¿Hasta dónde puede llegar esta nueva crisis energética y qué mecanismos tiene España para amortiguarla?
Este martes el Consejo de Ministros espera aprobar un nuevo paquete de medidas con el fin de frenar la escalada de precios energéticos, hoy todavía disparados por la guerra en Oriente Próximo. Se trataría de un nuevo escudo anticrisis con el que el Gobierno prevé poder prorrogar algunas de las medidas de apoyo de anteriores decretos y proteger a hogares y empresas del impacto de una inflación desatada.
Aunque todavía no se conoce al detalle el contenido del paquete y otros asuntos como el “decreto Maricarmen” están ocupando la actualidad y el Consejo, la nueva norma permitirá previsiblemente prorrogar las ayudas que estaban vigentes hasta el último día de septiembre e introducir algunas otras dirigidas a contener las facturas en los hogares este invierno.
Entramos en el octavo mes de guerra. Desde el estallido del conflicto bélico en Irán el pasado mes de febrero, la evolución de los mercados energéticos ha vuelto a tener un impacto visible en los precios que pagan hogares y empresas. Como apunta EFE, solo durante el mes de agosto la gasolina se ha encarecido un 16,9% y el gasóleo, un 30,3%, lo cual ha disparado, a su vez, la inflación hasta un 4,9% en septiembre.
La propia escasez en el transporte mundial de carburantes o la sombra de una posible prohibición en las exportaciones por parte de Trump son solo algunos de los factores que han hecho que, a pesar de las subvenciones, los productos energéticos se disparen hasta un 21,6% en nuestro país, alcanzando niveles que no se veían desde la guerra de Ucrania en 2023, según los últimos datos del INE publicados este martes.
Objetivo: paliar la pérdida de poder adquisitivo. Entre las medidas que se espera que se aprueben se encuentran las ayudas al sector agroalimentario, que incluyen la compensación por los sobrecostes del diésel agrícola. También los descuentos actualizados de septiembre en gasolina y diésel, que son de 5 y 20 céntimos por litro respectivamente.
Además, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, a su llegada a la reunión de ministros de energía que se celebra este martes en Dublín, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros limitará al 15% la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas. La TUR cuenta con más de tres millones de consumidores a día de hoy y se revisa cada trimestre. Sin esta intervención, la OCU estima que la factura podría subir hasta un 54% a partir del 1 de octubre. El paquete también limitará el precio de la bombona de butano a 19,55 euros. Todo esto se sumará a los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y la prohibición de cortes de suministros básicos, que ya está previsto que estuviesen vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.
¿Vuelve la excepción ibérica? El Economista recoge las advertencias de varios expertos sobre el riesgo de que persista una inflación energética elevada y termine trasladándose al resto de la economía. Con esto sobrevolando el escenario actual, tanto Sumar como los principales sindicatos han rescatado la idea de volver a aplicar la excepción ibérica, el mecanismo temporal que permitió a España y Portugal limitar el precio del gas utilizado para generar electricidad y, con ello, contener su impacto sobre el mercado eléctrico.
Por ahora, la propuesta no cuenta con el respaldo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que, según recoge El Economista, se ha mostrado contrario a recuperar el mecanismo.
Imagen | Nikola Johnny Mirkovic
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