Brad Smith es más que el vicepresidente del consejo y presidente de Microsoft: Smith también es abogado y como él mismo cuenta, al principio de su carrera pidió un ordenador a su empresa porque creía firmemente que la informática podía cambiar la forma de trabajar de los abogados. De hecho, su biografía de Wikipedia da más detalle: fue el requisito que puso al bufete de abogados Covington & Burling de Washington, D.C. para unirse. 

Dicho y hecho: en 1986 fue la primera persona del bufete en tener uno, que ejecutaba el mítico procesador Word 1.0. Visto en perspectiva suena a marketing, pero tremendo presagio: Microsoft acaba de anunciar Legal Agent para Word, un agente de IA diseñado para trabajo jurídico.

Lo nuevo de Microsoft no es un Copilot jurídico. Legal Agent es un agente diseñado para entender y operar dentro de un documento legal como lo haría un abogado: analiza riesgos, compara cláusulas frente a las normas internas de la organización, dispone de un trackeo para los cambios que genera, diferencia revisiones previas de nuevas propuestas y detecta disposiciones potencialmente problemáticas. Todo ocurre dentro del propio .docx, sin salir de Word.

Lo que lo distingue técnicamente es su arquitectura. El agente no le pide al LLM que genere cada edición directamente, sino que combina esa capa de comprensión semántica con una capa determinista que aplica los cambios de forma controlada. Esto le permite insertar cláusulas, eliminar párrafos o añadir comentarios preservando el formato original del documento, incluyendo tablas, listas y el historial de cambios. El resultado es un sistema más fiable y predecible que un chatbot, con menos alucinaciones y con la consistencia que el trabajo jurídico exige. El tuit de Brad Smith integra un vídeo de casi minuto y medio de duración donde puede verse en acción:

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Por qué es importante. La clave no es tanto la tecnología, que ya existía, sino la distribución: Word es el programa por antonomasia para redactar, revisar y negociar contratos en todo el mundo. Integrarse ahí supone estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, sin fricciones: elimina la necesidad de otro servicio, crearse una cuenta y loguearse, la curva de aprendizaje, el flujo de trabajo entre dos apps diferentes, migraciones de datos y seguridad. Todo en uno, todo fácil.

El espaldarazo definitivo es el precio. Mientras que la suscripción de productos especializados como Harvey rondan los 1.000 - 1.200 dólares por abogado y mes de base, según estimaciones de mercado recogidas por Sacra, el Legal Agent llega integrado en la suscripción de Copilot Enterprise de 30 dólares mensuales que seguramente muchos despachos ya pagan per se. La diferencia de magnitud y el product placement anticipan una entrada voraz a este nicho de mercado.

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Contexto. A río revuelto, ganancia de pescadores: Microsoft no partía de cero para este proyecto. A principios de año contrató a más de 18 ingenieros de Robin AI, la startup de legal AI que colapsó tras no conseguir cerrar su ronda de 50 millones de dólares. Probablemente si Robin AI no hubiera caído, Microsoft no habría podido crear un producto así tan rápido.

Hablábamos de otros productos especializados pero el nombre en el horizonte era uno: Harvey, el referente del sector. Fundado por Winston Weinberg y el ex Google DeepMind Gabe Pereyra, opera con más de 100.000 profesionales de la ley en más de 1.300 organizaciones y está valorada en 11.000 millones de dólares. Su última ronda de financiación fue de 200 millones, cerrada en marzo de 2026 y co-liderada por GIC y Sequoia. Es cierto que su propuesta va más allá de la revisión de contratos: tiene más de 25.000 agentes personalizados operando en su plataforma con integraciones profundas en los sistemas de gestión documental que usan los grandes despachos, como iManage y NetDocuments. En pocas palabras: no es una función de 30 dólares al mes.

Sí, pero. En cualquier caso, de momento el producto sigue en acceso anticipado, solo en Word para Windows, con restricciones de configuración y algunas quejas de quienes lo han probado ya. Además, queda por ver si los abogados confiarán en una herramienta mainstream para casos de alta complejidad donde un error mínimo puede costar caro. La batalla del precio y la distribución está ganada, la confianza y la profundidad técnica es otra historia. 

Decir que Microsoft va a cargarse a Harvey es una exageración: el Legal Agent va más a por el trabajo de volumen, ese trabajo más mundano de revisiones rutinarias, contratos estándar, NDAs... que cada día lleva horas a profesionales del derecho. Harvey es fuerte en tareas más complejas y/o de alto riesgo: una multinacional con un litigio serio asesorada por un bufete de élite difícilmente va a confiar el asunto a un agente incluido en una suscripción de Office. Lo que sí deja claro la historia de Robin AI es que tener un buen producto y clientes no garantiza la supervivencia: el grupo de organizaciones dispuestas a pagar es más pequeño de lo que anticipaban las rondas de inversión. 

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Portada | Brad Smith en Twitter

Terminábamos el pasado mes de marzo con una noticia: Netflix volvía a subir de precio. Es cierto que la medida aplica a Estados Unidos exclusivamente, pero teniendo en cuenta que es ya su enésima vez, conocemos su modus operandi: es el canario en la mina de una probable subida global que también afectará a Europa. 

Y pese a decir que ha sido la enésima subida de precio de Netflix, siempre pilla un poco de sorpresa: al fin y al cabo es la segunda subida de precio en solo dos años. Sin embargo, es la tendencia clara del sector. Paradójicamente apenas unos días después, un tribunal de Roma ha dictado una sentencia histórica contra la plataforma de Ted Sarandos: declarar ilegales las subidas de precio de Netflix entre 2017 y 2024.

La sentencia. El tribunal romano ha declarado que las cláusulas contractuales que permiten a Netflix modificar de forma unilateral sus precios y condiciones de servicio sin indicar un motivo justificado son nulas y contrarias al Código de Consumo italiano. El fallo cubre los aumentos de precio aplicados entre 2017 y enero de 2024, es decir, los incrementos de los  precios de suscripción implementados en 2017, 2019, 2021 y noviembre de 2024 (salvo que tu relación contractual con la plataforma fuera posterior a enero de 2024).

Como consecuencia, reconoce el derecho de que quienes tengan suscripción en la plataforma a una reducción en el precio actual de la suscripción, al reembolso de las sumas pagadas indebidamente y a una indemnización por daños y perjuicios. Además, obliga a Netflix a publicar el contenido de la sentencia en su web y en los principales periódicos nacionales en un plazo de 90 días, así como a informar a sus usuarios y usuarias.

Por qué es importante. Porque establece un precedente jurídico relevante en Europa: las plataformas de streaming no pueden subir precios de forma arbitraria y unilateral amparándose en cláusulas genéricas. No es que Netflix no pueda subir sus precios (como cualquier otra empresa), sino que lo hacía sin una justificación contractual, lo que el tribunal considera un abuso. Este fallo sienta las bases para exigir a las plataformas digitales más transparencia y rigor en sus contratos con los consumidores.

Contexto. La demanda llega de la asociación de Movimento Consumitori (los consumidores italianos), que llevó el caso ante el Tribunal de Roma denunciando las subidas continuadas de precios de Netflix sin explicación. El derecho italiano exige que, si una empresa se reserva la facultad de modificar unilateralmente un contrato (ius variandi), debe especificar desde el principio qué causas podrían justificar ese cambio. Netflix no lo hacía: sus contratos se simplemente decían que podía cambiar el precio cuando quisiera sin dar razones, las cláusulas críticas son la 3.5 y 6.4. 

El tribunal considera que avisar con 30 días de antelación y permitir cancelar no es suficiente en tanto en cuanto cuando alguien se suscribe a la plataforma no sabe bajo qué condiciones puede encarecerse el servicio. En abril de 2025 Netflix modificó sus términos de uso vinculando los posibles cambios a causas específicas, como mejoras del servicio, exigencias regulatorias o requisitos tecnológicos.

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Cómo afecta a usuarios y usuarias. Cada persona suscrita tendrá derecho a una reducción en el precio actual, al reembolso de más en ese periodo y a una compensación, que según la asociación de consumidores italiana deberá realizar de forma espontánea, si bien puedes unirte a la demanda colectiva en caso de que no sea así.

La sentencia exige a Netflix que reduzca los precios de sus suscripciones actuales en una cantidad igual a los aumentos ilegales. Lo vemos mejor con un ejemplo: si eres premium y activaste tu suscripción en 2017, hoy pagas 19,99 euros pero tienes derecho al servicio por 11,99 euros. Si eres cliente estándar, pasarías de pagar 13,99 euros a 9,99 euros. Y ojo, porque esta medida aplica tanto para quien tiene una suscripción en la actualidad como a antiguos clientes dentro de ese periodo. 

Hasta 500 euros de reembolso. Explican los abogados de MC, Paolo Fiorio y Corrado Pinna, que para el plan premium, los aumentos ilegales aplicados en 2017, 2019, 2021 y 2024 ascienden a 8 euros al mes, para el plan estándar suman un total de 4 euros al mes y para el básico, 2 euros al mes. Así, un cliente de premium que haya pagado Netflix de forma continua desde 2017 hasta hoy tiene derecho a un reembolso de aproximadamente 500 euros, mientras que un cliente de la tarifa estándar tiene derecho a un reembolso de aproximadamente 250 euros. 

Italia es la punta del iceberg. Aunque el caso ha saltado en Italia, en otros países del viejo continente también hay demandas interpuestas contra la plataforma: Países Bajos también tiene una demanda similar en ciernes, FACUA lo denunció en España (si bien todavía no hay avances) y en Alemania el Observatorio Europeo del Audiovisual se hace eco de que los tribunales de Berlín y Colonia ya han fallado en el mismo sentido. 

La base es la misma en todos los casos: la Directiva Europea 93/13/CEE, que prohíbe las cláusulas abusivas que generen un desequilibrio significativo entre los derechos de la empresa y los del consumidor.

 La reacción de Netflix. Inmediatamente después de conocer la sentencia romana, la plataforma declaraba su intención de apelar: "Apelaremos la decisión. En Netflix, nuestros suscriptores son lo primero. Nos tomamos muy en serio los derechos de los consumidores y creemos que nuestras condiciones siempre han estado en consonancia con la normativa y las prácticas italianas", como recoge Reuters. 

La apelación podría modificar o incluso echar atrás el fallo, por lo que el caso no está cerrado. No obstante, la presión sobre Netflix y el daño reputacional ya está hecho. Netflix siempre ha sido la avanzadilla del sector, así que el devenir de este litigio puede marcar un antes y un después en el sector del streaming. 

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Portada | KATRIN  BOLOVTSOVA

El Tribunal Supremo ha dejado claro que los festivos no son días de descanso. Son derechos diferentes. Por lo tanto, si un festivo coincide con tu día de descanso, la empresa tiene que darte otro día libre adicional.

Durante años ha sido habitual que, si un festivo coincidía con, por ejemplo, un sábado, ese día de descanso se perdía. Una sentencia del Tribunal Supremo ha considerado que esa pérdida de un día festivo "no se ajusta a derecho". Por lo que el empleado debe poder disfrutar de ambos derechos: al descanso semanal y a disfrutar los festivos oficiales.

La injusticia: que los festivos coincidan con tu descanso. El Alto tribunal se pronunciaba en este sentido en una sentencia de julio de 2024, en la que se establece que los trabajadores con jornada de lunes a domingo y un día fijo de descanso entre semana tienen derecho a un día adicional cuando ese descanso coincide con un festivo laboral.

Esta resolución corrige el criterio previo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante la demanda de los trabajadores un comercio que, y esto es importante, abría de lunes a domingo con turnos rotativos, en el que los descansos de la plantilla no siempre coincidían con el fin de semana.

Eso hacía que, si un empleado tenía asignado, por ejemplo, los lunes como día de descanso, y coincidía con uno de los 14 festivos reconocidos por ley, ese empleado perdía o un día de fiesta o un festivo, mientras que sus compañeros (con otros días de descanso) sí disfrutaban ambos.

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Si la pregunta es si pueden obligarte a trabajar en fin de semana si trabajas de lunes a viernes, el Supremo da la respuesta: no

En festivo también se descansa. La práctica habitual hasta la fecha era que, si el festivo coincidía con el día de descanso asignado durante la semana, el empleado "perdía" ese día dado que, en realidad, ese descanso se estaba produciendo igualmente.

Sin embargo, la sentencia del Supremo refuerza que los 14 festivos anuales reconocidos en la ley deben disfrutarse íntegramente, sin solaparse con el descanso mínimo semanal al que también tienen derecho los trabajadores, separando así ambos derechos y obligando a la empresa a compensar al empleado con otro día libre adicional.

Descanso semanal y festivo no es lo mismo. La doctrina del Supremo se apoya en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se indica que "las fiestas laborales tendrán carácter retribuido y no recuperable". Es decir, que no pueden sustituir o ser reemplazo de ningún otro tipo de descanso.

En la práctica, el tribunal considera que permitir que un festivo se solape con el día de descanso genera agravios comparativos entre personas con calendarios diferentes dentro de la misma empresa. Mientras unos disfrutan de los 14 festivos reconocidos legalmente más su descanso semanal, otros acaban con menos días libres al año solo porque su día de descanso coincide con el festivo.

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Si ambos coinciden, hay que asignar otro día. A partir de esta doctrina, si un festivo nacional, autonómico o local coincide con el día de descanso asignado, la empresa debe concederte un día libre adicional en otra fecha. Ese día compensatorio no tiene por qué ser el inmediatamente siguiente al festivo, sino que debe fijarse de común acuerdo respetando el calendario laboral y asegurando que el festivo no se pierde.

Para las empresas, esto obliga a revisar cuadrantes y calendarios en sectores que abren todos los días, como el comercio, la hostelería o determinados servicios esenciales, donde es habitual trabajar domingos y festivos.

Cómo te afecta si el festivo cae en fin de semana. En una jornada clásica de lunes a viernes, en la que siempre se disfrute de los mismos días de descanso y la empresa no tenga actividad los días festivos, esta medida simplemente no se aplica ya que los días de descanso no se alteran ni varían.

En cambio, si esos descansos son variables o, aunque se produzcan durante el fin de semana, la empresa tiene actividad los festivos (por lo que hay empleados que sí trabajan), la nueva jurisprudencia impide que ese festivo "desaparezca" sin más. La empresa tiene que compensarlo con un día de descanso adicional.

Según el artículo 47 del Real Decreto 2001/1983 que regula el disfrute efectivo de las jornadas de descanso, cuando por razones organizativas no se pueda disfrutar del día de descanso, la empresa se "verá obligada a abonar al trabajador las horas trabajadas" o a conceder un descanso compensatorio alternativo. Es decir, dado que el día festivo debe realizarse porque no es recuperable, el día de descanso no se "pierde", sino que se debe compensar con otro día o pagar con un incremento del 75% si no se disfruta.

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Imagen | Pexels (Leeloo The First)

Suena el teléfono, miras la pantalla y lo coges pensando "¿quién será?" o peor aún "a ver si es el electricista". Lo que recibes al otro lado es una locución grabada, el silencio por respuesta o quizás una persona dispuesta a venderte algo que no necesitas. Cuelgas. No pasaría nada si no fuera porque antes de ayer te pasó lo mismo. Y la semana pasada. Así que un día tomé decisión: solo cogería la llamada si sabía quién estaba al otro lado. 

A grandes males, grandes remedios. Esta decisión llegó después de años soportando las llamadas indeseadas y de probarlo todo. Sí, estoy en la lista Robinson y también me apunté a la lista Stop Publicidad el mismo día que descubrí su existencia. Por intentarlo, que no sea. 

El problema está en que aunque funcionan, no son infalibles: si la empresa que va a lanzar la campaña publicitaria en cuestión ni la mira, estás apañada. O si contrata a un tercero que usa bases de datos poco fiables. O si directamente, les da igual: estas listas son servicios de suscripción a los que la empresa igual no está apuntada porque le renta asumir el riesgo.

Pero si ya hay legislación contra el spam. Haberlas, haylas y sin ir más lejos, ahora hay prefijos que sirven de alerta u horarios establecidos. Sin embargo, la realidad es que aunque puede que te llegue alguna menos, las sigues recibiendo porque bueno, hecha la ley, hecha la trampa: muchas empresas encuentran resquicios por los que colarse, algunos tan sencillos como subcontratar el servicio a una empresa extranjera, donde no aplique la ley estatal. O que el servicio en cuestión se considere "de interés público". O porque te hayas dado de baja y pueden repescarte. 

O lo más común y que cae del lado del consumidor: porque lo hemos autorizado en algún momento. Ese maldito check que marcaste sin leer. Sí, es cierto que técnicamente podrías dedicarte a buscar y rebuscar entre los servicios que hayas contratado para desactivar esa opción (sin ir más lejos, yo lo hice con Vodafone y Penélope Seguros), pero implica pensar qué servicios tienes, ir a las apps, rebuscar entre los menús y marcar cruzando los dedos para que no te dejes nada. 

Desactivando esa opción en Vodafone, la teleco de la que soy cliente

El bombardeo y la seguridad. Es cierto que de forma aislada coger una llamada no es para tanto. No es la primera vez que me llama el típico servicio de demoscopia y me paso un cuarto de hora respondiendo. El problema es cuando una empresa te llama varias veces en poco tiempo. Y no solo una empresa, porque esta operativa de asedio la pueden seguir varias corporaciones. Llaman, les contestas y otro operador de la misma empresa vuelve a llamar para ofrecer lo mismo unos días después. 

Pero es que hay dos potenciales casos que son peores: que contestes "si", graben esa corta e inocente palabra y luego se use para darte de alta en servicios, como advertía hace un par de años la policía. Ante esa posibilidad, puedes valorar la opción de quedarte callada, pero ni aún así: si una empresa de telemarketing usa software de marcación automática, al descolgar el sistema registra el evento de llamada contestada y tu número queda marcado en su base de datos como activo, como cuenta la experta en ciberseguridad y jefa de Ciberseguridad en GMV Paula González en Maldita.

¿No será matar moscas a cañonazos? Puede que ante esta decisión de no contestar llamadas de números desconocidos alguien se eche las manos a la cabeza pensando en las llamadas que te pierdes: esa llamada del médico, el electricista que nunca llega o de un repartidor. La realidad es que no ha venido sola: Google tiene un magnífico filtro de llamadas en Android y en mi caso, como usuaria de iPhone, he encontrado a mi mejor aliado en el función de buzón de voz en vivo de iOS 26 con la opción de solicitar motivo. 

Cuando entra una llamada de un número desconocido, el teléfono le pide que explique el motivo de la llamada desde el principio. Y aquí ya depende de quien llame: cuando la llamada es spam descarado suelen no dejar mensaje y si lo dejan, nunca recibirán mi respuesta. Si tienen algún interés (por ejemplo un repartidor), me dejan un mensaje. Al ser un buzón en vivo, hasta puedo coger la llamada al momento, cuando la llamada ya no es desconocida.

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Portada | Iván Linares

Hay sentencias que parecen anecdóticas pero que, en el fondo, tienen su importancia. Cuando un juez se decanta a favor de uno u otro lado es importante porque no sólo está ofreciendo su visión sobre un hecho, está allanando el camino para que, en el futuro, se tome como referencia su sentencia de cara a un caso similar.

Cuando estas decisiones las toma un tribunal superior se llama jurisprudencia y sirve, como decíamos, para aplicar el mismo criterio en el futuro. Pese a todo, las conclusiones de los órganos inferiores también son importantes porque pueden servir de base a la defensa o la acusación más adelante.

Por eso es importante atender a los resultados que Ryanair está recibiendo en los juzgados. En los últimos meses, con la multa del Gobierno de fondo, la mayor parte de las noticias que nos llegan están relacionadas con el cobro por la maleta de cabina. Sentencias que son importantes porque, incluso, la propia justicia no parece ponerse de acuerdo.

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Pese a ello, la compañía sigue recibiendo denuncias por otra serie de motivos. Hace unos días se virabilizaba el caso de un anciano al que se le impedía volver a España porque los trabajadores de Ryanair aseguraban que el documento con el que volaba no era válido. Defendían que el DNI permanente, que en España se entrega a las personas con más de 70 años, no podía ser utilizado como un documento legal para volar.

Ahora hemos sabido que Ryanair ha recibido un nuevo varapalo. Tendrá que indemnizar a una pasajera por el retraso de un vuelo. No por el hecho en sí mismo de llegar tarde, concretamente porque la jueza que ha llevado el caso tiene claro que la compañía no puso todos los medios posibles para garantizar que el vuelo saliera en hora.

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La noticia la trae elDiario.es, quien se hace eco de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zaragoza. Su titular ha confirmado que Ryanair tendrá que desembolsar 250 euros para compensar a una pasajera que vio retrasado su vuelo en tres horas.

Lo importante aquí es que la jueza señala que no ocurrió nada extraordinario para que el vuelo se retrasara, tirando por tierra el principal argumento de defensa de la compañía. Esta alegación es la que suelen emplear las aerolíneas para tratar de negar la indemnización por retraso de un vuelo, como se puede leer en la propia página web de la compañía.

Según la plataforma reclamador.es (que ha llevado la defensa de la pasajera), muchas veces se les dice a los pasajeros que “no tienen derecho a una indemnización porque la incidencia se ha producido por una causa de fuerza mayor que era imprevisible para la compañía aérea, pero que en muchas ocasiones el fin de esta argumentación es evitar resarcir económicamente a los pasajeros porque en realidad no se ha producido tal circunstancia extraordinaria".

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En este caso, la defensa de la pasajera alegaba que la compañía podría haber tenido un plan alternativo si hubieran tomado las medidas oportunas. Algo con lo que coincide la jueza quien en su escrito ha resaltado que la compañía era consciente de que el vuelo se iba a retrasar porque en su trayecto anterior el avión ya viajaba con retraso. Sin embargo, no puso en marcha ningún plan alternativo y se limitó, exclusivamente, a retrasar el vuelo de siguiente.

Para la jueza, conscientes de que el vuelo entre Oporto y Londres ya circulaba con un "grave retraso", la empresa tendría que haber contemplado cómo podía evitar que el vuelo entre Londres y Zaragoza se retrasara. En lugar de dejar que la siguiente ficha del dominó cayera, en Ryanair tendrían que haber buscado la manera de evitar este último retraso pero, en su lugar, sencillamente mantuvieron su plan inicial y esperaron a que éste se replicara en el vuelo de la pasajera afectada.

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En su escrito, la jueza recalca además que"el hecho de que se asigne un avión a varios vuelos en un corto período de tiempo únicamente obedece a una decisión empresarial, de reducción de costes, etc. pero que da lugar a asumir un riesgo claro de que una incidencia en uno de ellos afecte a todos los restantes vuelos asignados a la aeronave". Eso no debería ser motivo, sin embargo, para subsanar el problema.

La sentencia de este juzgado español sigue la línea del decretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que el año pasado sentenciaba que las aerolíneas tienen que indemnizar a los pasajeros siempre que no consigan demostrar que tomaron todas las medidas razonables para evitar un retraso, incluso ante "circunstancias extraordinarias" que ha sido en lo que se han basado hasta ahora sus defensas.

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Desde la reforma laboral de 2012, España utiliza un baremo fijo para establecer la indemnización por despido improcedente. El Consejo de Europa ha vuelto a instar a España a cambiar este sistema señalando que no cumple con lo establecido por la Carta Social Europea y a las empresas les está saliendo muy barato despedir a sus empleados sin un motivo justificado.

El organismo europeo considera que los trabajadores en España no están correctamente protegidos frente a un despido sin causa justificada porque al conocerse de antemano el coste de su indemnización por despido, esta pierde su efecto disuasorio. Además, la normativa no contempla que en el cálculo de esa indemnización se aplique el principio de proporcionalidad por los daños causados al trabajador.

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Nuevo aviso de Estrasburgo. España ratificó la Carta Social Europea en 2021 con el objetivo de armonizar las políticas laborales en todo el territorio de la Unión, comprometiéndose a transponder las indicaciones del documento comunitario a la normativa española. Sin embargo, las resoluciones emitidas por este organismo europeo no son vinculantes, pero sí el compromiso firmado por España.

Como adelantaba El País, el pronunciamiento de Estrasburgo se ha producido por una reclamación del sindicato CCOO en 2022 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (que se suma a la petición ya resuelta de UGT en 2024) sobre la necesidad de reformar el sistema de indemnizaciones en España. El sindicato reclama al Gobierno de España equiparar su normativa a la europea, lo que hecho que el organismo se pronuncie de nuevo, dando la razón al sindicato e instando al gobierno a modificar este sistema.

La legislación española de 2012. El Consejo de Europa ha dejado claro que el sistema de indemnización por despido improcedente de España incumple los parámetros de justicia y reparación adecuados. Según la normativa española actual, que reformó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, los trabajadores reciben una compensación de 33 días de salario por año trabajado, con un límite máximo de 24 mensualidades, en lugar de los 45 días por año con 42 mensualidades que había antes de la reforma.

Sin embargo, el Consejo de Europa ha sido considerado este modelo insuficiente por su nula capacidad de disuasoria para despidos improcedentes, ya que otorgaba a las empresas la capacidad de calcular los costes del despido con antelación, especialmente para aquellos con poca antigüedad en sus puestos de trabajo.

Portavoces del sindicato insistían en que esta resolución "Evidencia la necesidad abrir una etapa de diálogo y negociación en el ámbito del Diálogo Social para adecuar el marco de protección de los trabajadores frente al despido a las exigencias de la Carta Social Europea", recogía El Plural.

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Discrepancias por el artículo 24. El principal punto de fricción entre la Carta Social Europea y la legislación española vigente se centra en la sección B del artículo 24 del documento europeo en el que se indica: "El derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada".

En sus resoluciones, el Consejo de Europa ha dejado claro que el sistema de indemnización por despido improcedente de España incumple los parámetros de justicia y reparación adecuados, dejando en manos judiciales el cálculo de una indemnización personalizada a cada caso específico.

"Es imprescindible fortalecer la función disuasoria y reparadora de nuestro sistema de indemnización en caso de despido injustificado y recuperar la readmisión como medio de reparación", señalaba CCOO en su escrito ante el Consejo de Europa.

El "parche" temporal: acudir a los tribunales. Mientras se espera que el Gobierno adapte la legislación a las recomendaciones europeas, a los trabajadores que se enfrentan a un despido improcedente solo les queda la vía judicial para conseguir una indemnización acorde a la Carta Social Europea. Sin embargo, el Tribunal Supremo no se ha mostrado muy conforme con esa solución por entrar en conflicto con la normativa española, que ya consideran "adecuada", aunque dejó abierta la posibilidad de reinterpretaciones a partir de los estándares europeos.

Los últimos datos de despidos recogidos en el informe 'Estadística de Despidos y su Coste' elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social dan la razón a Europa, indicando que la indemnización media por despido en España en 2023 era un 35% inferior a las que se recibieron en 2021, aunque el número de despidos se incrementó en un 34%. Es decir, pese a que los despidos improcedentes se han resuelto por vía judicial, los tribunales no han impuesto indemnizaciones más elevadas en concepto de "reparación" como piden desde Europa.

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Imagen | Unsplash (Mika Baumeister)

De entre las muchas paradojas de Japón, ninguna como la historia de Iwao Hakamada. En 1968 tenía 30 años y la vida le cambió para siempre. Un tribunal del país lo declaró culpable de cuatro asesinatos y un incendio, y como resultado de ello recibió la pena capital. Hakamada se convirtió en el preso que más tiempo pasó en un corredor de la muerte, y lo decimos en pasado porque tras medio siglo entre rejas, ahora es libre.

Todo fue un error, y Japón quiere compensárselo.

Una compensación simbólica. Hakamada, exboxeador profesional japonés, ha recibido una compensación de 217 millones de yenes (alrededor de 1,4 millones de dólares) tras pasar más de 40 años condenado a muerte por un crimen que no cometió, lo que lo convirtió en el prisionero en el corredor de la muerte con mayor tiempo de encierro en el planeta.

La cifra equivale a una media de 85 dólares por cada día que estuvo privado de libertad desde su condena en 1968, una suma que, aunque histórica por su magnitud en el contexto japonés, ha sido calificada por su defensa como insuficiente para reparar el daño irreversible causado. Su abogado, Hideyo Ogawa, ha sostenido que el Estado cometió un error imperdonable y que ninguna cantidad de dinero puede restaurar la vida que le fue arrebatada.

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Contexto de un disparate demoledor. La historia la contamos hace un tiempo. En el año 1966 la policía encontró en una casa de Shizuoka, al oeste de Tokio, los cadáveres de un hombre, su esposa y los dos hijos adolescentes. Habían muerto a puñaladas. El chico estaba al frente de una planta de miso y las pesquisas acabaron apuntando a uno de sus empleados, un exboxeador de 30 años. Su nombre: Iwao Hakamada.

El arresto. Dos meses después de los homicidios y el incendio, a Hakamada lo arrestaron. El hombre fue sometido a extensos interrogatorios que incluyeron golpes y amenazas, lo que derivó en una confesión que más tarde denunció como forzada. En dos años llegó la sentencia. El Tribunal de Distrito de Shizuoka lo declaró culpable de los delitos y lo condenó a la pena máxima: la horca. En su caso se dieron dos pruebas clave: una confesión y varias prendas ensangrentadas que supuestamente pertenecían a Hakamada.

Los agentes habían tardado en aportarlas al caso porque no las encontraron hasta un año después de la detención del boxeador, ocultas en un tanque de miso. El juez disidente, profundamente afectado por la decisión final, renunció a su cargo seis meses después, incapaz de vivir con el fallo. Desde entonces, Hakamada ha sostenido su inocencia de manera inquebrantable.

Las pruebas genéticas. El caso comenzó a dar un giro en el año 2014, cuando aparecieron nuevas pruebas de ADN que demostraron que las prendas ensangrentadas utilizadas como prueba clave en el juicio habían sido manipuladas y posiblemente colocadas en la escena tiempo después del crimen.

Estos hallazgos llevaron a su liberación ese mismo año, aunque la absolución definitiva no llegaría hasta marzo de 2023 y la sentencia el año pasado, cuando el tribunal de Shizuoka finalmente lo declaró inocente. La resolución fue celebrada como un hito judicial, aunque no pudo ser presenciada por Hakamada, cuya salud mental se encuentra gravemente deteriorada a causa de las décadas de encierro, al punto de vivir, según su hermana Hideko, “en su propio mundo” sin contacto con la realidad.

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Críticas al sistema japonés. El caso del exboxeador ha expuesto al mundo las deficiencias estructurales del sistema de justicia penal japonés, donde las tasas de condena superan el 99%, en gran parte debido a la dependencia de confesiones obtenidas bajo presión. Su historia también ha revitalizado el debate sobre la validez de la pena de muerte y la necesidad de reformas profundas en los procesos penales del país.

La prolongada espera para una revisión judicial, la negativa inicial a aceptar pruebas exculpatorias y la falta de mecanismos efectivos para prevenir abusos han convertido este caso en un símbolo internacional del potencial devastador de los errores judiciales. Aunque la magnitud de la indemnización recibida representa un reconocimiento oficial de la injusticia sufrida, parece imposible revertir las décadas de aislamiento, el deterioro mental ni la pérdida de una vida plena.

Imagen | Christian Senger

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La de Iwao Hakamada es una de esas historias demoledoras, trágicas y de desenlace inesperadamente feliz que cuesta imaginar fuera de las páginas de una novela negra, la última serie noir de Netflix o un guion salido de Hollywood.

En 1968, cuando tenía 30 años, un tribunal japonés lo declaró culpable de cuatro asesinatos y un incendio, crímenes por los que lo condenó a la pena capital. El restante medio siglo de vida de este exboxeador transcurrió entre rejas, aislado y con el miedo constante de que llamasen a su puerta para llevarlo a la horca.

Ahora, con 88 años, los últimos diez vividos ya fuera de prisión por las dudas que sobrevuelan su caso, Hakamada ha logrado que un tribunal lo declare inocente. Lo ha hecho, precisa el diario japonés Asashi, tras asumir que probablemente tres de las pruebas principales que se usaron para juzgarlo hace ya casi 60 años se "fabricaron", incluida la confesión incriminatoria del propio Hakamada.

Remontándose a 1966

Para entender su historia hay que remontarse a 1966, cuando la policía encontró en una casa de Shizuoka, al oeste de Tokio, los cadáveres de un hombre, su esposa y sus dos hijos adolescentes. Los habían matado a puñaladas. El primero, el varón, estaba al frente de una planta de miso y las pesquisas acabaron apuntando a uno de sus empleados, un exboxeador de 30 años. Su nombre: Iwao Hakamada.

Dos meses después de los asesinatos y el incendio, lo arrestaron. En 1968 llegó la sentencia. El Tribunal de Distrito de Shizuoka lo declaró culpable de los delitos y lo condenó a la pena máxima: la horca. En su caso hubo sobre todo dos prueba clave: una confesión y varias prendas ensangrentadas que supuestamente pertenecían a Hakamada. Los agentes tardaron en aportarlas al caso. No las encontraron hasta un año después de la detención del boxeador, ocultas en un tanque de miso.

A pesar de la severidad de sentencia y los varapalos judiciales que ha ido recibiendo, la familia de Hakamada no se dio por vencida. Hubo una apelación infructuosa ante el Supremo y una petición de repetir el juicio, en 1981, ante la Corte Suprema. También esa instancia rechazó los intentos de sus abogados.

En 2008, cuatro décadas después de la sentencia inicial, la defensa pareció dar al fin con la tecla y planteó serias dudas sobre la validez de las pruebas que la Fiscalía había presentado contra el boxeador. El foco se centró en las prendas con sangre.

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Los abogados recordaron que cuando se encontraron los tejidos ocultos en el tanque de miso, las manchas de sangre conservaban aún su color rojizo. Quizás parezca una cuestión sin importancia, pero ha resultado crucial. ¿El motivo? Los letrados han planteado una pregunta clave: ¿Cómo conservaban esa tonalidad tras estar un año escondidos en el tanque? "No son de Hakamada", concluyen.

Otra de las claves fue la confesión.

El exboxeador solo reconoció los crímenes tras casi tres semanas sometido, aseguraron más tarde sus abogados, a brutales interrogatorios que se prolongaban hasta 12 horas al día e incluían palizas. Una vez iniciado el juicio Hakamada volvió a reivindicar su inocencia. En el caso hubo más claves, como el ADN de las prendas del tanque, que según la defensa no se correspondía con el de Hakamada.

Los argumentos a favor de la inocencia del boxeador o que al menos arrojaban dudas sobre el juicio de 1968 fueron lo suficientemente firmes como para que en 2014 el juez Hiroaki Murayama decidiese que era "injusto" mantenerlo detenido en el corredor de la muerte. "La posibilidad de su inocencia ha quedado clara en un grado respetable". Hakamada acabó liberado, a la esperar de un nuevo juicio.

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Ahora cuida de él su hermana, de 91 años. Hakamada ya no está en un centro penitenciario, pero arrastra una pesada carga por sus años entre rejas, precisa The Guardian: un deterioro físico y mental relacionado con su largo cautiverio, bajo la amenaza constante de que lo ejecutaran. De hecho ni siquiera ha tenido que testificar durante las audiencias celebradas para el nuevo juicio. El tribunal lo eximió de esa obligación precisamente por su delicada salud mental.

Ni la duración del proceso ni la edad de Hakamada han permitido que los engranajes del sistema judicial se aceleraran. El nuevo juicio no se desbloqueó hasta marzo de 2023 y la sentencia no ha llegado hasta ahora, cuando el tribunal lo ha absuelto. No solo eso. El tribunal ha revocado la condena que mantuvo al exreo casi medio siglo en el corredor de la muerte al considerar que se había basado en pruebas que, todo indica, fueron "fabricadas", incluida la confesión de 1966.

Queda aún la duda de si los fiscales optarán o no por apelar el nuevo veredicto. Los abogados de Hakamada ya han pedido que se abstengan, dada su edad.

El caso es importante (y mediático) por algo más que sus detalles, cómo se desarrolló el juicio o los años que el exboxeador permaneció en la cárcel. En Japón no son frecuentes los nuevos juicios a presos con una condena a muerte.

El caso de Hakamada es de hecho el quinto en la historia reciente de Japón, desde la posguerra. A pesar de la notoriedad de su caso y que el país es uno de los pocos del G7 que mantiene la pena capital, las condenas a muerte cuentan con un alto respaldo social. Una encuesta elaborada por el Gobierno en 2019 concluyó que alrededor del 80% de los encuestados consideraban que era "inevitable".

Imágenes |Amnistía Internacional, Ethan Wilkinson (Unsplash) y Tim Photoguy (Unsplash)

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Fiscalía ha decidido declarar la guerra a los delitos de odio en las redes. Y no de una forma abstracta o teórica, sino con propuestas concretas que esta mañana se ha encargado de deslizar en la cadena SER el fiscal Miguel Ángel Aguilar. Durante una entrevista en 'Hoy por Hoy' y con los bulos xenófobos del crimen de Mocejón como telón de fondo, Aguilar ha dejado sobre la mesa dos ideas contundentes: la primera, replantearse el anonimato en las redes; la segunda, que en ciertos casos se prohíba a quienes han sido condenados por delitos de odio volver a usarlas.

La gran pregunta es… ¿Cómo trasladarlo a la práctica?

¿Qué ha pasado? Que Fiscalía ha decidido abrir el melón de los melones en lo que a redes sociales se refiere. Durante una entrevista en la cadena SER, el fiscal de Sala Coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha abogado esta mañana por replantearse la regulación de las redes. Y lo ha hecho poniendo el acento en dos de las cuestiones más espinosas: anonimato y accesibilidad. Al menos en los "casos más graves" de delitos de odio.

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Pero.. ¿Qué ha dicho exactamente? Aguilar ha reconocido que con las herramientas que tiene ahora a su alcance Fiscalía "puede trabajar", pero deslizó que el Ministerio Público necesita "algunos perfeccionamientos técnicos".

"Por ejemplo, que se pueda interesar por parte de la Fiscalía y los tribunales puedan acordar la prohibición de acudir a entornos digitales —apuntó Aguilar—. La prohibición de aquellas personas que se han servido Internet o las redes para la comisión de un delito que puedan acceder al medio con el que lo han cometido".

¿Y qué significa eso? Una suerte de orden de alejamiento aplicable a aquellas personas que hayan sido condenadas por verter mensajes de odio en las redes. El objetivo: que al menos durante un tiempo no puedan volver a usar las plataformas de las que se valieron para vulnerar la ley y compartir mensajes de odio.

"En los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, creo que es una medida", matizó el fiscal de la Unidad de Delitos de Odio.

¿Cómo hacerlo? La pregunta del millón, aunque Aguilar ha sido claro en el planteamiento y los problemas con los que lidia ahora Fiscalía al estudiar delitos de odio. "Si cojo un coche o una moto estoy identificado. Sería interesante. Muchas veces nos encontramos con esa dificultad, que la investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor". "Sería muy interesante mirar sí habría que estudiar que quienes actúan en redes estén debidamente identificadas. Y sobre todo, que cuando lo requiera la autoridad judicial se facilite la identidad".

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¿Y el anonimato? Esa es la segunda idea que dejó Aguilar y que está directamente relacionada con su primera propuesta. Las redes permiten ahora lanzar mensajes bajo el amparo del anonimato, pero… ¿Hasta qué punto resulta eso compatible eso con las medidas más severas que plantea el fiscal para los casos que revistan mayor gravedad? Aguilar también se pronunció al respecto. Y de sin medidas tintas. En su opinión, toca abrir complicado debate de si los usuarios deben o no identificarse en las plataformas en las que escriben.

¿Cuál es el contexto? Importan las declaraciones de Aguilar, pero importa también, y no poco, el contexto en el que las ha pronunciado. Fiscalía acaba de confirmar que estudiará los mensajes "falsos" y de "odio" difundidos a lo largo de los últimos días sobre el asesinato perpetrado el fin de semana en Mocejón.

Después de que trascendiera que un niño de 11 años de la localidad había sido acuchillado circularon por las redes mensajes que relacionaban lo ocurrido con inmigrantes y menores no acompañados. El asesino confeso es un joven de 20 años vinculado a la localidad y que, según afirma su familia, sufre una discapacidad intelectual, algo que ya están investigando las autoridades.

"Tenemos en nuestras calles día a día agresiones hacia personas por este tipo de motivaciones", advirtió Aguilar sobre la difusión de mensajes que relacionaban el asesinato con inmigrantes. Sobre lo ocurrido en Toledo y si los tuits en los que se acusaban a inmigrantes de estar detrás del asesinato podrían considerarse delitos, Aguilar se ha mostrado cauto: "No se puede hacer una afirmación categórica".

¿Una medida excepcional? La idea de apartar de las redes sociales de forma temporal a quienes se hayan valido de ellas para cometer delitos de odio, al menos en "los casos más graves", quizás suene chocante, pero Aguilar ha recordado que la medida no es del todo nueva. Para ser precisos, deslizó que el Ministerio Público de Barcelona ya puso sobre la mesa una respuesta similar para un influencer que se dedicaba a grabar y difundir vídeos en los que humillaba a personas sin hogar.

"Se dictó por parte del Tribunal Supremo, cuando estudió este caso, la primera sentencia en España que contemplaba expresamente prohibir acudir al lugar del delito, no solamente en el espacio físico, sino también en el virtual. Ahí tenemos un precedente jurisprudencial. Ahora es importante que se traslade a la legislación".

Imágenes | Google Earth y Chase Chappell (Unsplash)

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El Ministerio de Derechos Sociales acaba de poner en marcha la maquinaria administrativa para crear una nueva ley que —avanzan los expertos— convertirá a España en un estado "pionero" a nivel europeo e incluso mundial. Hasta ahí nada especialmente interesante. Lo llamativo es a quién se dirigirá esa nueva normativa. Su foco se centra en los "grandes simios", los gorilas, orangutanes, chimpancés y bonobos, primates que, argumenta el Gobierno, son mucho más que "seres sintientes" y muestran los atributos que definen la personalidad humana.

El debate está servido.

¿Qué ha pasado? Que el Gobierno ha activado los engranajes administrativos para crear una ley específica que proteja a los grandes simios, etiqueta bajo la que se agrupa a gorilas, orangutanes, chimpancés y bonobos. La decisión no es del todo nueva. Hace ya casi 20 años se presentó en el Congreso una proposición en favor de los mismos primates y en la Ley de Bienestar Animal de 2023 el propio Gobierno se emplazaba a desarrollar una norma para estas criaturas.

Ni lo uno ni lo otro ha evitado sin embargo que la última propuesta de la Dirección General de Derechos de los Animales haya generado interés. Y es lógico que así sea. España aspira a desarrollar una norma pionera a nivel internacional.

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Más que simples "seres sintientes". A la espera de conocer su anteproyecto de ley en detalle, el informe que ha publicado el Gobierno para abrir su plazo de consulta pública avanza ya parte del argumentario de la futura norma, que parte una premisa capital: los grandes simios son mucho más que "seres sintientes", categoría que la legislación española ya reconoce a los animales.

"La ciencia ha demostrado que disponen de capacidades cognitivas como el aprendizaje, la comunicación o el razonamiento complejo que les acercan a las de los seres humanos", recoge el texto de la Dirección General de Derechos Animales: "Además, en un plano superior al de otros mamíferos, los grandes simios parecen estar dotados de autoconciencia e intencionalidad en la toma de decisiones".

Tanto es así, recuerda el organismo, que estos grandes primates "comparten" los 15 atributos que según el bioético estadounidense Joseph Fletcher permiten definir la personalidad humana, como inteligencia, autoconciencia, autocontrol, sentido del tiempo, el futuro y el pasado o capacidad para relacionarse con sus congéneres.

"Protección especial". Que el departamento de Pablo Bustinduy recalque la naturaleza especial de los grandes simios no es casualidad. Son esos rasgos, su "condición de seres sintientes", "proximidad genética a nuestra especie" y "alto grado de evolución" lo que, en opinión del Gobierno, hace necesario desarrollar una "protección especial" para chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes. El objetivo: eliminar prácticas que puedan poner en peligro sus vidas y "dignidad".

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Ni experimentación ni fines comerciales. Aunque a la norma todavía le queda una larga tramitación y debate por delante, el Gobierno aspira a cubrir los vacíos legales que existen y alcanzar al menos cinco objetivos. El primero: prohibir de forma expresa que se experimente e investigue con grandes simios si durante el proceso se les causa daños y el resultado no "redunda en su beneficio".

La norma quiere además describir las "condiciones rigurosas" en las que deben vivir —"en todo caso con propósito de conservación", aclara— y vetar cualquier uso comercial, lo que incluye "espectáculos que menoscaben la dignidad" del animal.

140 animales (mínimo). Que sea España la que se lance a la elaboración de una ley pionera y no una nación con poblaciones autóctonas de primates quizás llame la atención, pero lo cierto es que en nuestro país hay un buen número de grandes simios. Más de 140, para ser precisos, según cálculos del Instituto Jane Goodall.

El organismo aclara que esa cifra solo tiene en cuenta los ejemplares que viven en zoológicos y centros de rescate, a donde llegan tras  ser confiscados a particulares o rescatados del tráfico ilegal, entregas voluntarias e intercambios. También hay casos en los que los animales nacen directamente privados de libertad.

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¿Qué dicen los datos? Desde la Dirección General reconocen a El País que se sabe que hay alrededor de un centenar de grandes simios en los principales zoos de España, aunque "se desconoce el número que puede estar en manos de dueños de forma ilegal o clandestina". Fundación Mona, con sede en Cataluña, comparte otra cifra igual de elocuente con La Vanguardia. Según sus cálculos, habría cerca de 84 chimpancés bajo custodia. Cuando el centro habló con el diario, en julio, ellos mismos tenían 14 y esperaban la llegada de otros tres en cuestión de días.

"El problema es que los centros de acogida ya estamos saturados en España y en Europa, por lo que no es posible sacar a todos los custodiados en los zoológicos y hay que regular mejor sus condiciones y evitar que se reproduzcan para no aumentar una población que seguiría encerrada de por vida", advertían.

317 observaciones. Prueba de que el anteproyecto de ley sobre grandes simios ha generado interés, más allá de las noticias que ha protagonizado en medios de todo el país, es que la Dirección General de Derechos de los Animales recibió 317 comentarios durante la fase de consulta pública, que se cerró el 31 de julio.

El dato lo desveló hace unos días vía X el propio director de la organismo estatal, Joserra Becerra. "Todas las aportaciones serán estudiadas y tenidas en cuenta", garantiza: "Los grandes simios (gorilas, orangutanes, chimpancés) son seres extraordinarios cuya inteligencia y carácter se acercan a los del ser humano".

¿Y cuáles son sus propuestas? Algunas organizaciones han compartido de forma pública sus comentarios u observaciones para la futura ley española. Entre ellas destaca el Instituto Jane Goodall que ha publicado un detallado y extenso listado con las anotaciones que ha enviado al Ministerio de Asuntos Sociales.

Las dos primeras son rotundas: el fin de los programas de reproducción en cautividad en España, ya que, argumenta la institución, los ejemplares que nacen privados de libertad no pueden introducirse luego en hábitat naturales; y, ya a más largo plazo, acabar directamente con la cautividad de grandes simios. Únicamente contempla excepciones en casos muy específicos: aquellos animales confiscados y recuperados del tráfico ilegal y acaben en centros de rehabilitación adecuados.

No son sus únicas propuestas. Entre otras cuestiones, reclama que solo se les aplique eutanasia "en casos muy concretos" en los que el bienestar del animal se vea comprometido, y que se prohíba de forma tajante el uso de estos simios en espectáculos o producciones audiovisuales como actores o parte del decorado.

La reproducción en cautividad, en el foco. El Instituto Jane Goodall no es el único que ha pedido de forma pública que la ley dedique una atención especial a la cría en cautividad. Proyecto Gran Simio reconoce que uno de sus principales retos es precisamente poner fin a los "programas de nacimiento en cautividad que no estén respaldados por ningún informe científico independiente".

"Queda sin duda esperar al texto que proponga la Dirección General, los ataques de los sectores interesados en la explotación de los homínidos no humanos, de las barbaridades que se dirán cuando el texto sea debatido públicamente ante las dos cámaras", anticipa la organización, que espera que la norma marque un punto de inflexión. Sus reclamaciones, recuerdan, ya llegaron al Congreso en 2006 y 2008.

"Seremos pioneros". “Este es un paso muy preliminar pero llevamos décadas esperando, y hasta donde yo sé, creo que no hay una ley en la Unión Europea sobre grandes simios como la que se quiere aprobar, así que seremos los pioneros; si hay regulaciones que, en general, los protegen, pero no una específica", compartía hace unos días con La Vanguardia Marta Merchán, responsable de la Fundación AAP.

Imágenes | Marc Dalmulder (Flickr)

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