acusado de fraude por valor de 300 millones de dólares, utilizó Claude, el chatbot de Anthropic, para consultar dudas sobre su situación legal antes de ser arrestado. Creó 31 documentos con sus conversaciones con la IA y posteriormente los compartió con sus abogados defensores. Cuando el FBI incautó sus dispositivos electrónicos, sus abogados reclamaron que esos documentos estaban protegidos por el privilegio abogado-cliente. El juez Jed Rakoff ha dicho que no.

Por qué no. Tal y como comparte Moish Peltz, abogado especializado en activos digitales y propiedad intelectual, en una publicación en X, la sentencia establece tres razones. Primero, una IA no es un abogado: no tiene licencia para ejercer, no debe lealtad a nadie y sus términos de servicio niegan expresamente cualquier relación abogado-cliente. Segundo, compartir información legal con una IA equivale legalmente a contársela a un amigo, por lo que no está protegido por secreto profesional. Y tercero, enviar documentos ‘no privilegiados’ a tu abogado después no los convierte mágicamente en confidenciales.

El problema de fondo. Así como recuerda el abogado, la interfaz de este tipo de chatbots genera una falsa sensación de privacidad, pero en realidad estás introduciendo información en una plataforma comercial de terceros que retiene tus datos y se reserva amplios derechos para divulgarlos. Según la política de privacidad de Anthropic vigente cuando Heppner usó Claude, la compañía puede revelar tanto las preguntas de los usuarios como las respuestas generadas a "autoridades gubernamentales reguladoras".

Dilema. El documento judicial revela además un agravante: Heppner introdujo en la IA información que había recibido previamente de sus abogados. Esto plantea un dilema para la fiscalía, según cuenta Peltz. Y es que si intenta usar esos documentos como prueba en el juicio, los abogados defensores podrían convertirse en testigos de los hechos, lo que potencialmente forzaría la anulación del juicio.

En Xataka

Mistral no genera hype, es una IA discreta, no dispara las acciones de ninguna empresa, pero ya gana más dinero que Grok

Qué significa para ti. Si estás involucrado en cualquier asunto legal, según esta sentencia, lo que compartas con una IA puede ser reclamado por un juez y usado como prueba. No importa que estés preparando tu defensa o buscando asesoramiento preliminar, ya que cada consulta puede acabar convirtiéndose en un factor en tu contra. Y no solo aplica a casos criminales: divorcios, disputas laborales, litigios mercantiles... cualquier conversación con IA sobre estos temas escapa de la protección legal.

Y ahora qué. Peltz señala que los profesionales del derecho deben advertir explícitamente a sus clientes de este riesgo. No se puede asumir que la gente lo entienda intuitivamente. La solución que menciona pasa por crear espacios de trabajo colaborativos con IA compartidos entre abogado y cliente, así cualquier interacción con la inteligencia artificial ocurrirá bajo la supervisión del abogado y dentro de la relación abogado-cliente.

Imagen de portada | Romain Dancre y Solen Feyissa

En Xataka | Doblar la ropa o desmontar LEGOs ha sido siempre una tarea tediosa. La nueva IA de Xiaomi para robots le ha puesto fin

El Ministerio de Trabajo prevé aprobar mediante real decreto ley la ampliación del permiso por fallecimiento de familiares hasta 10 días. Si bien la fórmula permitiría su entrada en vigor inmediata tras el Consejo de Ministros, existe el riesgo de que la medida acabe siendo tumbada posteriormente en el Congreso. 

Tal y como comparte El País, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confirmó este martes que "la intención sería que la norma que aprobara los permisos por duelo y fallecimiento fuera una norma urgente" y que su "predisposición es hacerlo mediante un real decreto ley en breve".

La estrategia del Gobierno. Al tramitar la norma como decreto ley en lugar de como anteproyecto de ley ordinario, el ministerio que dirige Yolanda Díaz busca que la ampliación de permisos se aplique de forma inmediata, sin esperar a completar todo el procedimiento parlamentario. Eso haría que la medida entrase en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, aunque requiere después la convalidación del Congreso en un plazo máximo de un mes. Según cuenta el medio, durante ese periodo, los trabajadores que sufran un fallecimiento familiar podrían acceder ya al permiso ampliado.

En Xataka

No sabemos si prohibir las redes sociales a los menores de 16 años va a solucionar el problema. Sí sabemos que va a generar otros

Acuerdo. Trabajo pactó con CCOO y UGT el pasado 15 de diciembre extender el permiso retribuido por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) desde los dos días actuales (ampliables a cuatro en caso de desplazamiento) hasta 10 días. Estos podrían utilizarse de forma continuada o discontinua dentro de las cuatro semanas posteriores al fallecimiento.

Además, tal y como comparte El País, el acuerdo incluye un nuevo permiso de 15 días para cuidados paliativos, divisible en dos fracciones durante un periodo de tres meses, y un día de permiso para acompañar a quien vaya a recibir la eutanasia, independientemente del vínculo familiar.

Rechazo. La patronal CEOE y Cepyme se han opuesto a la propuesta porque consideran que "supone un nuevo intento de trasladar a las empresas el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre cuidados que corresponde asumir a la Administración", según indicaron en un comunicado. La falta de consenso en el diálogo social marca la postura del PP, que ya ha anunciado su voto en contra siguiendo su criterio de rechazar medidas laborales que no cuenten con el respaldo conjunto de sindicatos y patronales.

Voto clave en el aire. La aritmética parlamentaria convierte a Junts y PNV en piezas decisivas para aprobar o no la medida. Tal y como apuntan desde El País, los nacionalistas catalanes ya se unieron junto a PP y Vox para tumbar la reducción de jornada y han mantenido posiciones muy críticas con otras propuestas rechazadas por sindicatos y patronales, como la subida de la cuota de autónomos. Para que la medida se apruebe, el Ejecutivo necesitaría el apoyo de toda la izquierda más el respaldo de Junts y PNV, o al menos el sí de uno y la abstención del otro.

En Xataka

Primero fue el tabaco, luego fue el azúcar, ahora le toca al móvil: cada vez toleramos menos estar enganchados a las redes

Comparaciones con Europa. Trabajo viene subrayando el atraso de España frente a países vecinos en lo que respecta al permiso por fallecimiento. Desde el medio señalan que Portugal amplió en 2023 el permiso retribuido por fallecimiento del cónyuge hasta 20 días, igualándolo al de hijos, mientras que en Francia se conceden 12 días laborables por deceso de hijos y 14 si el fallecido es menor de 25 años. Según el ministerio, los dos días actuales en España resultan insuficientes para afrontar un duelo.

Un voto polémico. Que se apueste por llevar la medida a través de un decreto ley responde a una intención clara por dificultar el rechazo por parte de la oposición, ya que se trata de una medida de alta sensibilidad social. "sufrir por la muerte de un hijo o de una hija" no es "una cuestión ni de derechas ni de izquierdas", contaba Pérez Rey al medio.

Imagen de portada | Wikimedia Commons

En Xataka | Los deepfakes son mucho más que una broma de mal gusto. Ahora el Gobierno quiere que sean una vulneración del derecho al honor

Si vas de visita a Londres, es posible que hayas visto que de algunos puentes que cruzan el río Támesis cuelga una enorme bala de paja. Nadie se la ha dejado allí por error, se trata de un sistema de señalización que data del siglo XVIII.

Aviso a navegantes. El motivo de colgar una bala de paja de los puentes que cruzan el Támesis viene de un antiguo reglamento del puerto de Londres. La cláusula 36.2 de los estatutos indica que se debe colgar una bala de paja "cuando la altura libre de un arco o el vano de un puente se reduce con respecto a sus límites habituales", es decir, que se trata de una señalización para que ningún barco se golpee contra el puente.

En Xataka

"Estamos desconcertados": la carta que alguien envió hace un siglo en Londres y que ha llegado ahora a su destino

Dudosa efectividad. Cuando se aplicó la ley por primera vez tenía sentido usar algún elemento físico como advertencia de que un puente estaba más bajo de lo habitual. Por aquel entonces, el Támesis era la principal vía de acceso de mercancías a la ciudad y estaba muy concurrido, por lo que era necesario usar señalizaciones. Lo llamativo es que se haya mantenido a lo largo de los siglos, sobre todo teniendo en cuenta que existen métodos más efectivos para señalizarlo, especialmente de noche cuando puede que la bala no se distinga bien. 

Casos recientes. No es una rareza, el sistema se aplica religiosamente cada vez que hay cualquier trabajo que reduzca aunque sea un poco la altura de un puente. Sucedió en 2023 en el puente peatonal Millenium, en 2024 en el puente East India Dock Road, en 2025 en el puente ferroviario de Barnes y en el puente de Charing Cross. Los responsables de colgar la bala de paja son los contratistas que realicen los trabajos correspondientes. Si no lo hacen, se enfrentan a multas de hasta 5.000 libras.

Una costumbre muy inglesa. Hay más leyes pintorescas que siguen vigentes en Reino Unido, como la que establece que ciertas especies de peces son propiedad de la corona (ballenas, delfines o esturiones) o la 'Salmon Act', que establece como delito el "manejo sospechoso de un salmón", en referencia a la pesca furtiva. Hay otras que por lo que sea no siguen aplicando, como la Licensing Act de 1872 que prohibían estar borracho en un lugar público.

Imágenes | Wikipedia

En Xataka | El pionero de la cirugía moderna hoy sería considerado un peligro: Robert Liston, "el cuchillo más rápido de Londres"

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, asegura que la compañía no aplicará desde el 1 de enero las nuevas indemnizaciones aprobadas por el Congreso. Argumenta que la medida es "inconstitucional y genera desigualdad frente a Iryo y Ouigo".

Conflicto. El Congreso aprobó en noviembre una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible que obliga a Renfe a recuperar sus antiguas compensaciones por retrasos. Estas son devolución del 50% del billete desde los 15 minutos de demora y del 100% desde los 30 minutos. Actualmente, tras el cambio que hizo la operadora en julio de 2024, solo devuelve dinero a partir de los 60 minutos (50% del importe) y 90 minutos (100%). La enmienda, que contó con el apoyo de Vox, Junts, ERC, PNV, Podemos y BNG, fija el 1 de enero de 2026 como fecha de entrada en vigor.

La posición de Renfe. Fernández Heredia, ha declarado en RNE que "en principio, no" habrá cambios el próximo jueves en las condiciones de viaje. Según el presidente de la operadora, la Abogacía del Estado está estudiando fórmulas legales para evitar aplicar la disposición. "Tenemos un dictamen jurídico que dice claramente que es inconstitucional", ha explicado en El País, argumentando que vulnera principios como la igualdad de trato, la libertad de empresa y dos reglamentos europeos sobre servicios de transporte ferroviario.

En Xataka

Creíamos que la retirada de Ryanair de algunos aeropuertos regionales iba a ser su fin: otras aerolíneas han visto su oportunidad

El coste económico según la operadora. El presidente de la institución cifra el impacto de la medida en más de 125 millones de euros anuales, muy por encima de los 43 millones que Renfe pagó en indemnizaciones durante 2023. Según aclara Fernández Heredia, el incremento no se debe solo a más incidencias, sino a que la enmienda amplía las compensaciones a todos los servicios comerciales de larga distancia, incluyendo Avlo, Alvia e Intercity, no solo al AVE. "El que redactó esto no sabía lo que estaba haciendo", señalaba al medio.

Las consecuencias para el viajero. El presidente de Renfe advierte de que aplicar las nuevas indemnizaciones provocaría una subida de tarifas del 10% y desplazaría hasta un 5% de los pasajeros hacia la competencia. Además, alerta de que "se pondrían en grave riesgo" servicios deficitarios que Renfe mantiene en zonas donde Iryo y Ouigo no operan. "Si queremos que sea más barato, dé los servicios deficitarios y pare donde no para nadie, lo que no queremos es la liberalización", declaraba en RNE.

Desigualdad. El núcleo del argumento de Renfe es la asimetría regulatoria. Y es que mientras este operador tendría que devolver parte del dinero desde los 15 minutos de retraso, Ouigo comienza a compensar a partir de los 30 minutos (con vales de compra) e Iryo desde los 30 minutos también. Ambas competidoras solo devuelven el 100% del importe desde los 90 minutos de demora, igual que hace ahora Renfe. "No creo que esto se haga porque se quiera mejorar las condiciones de los viajeros, sino por un ataque a Renfe", ha afirmado Fernández Heredia en El País.

En Xataka

Madrid quiere echarle 110.000 toneladas de peso encima a la M-30. Y el reto no es técnico: es no colapsar la vía

Batalla legal en marcha. Fuentes del Ministerio de Transportes calificaban la enmienda al medio 20 Minutos de "demagógica y populista". El ministro Óscar Puente anunció tras la aprobación de la ley que buscarían fórmulas para impedir su aplicación, algo que Fernández Heredia ha confirmado que está en estudio. El presidente de Renfe lamenta que la compañía “no esté legitimada para recurrir al Tribunal Constitucional, lo que genera inseguridad a la hora de defendernos”.

Heredia la tacha de populismo político. El presidente de Renfe fue muy crítico con los grupos parlamentarios que apoyaron la medida. "Fue un tortazo al Gobierno en la cara de Renfe", tal y como recogía El País. "Es una medida populista porque no dicen que esa medida implica 'subir precios' y que va a beneficiar a las 'otras dos empresas'", añadía en la entrevista de 'Las Mañanas de RNE'. El presidente de la operadora ha pedido explicaciones al PP, Podemos y BNG sobre por qué la obligación solo afecta a Renfe. "Si queremos dar una política garantista y mejores compensaciones, lo lógico es que fuera para todos los viajeros".

En Xataka | El transporte público encara 2026 con ayudas prorrogadas y el Abono Único aprobado: aún queda un paso por delante

Hoy, cualquier ciudadano sueco puede solicitar los ingresos anuales que declara su vecino, amigo o familiar. Basta con hacer una petición a la agencia tributaria del país nórdico o a través de páginas web especializadas y de pago como Ratsit. En España no existe esta posibilidad, más allá de contar con el derecho a solicitar el registro retributivo de una empresa a través de la representación legal de los trabajadores y sin obtener información específica de una persona. 

La diferencia entre ambos países de la Unión Europea radica en que Suecia cuenta con la legislación sobre transparencia de información y datos públicos más antigua del mundo. 

Desde 1766, año en el que consagraron la Ley de libertad de prensa en su constitución —la normativa actual es de 1949—, los suecos tienen el derecho a acceder a documentos públicos, gozan de la garantía del anonimato de las fuentes y los empleados del Estado están amparados para divulgar información pública directamente o a través de intermediarios. En España, la Ley de Transparencia entró en vigor en 2013, aunque el derecho de acceso a la información pública se formuló como ley en 1992. 

En Xataka

Hay empresas experimentando con hacer públicos los salarios de todos sus trabajadores. Y les está yendo muy bien

Esta cultura de la transparencia en Suecia, impulsada desde la Administración pública desde hace más de dos siglos, ha derivado, entre otras cosas, a saber cuánto ingresa en un año cualquier residente en este país. Una información que muchas personas utilizan para solicitar una subida en la próxima revisión salarial o para saber a qué pueden aspirar si están en un proceso de selección. 

(Jon Flobrant/Unsplash)

“Trabajo en la universidad y conozco a compañeros que hacen una solicitud para conocer lo que cobran otras personas que trabajan aquí porque quieren asegurarse de que su salario es bueno”, sostiene Sanna Volny, profesora adjunta de periodismo en la Universidad de Södertörn (Estocolmo). Volny también pone como ejemplo una situación que vivió el novio de su hija, que es médico: cuando estaba buscando trabajo, escribió un e-mail al departamento de recursos humanos de un hospital público preguntando por los salarios para saber qué tenía que pedir en el caso de ser contratado. 

“La transparencia en los salarios también puede provocar que los sueldos sean más altos”, apunta la profesora que da clases de periodismo de datos, haciendo referencia a un intenso debate que se produjo en Suecia a principios de los 2000 sobre la transparencia salarial de los altos directivos de empresas. 

En Xataka

La transparencia salarial parece buena idea. Un estudio revela que tiene importantes inconvenientes

En 2006, llegó al Parlamento como forma de propuesta de ley. “Pensábamos que este debate haría que se redujesen los salarios por aquello de que sería vergonzoso tener un salario muy alto. Y funcionó al revés, algunos CEO empezaron a hacer público lo que cobraban y esto hizo que aumentasen”. 

Aparte de información salarial, en otras páginas web suecas como Merinfo.se, con teclear el nombre y apellido de una persona en el buscador y hacer clic, es posible conocer la la edad que tiene, su domicilio, con quién está casada o el tamaño de su vivienda, entre otros datos. 

(Claudio Schwarz/Unsplash)

“Cuando trabajaba de vendedor telefónico ayudando a los clientes a encontrar mejores préstamos privados, utilizaba páginas como Merinfo para obtener información de las personas con las que hablaba. Desde dónde vivían, hasta si era un piso de alquiler o una casa comprada”, dice Vilmer Volny, hijo de 24 años de Sanna Volny. “Luego hay otras web en las que pagas como cinco dólares y puedes conseguir más información”, agrega.

Este joven universitario también cuenta cómo cuando “tenía algo más de diez años” perdió su documento de identidad, alguien lo encontró y le mandó un mensaje a su teléfono móvil. Quedaron y se lo devolvieron. Hace tan solo un par de meses le sucedió algo parecido, pero a la inversa: “Me encontré el móvil y el documento de identidad de una chica de 16 años en el metro. Tecleé su número de identificación en Merinfo para buscar el teléfono de sus padres y les llamé para devolverles todo”.

Uno de los países menos corruptos del mundo   

“Da un poco de miedo, pero supongo que en Suecia es algo normal [el nivel de transparencia]”, opina Vilner Volny. “Que puedas comparar tu salario con el de otros me parece que está bien, aunque con consultar el salario medio para un puesto de trabajo podría ser suficiente y que así no esté vinculado a una personal. No sé, es algo privado”, apostilla el joven sueco. 

En opinión de su madre, Sanna, “tener una tradición de transparencia, así como la libertad de informar, son muy importantes para reducir el nivel de corrupción”. La docente menciona cómo, según Transparencia Internacional, “Suecia es uno de los países menos corruptos, pero está aumentando”. En 2024, el país nórdico se situó en el octavo puesto del ranking de referencia para medir la corrupción en el mundo con 80 puntos sobre 100, dos menos que en 2023, año en el fue puntuado con 82. Por su parte, España ocupó el puesto 46 con 56 puntos (cuatro menos que en 2023).  

En Xataka

Europa va a imponer el fin del “secreto salarial”: los salarios de todos los empleados serán públicos a partir de 2026

En lo que respecta al derecho a informar que menciona la docente, se refiere al derecho a divulgar información reconocido en la normativa de libertad de prensa de 1949, que incluyó el anonimato en su ejercicio y la prohibición de revelar las fuentes si estas mismas piden no ser reveladas. 

En las décadas posteriores, en Suecia se ha prohibido investigar la identidad de las fuentes tanto para denunciantes del sector público como para trabajadores del sector privado —desvelar irregularidades que afecten al interés público o delitos relacionados con abusos de fondos públicos—. Este derecho a informar no incluye documentos públicos calificados como “secretos”, que en caso de hacerlos públicos supone un delito penado con multas o prisión de hasta un año. 

(Jessica Guzik/Unsplash)

Precisamente, en los últimos meses, un hecho ha salpicado al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, por una supuesta revelación de secretos de Henrik Landerholm, ex Asesor de Seguridad Nacional de Suecia y viejo amigo del líder del ejecutivo sueco. 

Landerholm fue acusado de un supuesto manejo negligente de información clasificada al dejar, en marzo de 2023, unos documentos en una caja fuerte sin cerrar en un hotel de Estocolmo. Cuatro de ellos comprometían la seguridad del país y los encontró el personal de limpieza. En septiembre de 2025 fue absuelto por la justicia. Meses antes de conocerse la resolución de los tribunales, Landerholm había dimitido de su puesto. 

En Xataka

Cuánto se cobra realmente en las tecnológicas españolas: de los 27.000 euros como junior a los 170.000 euros

A pesar de este blindaje de libertad de prensa y de información a nivel legislativo y constitucional, Suecia no se libra de situaciones en las que empresas han perseguido a algún empleado por denunciar malas praxis públicamente. Uno de los últimos casos tuvo lugar durante la pandemia de la covid, cuando la auxiliar de enfermería Stine Christophersen informó a los medios de que no se habían tomado las medidas necesarias para evitar las muertes de ancianos en la residencia en la que trabajaba. 

Desde su empresa, Attendo, la amenazaron con el despido por escrito. Dos de los tres empleados de esta compañía fueron condenados en el tribunal de distrito por violar la Ley sobre la protección de los denunciantes en determinadas empresas individuales (promulgada en 2017).

La transparencia y el periodismo: Suecia versus España 

Desde que un ciudadano sueco solicita datos públicos, esa información tiene que ofrecerse desde la Administración pública de la forma más rápida posible, tal y como indican las diversas normativas que rigen la transparencia de este país. 

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia confirman a Xataka que “hay un deber de responder rápido, lo que significa que si estás trabajando en algo, lo tienes que dejar a un lado para repasar lo que te solicitan y ver si alguna información que requieren está bajo secreto o no”. Las mismas fuentes reiteran que “tienen mucha presión” para ofrecer la información lo antes posible, “ en un par de días como máximo”. 

En Xataka

Buenas noticias, los salarios en España están subiendo: el problema es que si eres joven seguramente no lo sepas

La fluidez y rapidez a la hora de contar con información pública facilita la labor de los periodistas suecos, que tienen que cumplir con su misión de fiscalizar al poder. De hecho, según Reporteros sin Fronteras (RSF), Suecia ocupa el cuarto lugar en el Índice de Libertad de Prensa de 2025, por detrás de Noruega, Estonia y Países Bajos. 

Esta clasificación valora el grado de libertad que gozan los periodistas y medios de cada país analizado, y los esfuerzos que se hacen desde los gobiernos para salvaguardar esa libertad de prensa. España ocupa el vigésimo tercer puesto en este índice que elabora RSF. 

(Elena Saharova/Unsplash)

“Frente a un modelo de cultura de la transparencia, como es el caso sueco y el de otros países nórdicos, España y en los países mediterráneos hay mucho camino por recorrer”, señala Ramón Salaverría, catedrático de periodismo en la Universidad de Navarra y autor del estudio "The promise of the transparency culture. A comparative study of access to public data in Spanish and Swedish newsrooms", realizado a cuatro manos con la profesora universitaria sueca, Ester Appelgren, y publicado en la revista académica Journalism Practice en 2018. 

“España fue una de las últimas democracias occidentales en aprobar una ley de transparencia [entró en vigor en 2013]”, explica Salaverría. “Sí, contamos con una ley, pero no existe una tendencia proactiva a la transparencia. Y mi impresión es que no se ha avanzado apenas y no ha hecho más que empeorar ya que a la falta de rendición de cuentas por parte de los poderes públicos se une el problema de la desinformación y la desconfianza hacia los medios que deberían controlar a los poderes públicos”, opina. 

En Xataka

La precariedad laboral se impone entre los jóvenes y el salario no les llega: el "sueldo en B" gana cada vez más adeptos

El Portal de Transparencia para realizar peticiones de información al gobierno central español entró en funcionamiento en diciembre de 2014 y muchas comunidades autónomas siguieren su ejemplo y han puesto a disposición de la ciudadanía española los suyos propios. 

Pablo Jiménez Arandía es un periodista freelance que realiza investigaciones sobre el impacto de la tecnología en la sociedad y a nivel ambiental, y cuenta con años de experiencia realizando peticiones a Transparencia. “La ley española suele dar un mes de plazo para contestar a una solicitud, pero es muy habitual llegar a los dos meses. En ocasiones he esperado hasta seis meses y otras veces deniegan la petición”, sostiene el periodista autor de reportajes como uno publicado en El Confidencial en abril de 2023 sobre un modelo de inteligencia artificial que utiliza el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) desde 2018 para rastrear bajas laborales y “cazar” fraudes. 

(Dawid Tkocz/Unsplash)

“Una vez publicamos el artículo, seguí realizando peticiones a Transparencia porque falta mucha información; son algoritmos que llevan años funcionando”, cuenta Jiménez. “Me han seguido dando información hasta que en una de las solicitudes les pedí el código fuente del modelo de IA, pero el ministerio de Seguridad Social se ha negado a dármelo alegando secreto profesional y a la propiedad intelectual e industrial”, detalla. 

El periodista residente en Barcelona ha contado esta situación en otro artículo publicado el pasado mes de marzo en el mismo medio y bajo el título "La Seguridad Social se niega a desvelar su IA para rastrear bajas laborales. Y eso te afecta". Explica cómo presentó una alegación al Consejo de Transparencia, órgano que le dio la razón, y ahora el caso ha llegado a la Audiencia Nacional a través del INSS. 

En Xataka

Por primera vez en España un algoritmo público deberá mostrar sus entrañas: la "doctrina BOSCO" sienta precedente

Puede que el precedente que se ha sentado el pasado mes de septiembre con una sentencia del Tribunal Supremo a favor de dar el acceso a la Fundación Ciudadana CIVIO al código fuente de Bosco, un aplicación que decide quién recibe y quién no el bono social, favorezca la particular lucha emprendida por Pablo Jiménez Arandía por mejorar la transparencia en España con un nuevo caso que sume precedentes. Mientras, toca esperar.

“España ha avanzado mucho en cuestiones sociales y de calidad democrática en un corto periodo de tiempo, pero en el asunto de la transparencia estamos bastante atrás con respecto a otros países europeos”, subraya. “La cultura de la transparencia tiene que asentarse con el trabajo de las autoridades oficiales, lo que en el caso de España suponemos que llevará tiempo”, exponen desde el Ministerio de Exteriores sueco. 

En Xataka | La cruda realidad de los salarios en España: el sueldo bruto más frecuente en 2023 no superó los 16.000 euros al año

En Xataka | Una comparación dolorosa: lo que cobra un ingeniero informático en España frente a lo que cobran sus homólogos en Europa

Imagen | Hanlin Sun

Te encuentras una cartera tirada en un vagón del tren y no hay nadie alrededor a quien se le haya podido caer. En su interior, más de 800 euros en efectivo. Es lo que le pasó a Carmen, vecina de Pamplona, hace ya dos años. En un acto de honradez, la mujer llevó la cartera a la Policía Nacional. Dos años después, puede decir eso de que ser honrado tiene recompensa. Al menos si esperas lo suficiente.

Qué ha pasado. Lo cuentan en el Diario de Navarra. En noviembre de 2023, Carmen  cogió un tren y en uno de los vagones se encontró con una cartera repleta de billetes. Pertenecía a un ciudadano turco y, además de la documentación y tarjetas de crédito, contenía 817,96 euros en efectivo. Entregó la cartera y todos sus contenidos en una comisaría de la Policía Nacional, la misma en la que dos años después le han dado todo el dinero porque nadie lo había reclamado.

En Xataka

Llevo años sin dinero en efectivo encima: estas son las pocas ocasiones en las que he tenido problemas

Es ley. El Código Civil, publicado en 1889, es el que regula lo que se debe hacer con los objetos perdidos. En concreto, el artículo 615 es el que indica cómo proceder cuando se encuentra un objeto. Lo primero es devolverlo a su poseedor y, si éste no se conoce, hay que entregarlo a las autoridades, que deberán tratar de localizar al propietario y custodiar el objeto. Si pasan dos años desde el hallazgo y nadie lo ha reclamado, el objeto se entregará a quien lo haya encontrado. 

Previsora. Cuando entregó la cartera a la Policía, Carmen fue informada de esta legislación y decidió que, además de honrada, también iba a ser previsora. Se puso una alarma en el móvil para que no se le olvidara y, dos años después, ha vuelto a la comisaría donde le han hecho entrega de los 817,96 euros que nadie había reclamado. No es el primer caso en el que la honradez acaba siendo recompensada. En 2024, dos vecinas de Almassora recibieron 600 euros que habían encontrado tirados en plena calle. 

Apropiación indebida. Probablemente muchas personas se habrían quedado con el dinero y devuelto solamente la cartera. En este caso, se trataría de un delito de apropiación indebida que, dependiendo del valor, puede ser objeto de una pena de multa de tres a seis meses. En el caso de que el objeto encontrado tuviera  "valor artístico, histórico, científico o cultural" podría suponer una pena de prisión de seis meses hasta dos años.

Imagen | Catalin Cardei, Pexels

En Xataka | La estafa del "hijo en apuros" llevaba años causando estragos en toda España. La policía al fin la está desarticulando

Con la llegada del teletrabajo y la jornada híbrida, la línea que separa la vida laboral de la vida personal se ha hecho cada vez más delgada, y se difumina todavía más cuando entran en juego los dispositivos electrónicos que facilita la empresa.

Como recuerda El Mundo Deportivo, el uso de móviles de empresa y aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram ha derivado en que muchos empleados reciben mensajes de sus jefes incluso después del horario laboral. Para frenar esta práctica, el Estatuto de los Trabajadores incluye un artículo en el que se protege a los empleados (y a los jefes) con el derecho a la desconexión digital, bajo sanciones que pueden llegan hasta los 7.500 euros.

Antes de nada: ¿de quién es el móvil? Antes de comenzar a desgranar los límites de la desconexión de datos conviene establecer una base: el empleado no está obligado a facilitar o compartir con la empresa o con sus compañeros sus datos personales, ni hacer uso de su dispositivo personal para fines laborales.

En Xataka

Cómo bloquear para que no se compartan tus mensajes de tus chats de WhatsApp ni se puedan bajar fotos o vídeos

Eso significa que, si la empresa no ha facilitado un móvil y una línea telefónica de empresa, el número de teléfono personal del empleado no puede ser incluido en grupos de WhatsApp ni otras apps similares por la empresa. Esto supondría una infracción del artículo 5 de la Ley de Protección de Datos al difundir sin consentimiento datos personales como el número de teléfono del trabajador.

En caso de que tanto el dispositivo como la línea telefónica sean propiedad de la empresa, sí pueden implementar este tipo de comunicaciones porque, en ese caso, los datos que se comparten no pertenecen al trabajador sino a la empresa.

Derecho a la desconexión fuera de la jornada. No obstante, aunque las comunicaciones no vulneren la normativa de protección de datos, el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, reconoce de forma explícita el derecho a la desconexión digital fuera de la jornada laboral, prohibiendo a la empresa realizar cualquier tipo de comunicación con el empleado, aunque los dispositivos desde los que se realiza sean de su propiedad.

Según la normativa, el trabajador no está obligado a responder a esas comunicaciones. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia va un poco más allá y establece la prohibición absoluta a las empresas de enviar comunicaciones a los trabajadores fuera de su horario laboral, ni siquiera debería cuando no se espera una respuesta.

En Xataka

Tu empresa te obliga a entrar en el grupo de WhatsApp: cómo está la legislación y qué derechos tienes para negarte

Intimidad digital y control empresarial. El artículo 20 bis también protege explícitamente la "intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador". Esto quiere decir que, incluso cuando se usan móviles o portátiles de empresa, la actividad del empleado fuera de su horario laboral no debería monitorizarse sin justificación ni consentimiento.

El único caso en el que la empresa podría supervisar estos dispositivos sería si existe una política interna clara y justificada basándose en el control laboral que así lo permitiera. No obstante, el artículo 20 bis advierte que esta supervisión nunca puede invadir la vida y comunicación personal del empleado, por lo que cualquier intento de geolocalización o monitorización fuera del horario estaría fuera de la legalidad.

Sanciones para las empresas infractoras. El incumplimiento del derecho a la desconexión habilita a la Inspección de Trabajo a imponer una serie de sanciones en caso de que la empresa mantenga contactos reiterados fuera del horario laboral, especialmente cuando estos se producen sin justificación ni compensación.

Dependiendo de la gravedad del caso y del tamaño de la empresa, las multas pueden oscilar desde los 751 euros a los 7.500 euros según la gravedad de las faltas o el tamaño de la empresa. Estas sanciones buscan frenar prácticas abusivas que vulneren el descanso y la intimidad de los trabajadores.

En Xataka | 55.245 euros por comerse un sándwich y una cerveza: Mercadona debe indemnizar a una empleada por despido improcedente

Imagen | Unsplash (Firmbee.com)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha marcado un antes y un después en la protección del derecho a la desconexión digital de los trabajadores en España. Por primera vez, una empresa ha sido condenada por enviar correos electrónicos de trabajo a una empleada que se encontraba de baja médica.

La sentencia se considera pionera porque, aunque otros países como Francia y Bélgicaya han legislado sobre la desconexión digital, la justicia gallega ha dado un paso más al sancionar no solo la obligación de no responder, sino también el deber de la empresa de no enviar comunicaciones fuera del horario laboral.

¿Qué pasó? Según detalla la sentencia, la trabajadora afectada se encontraba en situación de incapacidad temporal por un "trastorno de ansiedad", al parecer "motivado por el desgaste emocional que implica la actual situación de exceso de trabajo, realización de horas extras de manera continuada y responsabilidad laboral, lo que ha propiciado la aparición de inseguridad relacional con respecto a su entorno".

En ese contexto de incapacidad médica, la empleada continuó recibiendo correos electrónicos relacionados con su trabajo durante todo el periodo de baja. La empresa reconoció los hechos, pero argumentó que los correos a la denunciante formaban parte de un hilo creado anteriormente y cuyo contenido iba dirigido a otras personas del equipo. Además, alegó que en ellos no se le pidió "una respuesta inmediata".

En Xataka

40.000 euros por una croqueta: Mercadona despidió a un empleado por comerse una croqueta y ahora debe indemnizarle

El TSXG se puso serio con la desconexión. En su resolución, el Tribunal Superior desestimó los argumentos de la empresa y fue contundente en su fallo. Los magistrados consideraron que la empresa no solo incumplió su deber de abstenerse de comunicarse con la trabajadora durante su incapacidad temporal, sino que también atentó contra su integridad moral.

Según la sentencia, el derecho a la desconexión digital "exige que no se reciban comunicaciones de la empresa fuera del tiempo de trabajo", y advierte que "no se cumple con ese derecho por el hecho de que la persona trabajadora no tenga el deber de responder a las comunicaciones recibidas fuera del tiempo de trabajo de manera más o menos inmediata".

Es decir, y aquí reside la importancia de esta resolución, que el derecho a la desconexión digital no se refiere solo a la interpretación de la urgencia de las comunicaciones recibidas, sino que "lleva consigo una obligación por parte del empleador, y de las personas dependientes o vinculadas, de abstención en las comunicaciones de orden laboral o vinculadas con la prestación de servicios fuera del tiempo de trabajo".

En Xataka

Unos empleados demandaron a su empresa por recortarles el salario. El Supremo ha respondido que ser impuntual no es un trabajo

Situación de vulnerabilidad. El TSXG remarca la especial importancia del derecho a la desconexión digital cuando la trabajadora se encuentra en situación de incapacidad temporal por una dolencia psíquica. En la sentencia, el tribunal gallego destaca que recibir correos en estas circunstancias "intranquiliza al receptor, y también lo cosifica y menoscaba su dignidad" y sitúa a la trabajadora en un estado de disponibilidad permanente incompatible con su derecho a recuperarse sin presiones.

El derecho a la desconexión digital en la ley española. El derecho a la desconexión digital está recogido en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 y reforzado con la llegada de la llamada Ley del trabajo a distancia de 2021. Según la normativa, "todos los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar".

Este derecho permite a los trabajadores no contestar correos, llamadas, videollamadas o cualquier otra comunicación digital fuera del horario laboral. La ley no diferencia entre el tamaño de la plantilla o el carácter público o privado de la empresa, por lo que la protección es universal para todos los empleados en España. Con el fallo del TSXG, la prohibición no se limita al hecho de "no contestar" sino que se amplía su interpretación a "no recibir".

Condena simbólica, pero pionera. El proceso llegó al TSXG como consecuencia de una sentencia anterior en la que se pedían, además de la vulneración del derecho a la desconexión digital de los trabajadores, indemnizaciones por vulneraciones del derecho al honor y a la integridad física. En este caso, la nueva resolución revoca estos dos últimos conceptos por considerar que no se ha dañado a la empleada físicamente ni su honorabilidad se ha visto afectada.

Sin embargo, sí impone una indemnización de 1.500 euros "en concepto de daños y perjuicios" por vulnerar el derecho a la desconexión digital por considerar que la empresa "no fue garantizadora" de este derecho y señala que "pretender que esté disponible en cualquier momento de su vida, incluida la incapacidad temporal, impide el libre desarrollo de la personalidad y dificulta el ejercicio del ámbito de intimidad propio de la vida personal y familiar".

En Xataka | 55.245 euros por comerse un sándwich y una cerveza: Mercadona debe indemnizar a una empleada por despido improcedente

Imagen | Unsplash (Brian J. Tromp), Wikimedia Commons (Caronio)