Japón está desesperado por atraer talento pero vive una paradoja: ese talento tiene que pagar para trabajar

Japón necesita trabajadores extranjeros. Los necesita de verdad y con urgencia. Pero su sistema de contratación para extranjeros vive una curiosa paradoja: el país necesita a esos extranjeros, pero les cobra un dineral y les pone innumerables trabas para ir a trabajar. Bueno, para ser exactos, en realidad no es el gobierno quien les cobra por trabajar, sino una red de agencias intermediarias en el reclutamiento que se llevan una buena comisión antes de que el trabajador pise siquiera suelo japonés.

Según la segunda edición de la encuesta sobre trabajadores extranjeros en Japón, el 85% de los trabajadores extranjeros que llega a Japón lo hace a través de algún tipo de intermediario. La mayoría paga por ese servicio una factura que puede superar los 6.000 euros. 

Importar trabajadores por la baja natalidad. Según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés, el número de trabajadores extranjeros en el país alcanzó los 2,57 millones a finales de 2025, un 11,7% más que el año anterior, y el decimotercer récord histórico consecutivo. Es decir, en 2025, esa cifra fue casi tres veces superior a la registrada una década antes.

La industria manufacturera concentra el 24,7% del total de empleados extranjeros, seguida del sector servicios con el 15,2% y el comercio al por mayor y minorista con el 13,3%. Por ciudades, Tokio, Aichi y Osaka acogen a más del 43% de todos esos trabajadores. Estos datos ponen de manifiesto que hay sectores enteros que no pueden cubrir la mayoría de sus vacantes con trabajadores locales y necesitan esta mano de obra extranjera para cubrirlos.

Pagan por ir a trabajar en Japón. Según los datos recabados por el Ministerio de Trabajo nipón, la inmensa mayoría de esos trabajadores llegan con la intermediación de una agencia de contratación en origen que les cobra una tarifa de entre 200.000 y 400.000 yenes (el equivalente a entre 1.200 y 2.400 euros), mientras que el 13,2% de los extranjeros llegaron a pagar hasta 6.000 euros solo por tener la oportunidad de ir a trabajar a Japón.

Del 10,9% de trabajadores que declaró haber tenido conflictos laborales en Japón, el 18,6% señaló que el coste de las agencias era excesivo, y el 14,9% reconoció no haber sabido a quién acudir cuando surgieron dificultades. Mientras tanto, el 69% de las empresas citó la escasez de mano de obra como la razón principal para contratar personal extranjero, frente al 64,8% del año anterior.

El fin del sistema que lo permitía. Buena parte de estas fricciones tiene su origen en cómo estaba diseñado el propio sistema migratorio japonés. Durante más de treinta años, el Programa de Prácticas Técnicas (TITP), lanzado en 1993 con el objetivo declarado de formar a trabajadores de países en desarrollo. En la práctica, este programa funcionó como una vía para obtener mano de obra barata que, una vez en el país, tenía muy poca capacidad de maniobra, denunciando jornadas maratonianas, incumplimientos salariales y la imposibilidad de cambiar libremente de sector o de empleo.

En junio de 2024, el Parlamento japonés aprobó su sustitución por el sistema Ikusei Shuro Seido, con entrada en vigor prevista para junio de 2027. Por primera vez, el gobierno nipón reconoce oficialmente que el objetivo del nuevo programa es formar y retener mano de obra extranjera para cubrir la escasez de talento, algo que la normativa anterior no admitía. A diferencia del TITP, el nuevo modelo sí permite cambiar de empresa dentro del mismo sector bajo ciertas condiciones, y fija un límite a las comisiones de las agencias de reclutamiento equivalente a dos meses del salario del trabajador.

Más visados, más sectores, más talento. El gobierno japonés ha abierto nuevas vías de entrada a la mano de obra extranjera. En marzo de 2024, el programa de visados para Trabajadores Cualificados Específicos (SSW) incorporó nuevos sectores en los que podrán trabajar los extranjeros, elevando a 17 el total de sectores cubiertos.

Quienes llegan con titulación universitaria, pueden acogerse al visado J-Find, dirigido a graduados en las 100 mejores universidades del mundo. Esta visa permite residir hasta dos años en Japón para buscar empleo o preparar un proyecto empresarial sin necesidad de tener un empleador que avale su llegada. A diferencia del SSW o del TITP, la J-Find es una apuesta que va más allá de cubrir puestos vacantes, y lo que busca es competir por el talento de alta cualificación a nivel global e incentivar la creación de startups y proyectos de innovación en Japón.

Las empresas también tienen su parte del problema. Además de la presión demográfica, las propias empresas llevan años sin poder cubrir vacantes con trabajadores locales. Según la encuesta del MHLW, el 30% de los establecimientos declaró tener dificultades y "barreras lingüísticas y culturales" con sus empleados, y "complejidad de los trámites para gestionar su estatus de residencia". Es decir, no solo resulta una burocracia compleja para los trabajadores, sino que las empresas niponas también están teniendo problemas con este sistema de contratación.

Las reformas en marcha apuntan a corregir los puntos más problemáticos del sistema, desde los abusos de las agencias hasta la rigidez que ataba a los trabajadores a un único empleador. Las reformas no se completarán hasta 2027, por lo que, hasta que llegue ese momento, la paradoja que vive Japón sigue siendo la misma: un país que necesita trabajadores extranjeros con urgencia, en el que esos mismos trabajadores tienen que pagar una elevada suma para poder trabajar.

En Xataka | Japón está siendo el canario en la mina del mercado laboral en España: la jubilación reversible es la prueba

Imagen | Unsplash (Il Vagabiondo)