Catalunya tiene una idea para que sus funcionarios abandonen el teletrabajo: pagarles un extra por volver a la oficina

Una de las ventajas que ofrecía trabajar en la Administración pública era que, si el puesto lo permitía, se habilitaba la opción de teletrabajo. Sin embargo, eso está a punto de cambiar para todos aquellos funcionarios que dependan de la Generalitat de Cataluña.

El Govern no prohíbe el teletrabajo, pero sí ha puesto sobre la mesa de negociación algunas medidas para desincentivar que los funcionarios lo soliciten. Para lograrlo, incluso está dispuesto a pagarles un complemento salarial de entre 90 y 200 euros para quienes renuncien al trabajo remoto.

La batalla empezó hace año y medio. En enero de 2025, el Govern eliminó el teletrabajo para sus altos cargos. La medida afectó a unos 500 funcionarios de forma directa: directores generales, secretarías generales y puestos similares. La Conselleria de Presidencia, liderada por Albert Dalmau, argumentó que esos puestos requieren "presencia efectiva y constante" para garantizar una supervisión eficaz.

La reacción por parte de los funcionarios no se hizo esperar. Más de 200 altos funcionarios firmaron un manifiesto en el que calificaban la medida de "modelo del siglo XIX". Aquel episodio solo era el primer paso de algo más amplio. Ahora esa medida se hace extensiva al resto de la plantilla de cerca de 14.900 funcionarios de la administración catalana que actualmente tienen permiso para teletrabajar.

Qué propone exactamente el Govern. La Generalitat ha puesto sobre la mesa el denominado "complemento de asistencia operativa inmediata". Se trata de un complemento de entre 90 y 200 euros mensuales que se incorporará como extra salarial para quien renuncie voluntariamente a los días de teletrabajo que tiene reconocidos en su puesto.

La administración catalana señala que la decisión de acogerse a ese complemento es plenamente voluntaria y no una obligación. Pero la nómina mensual cambia según lo que elijas. Los detalles exactos sobre la cuantía definitiva, quienes podrán cobrarla y si también la recibirían los funcionarios a los que se les revocó el teletrabajo, son puntos que todavía se están negociando en la Mesa de la Función Pública.

El precio del teletrabajo. La próxima reunión de la Mesa de la Función Pública está prevista para el 1 de julio. Y todo apunta a que el acuerdo, si llega, no entraría en vigor antes de enero de 2027. En cualquier caso, con esta medida ya se ha puesto precio al teletrabajo en la administración pública.

Esto supone un cambio importante en la normativa que regula el trabajo remoto en el ámbito del funcionariado ya que, hasta ahora, la norma general en la función pública española dice que el teletrabajo es neutro desde el punto de vista económico: ni te pagan más por hacerlo ni te descuentan nada por no hacerlo, tal y como se recoge en el artículo 47 bis 3 del Estatuto Básico del Empleado Público: "El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos". Sin embargo, con este complemento, la Generalitat daría valor económico a la presencialidad y optar por la oficina supone una mejora salarial que no tienen quienes optan por el teletrabajo, manteniendo las mismas obligaciones.

Moncloa empuja lo contrario. Lo que hace más llamativa la apuesta catalana es que va a contracorriente de la apuesta de la Administración central que precisamente apuesta por más teletrabajo. Según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública publicados por Economía Digital, el 52,4% de los empleados de la Administración General del Estado trabajan a distancia al menos una vez a la semana, con más de 93.600 funcionarios en modalidad híbrida. Ese porcentaje llega en plena implantación de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios.

Catalunya también negocia la reducción de la jornada a 35 horas, partiendo de las 37,5 actuales. Pero el Govern ha vinculado esa rebaja horaria a la reducción del teletrabajo.

Los sindicatos, divididos. La medida no ha sido bien recibida por las distintas plataformas sindicales. La IAC-CATAC, la central con más delegados, se posiciona "radicalmente en contra".

UGT y CCOO, pese a mantenerse en contra de la medida, son más abiertos a negociar las condiciones. Desde CCOO aseguraban que "entendemos que este complemento debe aplicarse a todo el mundo que trabaje toda la jornada presencialmente" y no solo a quien renuncie expresamente a teletrabajar, para evitar un agravio retributivo.

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