El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% a partir del 1 de junio. Esa es la noticia del día, y antes de echarte las manos a la cabeza al pensar en tu próxima factura, respira, porque aquí hay mucha tela que cortar. Seguramente te estés preguntando: ¿por qué pasa esto? Si llevamos meses escuchando que tenemos un "escudo renovable" que nos protege de la crisis energética mundial, ¿qué demonios ha ocurrido para que nos devuelvan el hachazo fiscal?

La respuesta corta es que el sistema ha funcionado tan bien que, paradójicamente, nos ha quitado las ayudas. España se asoma a una extraña paradoja energética y económica: la buena salud de nuestro sistema de generación y la moderación de la inflación han provocado que el mecanismo de defensa diseñado por el Gobierno salte por los aires. El resultado es agridulce y frustrante para el consumidor medio: generamos la energía más barata de Europa, pero la carga fiscal de tu próximo recibo volverá a la normalidad previa a la crisis.

La trampa del IPC. El Gobierno no ha quitado las ayudas por un capricho de última hora, sino porque la propia ley obligaba a ello. El decreto anticrisis tenía una trampa o "cláusula de desactivación": marcaba que, si los precios de la energía dejaban de dispararse y no subían más de un 15% respecto al mes de abril del año anterior, las rebajas fiscales se cancelarían automáticamente en junio. Y eso es exactamente lo que ha pasado.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) demuestran que el escudo ha funcionado. La inflación general se ha frenado al 3,2%. ¿El gran responsable de este alivio? El abaratamiento de la energía en nuestros hogares: la luz ha caído un 4,3% y el gas un 9,6% en comparación con el año pasado. Como los precios han arrojado estas tasas negativas, muy lejos de superar ese límite legal del 15%, la norma ha cumplido su amenaza. El sistema nos ha abaratado tanto la energía que, por ley, perdemos la bonificación excepcional del 0,5% en el impuesto especial de la electricidad y toca volver a pagar el IVA de la luz y el gas al 21%.

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Resolviendo la extraña paradoja de España: si generamos energía más barata que nunca, ¿por qué la factura no baja tanto?

Pero, ¿de algo servirá el "escudo renovable"? El Ministerio de Economía saca pecho y celebra que la moderación de los precios demuestra la capacidad del "escudo renovable" y confirma que el sistema español puede absorber shocks externos como la guerra en Irán. De hecho, España resiste mucho mejor que sus vecinos porque la cuota de energía limpia en nuestro mix de generación ya supera el 60%. A diferencia de países como Italia o Alemania, que dependen fuertemente de la franja gris de la generación fósil, el masivo despliegue eólico y solar español hunde los precios mayoristas durante el día.

Incluso hemos llegado a ver hitos históricos donde el mercado mayorista ha marcado precios negativos de hasta -10 euros por megavatio hora (MWh). Sin embargo, ¿por qué no notamos este milagro renovable en la factura? El coste mayorista de la energía representa únicamente un 41% de una factura doméstica media. El resto del importe se lo tragan los peajes de red (23%), el IVA (17%), los cargos del sistema (10%) y los márgenes comerciales. La electricidad barata al por mayor es necesaria, pero insuficiente si los peajes y los impuestos siguen asfixiando el recibo final.

Atento cuando vayas a echar gasolina. El INE detalla que los "combustibles y lubricantes para vehículos personales" experimentaron un encarecimiento interanual superior al 15% (un 15,5%), arrastrados por una enorme inflación del 28,2% en el gasóleo. Al superar el umbral legal del 15%, las gasolinas sí mantendrán vigente su rebaja del IVA al 10% y las ayudas al gasóleo profesional, al menos hasta el 30 de junio.

El peligro del verano. La retirada de parte del escudo fiscal de la luz se notará inmediatamente. Según los cálculos de Francisco Valverde, analista experto en el mercado eléctrico en declaraciones para El Periódico, la vuelta a los impuestos normales supondrá una subida de la factura de en torno al 15% para todos los consumidores en junio. Para un cliente medio, esto implicará un pago adicional de entre 8 y 9 euros, mientras que en el gas el impacto al alza rondará entre el 9% y el 10%.

Pero el horizonte esconde un desafío mayor: el verano. El analista Antonio Aceituno advierte de que nuestro actual "escudo hidráulico" empezará a ceder. Con las olas de calor, los paneles solares pierden eficiencia, el uso del aire acondicionado dispara la demanda y los caros ciclos combinados de gas tendrán que encenderse para evitar apagones. Si el conflicto en Oriente Medio persiste, las previsiones apuntan a que la factura mayorista podría saltar por encima de los 100 euros el MWh en junio, rozando los 120 euros en pleno verano.

Las grietas que nadie quiere ver. Para comprender por qué el milagro renovable no termina de cuajar en el bolsillo, hay que observar los fallos estructurales que denuncian los expertos:

• Una demanda inelástica y "pasiva": Joaquín Coronado destaca una enorme disfunción en nuestro mercado. Cuando la electricidad alcanza precios irrisorios de 0,51 €/MWh, los consumidores españoles no reaccionan consumiendo más para aprovechar la ganga. Al no usar esa energía barata, termina siendo exportada por agentes franceses y portugueses, lo que paradójicamente arrastra nuestros precios al alza a través del acoplamiento europeo.
• "Todos contra todos" en el sector: Según Coronado, los actores del sector eléctrico español están inmersos en una guerra interna, culpabilizándose unos a otros y resintiendo la cooperación. El experto sugiere que España debería replantear su arquitectura institucional fijándose en el Reino Unido, donde se ha creado un operador del sistema (National Energy System Operator) con independencia operativa para separar la planificación de la red de la propiedad de los activos.
• La "fisura nocturna": La transición está incompleta. Al caer la tarde, la energía solar desaparece y volvemos a depender del gas. Sin inversiones en sistemas de almacenamiento masivo y baterías que guarden los megavatios sobrantes del día, seguiremos siendo rehenes de la volatilidad cada vez que se ponga el sol.

El precio oculto del milagro. El plan de respuesta del Gobierno cumplió su objetivo principal: amortiguar la guerra y salvar el poder adquisitivo de los hogares. Hemos logrado desacoplar nuestro sistema de los peores caprichos internacionales del gas y evitado una inflación de los carburantes que rozaría el 28,9% sin las ayudas.

Pero junio será un baño de realidad. Mientras el consumidor doméstico siga atrapado en un entramado de peajes e impuestos que suponen casi el 60% del recibo, mientras la red carezca de grandes baterías para almacenar el sol y mientras el sector siga enfrentado, la electricidad a coste cero será solo una ilusión. Generamos luz gratis, sí, pero el laberinto que recorre hasta encender el enchufe de tu casa lo seguiremos pagando a precio de lujo europeo.

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El Gobierno ha aprobado en un Consejo de Ministros este viernes un paquete de medidas de choque para contener los efectos económicos del conflicto en Irán. La rebaja fiscal a los carburantes, a la luz y al gas son las medidas más destacadas, pero el plan también incluye ayudas específicas a transportistas y agricultores y un refuerzo del escudo social.

Qué ha pasado. El Gobierno ha aprobado una medida para bajar el IVA de la electricidad, el gas y los carburantes del 21% al 10%. El impuesto especial de hidrocarburos queda además eliminado temporalmente, lo que supondrá un alivio directo en el precio del diésel y la gasolina de unos 30 céntimos por litro, según afirmaba el Ejecutivo. El impuesto especial a la electricidad, actualmente en el 5%, también desaparece, junto con la tasa sobre el valor de la producción eléctrica.

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Por qué ahora y no antes. El detonante es la guerra en Irán, que ha tensado los mercados de crudo a través del estrecho de Ormuz, arteria por la que transita una parte relevante del petróleo mundial. En apenas semanas desde el inicio del conflicto la gasolina se ha encarecido un 16% y el diésel un 29%.

En el momento de redactar este artículo, los precios del combustible ya van por 1,94 €/litro de media para el diésel y 1,81 €/litro la gasolina 95, según datos del Ministerio de Transición Ecológica recogidos por Dieselogasolina. Por ello mismo el Gobierno ha acabado acelerando la respuesta.

En detalle. El paquete va más allá del combustible. Para los sectores más expuestos (transporte, agricultura y pesca) se recupera la ayuda directa de 20 céntimos por litro, tal y como ya adelantaban desde El Diario. El bono social eléctrico se refuerza, se prohíben los cortes de suministro a hogares vulnerables y se aumenta el bono social térmico para consumidores de gas. En paralelo, el decreto incluye medidas más estructurales: incentivos para la mejora de la eficiencia energética en viviendas, apoyo al vehículo eléctrico y fomento del autoconsumo.

La SER también señala que el Gobierno contempla además reducir los costes eléctricos de la industria electrointensiva (siderurgia, química), un guiño al PNV, según cuentan desde El Mundo.

El efecto cohete y pluma. Que el IVA baje sobre el papel no significa que el precio en el surtidor vaya a bajar igual de rápido. Es lo que los economistas conocen como la teoría del cohete y la pluma: cuando el petróleo sube, los precios en las gasolineras reaccionan de inmediato; cuando baja (o cuando se aplican rebajas fiscales), el traslado al consumidor final es mucho más lento. Las gasolineras ajustan los precios al alza casi automáticamente, pero los recortes tardan semanas o meses en llegar al surtidor con la misma intensidad.

El Gobierno no quiere repetir lo que pasó en 2022. El antecedente más reciente lo tenemos en la bonificación de esos 20 céntimos por litro que el Ejecutivo aplicó durante la crisis de Ucrania. Costó alrededor de 4.250 millones de euros y su eficacia fue, cuanto menos, cuestionable. Tres estudios independientes (uno de Esade, uno de Funcas y una investigación conjunta de los economistas Jiménez, Perdiguero y Cazorla-Artiles publicada en diciembre de 2024) concluyeron que una parte significativa de esa ayuda no llegó a los consumidores.

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Los estudios apuntaban a que las gasolineras se apropiaron de al menos 850 millones de esa bonificación en el caso del diésel. El estudio de Esade detectó que las estaciones de servicio subieron el precio del diésel entre 3,52 y el de la gasolina en 0,7 céntimos justo al entrar en vigor la medida.

En el mes de abril de 2022, cuando arrancó el descuento, las gasolineras incrementaron su margen de beneficios un 23%, según comparten desde Metropolitano. La CNMC, por su parte, archivó la investigación sin sancionar a ninguna empresa.

Este historial es precisamente la razón por la que el Gobierno ha optado esta vez por una rebaja fiscal directa, que actúa sobre los impuestos incluidos en el precio, en lugar de repetir la bonificación universal. Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), su director general Nacho Rabadán ya había pedido participar en el diseño de cualquier medida y calificó la bonificación de 2022 como "bien intencionada, pero mal diseñada y peor ejecutada".

El decreto llega este viernes al Consejo de Ministros, pero habrá que esperar hasta el jueves próximo para que se convalide en el Congreso.

Imagen de portada | Alberto De la Torre y Dawn McDonald

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España y Portugal comparten algo más de 1.200 kilómetros de frontera, una extensa 'raya' permeable, llena de historia, economía y convivencia que en 2023 el sector de la bicicleta empezó a ver con cierto recelo desde este lado de la península. Lo advertía hace tres años la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) en un comunicado rotundo en el que deslizaba que esa cercanía y extensa frontera podía convertirse de la noche a la mañana en un regalo envenenado. El motivo: por esas fechas Portugal dio un severo tijeretazo el IVA que aplica a sus bicis. 

De gravarlas al 23% pasó a aplicarles un 6%. El problema es que en España (y pese a las peticiones del sector) la misma mercancía soporta un IVA del 21%.

El otro 'cicloturismo'. La polémica no es exactamente nueva, pero El Confidencial ha vuelto a agitarla con un interesante artículo en el que advierte de un fenómeno aparentemente en alza: ciclistas españoles que de repente deciden coger el coche, recorrer decenas o cientos de kilómetros hasta cruzar la frontera y, una vez en Portugal, comprarse una buena bicicleta. ¿El motivo? El ahorro.

Sí, gastan dinero en combustible e invierten horas al volante, pero la diferencias fiscales a ambos lados de la Raya hacen que todo eso compense. Al fin y al cabo en las tiendas españolas pagan un IVA del 21%, mientras en las de Portugal esa tasa se queda en tres veces menos: el 6%. Y esa diferencia es más que considerable cuando hablamos de modelos que cuestan cientos o incluso varios miles de euros.

"Me he ahorrado 500 euros". El Confidencial se hace eco de varios testimonios de amantes de las dos ruedas. Y rodos apuntan en la misma dirección: dependiendo de dónde se viva, viajar a Portugal puede llevar más o menos tiempo, pero compensa. "Me he levantado a las 4.30 h de la mañana. He conducido cinco horas y he pasado la frontera para comprar una bicicleta en Portugal. He gastado 70 euros en gasolina, pero me he ahorrado 500 euros con la bici", relata uno. 

Otro aficionado, un español de 18 años que entrena en una escuela ciclista, explica cómo ha "liado" a su padre para cruzar la frontera solo para hacerse con una RCR Pro, una bici de carretera. "Ahorramos casi mil euros", presume en TikTok.

Sobre la mesa desde 2022. Una búsqueda rápida en Google muestra que no son casos aislados. En foros, blogs especializados y redes sociales se encuentra un buen puñado de referencias al tema: ciclistas interesados en saber si compensa o no realmente comprarse una bicicleta en Portugal o que directamente cuenta lo que se ha ahorrado allí gracias a la diferencia de IVA entre ambos países. 

No todos son comentarios nuevos. Algunos se remontan a finales de 2022, justo cuando AMBE alzaba la voz y advertía al Gobierno de los riesgos de no seguir los pasos de Portugal: "Ponemos en riesgo el futuro de miles de empleos, de tiendas, marcas y productores españoles", recalcaba. En su día Bruselas decidió dar luz verde a los países que quieran aplicar un IVA reducido en el sector, una medida que a priori contaba con el aval del PSOE, pero que no ha cuajado en España.

¿Tan frecuente es? Buena pregunta. Difícil respuesta. Si buscamos en TikTok encontramos vídeos que confirman que el 'truco' de comprar bicis en Portugal para beneficiarse de su fiscalidad es bien conocido entre los aficionados. Desde el sector llega sin embargo un mensaje más difuso. De hecho hay quien desliza que hoy por hoy es algo anecdótico, aunque las cosas pueden cambiar en no mucho tiempo.

"Nos llegan mensajes de ciclistas que se van a Portugal a comprar una bicicleta, pero el riesgo que esto vaya a más y afecte a la industria", señalan desde AMBE. 

Pendientes del stock. En juego habría varios factores. No todas las marcas son iguales, pero si hay algo de lo que está pendiente el sector es de cómo responderá el mercado cuando se libere el stock acumulado tras la pandemia, cuando hubo un pico en las ventas (2020 y 2021) que se deshinchó durante los años siguientes. 

Para dar salida a ese excedente postpandémico los negocios de España no han dudado en recurrir a los descuentos, una práctica que ha suavizado el golpe de la rebaja del IVA en Portugal. Al fin y al cabo comprar allí lleva aparejado el coste del desplazamiento, mayor cuantos más kilómetros debe recorrer el comprador. En el gremio hay quien cree que a medida que ese stock se ajuste la sombra del IVA al 21% pesará más en las ventas. En su opinión empezaremos a notarlo en 2026.

El ejemplo de Portugal. Portugal no solo ha logrado destacar a nivel comunitario por su rebaja del IVA a las bicis, que pasó hace ya años del 23 al 6%. Sobresale también por su músculo productor. Lo muestra con claridad Eurostat. Sus últimos datos disponibles datan de 2023, pero no dejan margen para muchas dudas: de las 9,7 millones de bicicletas fabricadas en la Unión Europea en 2023, Portugal aportó 1,8 millones. En segundo lugar se sitúa Rumanía (1,5 millones), seguida de Italia (1,2) y Polonia (800.000). España ocupa el séptimo puesto.

En España el colectivo ha pedido desde el principio la rebaja del IVA de las bicicletas, una reclamación en la que no está solo. Un informe reciente del Institut d´Economia de Barcelona señala entre sus propuestas para lograr una movilidad más sostenible reducir el IVA a la compra, alquiler y reparación de bicis, así como una deducción del 50% para empresarios y profesionales que las integren. En abril AMBE publicó un balance que muestra que en 2024 la industria registró una caída de facturación del 6,5%, lo que la aleja de los datos que alcanzó en 2021.

Imágenes | Martin Magnemyr (Unsplash), Eurostat y AMBE

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En marzo el IVA de la luz volvió a subir al 21%, tras varios años con un nivel reducido del 10%. Hoy 1 de julio se preveía que íbamos a continuar igual, pero empezamos el mes con una sorpresa. Debido al alto precio de la electricidad durante el pasado mes de junio, se ha vuelto a activar automáticamente la medida anticrisis y el IVA de la luz pasa desde hoy de nuevo al 10%.

La electricidad ya ronda los 56€/MWh. Este pasado mes de junio ha supuesto un precio de la electricidad un 74% superior a la del mes de mayo. El precio del PVPC ha rondado los 56 euros el megavatio hora, alcanzando un precio que no teníamos desde enero.

La situación ha cambiado mucho respecto a los meses de marzo o abril, donde incluso tuvimos precios en negativo.

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He calculado cuánto subirá mi factura de la luz a partir de hoy con la llegada del nuevo IVA y este ha sido el resultado

Al estar por encima de los 45€/MWh, el IVA baja. La bajada del IVA se activa automáticamente cuando la media del precio de la electricidad en el pool supera los 45 euros el megavatio hora. Este es el baremo que estableció el Gobierno a la hora de implementar un IVA reducido o el estándar. Como la energía estaba barata estos últimos meses, el IVA estaba en el 21%. Ahora que el precio de la electricidad está volviendo a subir, el IVA baja.

Para los próximos meses se prevé que continuará al 10%. Según las previsiones del Operador de Mercado Ibérico de Energía (OMIE), durante los próximos meses la luz continuará cara. Para el tercer trimestre se esperan en unos 78,4 €/MWh. Todavía más altos que los del pasado mes de junio y claramente por encima de los 45€/MWh marcados para el IVA.

El IVA de la luz no es el único impuesto que cambia. Además de la bajada de la luz, este mes de julio de 2024 da comienzo con un cambio en otro impuesto energético: el Impuesto a la Producción Eléctrica (IVPEE). En este caso vuelve a subir para situarse en su 7% habitual.

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El IVA de la factura de la luz pasó del 5 al 10% en enero, y este viernes volverá a subir al 21%, algo que no veíamos desde la primera mitad de 2021. Era una de las condiciones del Gobierno si bajaba el precio de la electricidad, y eso es lo que ha ocurrido en febrero.

En qué punto está el IVA. El Gobierno de España bajó el IVA de la luz del 21 al 10% durante la escalada de precios de 2021. La medida beneficiaría a todos los clientes que tuvieran una potencia contratada de hasta 10 kV, es decir, consumidores domésticos, pero no empresas.

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El anterior gabinete de Pedro Sánchez volvió a bajar el IVA de la luz al 5% en junio de 2022, en plena crisis del gas por la invasión rusa de Ucrania y justo después de las elecciones andaluzas. La tasa volvió a subir al 10% en enero de este año.

Por qué sube ahora al 21%. Porque así lo establece el Real Decreto 8/2023 sobre las medidas anticrisis. El IVA reducido del 10% en la factura de la luz se prorrogó con la condición de que la media mensual del mercado mayorista diario siguiera por encima de los 45 euros por megavatio-hora.

La media de febrero se sitúa en 42,43 euros/MWh, lo que hace saltar el resorte establecido por el Gobierno. Según la normativa, en el mes de marzo, que empieza este viernes, el IVA de la luz volverá al 21%.

La luz nos da una tregua. El precio de la electricidad es ahora más barato gracias al buen rendimiento de las renovables. La borrasca Louis, con rachas de viento de 127 kilómetros por hora, incrementó la producción eólica. Y los numerosos días de sol impulsaron la fotovoltaica.

Por otro lado, el precio del gas natural ha vuelto a niveles de antes de la guerra.  El invierno cálido nos ha permitido reabastecer las reservas.

Cómo afecta a la factura. Aunque la luz haya bajado y sea común verla a 0 euros/MWh en momentos concretos por efecto de las renovables, esos precios no se reflejan directamente en la factura debido a los costes fijos asociados a su distribución, etc., que desglosamos en este post.

A pesar de ser un bien básico y esencial, tendremos que acostumbrarnos a ver el IVA nuevamente al 21%, que además se aplica siempre sobre la base total de la factura, que ya incluye el impuesto eléctrico. Si pagabas 50 euros con un 10% de IVA, con el 21% pagarás 55. Si pagabas 100, serán 110. El aumento anual promedio se estima en unos 90 euros por cada hogar español.

Imagen | Moncloa

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La recaudación tributaria se ha convertido en un reto para los gobiernos de todo el mundo. Según datos de la organización Tax Justice Network, el fraude fiscal aumenta cada año a un ritmo del 1,7%, alcanzando una estimación de 480.000 millones de dólares anuales a nivel global y de 374.000 para los países de la OCDE.

Estas cifras hacen que resulte especialmente importante el control de las grandes fortunas, pero también incentivar la extinción de la economía sumergida en impuestos al consumo como es el IVA.

Para conseguirlo, en Portugal – y en otros países del mundo—, han creado un sistema que convierte las facturas de más de 10 euros en participaciones para una lotería estatal con premios semanales de 35.000 euros y un sorteo especial anual con tres premios especiales de 35.000 y 50.000 euros al año. Para participar, solo tienes que registrar las facturas de los productos y servicios que consumas.

Una idea con más de medio siglo de historia. Aunque es uno de los países que mejor ha implementado esta idea de ‘facturas de la suerte’, la idea no ha sido suya. En 1951 el gobierno de Taiwán creó Fāpiào oFactura unificada. Esta lotería todavía se mantiene vigente y los ganadores pueden consultar los resultados en una página del gobierno.

Taiwán era un país muy dado a pagar en efectivo, por lo que el porcentaje de economía sumergida en el pequeño comercio era muy elevado. El sistema de lotería fiscal consiguió incrementar un 75% la recaudación fiscal del IVA en su primer año de implantación, lo cual se considera un éxito rotundo.

Visto el buen resultado de la iniciativa, otros países con una gran brecha de recaudación intentaron recaudar la medida. En 2002 se instauró en China, integrando un “rasca y gana” en las facturas para conseguir premios.

En Europa la medida se ha probado en distintos países, siendo los más longevos los modelos de Malta (1997), Eslovaquia (2013) Rumanía (2015) y Portugal (2014). Países como Grecia o Italia, con una alta tasa de fraude fiscal en el IVA también optaron por implementar estas “loterías fiscales” a partir de 2018.

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‘Fatura da sorte’: pedir la factura tiene premio. El caso de “lotería fiscal” más cercano a España es el de Portugal. Desde 2014, el país vecino añade un número identificativo a cada tique o factura electrónica que se emite con un valor superior a 10 euros. Cada una de esas facturas es una participación para conseguir un premio semanal de 35.000 euros. Cuantas más facturas y tiques se registren, más opciones de ganar el premio.

Además, se realiza un sorteo extraordinario en diciembre a modo de “Lotería de Navidad” en versión fiscal. En este sorteo se ponen en juego tres premios especiales de 35.000 euros y tres más de 50.000 euros.

El registro de las facturas se hace mediante una app disponible para móviles Android y iPhone, por lo que se facilita la participación para el usuario y los números ganadores se dan a conocer a través de una web de la Agencia de Finanzas portuguesa.

¿Está siendo una medida eficaz? La eficacia de la medida depende mucho de la cultura y la idiosincrasia de cada país en la que se implanta. Si bien es cierto que en Taiwán tuvo un éxito rotundo, en otros países como Malta, su uso fue residual durante casi dos décadas con una brecha del IVA que superaba el 29%.

Sin embargo, las cifras de participación dieron un vuelco cuando la medida se acompañó de la posibilidad de deducirse parte de esos gastos, lo cual sí incentivó a solicitar los tiques y facturas y ya que estaban, a participar en los sorteos.

Brecha de IVA de 2020 y 2021 en Europa. Fuente: Comisión Europea

Portugal tomó prestado el modelo de Malta, incluyendo la deducción de los gastos, con lo cual se incentivaba doblemente a pedir una factura para desgravar en la declaración del IRPF. De eso se desprende que el 31% de las facturas que se han emitido corresponden a restaurantes y hostelería, y el 45% en servicios sanitarios. Gracias a ambas medidas la brecha del IVA de Portugal se redujo hasta el 3,6%.

Fraude fiscal del IVA en España. Años de campañas de concienciación y políticas fiscales orientadas a controlar las pequeñas transacciones han hecho que en nuestro país caiga considerablemente el fraude fiscal en la declaración del IVA.

Según los últimos datos actualizados en 2023 por la Comisión Europea, la brecha del IVA de España, que mide la pérdida de ingresos del IVA debido al fraude, la evasión y elusión de este impuesto es de solo el 0,8%, lo cual supuso una pérdida de recaudación de unos 662 millones de euros en 2021. El porcentaje contrasta con los 14.600 millones que perdió Italia, los 8.996 de Rumanía o los 7.460 millones de euros que defraudaron los alemanes en sus facturas.

Importe de la brecha del IVA en Europa en 2021. Fuente: Comisión Europea

Esa incidencia tan baja hace que la implantación de estas las políticas antifraude vayan en otra dirección, y se opte por ampliar la lista de productos y servicios que se acogen a tasas de IVA reducido y monitorizar las transferencias de pequeñas cantidades de efectivo para desincentivar la economía sumergida.

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Imagen | Pexels (cottonbro studio)

Noruega, paraíso de los coches eléctricos, se ha topado con un muro: no recaudan lo suficiente. La práctica totalidad de los coches que se venden en Noruega son enchufables y más del 80% son vehículos puramente eléctricos. Estas cifras, que son con las que sueñan las instituciones europeas, también son un problema para el Estado noruego.

El impulso del coche eléctrico ha venido marcado por una fuerte subvención a la compra, eliminando el IVA para quienes adquirían un coche con esta tecnología. Un IVA que en Noruega es del 25% y que, por tanto, ha provocado que comprar un Toyota Corolla fuera más caro que un Tesla Model 3.

No solo eso, en Noruega se paga un impuesto en función de las emisiones de CO2 de cada vehículo. Por supuesto, esta tasa se ha dejado de cobrar con cada coche eléctrico vendido. Una doble exención que ha tenido una consecuencia directa en las arcas del estado: un agujero de más de 1.800 millones de euros.

Para hacernos una mejor idea. En Noruega, se podía comprar un Audi Q4 e-tron 50 por 38.000 euros, mientras que en España el mismo coche tiene un coste de más de 58.000 euros. La diferencia es mucho más sustancial si tenemos en cuenta que el salario medio en Noruega es de 65.935 euros, por los 28.360 de España.

Más y más impuestos

No es de extrañar que las ventas se hayan disparado en Noruega hace ahora un año. Concretamente, ACEA refleja un incremento en noviembre de 2022 del 27,8% respecto al mismo mes de noviembre de 2021, pese a que sus ventas en el global del año cayeron significativamente, con un retroceso del 13,4%.

Esto es debido a que los vehículos con un coste superior a 500.000 coronas noruegas, casi 48.000 euros, empezaron a pagar IVA en 2023. Es decir, los coches se han encarecido una cuarta parte de su precio. Pero no es la única medida que se ha tomado para que los vehículos eléctricos empiecen a contribuir con las arcas estatales.

El siguiente paso se dio este mismo 2023. En Noruega los coches pagan un impuesto por el peso, con la idea de que "a más pesado, más contaminante". Pero este impuesto no se aplicaba al coche eléctrico. Aunque en menor medida que con los de combustión, esto ya se está aplicando.

De momento, los vehículos eléctricos con baterías superiores a los 70 kWh siguen contando con baterías muy grandes y pesada. Esto provoca que vehículos con una masa superior a 2.500 kg, como un Mercedes EQS, se quede por debajo de los 400 kilómetros reales de autonomía. O que el próximo coche eléctrico de Rolls-Royce ya se acerque a un peso de tres toneladas.

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La solución pasa, por tanto, por gravar el peso del vehículo, la forma más sencilla de castigar a los coches eléctricos más pesados que, en la práctica, son los menos eficientes. La idea es implantar una tarifa lineal, según la cual los 500 kg de peso estarán exentos del pago de este impuesto y, a partir de este mínimo, se pagará 12,5 coronas noruegas por kilogramo excedente. Alrededor de 1,19 euros/kg.

Así, un coche eléctrico con un peso medio de 2.000 kg tiene que desembolsar unos 1.680 euros en este impuesto, a los que tendrá que sumar el IVA (25%) cuando su precio supere los 48.000 euros. La duda es si el coche eléctrico seguirá arrasando en el país o sus ventas caerán hasta los números del resto de Europa. De momento, se han resentido pero siguen siendo (con mucho) el tipo de tecnología más vendida.

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Foto | Dario

La rebaja del IVA para 2023 ya está aquí y el BOE lo deja claro: "la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor". Es decir, los supermercados no podrán subir precios para incrementar sus márgenes de beneficio. Sin embargo, experiencias pasadas con otras subvenciones generan muchas dudas sobre que esto se vaya a cumplir.

Cómo se controla. Para asegurarse que no hay aumento de precios el Gobierno aplica una serie de medidas habituales: "la efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios, independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito de sus competencias".

Tenemos por tanto a la CNMC, que se encarga de revisar los mercados y los precios, más allá de la bajada del IVA, y por otro lado un seguimiento de precios que realiza el propio Gobierno y analiza hasta qué punto cambian productos básicos como los cereales y el IVA.

Boletín de precios semanal y de cada producto. Productos como el aceite, la patata o los principales cereales se analizan cada semana para conocer sus precios. En el caso del aceite de oliva, que ha subido de precio considerablemente estos meses, el seguimiento lo realiza la Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y Aceite de Oliva.

Cada semana publican un boletín oficial donde diferencian precios por comunidad autónoma, por categoría del aceite y comparan exhaustivamente la evolución. De manera equivalente se hace con el resto de productos. En base a estos estudios, el Gobierno tiene suficientes datos para analizar la situación de cerca.

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Tenemos un caso de estudio reciente: los 20 céntimos con la gasolina. La subvención a la gasolina termina este año, pero ha servido como ejemplo del impacto que puede tener una medida así. El mecanismo no es el mismo, ya que en un caso es una rebaja de impuestos directo y en otro se aplica a posteriori, pero sí nos deja algunas reflexiones.

La CNMC explicaba que se puso en marcha un "sistema de vigilancia mucho más intenso" para evitar que las gasolineras alteraran los precios y se aprovecharan de las bonificaciones. Cani Fernández, presidenta de la CNMC, explicaba que el regulador conoce "los precios de todas las gasolineras, todos los días".

Ni una sola multa a ninguna gasolinera. Pese a que entidades como FACUA denunciaron que había gasolineras que estaban aumentando precios, la posición de la CNMC es que[no ha habido nada raro con los carburantes. Durante este periodo no se ha impuesto ninguna multa y que de las más de 12.000 gasolineras, en menos de un 1%, un centenar de ellas, se ha detectado alguna "anomalía".

Y los precios siguen subiendo. La rebaja del IVA se revisará si la inflación cae por debajo del 5,5%. Algo que por el momento parece lejano. Esta bajada de impuestos llega para intentar compensar la escalada de precios y presenta un desafío adicional a la hora de determinar hasta qué punto la subida de los productos básicos es consecuencia de un incremento de los márgenes empresariales o una subida fruto de la situación económica global.

Con los carburantes, la CNMC explicaba que "los márgenes brutos no han hecho más que subir" y que "no criminalizamos a las estaciones de servicio que hagan algo diferente, sino que analizamos". Es decir, se estudia caso por caso. Lo que está claro es que los supermercados tienen prohibido aumentar sus márgenes aprovechando la rebajada del IVA. Lo que no está tan claro es que se vaya a multar en aquellos casos, esperemos que excepcionales, donde sí se aprovechen.

Imagen | Denys Kurbatov

Allá por principios de 2021, cuando el COVID-19 acaparaba titulares y aún nos movíamos en un mundo de restricciones, aforos limitados y mascarillas FFP2, el Gobierno decidió mover ficha para combatir otra pandemia, más silenciosa pero igual de crucial: la obesidad. La obesidad infantil, para ser más precisos. Y de una forma rotunda, además: en enero aplicó un alza del IVA para las bebidas azucaradas y edulcoradas que elevó su tributación del tipo reducido al general, del 21%.

Ha pasado de aquello casi dos años y la gran pregunta hoy es: ¿Se ha notado de alguna forma?

Un poco de historia reciente. Pongámonos en contexto. Enero de 2021. En plena resaca pandémica. Tras una intensa tramitación marcada por el rechazo de las empresas y debate político, el Gobierno aplica un alza en el impuesto sobre el valor añadida (IVA) de las bebidas azucaradas y edulcoradas. De tributar al tipo reducido, del 10%, pasan a hacerlo al general, del 21%.

La decisión buscaba “favorecer hábitos más saludables” y dejaría de paso una sustanciosa recaudación, de aproximadamente 314 millones de euros, cantidad que se quedaría en cualquier caso ligeramente por debajo de los 340 millones estimados. Para no dañar aún más a un sector hostelero que ya se había visto vapuleado durante meses por la pandemia, el proyecto de Presupuestos Generales recogía, eso sí, que la actualización no afectase a los bares.

¿Tan grave es el problema? El objetivo del Gobierno al aplicar la medida, comunicada a Bruselas ya en otoño de 2020, pasaba por incentivar “hábitos más saludables”, sobre todo entre la población de menor edad. “El objetivo [es] combatir la obesidad infantil y las enfermedades asociadas como la diabetes”, razonaban los defensores del alza del IVA. ¿Había o hay motivos para la preocupación? Desde luego lo que tenemos son estudios que dejan entrever que el escenario no es el ideal.

Hace un mes escaso trascendía un estudio de la Iniciativa de Vigilancia de la Obesidad Infantil (COSI), de la OMS, que concluía que España es el tercer país con mayor prevalencia de sobrepeso y el cuarto en obesidad entre un listado de más de treinta naciones de la región europea. El porcentaje de gasto sanitario vinculado con la obesidad ronda aquí el 10%, un dato que sitúa a España en la parte alta de la tabla de las naciones occidentales y por encima de la media europea.

¿Y se dejó notar la medida? Sí, y no. Sí influyó en los hábitos de consumo, aunque no de la forma generalizada ni desde luego con el alcance que probablemente le habría gustado a sus promotores. Un informe de EsadeEcPol muestra que la medida “redujo de manera significativa” el consumo medio en los hogares, aunque la tendencia se constató únicamente en los que respondían a cierto perfil.

El resultado se apreció en los de menor nivel económico, que vieron reducido su consumo en alrededor de 11 litros anuales por hogar. En el caso de los hogares de nivel económico medio y alto, el informe de ESADE concluye sin embargo que el efecto no resultó apreciable. Si hubo un tipo de familia en la que se dejó sentir el alza del IVA fue en aquellas que registraban menores ingresos y tenían hijos: en las casas con ese perfil, el consumo se contrajo en unos 25 litros anuales.

En ES se cambian políticas muy a menudo. Pero muy pocas veces se evalúan de forma rigurosa para saber si cumplen sus objetivos.

En 2021 el gobierno subió el IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%. ¿Cuál ha sido su efecto?

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— Toni Roldán Monés (@toniroldanm) November 30, 2022

Bajando más al detalle. No son las únicas cifras que arroja el informe de ESADE. La primera conclusión es que el incremento del IVA tuvo un reflejo claro en el carro de la compra: según sus cuentas, más del 90% del alza de los impuestos acabó trasladándose al precio final, lo que en euros contantes y sonantes se tradujo en un aumento de 12 céntimos el litro. Para el 33% de los hogares más pobres, ese alza se tradujo en un descenso medio de 10,8 litros anuales. Su consumo previo, de 2020, rondaba los 83 litros por hogar y año. En términos porcentuales la caída fue del 13%.

“Este efecto se multiplica por cuatro para los hogares de menor gasto equivalente con hijos de cinco a 16 años: en ellos, la caída estimada llega a 25 litros menos por año. Entre los hogares con niños la caída sería de un 20%, mientras que para los hogares pobres sin niños sería de un 7%”, abunda.

El otro perjudicado: el snack. No es extraño que quien se toma un refresco azucarado lo acompañe de algún tipo de snack, con lo que menos raro resulta que el descenso en el consumo de este tipo de bebidas haya ido acompañado de un “pinchazo” de los aperitivos. Durante su análisis, la ESADE ha explorado esa posibilidad centrándose en el 33% de los hogares con menor capacidad económica, los mismos en los que registraron un descenso en el consumo de refrescos.

La investigación no arrojó grandes sorpresas: “El efecto de la subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas parece tener un efecto de contagio sobre el gasto en snacks, que se reduce significativamente entre el tercio de hogares más pobre”. Su cálculo arroja que el 33% de hogares más pobres recortó su gasto en alrededor de cinco euros anuales. Si se traslada a términos porcentuales, supone un pinchazo del 10,5%, en sintonía con el incremento del impuesto.

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¿Qué conclusiones podemos sacar? Más allá de los porcentajes, lo que revelan los datos de ESADE, que realizó su estudio tomando como grupo de control los territorios que no están sujetos al IVA —Canarias, Ceuta y Melilla— y basándose en los valores de la EPF (Encuesta de Presupuestos Familiares), son un par de conclusiones clave. La primera es que, como cabía esperar, el alza del IVA acabó dejándose sentir en el precio final: absorbió más de un 90% del alza del tributo.

La segunda gran idea, y tal vez la más importante, es que el efecto de ese alza en el consumo —de 0,12 €/litro— “se concentró exclusivamente en los hogares de menor nivel económico”. En ese caso, representado por el 33% de los hogares más pobres, el descenso rozó los 11 litros anuales. “Sin embargo, para el resto el efecto del impuesto no fue estadísticamente significativo”, concluye.

La lectura más positiva es que la medida consiguió atinar al menos en parte del público en el que pensaba el Gobierno al incrementar los impuestos: los niños. El informe de ESADE muestra que el efecto del alza del IVA se triplicó en los hogares más pobres en los que residían jóvenes de entre cinco y 16 años. En esos casos el descenso estimado rondó los 25 litros anuales.

Imagen de portada: Franki Chamaki (Unsplash)

No es buen año para el bolsillo. Y no será un buen año desde luego para las comunidades de propietarios. La resaca de la crisis energética y una inflación galopante que ha dejó el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual de los últimos meses por encima del 10% amenaza con obligar a quienes abonan cuotas de propietarios a hacer malabares con los números: rascarse aún más el bolsillo, subir tarifas y recortar facturas prescindiendo de servicios que no resulten esenciales.

Lo advertía hace días y sin medias tintas el propio Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Madrid, que durante una entrevista con la agencia Efe, prevenía sobre lo que aún está por venir. “Las cuotas comunitarias subirán un 20, 30 o 40 % y las comunidades que tengan la tesorería muy justa van a tener verdaderos problemas”, apuntaba una de las directivas del organismo, Noelia Morales.

Y como siempre se entienden mejor las cifras netas que los porcentajes, para muestra un botón. Morales calcula que una comunidad de propietarios que el invierno pasado abonase una factura de alrededor de 20.000 euros en combustible podría enfrentarse este año a 100.000 o incluso más.

Calefacción, electricidad... y servicios

“Plantea un invierno muy complicado en las zonas en las que hace frío. Tenemos administradores que no son conscientes de la realidad que les viene encima, pero a personas por ejemplo que pagan 100 euros o no llegaban a 200, en noviembre se les va a poner en 800 o 900 euros al mes”, advierte a Efe Peio Mendia, tesorero del consejo general de administradores de fincas colegiados. En puntos del norte de la península, como Navarra, ya el año pasado se registró “una subida fortísima”.

Ante ese escenario los administradores llevan tiempo reclamando al Gobierno mejoras para los edificios con calefacción central, los que más podrían sufrir el alza de precios e incluso han señalado la "paradoja" de que —a causa de la regularización de tarifas— se vea en peor situación un edificio de viviendas de protección oficial (VPO) con sistema central que un chalet con calefacción privada. Entre otras medidas, el Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (CAFCA) exigía, por ejemplo, que la reducción del IVA del 21 al 5% se aplique a las facturas comunitarias.

El diario El Mundo publicaba esta misma semana que ante el temor a las próximas facturas, hay comunidades con calefacción central en las que "algunos ya ponen bombas de calor" precisamente para buscar sistemas menos gravosos para el bolsillo. Este mismo jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba que las comunidades de propietarios con calderas colectivas estarán integradas en el plan de contingencia que se presentará "en breve".

📢Como solicitaba el @CgcafeAaff y @CAFMadrid , el gobierno aplicará la rebaja del IVA del gas, de un 21% a un 5%, a las comunidades de propietarios que tengan calderas colectivas ⬇️https://t.co/GJTJ6zVwEC

— CAFMadrid (@CAFMadrid) September 15, 2022

"Estamos trabajando en esta situación para que se puedan beneficiar del conjunto de medidas que están permitiendo abaratar esta factura", anotó en Antena 3. Montero confirmó además que la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%, una de las grandes reclamaciones de los administradores, beneficiará a las comunidades de propietarios con calderas colectivas. Eso sí, la ministra no aportó más detalles: "estamos trabajando en de qué forma se pueden ajustar, pero el mecanismo técnico por el que lo vamos a hacer es el que presentaremos al anunciar el plan de contingencia".

Los administradores advierten también del encarecimiento de la electricidad, lo que puede derivar en que una comunidad que en 2019 pagase 675 euros por su ascensor deba desembolsar ahora más de 1.500 o que el coste por un garaje que entonces rondaba los 5.380 se eleva a 11.511.

El tercer factor que puede disparar la factura comunitaria de los apartamentos es la inflación y su efecto directo sobre los contratos de servicios como limpieza, seguridad o mantenimiento. “Todos los proveedores van a querer actualizar en enero la subida del IPC, porque viene en el contrato, y no es descartable que la subida no se quede en el diez”, señala Morales. En julio la tasa interanual del IPC se situaba en el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984. En agosto, en el 10,5%.

¿Soluciones?

Efe detalla que las cuotas ya están subiendo un 15% en concepto de comunidad y se está planteando un cambio en el cobro de la calefacción, pasando a pagos mes a mes en vez de cada dos meses, para evitar la gran amenaza: que el alza en el precio del gas, la electricidad, el gasóleo para calefacciones y el coste de la vida se traduzca… en un incremento también de la morosidad y, en consecuencia, una mayor carga para las arcas de las comunidades de propietarios.

Otra de las claves, señala Morales, es replantearse gastos que no resulten imprescindibles. “Tenemos que decirles que se acabaron las fiestas de las piscinas, abrirlas tantos meses, con tantas horas de servicio, jacuzzis, saunas, plantaciones ornamentales, la luz en las pistas de paddel”, insiste la directiva. Sobre la mesa habría aún otra posibilidad, aunque implica también incurrir en costes: instalar calderas más eficientes o contadores individuales que rebajarían la factura común.

Imágenes | Immo Wegmann (Unsplash) y Robert Linder (Unsplash)