Hay pocas situaciones tan capaces de romper una familia como el reparto de una herencia. Lo saben los abogados. Lo saben los notarios. Y lo saben también, a veces demasiado tarde, los propios implicados, y eso que el siempre sabio refranero ya lo advertía: "A los hermanos se los conoce cuando hay una herencia". Avisados estaban.

Según datos publicados por El Periódico, la herencia es la principal fuente de conflicto legal para el 77% de los españoles. Cada año, decenas de miles de familias tienen que decidir qué hacer con un piso heredado entre varios hermanos, y claro, hay diferencias de opinión y de ellas nace la chispa de la discordia. De acuerdo a los últimos datos del INE de marzo de 2026, se han registrado 47.474 viviendas transmitidas por herencia en España. Muchas de ellas, lo hacen bajo titularidad de varios herederos.

Trendencias recogía que el reparto de estos bienes indivisibles es el principal foco de conflictos entre herederos, por ese motivo, abogados, notarios y juristas recomiendan dejar la vivienda a un solo heredero y compensar al resto para evitar la cotitularidad.

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Se hereda un piso y un problema

Cuando dos o más hermanos heredan una vivienda a partes iguales, nace lo que la ley llama comunidad de bienes, o condominio. En teoría, todos tienen los mismos derechos sobre el bien. En la práctica, ninguno puede hacer nada sin que los demás estén de acuerdo.

Uno propone vender, otro quiere alquilar y un tercero querría quedarse a vivir en él. Como ninguna decisión puede tomarse sin unanimidad de los propietarios, el resultado más frecuente es el bloqueo total. El piso queda congelado y la relación entre hermanos, deteriorada.

En una entrevista para Infobae, Antonio Martínez, socio fundador del bufete Martínez Lafuente Abogados, lo señala sin titubeos: "al hacer testamento es un acierto dejar bienes concretos a cada hijo y dejar la vivienda solo a uno", asegurando que compartir propiedades acaba siendo "una fuente de problemas entre la familia, salvo que haya una relación muy estrecha entre los hermanos".

El escenario más delicado es cuando uno de los herederos ya vivía en el inmueble o se instala en él tras el fallecimiento. La situación se convierte en lo que Martínez denomina el "heredero okupa": alguien que ocupa el bien sin compensar al resto y al que es muy difícil echar sin acudir a los tribunales.

Lo que proponen abogados y notarios: asignar, no compartir

En lugar de hacer un reparto "igualitario" entre los herederos abocándoles a convertirse en copropietarios del mismo bien, los abogados y notarios coinciden en que la mejor forma para evitar estos conflictos es hacer uso a la legislación vigente, y asignar cada bien a un heredero concreto compensando al resto con otros bienes o con dinero hasta igualar el valor reduce el riesgo de conflictos en la resolución de las herencias.

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El caso más típico es España es el de un patrimonio formado por un piso, dinero en el banco y unos terrenos en el pueblo. Con dos hijos como herederos, lo más práctico no es repartir todo al 50% como cabría pensar, sino que uno se quede con el 100% de la vivienda y al otro se le compense con el dinero y el terreno, siempre que los valores sean equivalentes. La legislación española establece que el reparto sea equitativo, no que todos los herederos deban ser copropietarios de todos los activos.

La notaria María Cristina Clemente Buendía señala en una de sus publicaciones en redes sociales que esta opción, la más práctica y la menos conocida, también tiene ventaja fiscal: ahorra a los herederos una escritura posterior de extinción de condominio para que resolver quién se queda finalmente con la propiedad, con su correspondiente impuesto de transmisiones patrimoniales que se genera.

Y hay otro miedo frecuente que la notaria también aclara: que la compensación en dinero entre hermanos genere impuestos adicionales. Una sentencia del TSJ de Madrid de septiembre de 2024 dejó claro que esa compensación económica, destinada a compensar el exceso de valor entre el inmueble que iba a recibir uno de los herederos y el reparto que iba a recibir el resto, no supone un incremento en la liquidación del impuesto de sucesiones.

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El consenso entre los profesionales del sector sobre la conveniencia de este tipo de reparto de la herencia es amplio. Abogados como Martínez, notarias como Clemente y juristas especializados como David Jiménez coinciden en la misma premisa: adjudicar bienes concretos a cada heredero para evitar que tengan que compartir propiedades que no quieren compartir.

Qué dice la ley cuando el conflicto ya ha llegado

El testamento ya existe, los bienes están repartidos a partes iguales y los hermanos no se ponen de acuerdo. ¿Qué opciones quedan? La primera es negociar. Parece obvio, pero muchas veces no ocurre porque cada parte espera que ceda la otra.

Si el diálogo no funciona, el Código Civil ofrece la extinción de condominio (artículos 400 y 1.062) porque ningún heredero está obligado a permanecer indefinidamente en la indivisión. De ese modo, tal y como explicaba David Jimenez en uno de sus vídeos, "uno se adjudica el 100% y compensa económicamente al otro".

La ventaja fiscal de esta adjudicación al 100% es importante ya que, mientras una compraventa convencional tributaría entre el 6% y el 10%, los actos jurídicos documentados rondan el 0,5% y el 1,5% según la comunidad autónoma. Además, tal y como señala Jiménez, "no hay que pagar plusvalía municipal al realizar la extinción de condominio, salvo que haya exceso de adjudicación".

Si la negociación se enquista, existe la figura del contador-partidor: un abogado o notario que resuelve el reparto de forma objetiva y con carácter vinculante. La vía judicial es el último recurso, y el más caro. En una subasta judicial, advierte Martínez, "la valoración del inmueble siempre va a ser muy inferior al valor de mercado". Todos pierden algo, pero el conflicto se desbloquea.

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Imagen | Unsplash (Jakub Żerdzicki, Vitaly Gariev)

Hace escasos días, una loba ibérica de seis años llamada Raksha viajó desde el centro de Basabrere en Lezaun (Navarra) hasta el Zoobotánico de Jerez de la Frontera. Un viaje que tiene como objetivo enriquecer el programa de reproducción en cautividad iniciado en 1995 para poder garantizar la conservación de la especie. El problema es que se está haciendo en un momento donde los ganaderos están luchando contra la presencia del lobo por los daños que está haciendo. 

Radiografía del lobo. Para entender el conflicto, primero hay que mirar los números. Según el último censo nacional, España cuenta con 333 manadas estables, lo que se traduce en unos 1.600 a 1.700 individuos, y es una buena noticia porque marca un aumento del 12% con respecto al censo anterior. 

Aquí la inmensa mayoría se concentra al norte del río Duero, aunque se observa una clara tendencia de expansión hacia el sur y el este peninsular. El problema es que todavía se está bastante lejos de llegar a las 500 manadas que pude garantizar una buena variabilidad genética que les permita sobrevivir. Es por ello que el Gobierno mantiene hasta este mismo mes de marzo la calificación del estado de conservación del lobo como "desfavorable. 

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La guerra en el campo. Si la ciencia nos está diciendo que hacen falta lobos, los ganaderos en extensivo afirman que sobran, y lo ven debido al incremento de ataques al ganado que ha obligado al Estado a inyectar 20 millones de euros anuales destinados a medidas de prevención con cercas o perros mastines, así como a compensar económicamente. 

Sin embargo, organizaciones como WWF denuncian que la gestión por parte de las comunidades autónomas es deficiente, con falta de transparencia y escasos avances frente a lo marcado por la Estrategia Nacional de 2022.

Muchas críticas. Pero estas medidas parece que no son suficientes para algunos, como por ejemplo el Partido Popular, que apunta en la provincia de Lugo, donde se registraron más de 1.400 animales afectados, que todavía hay que hacer mucho más. La propia Xunta de Galicia también apunta a que ahora mismo los ganadores no tienen fondos estatales para poder hacer frente a estos ataques. 

Aunque sin duda la tensión está puesta ahora mismo en la inclusión temporal del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Bajo este paraguas legal, está prohibido cualquier acción de captura, molestia, venta o destrucción del hábitat de la especie. 

Un pulso legal. Si miramos al pasado, hace escasos meses diversas enmiendas y cambios normativos permitieron una salida parcial del lobo del LESPRE, autorizando controles basados en la caza para mitigar los daños económicos. Pero en febrero de 2026 una sentencia del Tribunal Supremo dio un giro de 180 grados a la situación, ya que endureció los requisitos para autorizar estas extracciones, priorizando obligatoriamente las alternativas no letales y limitando drásticamente la caza.

Esta sentencia ha actuado como gasolina en regiones del norte de España donde los ganaderos reportan ataques importantes a sus animales., y es por ello que las comunidades autónomas amenazan con denunciar al gobierno español ante la Unión Europea por no actuar en la regulación de esta especie. 

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Pero lo que está claro es que la encrucijada del lobo ibérico en este 2026 es el perfecto reflejo de un problema de coexistencia. Mientras Raksha y otros ejemplares en cautividad aseguran el salvavidas genético de la especie, en los despachos y en los prados del norte de España todavía no se ha encontrado la fórmula que permita al lobo aullar sin que el mundo rural se eche a temblar.

Imágenes | Arturo de Frias Marques

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Andrés Iniesta es noticia. Y lo es por algo que poco tiene que ver con el fútbol, el deporte o los espectáculos. En esta ocasión los titulares los acapara en las páginas de la crónica judicial a cuenta de una polémica surgida en Perú, donde la Fiscalía está investigando al ex centrocampista por su papel en una presunta cadena de estafas a empresarios del país por una suma que ronda los 600.000 dólares.

El entorno de Iniesta ya ha negado las acusaciones y habla de informaciones "malintencionadas" para aprovecharse de su imagen. No es la primera vez que el exfutbolista está bajo el foco por su faceta de empresario: hace años lo hizo ya por sus bodegas, tanto por una disputa con Hacienda como por sus pérdidas.

¿Qué ha pasado? Que la Fiscalía de Perú está investigando a Iniesta por una presunta "estafa agravada". La noticia la han avanzado medios del país, como La República, Trome o Líbero y de ella se han hecho eco en España la agencia Efe, El País o La Sexta, que incluso ha hablado con uno de los afectados. Básicamente, el Ministerio Público ha abierto al exfutbolista una carpeta fiscal a raíz de una denuncia relacionada con la empresa NSN Barcelona, vinculada a Iniesta.

En el documento de Fiscalía (reproducido parcialmente por La República) puede leerse que la denuncia se presenta contra Iniesta y al menos otras dos personas por "la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio en su modalidad de estafa agravad". El documento detalla además que el "prestigio" del exjugador del Barça desempeñó un papel clave para captar fondos y cometer la supuesta estafa.

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¿Qué se investiga? Los hechos denunciados por Gucho Entertaiment y otros empresarios peruanos que aseguran haber invertido alrededor de 600.000 dólares en una serie de eventos (deportivos y artísticos) que supuestamente contaban con el respaldo de NSN Sudamérica, filial de la empresa vinculada a Iniesta. 

Su nombre habría facilitado que los empresarios peruanos que ahora han acudido a la justicia entregasen miles de dólares para organizar una serie de espectáculos. En concreto se citan cuatro: el Upa Upa Fest, un amistoso entre el club Cienciano del Cusco y el Nacional de Ecuador, un festival de K-pop y otro partido de leyendas entre Perú y España. De todos ellos solo se habría realizado uno, el Upa Upa Fest, y no salió como los inversores esperaban. De hecho dejó pérdidas cuantiosas.

¿Y qué pasó? El problema es que la firma que debía encargarse de la producción ejecutiva de los eventos, NSN Sudamérica, se declaró en quiebra en junio de 2024. La filial entró en proceso de liquidación y presuntamente no devolvió el dinero invertido por los empresarios peruanos para financiar el resto de espectáculos. 

"Notificación ninguna. Nos enteramos de que la empresa estaba en liquidación. Nunca se hicieron responsables de nada, aunque supuestamente iban a hacerlo" denunciaba el lunes Emilio Lozano, uno de los empresarios supuestamente afectados, en una entrevista con 'Y ahora Sonsoles', programa de La Sexta.

¿Qué tiene que ver eso con Iniesta? Que NSN Sudamérica es una delegación de NSN Barcelona. El propio exfutbolista de la Roja celebraba el lanzamiento en 2023, según declaraciones recogidas por El País: "Nos hace mucha ilusión estar presentes en un país como Perú y un continente como Sudamérica para seguir creciendo e impulsando nuestros valores en todo el mundo". 

La filial se constituyó a comienzos de ese año de la mano de un grupo de empresarios peruanos y españoles, pistoletazo de partida para la captación de inversores. En el documento de Fiscalía no solo se cita al exfutbolista, pero sí se subraya que su nombre resultó fundamental para la captación de fondos.

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¿Cómo de clave fue? El escrito es muy claro. 

"Los hechos que se detallarán a continuación involucran a Andrés Iniesta, quien es una figura de reconocimiento internacional por sus logros en el fútbol profesional como exjugador del Club Barcelona de España y haber sido excampeón mundial con la selección Española, que valiéndose de este prestigio autorizó y respaldó la fundación de NSN Sudamérica para que actuara como filial de su empresa NSN Barcelona en toda Sudamérica. Sin embargo, solo se usó ese prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica", se lee en el escrito de Fiscalía citado por La República.

De momento el organismo ha iniciado diligencias preliminares por un presunto delito contra el patrimonio, una fase que se prolongará varias semanas.

¿Qué dice la empresa? Marca distancias. Mediante un comunicado de tono tajante Iniesta y NSN dejan claros varios puntos. De entrada niegan "de forma rotunda" las acusaciones que se han ido publicando en los últimos días. Segundo, deslizan que las informaciones se han publicado "malintencionadamente" con el propósito de aprovecharse la imagen de "un personaje público" como Iniesta. 

"Confiamos en que la justicia peruana aclare muy pronto esta situación y nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y honor, rogando el máximo rigor en las informaciones que se publiquen referentes a este caso", remata el comunicado oficial.

Desde el entorno del exfutbolista han algo más allá y han explicado a La Sexta que el exfutbolista y NSN son también afectados: crearon una filial en Perú "liderada por personas que no eran las indicadas y les perjudicaron a ellos y a terceros". "Los responsables se equivocaron a la hora de poner a la gente adecuada", abundan.

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Al monarca francés Luis XIV se le conocía como el Rey Sol, así, con mayúscula y toda su pompa absolutista. En puridad ese título le corresponde sin embargo a otra persona, y no es ni el rey sacerdote Cuahtémoc, gran gobernador de los aztecas, ni el emperador egipcio Amenhotep III. Si hay una señora y soberana del Astro Rey —o al menos eso sostiene ella— esa es Ángeles Durán, una gallega que un buen día de 2010 decidió hacer algo que nadie más había hecho en miles de años de historia de la humanidad: salió de su casa de Salvaterra do Miño, en la comarca de Vigo, y se plantó en el despacho de un notario para que levantase acta oficial de que ella, y nadie más que ella, se declaraba la legítima y auténtica dueña del Sol.

Al escucharla el bueno del notario no pudo evitar reírse, pero no le quedó otra que consultar con su colegio profesional y, efectivamente, rubricar un acta de lo que aquella señora decía. Desde entonces la historia de Ángeles Durán ha tomado tintes delirantes, dignos de un buen thriller de corte astro-jurídico-socilité.

Yo, dueña del Sol

Así se ha proclamado Ángeles Durán, una gallega que en 2010 sorprendió al mundo al proclamarse propietaria del Sol. Y no, no hablamos en sentido figurado. La noticia la avanzó en su día La Voz de Galicia, que relataba cómo Durán acudió a un notario de un pueblo vecino, en la comarca de Vigo, para levantar acta de que ella era la legítima dueña del eje del Sistema Solar. Si aquello se convirtió en noticia —y lo hizo, tanto de hecho que saltó a medios extranjeros— no fue tanto por la ocurrencia en sí como por el resultado. Durán abandonó el despacho con un acta con la que luego no dudaba en posar para las cámaras.

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"Soy propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de aproximadamente 149.600.000 kilómetros…", proclama el acta de manifestaciones con el sello del notario. El diario gallego explica que al funcionario le dio la risa al escuchar las pretensiones de Durán, pero aún así consultó con su colegio y acabó dando fe de que aquella mujer que tenía delante se declaraba la legítima poseedora del Sol.

Desde entonces de Durán se han dicho muchas cosas: que es abogada y psicóloga, que por entonces ejercía de perito judicial e incluso, como publicaba La Voz en 2022, que reside en Italia y está volcada en la elaboración de un libro sobre la familia real británica. Una de las últimas noticias que se conocen de ella es que se dedica a componer "canciones picantes y eróticas" y que ha lanzado álbum.

De lo que no hay duda es de que en su día Durán dedicó tiempo y esfuerzo a planear su estrategia para proclamarse dueña del Sol. Sea más o menos acertada, lo innegable es que su solicitud se basaba en una argumentación jurídica que enarboló en su día y sostenía aún en 2019 ante las cámaras de Cuatro.

Remontándose al derecho romano

La gallega se apoyaba básicamente en dos patas: un vacío legal y una figura jurídica que se remonta al derecho romano. La primera se relaciona con el convenio internacional que establece que ningún país puede apropiarse de los planetas. La clave para Durán está en ese matiz: que afecte a los estados no implicaría, sostiene, que se extienda a los particulares.

La segunda clave es la usucapión, que permite hacerse con el derecho real de aquellos elementos de los que se ha disfrutado durante cierto tiempo. Y Durán llevaba décadas beneficiándose a diario de los rayos del Sol. Como las otras casi 8.000 millones de personas que residimos en este ancho planeta, cierto, pero a nadie más se le había ocurrido plantearlo así en una oficina notarial.

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Hecha la ley, hecha la trampa. Al menos eso es lo que pensó Durán. "Yo no he comprado el Sol porque nadie me lo ha vendido. Lo que he hecho es una escritura por lo que se llama usucapión", insistía en 2019 durante una entrevista en la que aseguraba que esa figura puede usarse "por aprehensión electromagnética".

Lo cierto es que Durán no ha sido la primera en hacer algo parecido. Hace décadas un empresario americano, Dennis Hope, aseguró que había encontrado una laguna legal que le permitía reclamar la soberanía de la Luna. Su argumentación era muy similar a la de la gallega: Hope se basó en una antigua ley del XIX, de los pioneros estadounidenses, y en que el Outer Space Treaty no afecta a los particulares.

Lo más curioso es que el Sol no es la única propiedad que ha reclamado Durán, aunque desde luego sí es la que se lleva la palma en tamaño, implicaciones y repercusión. La gallega ha hecho otras visitas al registro General de la Propiedad Intelectual igual de curiosas. El Mundo y El País se han hecho eco de cómo llegó a registrar el grito de Tarzán o "la partitura más larga del mundo", de 24.000 millones de compases y relacionada con la telefonía.

"Cada vez que marcas un número están sonando notas y nadie las ha registrado", explicaba en 2010: "Si marcas 1, 2, 3, 4, 5, estás haciendo unos compases y todas las combinaciones posibles, todas, las he registrado a mi nombre".

Una parcelita en pleno Sol...

Durán no se conformó con proclamarse dueña del Astro Rey. Decidió ir un paso más allá, trocear la vasta extensión de la estrella y vender parcelas en eBay. El primer día logró comercializar cerca de un centenar de solares estelares. Según explicaba en su día, se ofrecían 10.000 porciones solares, cada una acompañada de su respectivo certificado. Por un euro, cualquiera podía hacerse con un cachito de estrella. Quizás no parezca mucho, pero no está nada mal si se tiene en cuenta que el Sol tiene un diámetro de 1,4 millones de km.

A eBay no le convenció lo de aquel troceo y venta del astro rey y acabó bloqueando la venta. Así lo denunció al menos Durán, que convencida de su argumentario llevó a los tribunales al gigante estadounidense del comercio online y le reclamó 10.000 euros. No hay constancia de si el juez de turno tuvo una reacción similar a la del notario gallego que registró el Sol, pero el caso terminó en el Juzgado de Primera Instancia 5 de Alcobendas. La demanda se admitió a trámite y al menos en julio de 2015 ambas partes no habían llegado a un acuerdo en el acto de conciliación, por lo que estaban abocadas a verse las caras meses después en los tribunales. Excelsior asegura que el tribunal acabó desestimando su caso.

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El culebrón jurídico podría cerrarse ahí, pero la historia de Ángeles Durán y su supuesta propiedad del Sol aún dio para algunos capítulos más. Al relatar su historia en 2010 a La Voz la gallega dejaba caer que una de las posibilidades que tenía era la de cobrar una tasa por el aprovechamiento de la energía solar, un canon del que, aseguraba, solo se quedaría el 10%. El resto iría a parar a las arcas públicas y se dedicaría a fines con un enfoque social.

"Si se paga por los ríos, ¿por qué por esto no?", reflexionaba. En 2022 y después de todo el revuelo generado, aseguraba que jamás amagó con cobrar impuestos a los ciudadanos y que el escenario en "el que estaba trabajando" se centraba en las eléctricas. Eso no impidió que se hiciesen eco de su caso medios del tirón de The Telegraph, Clarín, Time, CBS News, The Washington Post o Daily Mail.

De nuevo, no es el punto y final del culebrón de Durán. 

El Sol puede ser enorme, importantísimo, único, clave para el Sistema Solar, pero si se plantea en términos de propiedad es igual que cualquier parcela: implica derechos, pero también responsabilidades. Y es a estas últimas a las que apeló un ciudadano que en 2015 denunció a la gallega por las lesiones que le había provocado el Sol. "Tengo ojos rojos y quemaduras, fui a urgencias, tengo fotos para probarlo. Intentaré llegar a un acuerdo o iré por el juzgado", advertía.

La respuesta de Durán está en sintonía también con la de otras muchas personas en pleitos por responsabilidades de propiedades, aunque en su caso la dimensión fuese bastante muchísimo mayor: la culpa no era suya, sostenía Durán, sino del vecino. "La gente cree que me puede reclamar pero el Sol no es el culpable del cáncer, es la contaminación que destruye la capa de ozono. Por la misma lógica, yo podría pedirles compensaciones por los alimentos que comen", enfatizaba.

Imagen | Timon Studler (Unsplash)

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*Una versión anterior de este artículo se publicó en noviembre de 2023

Benidorm suele ser noticia por su enorme flujo de turistas o la considerable presión que estos ejercen en sus servicios públicos. Ahora lo es por algo bien distinto y mucho más delicado: su Ayuntamiento se asoma al abismo financiero. Literalmente. Un antiguo litigio que se remonta a hace dos décadas amenaza con obligarle a pagar la friolera de 340 millones de euros, una suma complicada para cualquier localidad de España pero que en el caso de la localidad alicantina supone una espada de Damocles: equivale a dos años y medio de presupuesto.

El Consistorio sigue dando la batalla en los juzgados para esquivar el pago, pero ya advierte que asumirlo le obligaría a prescindir de empleados y recortar servicios.

¿Qué ha pasado? Que se adivinan curvas en el futuro urbanístico, económico y judicial de Benidorm, una de las grandes mecas del turismo patrio. Aunque no hay nada en firme todavía, el Ayuntamiento de la localidad alicantina se enfrenta a la amenaza de tener que pagar más de 340 millones de euros debido a un acuerdo alcanzado en 2003 con los propietarios de terrenos situados en Serra Gelada.

Para hacerse una idea aproximada de qué supondría semejante desembolso para las arcas benidormenses viene bien recordar que en el presupuesto municipal del Ayuntamiento del año pasado rondó los 142 millones de euros.

¿Por qué está en esa situación? Para responder a esa pregunta hace falta remontarse un par de décadas atrás, a 2003, cuando el Ayuntamiento, encabezado por Vicente Pérez Devesa (PP), alcanzó un acuerdo con dos sociedades que tenían derechos urbanísticos sobre terrenos del sector APR-7, dos empresas vinculadas a Francisco Murcia Puchades, expresidente de los promotores valencianos.

¿Qué acordaron exactamente? Como recuerda El País, las fincas en cuestión se situaban en Serra Gelada, declarada poco después (julio de 2005) parque natural. La idea del Consistorio alicantino era hacerse con esos terrenos y compensar a sus propietarios con aprovechamientos urbanísticos en otras partes de la ciudad. Esa era al menos la teoría, que dio pie a un acuerdo prorrogado en 2010 y 2013.

¿Y qué pasó? Que la cosa se complicó. Pasaron los años, se sucedieron las prórrogas y el acuerdo no pasó del papel. El antiguo propietario de los terrenos de Serra Gelada reivindicó su derecho a una compensación y el Consistorio cuestionó la validez de los convenios toda vez que la ordenación del parque natural tumbó la edificabilidad que en un principio sí tenían los terrenos. Dos posturas difíciles de conciliar que (como cabía esperar) han dado pie a un largo y complejo proceso judicial, aún abierto, pero que ha ido despejándose durante el último año.

Su capítulo más reciente llegó hace solo dos meses, en junio, cuando el Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana arrojó un jarro de agua fría a las pretensiones del Ayuntamiento y dio la razón a los antiguos propietarios de los terrenos. El fallo ratifica una sentencia anterior, de mayo de 2024, que considera totalmente válidos los acuerdos suscritos hace más de dos décadas. Eso no significa que el Consistorio haya arrojado la toalla. De hecho ya ha recurrido al Tribunal Constitucional.

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¿Por qué es tan grave? Más allá del debate político y el acolrado cruce de reproches al que ha dado lugar el pleito, el caso es grave por una razón sencilla: las repercusiones económicas que puede tener para Benidorm. Al ver que el convenio no se ejecutada los antiguos propietarios de los terrenos solicitaron una valoración que elevó el precio del suelo a 280 millones de euros. Una cantidad considerable a la que se suman los intereses, que ahora mismo superarían los 60 millones.

En total más de 340 millones, una suma tan elevada que equivaldría a más o menos dos años y medio de presupuesto municipal. El Consistorio ya ha advertido que si se ve obligado a pagarlos se quedaría contra las cuerdas, por lo que reclama la suspensión cautelar del pago, recordando de paso que mantiene abiertos otro litigios relacionados con el mismo caso que "están dando la razón" a la ciudad.

"El pueblo de Benidorm pide al Tribunal Constitucional que declare que se ha vulnerado el derecho fundamental del ayuntamiento de Benidorm a la tutela judicial efectiva sin indefensión y hay consecuencias", clama el alcalde.

¿Qué supondría para el Ayuntamiento? Se habla de quiebra técnica. Y el Ayuntamiento no ha tardado en advertir de las graves consecuencias que un pago de semejante calibre tendría en su día a día, incluido el despido de empleados o la supresión de servicios públicos. Hace unas semanas el Gobierno local advertía que el desembolso acarrearía "un perjuicio de imposible o difícil reparación" y que necesitaría recurrir a la financiación estatal o autonómica para asumirlo.

El abogado que representa a los propietarios asegura que estos buscan "abrir una vía de diálogo para evitar el quebranto", pero la solución no parece sencilla: si algo no le sobra a Benidorm es suelo urbano disponible de titularidad municipal con el que compensarlos, como recuerda El Confidencial, que desliza que la ciudad tiene proyectados desde hace décadas terrenos urbanizables en el Plan Levante.

¿Hay más opciones? Benidorm es un municipio peculiar. Aunque solo tiene censados 74.600 vecinos su condición de polo turístico le confiere una población flotante considerable. Un estudio reciente cifra el promedio mensual de visitantes en más de 252.000, una cifra que se dispara en verano: en agosto de hecho supera los 2,1 millones. El mismo informe estima en que en su día de mayor actividad la ciudad alcanza picos de más de 360.000 personas, entre residentes y visitantes.

Semejante avalancha de turistas afecta a la presión que soporta el Ayuntamiento y la demanda de servicios municipales. En resumen, hay una diferencia considerable entre las necesidades que se corresponden a la población censada y la real, inflada por los visitantes, lo que se traduce en un enorme "agujero"  de infrafinanciación millonario. El pago de una indemnización millonaria agravaría ese desequilibrio. A su favor, el Ayuntamiento alicantino tiene posibles vías de ingresos derivadas del turismo, como una tasa sectorial que hoy por hoy su alcalde no ve rentable.

Imágenes | Maksim Shutov (Unsplash) y Martijn Vonk (Unsplash)

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Si eres de esas personas que ven incrementar el contador de correos sin leer en tu bandeja de entrada sin inmutarte, tal vez deberías tener en cuenta que ese hábito puede llegar a costarte un disgusto económico dependiendo de tus responsabilidades profesionales. La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un administrador concursal a pagar una indemnización de 15.000 euros por no responder a los correos electrónicos que durante un año le envió una empresa acreedora.

Una deuda notificada. Según se puede leer en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, una empresa de construcción entró en un proceso de suspensión de pagos en 2020, por lo que se inició un proceso de concurso de acreedores tutelado por un administrador concursal que se encarga de cuantificar las deudas de dicha empresa y establecer el pago de las deudas en tiempo y forma.

Una de las empresas acreedoras notificó la existencia de una deuda pendiente de enviando dos facturas debidas de 2019 y 2020 al administrador concursal por un importe de 14.202,88 euros. Sin embargo, y tras varios correos pidiendo información sobre el estado del cobro, el administrador concursal no dio respuesta alguna.

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Demanda al administrador. Tras varios intentos infructuosos por comunicarse con el administrador, enviándole las facturas con el plazo legal suficiente. El administrador finalmente cerró el proceso concursal dejando fuera del plan de pagos a la empresa acreedora. Ante lo cual, presentó una demanda contra el administrador.

En sus alegaciones, el administrador concursal declaró que no la había presentado a tiempo y que debía haberla reclamado con más insistencia cuando vio que su deuda no aparecía en los informes de pagos a acreedores.

La justicia lo deja claro: mira tu bandeja de correo. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia no dejan lugar a dudas, y consideran que la empresa notificó la deuda tanto por correo como formalmente. La sentencia asegura que era responsabilidad del Administrador concursal dar respuesta a las demandas que les llegan a través de un canal de comunicación válido como es el correo electrónico. Por lo tanto, obliga al administrador concursal a pagar la deuda, aunque el proceso ya se haya cerrado.

José Martínez Carrera, director general del despacho Gesico, que había representado a la empresa acreedora, declaraba declaraba a Economía Digital, "por fin esta sentencia recoge las problemáticas del día a día de los concursos de acreedores, donde de manera demasiado habitual los administradores concursales no dan respuesta a ninguna consulta por el pago de créditos contra la masa". El abogado lamenta que es habitual que los administradores "den la callada por respuesta", olvidando que en ese proceso son representantes legales de la empresa que gestionan.

Desde la pandemia nadie coge el teléfono. El caso de dejadez en las comunicaciones de este administrador concursal no es más que uno de los muchos ejemplos de la deriva de algunos organismos públicos y empresas privadas que han eliminado o limitado significativamente las opciones de comunicación (vía telefónica o por correo electrónico), tal y como denunciaba Antena 3 Noticias. Mantienen el servicio, pero se limitan a no atender las llamadas. "Nada, cuelgan. Ni te ponen música, ni nada. Directamente no te lo cogen" se lamentaba una usuaria.

Servicios públicos como el SEPE o información para Inmigración o atención de la Seguridad Social dejaron de atender el teléfono tras la pandemia ante la falta de personal dedicado. Ahora, esa desatención de las comunicaciones parece extenderse también al correo electrónico. La justicia de Valencia no está dispuesta a permitir que el "ghosting" se extienda también al correo electrónico.

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Imagen | Unsplash (Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk)

Oakley Capital ha alcanzado un acuerdo de venta por vLex, la plataforma legal española, a la canadiense Clio. vLex queda valorada en 1.000 millones de dólares, según informa Expansión.

Esta operación convierte a la empresa fundada por los hermanos Faus hace un cuarto de siglo en el sexto unicornio español activo.

Por qué es importante. Esta venta representa el mayor éxito de Oakley Capital en España y confirma el auge imparable del sector legaltech.

La valoración dispara el valor de vLex en menos de tres años, ya que Oakley compró el 60% de la empresa por 70 millones a finales de 2022.

En detalle. vLex opera como el "ChatGPT de los abogados":

• Ofrece acceso a más de 1.000 millones de documentos legales de cien países a través de su asistente de IA 'Vincent AI'.
• Sus 2,8 millones de usuarios incluyen desde Harvard Law School hasta Deloitte Legal.
• Cada día incorpora 350.000 nuevos documentos a su plataforma.

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Oakley Capital, la gestora británica que en España controlaba Idealista hasta el año pasado y ha invertido en Seedtag, demostró su olfato para detectar oportunidades antes del boom. Cuando se hizo con el control de vLex, la empresa apenas generaba cinco millones de EBITDA.

Entre líneas. El timing de Oakley ha sido impecable: invirtió justo antes de que la IA generativa pusiera patas arriba el mundo, incluyendo al sector jurídico.

La pandemia ya había acelerado la digitalización de los despachos que aún iban a la zaga, pero ChatGPT cambió la historia. Y herramientas como Vincent AI dejaron de ser una curiosidad, algo complementario, para hacerse fundamentales.

La amenaza. Para sus rivales, esta operación supone un punto de inflexión. Clio, valorada en 3.000 millones y respaldada por Goldman Sachs, se ha hecho de golpe con la mayor biblioteca jurídica digitalizada del mundo. La consolidación del sector se acelera.

Profundiza. El ecosistema legaltech sigue atrayendo mucho dinero en inversiones. El mejor ejemplo es Harvey, competidor estadounidense de Vincent AI. Fue valorado en 5.000 millones hace unas semanas, cuando consiguió que entraran como inversores pesos pesados como OpenAI o Sequoia Capital.

Y ahí está vLex, demostrando que España es capaz de competir en la primera división tecnológica. No en modelos fundamentales, pero sí en productos más especializados, más de nicho. Como el nuevo unicornio.

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Imagen destacada | vLex, Mockuuups Studio

Esta semana contábamos que, si no has reservado tus vacaciones en Canarias, Baleares o alguno de esos otros puntos “calientes” de la costa mediterránea, es posible que te salga lo mismo, o incluso más barato, una estancia en el Caribe. La paradoja es que la culpa no es de los vuelos, es de los hoteles. De hecho, el precio de volar, sin más, no se ha disparado como se suele apuntar. Lo que realmente ha cambiado es el modelo de negocio de las aerolíneas.

Tu billete ya no es tan importante como lo que llevas.

Un negocio multimillonario. Lo contaba la BBC en un reportaje esta semana que ponía cifras al negocio. Lo que alguna vez fue un servicio estándar (facturar una maleta sin coste, elegir asiento o recibir comida a bordo) lo han transformado las aerolíneas en una fuente colosal de ingresos. Con el auge de las compañías low-cost a mediados de la década de 2000, encabezadas por FlyBe y luego replicadas por gigantes como American Airlines, se institucionalizó el cobro por maletas facturadas, una tendencia que hoy incluye incluso al equipaje de mano (la última resolución en Europa traerá cola) y con ideas cada vez más "creativas".

El resultado es un mercado de “tarifas accesorias” que solo en Estados Unidos generó más de 7.270 millones de dólares en 2024 por equipaje facturado, y que globalmente alcanzará los 145.000 millones este año, representando el 14% de los ingresos del sector. Este fenómeno ha provocado indignación entre consumidores y políticos, que acusan a las aerolíneas de aplicar las denominadas como “junk fees” (tarifas basura) camufladas en el precio final del billete.

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La fiebre del equipaje (de mano). Ante este escenario, millones de pasajeros han optado por viajar solo con equipaje de mano, disparando la demanda de maletas pequeñas que cumplan las estrictas dimensiones impuestas por las aerolíneas. Contaba el medio británico que marcas como Antler han visto incrementarse de forma masiva las búsquedas y ventas de modelos compactos, mientras en redes sociales (especialmente TikTok) se ha popularizado el contenido relacionado con “trucos de equipaje” y pruebas de maletas en medidores reales de aerolíneas.

Aquí hacen su aparición influencers como Chelsea Dickenson, quienes han convertido este tipo de vídeos en el núcleo de su actividad online, generando más impacto que el contenido sobre los destinos en sí. Dicho de otra forma, el fenómeno demuestra cómo la industria ha influido incluso en los hábitos de consumo previos al viaje.

La controversia legal. Lo hemos ido contando. El creciente cobro incluso por el equipaje de mano ha provocado una reacción formal en Europa, donde organizaciones de consumidores como BEUC han denunciado a varias aerolíneas (incluidas Ryanair, EasyJet, Vueling y Wizzair) ante la Comisión Europea. Alegan que estos cargos vulneran una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la UE que establece que el equipaje de mano, si cumple requisitos razonables de peso y seguridad, no puede suponer un coste adicional.

Sin embargo, el concepto de “requisitos razonables” sigue siendo esa zona gris que aún carece de una definición legal firme y a la que se agarran las aerolíneas, lo que permite que continúen aplicando cargos según sus propios criterios. De hecho y como decíamos, la Unión Europea ha aprobado esta semana su postura a favor del reglamento que seguirá permitiendo a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano que viaje en cabina (eso sí, con el voto en contra de España).

El caso de IndiGo. Contaba la BBC que, frente a la tendencia globalizada de monetizar cada servicio, algunas aerolíneas, como la india IndiGo, se han mantenido al margen. Su director ejecutivo defiende una política de no cobrar por maletas facturadas, argumentando que evita filas interminables y conflictos innecesarios en las puertas de embarque.

Su modelo operativo, que permite cambios en apenas 35 minutos, demuestra que una logística eficiente no requiere exprimir al pasajero por cada servicio básico. Esta alternativa, aunque marginal, subraya que puede existir otro tipo de relación con el cliente en la industria aérea, desafiando la narrativa dominante del sector.

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Entre la eficiencia y el abuso. En resumen, la evolución del cobro por equipaje refleja un cambio de paradigma: el viaje aéreo se ha fragmentado en partes cobrables, dejando al pasajero en una constante búsqueda de cómo evitar pagar más. Mientras las aerolíneas defienden su modelo como respuesta a la competencia y a la necesidad de ingresos, los consumidores y legisladores cuestionan hasta qué punto esta estrategia erosiona la experiencia de volar.

Así, el boom del equipaje de mano y la aparición de esos “hackers del viaje” digitales ávidos de visitas reflejan una cultura del mínimo equipaje como forma de resistencia económica. Si se quiere también, como adaptación forzada a un entorno cada vez más hostil para el viajero común.

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Elon Musk lleva meses diciendo que OpenAI abandonó su propósito fundacional como organización sin ánimos de lucro tras aceptar una inversión multimillonaria por parte de Microsoft. El CEO de Tesla también le ha pedido a la justicia que bloquee la reestructuración de la compañía liderada por Sam Altman para captar más inversiones (y que finalmente dejaría atrás su misión altruista).

Lejos de quedarse de brazos cruzados, OpenAI ha sacado a la luz antiguos mensajes para lanzar su contraataque. El contenido de los intercambios sugiere que Musk pensó que era una buena idea tener un brazo con ánimos de lucro en los primeros días de la startup. “Probablemente sea mejor tener una corporación C estándar con una organización sin fines de lucro paralela”, dijo en noviembre de 2015.

Elon Musk quería un brazo con ánimos de lucro en OpenAI, según mensajes internos

Dado que OpenAI fue anunciada públicamente en 2015, el mencionado mensaje tuvo lugar cuando los miembros fundacionales, entre ellos Altman y Musk, todavía estaban delineando el camino a seguir por la startup de inteligencia artificial (IA). La compañía fue un paso más allá, y publicó una captura de pantalla de una corporación de beneficio público que aseguran que Musk creó en Delaware septiembre de 2017.

Correo donde Musk habla de una "corporación C estándar"

Aquella estructura, curiosamente, es similar a que OpenAI está tratando de poner en marcha el año próximo, y que el CEO de Tesla busca frenar. La startup de IA añade una serie de hecho que había repetido en el pasado: que Musk intentó tomar el control de OpenAI y que aseguró que la firma estaba destinada al fracaso si no se fusionaba con Tesla. Musk se alejó de OpenAI en 2018 y fundió su propia startup de IA, xAI, en 2023.

Captura de pantalla de la corporación

Queda por ver qué ocurrirá a continuación, pero no cabe duda de que estamos siendo testigos de uno de los enfrentamientos legales más mediáticos del sector tecnológico. Por un lado, está el hombre más rico del mundo, y por otro, la empresa líder en inteligencia artificial. OpenAI, que ha recibido aproximadamente 13.000 millones de dólares de Microsoft, necesita más dinero para seguir adelante.

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Un movimiento para captar nuevos inversores es concretar su reestructuración, que le libraría del control de su entidad sin ánimos de lucro. Ahora bien, si los esfuerzos de Musk prosperan, la justicia podría suspender este ansiado paso. Cabe señalar que Musk también ha acusado a OpenAI intentar eliminar a la competencia, y está tratando de evitar que la firma celebre acuerdos que impidan que sus inversores puedan invertir en otras firmas de IA.

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Elon Musk acaba de reforzar su ofensiva legal contra OpenAI y Microsoft. El empresario, que a menudo encabeza la lista de las personas más ricas del mundo de Bloomberg, ha actualizado su última demanda. La enmienda, presentada el jueves en un tribunal de San Francisco, añade nuevas acusaciones de prácticas anticompetitivas por parte de la firma que creó ChatGPT e incorpora entre los nuevos acusados al gigante de Redmond.

La demanda actualizada dice que OpenAI y Microsoft están monopolizando la inteligencia artificial generativa (GenAI). Además señala que desde esa posición dominante “están tratando activamente de eliminar a los competidores como xAI” mediante el intercambio de información sensible y limitando la capacidad de los inversores. xAI, recordemos, es la compañía de IA de Elon Musk que tiene productos como el chatbot Grok integrado en X.

Una ‘fusión de facto’ entre OpenAI y Microsoft

El texto de los abogados de Musk asegura la compañía liderada por Sam Altman se está beneficiando injustamente de la infraestructura y la experiencia de Microsoft en el campo de la inteligencia artificial (IA). Califican a esta supuesta dinámica como una “fusión de facto”. En esta línea argumentan que xAI se ha visto perjudicada por “la imposibilidad de obtener capacidad de cómputo de Microsoft en términos tan favorables como los que recibe OpenAI”.

Un portavoz de OpenAI le dijo al periódico estadounidense The Wall Street Journal que este “tercer intento de Elon en menos de un año de replantear sus afirmaciones es aún más infundado y extralimitado que los anteriores”. El empresario demandó a OpenAI y a Sam Altman por primera vez en febrero de este año, aunque unos cuatro meses más tarde desestimó la acción legal sin perjuicio, lo que significaba que podía volver a presentarla en el futuro.

Y eso fue lo que sucedió. El equipo legal de Musk volvió a los tribunales en junio, tratando de derribar el multimillonario entre OpenAI y Microsoft, y acusando a Altman de engañar intencionadamente a Musk. A este movimiento se le suma la enmienda que acabamos de conocer. La misma llega en un momento donde Musk se consolida uno de los aliados más cercanos del presidente electo Donald Trump tras haber sido convocado para integrar un equipo de recortes en el Estado.

El vínculo entre OpenAI y Microsoft surgió en 2019, cuando el gigante de Redmond invirtió 1.000 millones de dólares y se convirtió en su socio preferido para comercializar sus productos. En este momento, OpenAI tenía una tecnología prometedora, pero necesitaba dinero y capacidad de cómputo para entrenar y ejecutar sus modelos de IA, algo que Microsoft podía ofrecerle gracias a Azure y su músculo financiero. Las inversiones escalaron hasta los 13.000 millones de dólares.

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Pese a ello, la firma detrás de ChatGPT quiere más potencia de cómputo de la que Microsoft puede (o quiere) ofrecerle. La relación entre estas compañías empieza a enseñar las costuras, con OpenAI buscando otras fuentes de inversión y tratando de desarrollar su propia infraestructura tecnológica. Con el tiempo sabremos cómo terminará todo estoy si las acciones legales de Musk tendrán algún impacto entre estas compañías.

Imágenes | Steve Jurvetson | Steve Jurvetson | Village Global (CC BY 2.0)

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