La reforma de la Seguridad Social ha abierto la puerta a trabajar más años. La de la jubilación anticipada seguirá medio cerrada

La Seguridad Social está empujando a quienes puedan seguir trabajando a retrasar su jubilación lo máximo posible, pero se resiste a modificar una de las normas más discutidas del sistema: la penalización en la pensión de quienes se jubilan antes de tiempo, incluso cuando estos acumulan más de 40 años cotizados.

La reforma de la jubilación flexible contemplada en el Real Decreto 416/2026 entrará en vigor el 28 de agosto, poniendo en marcha la estrategia del Gobierno para alargar la vida laboral de los trabajadores y contener el gasto en pensiones.

Qué cambia con la reforma. La nueva regulación de la jubilación flexible busca que más personas alarguen todo lo posible su vida laboral de forma voluntaria y puedan compatibilizar parte de su pensión con un salario, algo que no permitía la actual normativa.

La idea no es obligar a nadie a seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación, sino ofrecer más incentivos para que quien pueda y quiera hacerlo, continue trabajando. La persona que ya está jubilada, en vez de dejar de trabajar por completo, puede hacerlo a jornada parcial. A cambio, cobrará un salario por su jornada y un complemento de la parte proporcional de la pensión. De ese modo, alguien jubilado puede obtener mayores ingresos mientras sigua en activo, y volverá a recibir el 100% su pensión cuando deje de trabajar.

Es decir, que si alguien jubilado recibe una pensión de 1.000 euros, y por hacer un trabajo de 32 horas semanales (80% de una jornada completa) le van a pagar un salario de 1.000 euros, su pensión se recortará en esa proporción, pero la suma de salario (1.000 euros) y pensión (200 euros) le proporcionará mayores ingresos mensuales. La actual normativa obliga a elegir entre trabajar o recibir la pensión.

Poner trabas a la jubilación anticipada. La pirámide demográfica en España, en la que cada vez hay menos jóvenes para mantener el sistema de pensiones y una mayor esperanza de vida, ha obligado a los sucesivos gobiernos a tomar medidas para alargar al máximo la vida laboral de los empleados para que sigan cotizando. Eso ha llevado a la ampliación de la edad de jubilación, que progresivamente se ha ido retrasando desde 2011 para pasar de los 65 a los 67 años en 2027.

La otra medida aprobada en la reforma de las pensiones de 2024 para desincentivar las jubilaciones anticipadas es aplicar unos coeficientes reductores a la pensión de jubilación, de forma que cuanto más anticipes la jubilación, menos pensión recibes a cambio.

Cotizar 40 años sin recompensa. Uno de los problemas que plantea la aplicación de coeficientes reductores es que aquellos trabajadores que ya sobrepasan el límite máximo de años cotizados necesarios para acceder a la jubilación ordinaria a los 65 (38 años y seis meses o más para 2027), no podrán jubilarse con antelación sin que les penalice, y terminen cobrando una pensión inferior que otros trabajadores con menos años cotizados.

Este colectivo ya se ha organizado bajo la asociación Asjubi40 y distintos grupos políticos con representación en el Congreso han realizado propuestas para eliminar este agravio a los trabajadores con largos periodos de cotización cuando quieren adelantar sus jubilaciones.

Tal y como publicaba El Independiente, los jubilados anticipados de forma voluntaria soportan un coeficiente reductor medio del 11,36% y perciben una pensión media de 2.002,58 euros mensuales, tras retirarse con 63 años y dos meses de edad media. En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, la reducción media sube al 18,9%, la pensión media se sitúa en 2.100,42 euros mensuales y la edad media de retiro baja a 61 años y diez meses.

El coste inasumible de dejar de trabajar. La razón que esgrime el Gobierno para no eliminar estos coeficientes reductores es simple: quitar esas penalizaciones saldría caro. El Ejecutivo calcula un coste adicional de 3.358 millones de euros al año para la Seguridad Social si se eliminan los coeficientes reductores para quienes se jubilan de forma anticipada tras haber cotizado 40 años o más.

De esa cifra, 1.345 millones corresponderían a la jubilación anticipada voluntaria, y 2.013 millones a para aquellos jubilados de forma involuntaria, es decir, aquellos que se han visto afectados por ERE, cierres empresariales, causas de fuerza mayor u otros supuestos contemplados por la Ley General de la Seguridad Social.

La Seguridad Social no puede asumirlo. Pese a que España está registrando cifras de récord en cuanto a número de afiliados. Cerró 2025 con un déficit presupuestario de 5.580 millones de euros. De nuevo, estamos ante un récord por tratarse del menor déficit de los últimos 14 años, tal y como destacaba El Confidencial. Pero es un déficit, al fin y al cabo.

Sin embargo, la incorporación de aportaciones como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), ha aportado, solo en 2026, 1.162,23 millones de euros al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que alcanzó el pasado mes de marzo un importe total de 15.267 millones de euros.

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Imagen | Pexels (Joaquin Carfagna)