El debate por el control de internet acaba de bajar al nivel más básico en Malasia: quién reparte las direcciones IP

Hay una parte de internet que casi nunca vemos y, precisamente por eso, tendemos a darla por resuelta. No hablamos de las webs, de las aplicaciones ni de los grandes centros de datos, sino de los números que permiten que unas redes encuentren a otras sin pisarse el terreno. Esa administración silenciosa es una de las razones por las que internet funciona como una red común y no como una suma de sistemas incompatibles. Cuando esa capa entra en disputa, lo que se discute es bastante delicado.

El movimiento. Malasia ha puesto sobre la mesa una reforma legal que apunta directamente a esa capa básica de la red. En una consulta pública se ha planteado dar a MCMC, el regulador de comunicaciones del país, autoridad legal para gestionar y administrar recursos de direccionamiento electrónico, incluidas direcciones IP, números AS y tasas asociadas. La propuesta también abre la puerta a desarrollar un Registro Nacional de Internet para Malasia.

La capa invisible. Como decimos, aquí no hablamos de dominios, sino de la numeración que sostiene el encaminamiento de internet. Una dirección IP identifica un recurso dentro de la red; un número AS identifica a una red autónoma, por ejemplo la de un operador o un gran proveedor, que intercambia rutas con otras redes. Es una distinción técnica, sí, pero con una consecuencia muy concreta: estos recursos no pueden depender de reglas que se contradigan entre sí. Su valor está precisamente en que todos los reconocen bajo un sistema común.

Ese sistema no depende, en condiciones normales, de cada Estado por separado. El modelo actual se apoya en cinco registros regionales de Internet, conocidos como RIR, que gestionan la distribución de direcciones IP y números AS en distintas zonas del mundo. APNIC es el registro correspondiente a Asia-Pacífico, mientras que ARIN cubre Norteamérica y parte del Caribe, LACNIC América Latina y el Caribe, RIPE NCC Europa, Oriente Medio y parte de Asia Central, y AFRINIC África. La lógica es evitar que una infraestructura global quede partida en decisiones nacionales incompatibles.

El precedente nacional. Hay economías que ya cuentan con un Registro Nacional de Internet, pero eso no significa que cualquier país pueda crear uno cuando quiera. En la región de APNIC existen siete casos reconocidos, asociados a China, India, Indonesia, Japón, Corea, Taiwán y Vietnam. La diferencia es que esos registros vienen de una etapa anterior, cuando algunas estructuras nacionales ya existían o estaban formándose antes de que el modelo regional quedara consolidado. Por eso la propuesta malasia no parte de cero, pero sí choca con una puerta que APNIC considera cerrada desde hace años.

APNIC sostiene que esa puerta está cerrada por una razón concreta. En 2012 dejó de aceptar nuevas solicitudes para crear Registros Nacionales de Internet y, en febrero de 2024, hizo permanente esa moratoria. También retiró el antiguo marco que servía para evaluar nuevos NIR, de modo que hoy no existe un procedimiento vigente para reconocer otro registro nacional en la región. En su correspondencia con la MCMC, APNIC insiste en ese punto: no puede tramitar una solicitud malasia bajo un modelo que ya considera superado.

La lectura malasia. Desde el lado del regulador, el argumento pasa por poner al día una norma nacida en 1998, antes de que la economía digital tuviera el peso actual. La consulta plantea dar a MCMC una autoridad más clara sobre la administración de recursos de direccionamiento electrónico y sobre las tasas vinculadas a esa gestión. APNIC, además, recoge en su correspondencia que MCMC ha defendido más control local sobre las asignaciones, un acceso más sencillo a recursos y un empuje a IPv6. El planteamiento oficial apunta a ordenar y reforzar esa administración, aunque el alcance de ese control es precisamente lo que abre la disputa.

Lo delicado es el precedente. Un Registro Nacional de Internet con más autonomía de la prevista por APNIC no solo afectaría a Malasia, también enviaría una señal a otros gobiernos interesados en gestionar desde casa recursos que hasta ahora se coordinan regionalmente. The Register apunta que, si un NIR malasio asumiera parte de las funciones de APNIC, podría reabrirse el debate sobre el papel de los gobiernos en la asignación de recursos de internet. La preocupación política existe, pero conviene formularla con cuidado: el riesgo no está en lo que la consulta dice hacer, sino en el poder que podría concentrarse si ese modelo se amplía.

No estamos, por tanto, ante una pelea por una web, una aplicación o una plataforma concreta. La disputa baja a una capa mucho más básica: quién administra la numeración que permite que internet siga funcionando como una red compartida. Si Malasia insiste en avanzar hacia un Registro Nacional de Internet, el choque con APNIC no tiene por qué ser ruidoso en el primer momento.

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