La DGT ha cerrado 2025 con una cifra récord en España. Según los datos oficiales del Anuario Estadístico General 2025, el número de denuncias formuladas ha alcanzado las 6.106.354 sanciones. Por poner la cifra en contexto, se trata de la más alta obtenida desde que se tienen registros. Hay una tendencia alcista que llevamos viviendo años, en gran parte gracias a una mayor dependencia de tecnologías de vigilancia en nuestras carreteras. Bajo estas líneas te contamos los detalles.

Cifras récord. Por primera vez desde que se inició la serie histórica en 1961, el volumen de multas ha roto la barrera de los seis millones. Para ponerlo en perspectiva, en apenas tres años se ha pasado de superar los cinco millones en 2022 a este nuevo techo en 2025. Esto equivale a una media de 16.730 multas diarias, 12 sanciones por minuto o, si proseguimos con los cálculos, una cada 5,2 segundos.

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Las Comunidades Autónomas que más multas reciben. El mapa de las multas en España muestra una clara concentración geográfica. Andalucía lidera el ranking nacional con 1.526.897 denuncias, seguida de la Comunitat Valenciana con 939.573 y la Comunidad de Madrid con 721.465. En el lado opuesto, provincias como Ourense con 40.904 o Palencia con 42.248 registran los volúmenes más bajos. La principal razón que da pie a estas cifras sigue siendo el exceso de velocidad, responsable de dos de cada tres infracciones.

Tal y como cuenta la COPE, el cinemómetro de la M-40 de Madrid, que es uno de los radares más activos de todo el país, acumuló el año pasado más de 150.000 denuncias.

El factor tecnológico. La clave de que las cifras sigan al alza es, desde luego, la modernización del equipamiento de vigilancia. Según apunta el medio, la DGT ha invertido más de un millón de euros en radares móviles de última generación y dispositivos "semimóviles" tipo remolque que operan de forma automatizada.

Esta infraestructura se apoya además en la Unidad de Medios Aéreos, cuyos helicópteros y drones tramitan anualmente unas 25.000 infracciones, según explican desde La Razón. Tráfico defiende que este despliegue ha sido fundamental para reducir la mortalidad en carretera en comparación con décadas pasadas.

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Entre líneas. Este incremento en las multas es el resultado de una apuesta decidida por la automatización. Desde el bufete de Pyramid Consulting señalan que la conexión directa de los dispositivos con el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León ha disparado la capacidad para tramitar dichas multas. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), denuncian que esta tecnificación coincide con un periodo de “graves carencias de personal y una planificación insuficiente”, estimando que hay 1.000 efectivos menos que hace una década.

Y ahora qué. No parece que la estrategia para el futuro inmediato vaya a cambiar de ninguna forma. Con una recaudación que superó los 540 millones de euros en 2025, la DGT continúa con la instalación de más de un centenar de nuevos puntos de control de velocidad. Por otro lado, plataformas de defensa de los conductores como Dvuelta cuestionan si este modelo tiene un verdadero carácter disuasorio.

Imagen de portada | DGT

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Megan Garcia ha denunciado a Character.AI a raíz del suicidio de su hijo de 14 años, Sewell Setzer III, el pasado 28 de febrero. Según se describe en la propia demanda, el niño llevaba meses hablando intensamente con varios personajes creados por inteligencia artificial basados en Juego de Tronos. Sus últimos mensajes, segundos antes de dispararse en la cabeza, fueron hacia un chatbot de Daenerys Targaryen, con el que llevaba casi un año conversando.

Cuál es la acusación. La madre del menor fallecido ha demandado a Character.AI, así como de manera particular a sus fundadores Noam Shazeer y Daniel De Freitas, además de a Google, empresa para la que ahora trabajan los dos fundadores desde agosto de este año.

Entre los delitos que se intentan imputar está "responsabilidad estricta por el producto, negligencia per se, negligencia, muerte por negligencia, pérdida del consorcio filial, enriquecimiento injusto, daños intencionados de angustia emocional y violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida".

Múltiples acusaciones que giran alrededor de la idea defendida por Megan Garcia de que esta plataforma de chatbots con IA es "ilógicamente peligrosa” y que "carecía de las salvaguardas de seguridad necesarias" pese a que se comercializaba para menores.

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Sewell era consciente que eran bots. Según describe New York Times, pese a que Sewell llamaba cariñosamente "Dany" al chatbot, este era consciente de que se trataba de un chatbot y que las respuestas estaban producidas por un algoritmo. No obstante, los chats del fallecido muestran que muchas conversaciones tuvieron un fuerte componente emocional, e incluso romántico y sexual.

Según apunta la acusación, Character.AI es una plataforma donde algunos chatbots ofrecen terapia psicológica supuestamente con licencia, como es el caso del chatbot 'Therapist'. Un chat utilizado a fecha de agosto más de 27 millones de veces, entre otros por el propio Sewell.

Es un caso concreto de un chatbot ilegal según las normas de la propia Character.AI, pero particularmente peligroso. Según la acusación, el mensaje de "Recuerda: ¡Todo lo que dicen los personajes es inventado!" es insuficiente y no constituye una advertencia efectiva.

Cuál ha sido la respuesta de Character.AI. En un comunicado, desde Character.AI han expresado sus condolencias a la familia y han anunciado distintos cambios orientados a proteger a los menores de 18 años:

Cambios en nuestros modelos para menores de 18 años diseñados para reducir la probabilidad de encontrar contenido sensible o sugerente.

Detección, respuesta e intervención mejoradas relacionadas con las entradas de los usuarios que violan nuestros Términos o Pautas de la comunidad.

Un aviso legal revisado en cada chat para recordarles a los usuarios que la IA no es una persona real.

Notificación cuando un usuario ha pasado una sesión de una hora en la plataforma con flexibilidad adicional para el usuario en proceso.

Adicionalmente, desde la compañía de IA explican que proactivamente van eliminando los chatbots que incumplen sus condiciones de uso y que cumplen con la legislación estadounidense actual al respecto, la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA).

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No es el primer suicidio que se vincula con el uso de la IA. El caso de Sewell es el primero que llega a los tribunales, pero no es el primer suicidio que se vincula con el uso de los chatbots con IA. En 2023, un ciudadano belga se quitó la vida después de chatear con Chai.

"Si no fuera por el ‘chatbot’, él todavía estaría aquí", expresaba la mujer del fallecido entonces. Sin embargo, la relación causa-efecto es muy difícil de determinar. En el caso de Sewell, el menor ya había sido diagnosticado con trastornos mentales previamente de pequeño.

¿Puede tener responsabilidad la IA sobre el suicido? Según apuntaba Bernardo del Rosal en Confilegal: "El Código Penal castiga la inducción al suicidio, pero se exige que se pruebe que la idea no se había presentado antes en la víctima y que amanece por primera vez gracias a esta interacción a través de la palabra, sugerencias o actitudes".

Es decir, para que pudiera haber una responsabilidad hacia la IA y la empresa, tendría que existir una línea de código concreto que "denote explícitamente la intención de inducir al suicidio".

Imagen | Mali desha | Megan Garcia

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A base de burpees, vídeos en los que presume de yates, mansiones y carísimos deportivos y sus duras arremetidas contra los mileuristas y las "panzas", Amadeo Llados ha logrado asociar su nombre con dos conceptos: fama y polémica. Ahora ambos se ensanchan. Y no gracias a él precisamente. El domingo otra celebridad de las redes, Dani Esteve, fundador de la empresa Desokupa, publicó un vídeo en el que carga con dureza contra Llados y adelanta su intención de promover una "querella criminal" contra el coacher madrileño, al que tilda de "estafador".

El despacho de abogados que lleva el caso asegura ver un caso "clarísimo" de "estafa piramidal" y "delito de odio". En la querella, asegura, participarán más de un millar de supuestos afectados por la "estafa" promovida por Llados.

"Mi cometido: perseguirte". La querella contra el influencer madrileño la avanzaba el domingo Dani Esteve, líder de Desokupa. A través de un vídeo de algo más de 11 minutos, de tono rotundo, Esteve aseguraba conocer casos de personas arruinadas tras caer en "las redes" de Llados, incluido un joven que, tras aislarse y verse sin recursos, habría intentado quitarse la vida en dos ocasiones. Historias como esa son, asegura Esteve, las que le han decidido llevar al coach al juzgado.

"Mi cometido va a ser perseguirte legalmente e intentar cerrarte el chiringuito", insistía Esteve tras acusar a Llados de ser un "arruina familias" y "vende motos". "Hemos montado un equipo que va a hacer un peritaje, vamos a elaborar informes y vamos a presentar una querella criminal por varios delitos, entre ellos presunta estafa continuada, delito de vejaciones, delito de odio y muchísimas cosas más".

De las palabras a la "macrodenuncia". Días más tarde era un abogado gallego, Xaime da Pena, quien anunciaba una demanda contra Llados por "estafa piramidal". Además de insistir en que aprecian indicios "clarísimos" del delito, sus impulsores dejaron un dato sorprendente: no se trataría de una querella aislada, sino de una "macrodenuncia" en la que participarían más de 1.000 afectados.

El abogado incluso iba más allá y deslizaba que la "manera de hablar" del influencer sobre las personas con sobrepeso y mileuristas podrían constituir "un delito de odio". Ayer, entrada ya la tarde, el ABC aseguraba que la demanda ya se ha presentado en la Audiencia Nacional y al proceso se han sumado más de 1.000 presuntos afectados que contrataron en su día los cursos online de Llados.

Pero… ¿De qué le acusan? Tanto Esteve como Da Pena insiste en dos conceptos: "estafa piramidal" y "delito de odio". El primero estaría relacionado con el fondo; el segundo, con las formas. En sus vídeos Llados alude a menudo a las "panzas" y "mileuristas", mensajes que en opinión de Da Pena pueden constituir un delito. "Debemos tener en cuenta esa manera de hablar de los gordos, de mileuristas, y vemos también clarísimo y manifiesto un delito de odio".

La acusación de "estafa piramidal" se centraría en otra de las actividades del influencer, que basa gran parte de su popularidad en redes en presentarse a sí mismo como un self-made man dispuesto a compartir las claves de su éxito. A quienes están interesados en seguir su ejemplo les ofrece una serie de productos, como paquetes de afiliados que van desde los 50 euros mensuales a un pago único de 1.000. Es en el sistema de afiliados donde ponen el foco los demandantes.

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La clave: la presunta "estafa piramidal". "Hemos tenido que estudiarlo mucho, pero una vez que comienza a reclutar afiliados se ve claramente que hay estafa piramidal. Si solo fuera la venta de los cursillos sería mucho más complicado probarlo", defiende el letrado gallego. La clave, precisa el diario ABC, es que a los alumnos del coach se les ofrecerían recompensas económicas por cada nueva alta y cliente que captan —alrededor del 30%— gracias a su actividad en  redes.

"Te dice que vas a ganar 2.000 euros el primer mes y él no lo puede asegurar — explicaba el letrado gallego durante una entrevista en Antena3— . No es que se provoque el error y haya un perjuicio económico, sino que empieza la cuestión piramidal: promete un progreso de rendimientos muy altos y sobre todo hay unos partícipes que importantísimos, la gente que recluta, que tienen que seguir reclutando. Desde nuestro punto de vista empieza ahí la estafa piramidal".

¿Quién está detrás de la demanda? No es la primera vez que Esteve y el propio Da Pena salen en los medios. El abogado gallego ha actuado como portavoz territorial de la Plataforma 6F, impulsora de las protestas agrarias de hace meses, y su nombre se asoció en febrero con la instalación de una gran lona de la plataforma Desokupa en Madrid contra el presidente del Gobierno.

Esteve es a su vez el fundador de Desokupa, empresa que se anuncia como "especialista en recuperar inmuebles" con mediación. Si ha decidido impulsar la querella contra Llados ha sido, asegura, por los casos "personas arruinadas" por el coach que le han llegado. "Teje una tela de araña para gente vulnerable".

Imagen | Wikipedia

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Google suma una nueva denuncia. Asufin, la Asociación de Usuarios Financiers, ha denunciado a Google ante la Agencia Española de Protección de Datos por infringir "gravemente los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos" y por "irregularidades en la creación de cuentas de Gmail".

El motivo. Según exponen desde Asufin, el motivo de la denuncia es que, durante el proceso de creación rápido de una cuenta de Gmail (a.k.a. cuenta de Google), "se consiente de forma prácticamente ilimitada el tratamiento de: uso de fecha de nacimiento, intervalo de edad y sexo, para perfilar y ofrecer anuncios y recomendaciones, así como el registro de actividad en Google, YouTube y Maps, con los fines descritos (fundamentalmente, personalización de anuncios)".

Difícil de rechazar. De la misma manera, se considera que Google "no facilita la posibilidad de negar todos esos tratamientos adicionales" de una forma fácil y sencilla, sino que el proceso resulta "largo, farragoso y con un lenguaje confuso". Se esgrime que, según el Reglamento europeo, el proceso más rápido debe ofrecer "mayor protección de los datos facilitados por el usuario", pero en Google "ocurre todo lo contrario".

No es una "mera cuenta de correo". Aunque Asufin afirma que "el procedimiento no es transparente y supone un tratamiento excesivo para los fines que persigue el usuario: abrir y manejar una mera cuenta de correo", lo cierto es que el usuario no está creando una "mera cuenta de correo", sino una cuenta de Google. La cuenta de Google habilita una cuenta de Gmail, sí, pero también es la que se usa para crear un canal de YouTube, iniciar sesión en Google Maps o acceder a Google Play Store en un móvil Android. En cualquier caso, se han pedido las "multas proporcionadas y efectivas" teniendo en cuenta los usuarios afectados y la posición dominante de Google.

La respuesta de Google. Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Google para conocer su postura y desde la compañía han expuesto lo siguiente:

"Sabemos que la confianza del consumidor depende de la honestidad y la transparencia, por eso, hemos apostado el éxito de nuestro futuro en la creación de controles cada vez más sencillos y accesibles, y ofrecer a las personas opciones más claras. Igualmente importante, en hacer más con menos datos. Valoramos positivamente la oportunidad de participar de este importante tema con la defensa del consumidor y los reguladores en Europa. Las personas deberían poder entender cómo se generan los datos a partir de su uso de los servicios de Internet. Si no les gusta, deberían poder hacer algo al respecto." Portavoz de Google

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La denuncia recuerda a la de Brave. Hace algunos meses, Brave, la empresa detrás del conocido navegador web, denunció a Google por algo similar. En un análisis de 59 páginas, Brave explicaba cómo Google infringe RGPD con "cientos de propósitos de procesamiento mal definidos y una base legal desconocida". El artículo 5.1 del RGPD especifica que los datos deben ser "recopilados para fines específicos, explícitos y legítimos y no procesados de manera incompatible con dichos fines", pero Google, según Brave, se limita a enviar un conjunto de enlaces a la política de privacidad en la que no se especifican los cientos de usos que Google realmente hace, según la acusación.

La privacidad, en el punto de mira. En los últimos años, la privacidad se ha convertido (afortunadamente) en una de las grandes obsesiones del mundo tecnológico, motivo por el cual los organizamos internacionales se han puesto a mirar con lupa a las grandes empresas que procesan datos, como Google y Amazon, para verificar que cumplen con la normativa vigente.

Ya ha habido multas. Esta situación ha llevado a que compañías como las mencionadas anteriormente hayan sido multadas en alguna ocasión. Sin ir más lejos, en verano de 2021 Amazon fue multada con 746 millones de euros por violar el RGPD (la multa más alta de este tipo hasta la fecha) debido a las prácticas de recopilación de datos. Google también ha sido multada en varias ocasiones: 50 millones de euros por violar el RGPD en Francia, diez millones en España por vulnerar el derecho al olvido, 150 millones por dificultar el rechazo de las cookies en Francia y, por supuesto, 4.340 millones de euros, la mayor multa antimonopolio de la historia, por el caso Android.

No solo hablamos de big tech. Aunque las mayores multadas y las más sonadas son las protagonizadas por las grandes tecnológicas, lo cierto es que no son las únicas. BBVA y CaixaBank, por ejemplo, han sido multadas con cinco y seis millones de euros, respectivamente, por motivos similares. Hasta Mercadona fue multada con 170.000 euros por negarse a entregarle a una clienta el vídeo de vigilancia que pedía.

Sin denunciantes como Snowden o Frances Haugen habría sido mucho más difícil conocer los oscuros movimientos de la NSA o Facebook. Proteger las fuentes de filtraciones periodísticas y a estos denunciantes es importante para denunciar casos de corrupción y malas prácticas. En esta dirección desde la Unión Europea se aprobó la 'Directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones'. Una Directiva que debía haberse implementado en España pero a día de hoy, plazo máximo obligatorio que tenía el Gobierno, no se ha realizado.

Desde la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) han lamentado este retraso injustificado y denuncian que España no haga sus deberes por proteger a una figura tan relevante para nuestra democracia como son los 'whistleblowers'.

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Prohibición de represalias y anonimato para denunciantes

La Directiva europea establece una serie de medidas para proteger a estos denunciantes, aunque sigue teniendo margen de mejora para proteger mejor las filtraciones. Desde la PLI esperaban una transposición con la inclusión de medidas como la aceptación de denuncias anónimas y que los canales de denuncia no se limiten a lo que una persona pueda conocer en su ámbito de trabajo.

Son opciones que desde Europa dejan abierto a los distintos países y desde las organizaciones en defensa de la libertad de la información abogan porque se introduzcan.

❗️ Desde la @PDLI_ (PLI) lamentamos el retraso injustificado en la transposición de la Directiva de Protección de Denunciantes.

Estas son las consecuencias para medios, fuentes, periodistas y para el derecho a la información de la ciudadanía👇👇👇https://t.co/tUoG2Hxl3Y

— PLI (@PDLI_) December 17, 2021

Entre las obligaciones que sí implementa la Directiva y que en España todavía no tendremos está la de contar con canales de denuncia interna y externa para que se puedan denunciar casos de ilegalidad.

Estos canales van acompañados de garantías como el aseguramiento de la confidencialidad sobre el denunciante y la prohibición de represalias en el ámbito laboral, desde el despido hasta otras como el acoso, intimidación o la modificación de las condiciones de trabajo. Es decir, la ley europea establece que protecciones para que las empresas no puedan "hacer pagar a los trabajadores" cuando hay una filtración.

La PLI denuncia que el Gobierno ha tenido dos años para hacer la transposición y avisa que un Decreto Ley (la vía rápida que no pasa por el debate público) no es la solución.

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Algunas comunidades autónomas como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares sí cuentan con canales de denuncia que admiten alertas anónimas y de cualquier persona. Ahora falta que desde España sigan este camino e implementan una ley que proteja la denuncia y contemple protecciones para la revelación de secretos de buena fe.

Gracias a estos denunciantes hemos podido conocer prácticas que nos afectan a todos, pero si los gobiernos no protegen estas figuras, será difícil que podamos tener un mejor conocimiento de lo que nos rodea.

Imagen | Chris Yang
Más información | PDLI

Facua ha pedido a las autoridades nacionales y autonómicas de consumo que investiguen la última subida de precios de Netflix en España, ya que la consideran abusiva. La organización de defensa de los consumidores señala que la justificación de la plataforma de contenidos bajo demanda para aumentar sus tarifas se basa en una cláusula que atenta contra los derechos de los usuarios, pues brinda a la empresa estadounidense la capacidad de modificar a voluntad y unilateralmente las condiciones del contrato establecido con sus clientes sin que medien motivos válidos, según informan en una nota.

Facua basa su acusación en el artículo 85 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en su apartado tercero recoge que se considerarán abusivas “las clausulas que reserven a favor del empresario las facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que concurran motivos válidos especificados en el contrato”.

La organización de consumidores explica que Netflix ha basado esta subida de precios en una clausula incluida en sus Términos de uso que, textualmente, dice: “Podemos cambiar nuestros planes de suscripción y su precio cuando lo consideremos oportuno”. Un motivo que a Facua, en virtud de la norma citada, no le parece válido, ya que se basa en la mera voluntad de la empresa para subirla, algo que la ley considera abusivo.

Tampoco considera válida la justificación que Netflix ha dado a sus clientes al comunicarles el incremento del precio de los planes Estándar y Premium, que a muchos usuarios les ha aparecido estos días al entrar en la aplicación: “No paramos de añadir los mejores títulos a Netflix para que sigas disfrutando aún más”.

Anuncio de la subida de tarifa de Netflix.

Para la denuncia, Facua también se basa en varios artículos del Código Civil que protegen a las partes de un contrato. Entre ellos, el artículo 1.256, que señala que “la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”, y el artículo 1.258, que recoge que “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”.

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Con la nueva subida de precios, Netflix se acerca peligrosamente al límite de "si no lo uso un mes me compensa cancelar"

Netflix asegura que todo es legal

Netflix, por su parte, defiende que la subida de precios se ha realizado de manera completamente legal, ya que consideran que la mejora del catálogo de series y películas, así como calidad del servicio que proporciona su plataforma, justifican dicho aumento, según ha explicado un portavoz de la compañía a Xataka. Asimismo, argumentan que, dado que no existe ningún tipo de permanencia, si el consumidor no está de acuerdo con este cambio puede cancelar la suscripción en cualquier momento o cambiar de plan, ya que el Básico mantiene su coste de 7,99 euros al mes.

Cabe recordar que Netflix anunció la subida de precios de dos de los tres planes que ofrece en la actualidad a principios de octubre. Con ella, el Estándar pasará de 11,99 euros a 12,99 euros al mes y el Premium de 15,99 euros a 17,99 euros al mes, un incremento que será efectivo a partir del 4 de diciembre.

Así las cosas, ahora serán las autoridades competentes las que tendrán que decidir si la denuncia de Facua tiene fundamentos suficientes como para justificar una investigación y una posible sanción o, por el contrario, los argumentos de Netflix son validos y, por lo tanto, la subida de dos de sus tres tarifas en España no es abusiva.

La organización de consumidores ha denunciado a Netflix ante la Dirección General de Consumo del Ministerio homónimo, y ante las autoridades autoridades de protección al consumidor de las diecisiete comunidades autónomas de España.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la 'Proposición no de Ley sobre la prevención de la propagación de discursos de odio en el espacio digital' a petición de Unidas Podemos. Con los votos a favor de PSOE y ERC y en contra de PP y Vox, la iniciativa insta al Gobierno a "adoptar medidas para prevenir la propagación de mensajes de odio en redes sociales", así como establecer herramientas para "facilitar su vigilancia y eliminación inmediata como ya ocurre en Alemania o Francia".

En abril de este año, era el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien exponía en rueda de prensa "cambios legales para impedir que aquellos que contaminan la opinión pública" salgan impunes, abriendo la puerta a una regulación que planteaba muchas dudas.

Esta vez ha sido el partido morado quien ha decidido impulsar esta proposición tras comprobar "una creciente polarización" en la opinión pública debida a la crisis sanitaria. Una iniciativa que la oposición en el Congreso describe como un "atentado a la libertad de expresión" y un intento de silenciar las críticas.

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El Gobierno plantea cambios legales para frenar los bulos en internet: qué castigos contempla ya la ley y por qué su regulación genera tantas dudas

Qué motivos se exponen a favor y en contra de esta regulación

Según recoge el Boletín Oficial de las Cortes Generales nº 168, los diputados Ismael Cortés y Joan Mena han explicado que "la circulación de discursos de odio en el espacio digital ha cobrado una especial atención, desde los primeros días de la pandemia". Unidas Podemos argumenta que "el dolor colectivo se ha instrumentalizado con fines ideológicos, poniendo en riesgo la seguridad física y la integridad moral". Más allá de la pandemia creen que "los discursos de odio han sido una reacción a los avances en materia de pluralismo, tolerancia a la diversidad y multiculturalismo registrados en las últimas década".

Entre los referentes de la propuesta se coloca Alemania y Francia. En el caso del primero, en 2018 aprobaron una ley específica para evitar la difamación online, mientras que Francia aprobó en 2019 una ley similar con el objetivo de penalizar "mensajes que puedan contener incitación al odio, discriminación racial, religiosa u homofóbica, así como la apología de la violencia, el terrorismo, o el acoso online".

Desde la Plataforma en Defensa de Libertad de Información se recuerda que "la ley alemana citada como ejemplo fue duramente criticada por organizaciones de libertad de expresión y por haber sido utilizada como “plantilla” legislativa por parte de gobiernos autoritarios en todo el mundo", mientras que la ley francesa fue declarada el pasado mes de junio como inconstitucional en los aspectos relativos a la retirada de contenidos online.

Desde los grupos de la oposición se ha descrito como un "disparate" la propuesta que sean las empresas tecnológicas privadas, y no los jueces, quienes decidan qué está bien o mal, según recoge Europa Press de las declaraciones de Eloy Suárez del PP. Para el diputado de Vox, Manuel Mariscal: "la expresión "discursos de odio" es un invento del consenso progre para perseguir a los que no piensan como ellos en el único lugar que aún no controlan: las redes sociales".

María Muñoz, diputada de Ciudadanos, explica que su partido se ha abstenido porque "el discurso está politizado" y "la lucha por eliminar los discursos de odio en redes sociales viene de Europa, del Consejo Europeo, y para proteger a grupos vulnerables".

Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), "los mecanismos oficiales de recogida de datos sobre los delitos de odio en la UE no consiguen captar a menudo la situación real sobre el terreno".

Qué ha aprobado el Congreso de los Diputados

Por el momento es una proposición no de Ley, pero teniendo en cuenta que ha recibido los votos positivos de los dos partidos que conforman el Gobierno tiene muchas probabilidades de continuar adelante. Estas son las medidas que el Congreso de los Diputados ha aprobado para instar a el Gobierno a aplicarlas.

"Garantizar que los usuarios de las empresas TIC dispongan de la información necesaria acerca de cómo denunciar los contenidos que inciten al odio, con derechos de información específicos en el caso de los usuarios menores de edad".

La primera propuesta trata sobre asegurar que las "empresas TIC" dispongan de vías para denunciar contenidos, similar a lo que ya existe en plataformas como Twitter que permiten denunciar tuits concretos.

"Simplificar los mecanismos para denunciar el contenido de los discursos de odio, incluida la creación de una herramienta única, accesible y fácil de manejar para los usuarios en todo el territorio del estado español".

La segunda medida es la creación de una herramienta única contra los discursos de odio, sin especificar más detalles sobre cómo funcionaría este organismo ni sobre quién residiría su control.

"Reducir el tiempo de procesamiento de los contenidos denunciados. Los operadores de las empresas TIC tendrán 24 horas para eliminar o deshabilitar de la web los contenidos que inciten al odio y a la violencia; o una hora cuando las víctimas sean menores. Esto exigirá a los operadores que apliquen procedimientos especiales y específicos, cuando sea necesario, para garantizar que las notificaciones se tramiten sin demora".

En tercer lugar, la proposición pretende establecer un tiempo máximo para eliminar un contenido denunciado, siendo de 24 horas para los contenidos que inciten al odio y de una hora cuando las víctimas sean menores. Este punto es complejo, pues la decisión sobre qué representa delito de odio es susceptible de interpretación.

Para Sergio Carrasco, jurista de Fase Consulting: "la reducción de plazos tan llamativa para actuar, especialmente en los supuestos "discursos de odio" puede llevar a la retirada de contenidos ante la amenaza de poder terminar siendo responsables. Además, muchos casos (aunque lo pudiera parecer) no tienen esa relevancia".

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"Aumentar la cooperación entre los operadores de las empresas TIC con las autoridades fiscales y policiales competentes. Los operadores tendrán la obligación de almacenar temporalmente el contenido de incitación al odio denunciado y de ponerlo a disposición de la autoridad judicial con el fin de investigar, identificar y enjuiciar infracciones penales".

Finalmente la propuesta solicita al Gobierno que aumente la colaboración entre estas empresas digitales y las autoridades, obligando que las empresas almacenen el contenido denunciado y lo comparten con los jueces.

Desde la Plataforma en Defensa de Libertad de Información creen que esta proposición es "innecesaria y peligrosa" ya que "Europa está a punto de regular en esta materia" y "ahonda aún más los déficits que venimos arrastrando de legislaturas anteriores", apuntando que "esta propuesta encaja muy mal con la proposición de ley del mismo grupo parlamentario para descriminalizar los delitos de opinión y defender la libertad de expresión".

Para Guillermo Beltrà, responsable de política digital del Open Society European Policy Institute: "el Congreso español ha adoptado una resolución pidiendo al Gobierno que presente una ley para abordar los mensajes de odio online, copiando las peores medidas en otras leyes existentes".

Los usuarios de Movistar se unen a los de Euskaltel y puede que solo sea el principio. Hace unos meses conocimos que la operadora vasca fue obligada por un juzgado de Bilbao a dar información sobre sus clientes a una productora cinematográfica. Una información utilizada para enviar cartas solicitando una compensación económica a cambio de no ir a juicio. Ahora se abre un nuevo capítulo en este caso, pues el juzgado de lo mercantil nº9 de Madrid ha aceptado Diligencias Preliminares en relación a Movistar, permitiendo a la productora alemana Crystalis Entertainment enviar cartas a usuarios de varias ciudades de España.

Desde las redes sociales los usuarios han advertido de la llegada de estas cartas amenazantes y abogados como David Bravo, especializado en derecho informático y propiedad intelectual y David Maeztu, especializado en derecho y tecnología, han confirmado que estas cartas les están llegando a usuarios de ciudades como Madrid, Valladolid, Cádiz, Badajoz, Sevilla, Barcelona o Alicante.

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Caso Euskaltel: jueces que van por libre, vulneración de datos y productoras que piden 150€ a cambio de no denunciarte por descargar películas

Hasta 1.300 euros por evitar ir a juicio

El juzgado de Madrid ha obligado a Movistar a compartir información sobre los titulares relacionados con IPs que la productora tenía guardadas y relacionadas con ciertos proveedores, permitiendo así a la productora enviar cartas amenazadoras a estos usuarios pidiéndoles dinero a cambio de llegar a un acuerdo extrajudicial.

Ya es oficial: las cartas a usuarios de redes P2P para evitar juicios por descargas mediante el pago de acuerdos extrajudiciales se han extendido de Bilbao a otras ciudades, como Madrid y Valladolid. Lo que quiere decir que ya le puede llegar a cualquiera en España.

— David Bravo (@dbravo) September 13, 2019

En las distintas cartas, enviadas por el bufete de abogados Lucentum de Alicante, se pide una cantidad equivalente a 100 euros por cada "título ilícitamente compartido" y una cantidad fija de 300 euros en cuestión de "gastos de investigación y reclamación". Una fórmula que ha llegado a suponer hasta 1.300 euros en el caso de un usuario que supuestamente habría descargado diez veces un capítulo de una serie a través de Bittorrent.

En respuesta a @AEuskaltel
@davidmaeztu
y @dbravo
Aquí tenéis la carta que me ha llegado de Badajoz, con la compañía Movistar. Esto ya es imparable. pic.twitter.com/AmzHMzn5OA

— Iñaki Martínez (@deth_mage) September 13, 2019

Según nos explica el abogado David Bravo: "En las cartas que a mí me han llegado, siempre es por la serie Ash vs. Evil Dead, pero no sé si será casualidad". En la carta se explica a los usuarios que tienen un mes para pagar o sino serán demandados. Una amenaza factible pues se han abierto las diligencias correspondientes, pese a que "estas no son ajustadas a derecho", según apunta David Maeztu.

Esta es la explicación que expone la carta para justificar la petición de dinero:

"Tenga usted en cuenta que, como titular de la conexión a Internet, es el principal sospechoso de la infracción cometida. Pero, incluso en el caso de no haber realizado usted directamente la difusión de las obras, la Ley le considera responsable de la infracción, a todos los efectos, como cooperador.".

Qué hacer si recibes una de estas cartas

El caso Euskaltel afectó a miles de internautas. Se desconoce por el momento el alcance de estas nuevas cartas. Pero la recomendación de los abogados es clara: no pagar. David Maeztu va más allá y explica que "a partir de la experiencia que hemos visto, esta gente no pone denuncias. No acaba demandando. Habrá que ver cómo se resuelven, pues están esperando una reacción de los primeros asuntos. Pero a nivel de costes con lo que piden, no sé si les compensaría. A nivel jurídico hay un montón de cosas que están haciendo mal y segundo porque no creo que haya un incentivo en demandar en todas partes. Pero bueno, tampoco sé cuál es su intención".

"En el caso de las películas de el País Vasco, algunas de las productoras demandantes ya han cerrado, pero se aceptaron en su momento. Una situación que entendemos genera indefensión", sigue Maeztu.

Coincide David Bravo, quien recomienda además "agruparse como en el caso Euskaltel. Ponerse en contacto con otros afectados y buscar asesoría jurídica conjunta". Será el juzgado de cada ciudad quien deberá decidir la resolución, pudiendo o bien actuar como el de Donosti (que exculpó de la infracción) o como el de Bilbao, que condenó a pagar 150 euros.

Sobre la decisión del juzgado de Madrid

"Ya sabíamos que se habían presentado estas solicitudes, porque cuando estuvimos con lo de el País Vasco ya se nos dijo que estaba pendiente en Madrid. Simplemente ahí han ido mucho más lento. Es posible que afecte a Movistar en este juzgado, pero a Vodafone y Orange en otros. Esto no termina aquí, es posible que escale a otras compañías", relata Maeztu.

"Yo creo que el problema es el haber admitido, el que se identifique a los usuarios. El juzgado de Madrid prejuzga, pues da un valor a la prueba de la IP que no debería", nos explica Bravo. Ante la reclamación de la productora, el juzgado de Madrid podría haber denegado el acceso a estos datos pero sin embargo ha considerado oportuno obligar al proveedor de servicios, en este caso Telefónica, a suministrar quién está detrás de la IP.

Desde el caso Promusicae y la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del año 2014, se abrió la posibilidad de solicitar la averiguación de la identidad tras una dirección IP mediante el mecanismo de las Diligencias Preliminares. Sin embargo, para hacerlo se establecieron una serie de requisitos.

"[...] mediante actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos o comerciales, teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas."

"Pese a que ha sido un juez el que ha admitido estas diligencias preliminares, no se ha hecho conforme a la ley ya que no se cumplen estos requisitos", nos explica Maeztu. "Se debe hacer de forma ponderada y no es el caso. Aquí no hablamos de una persona cuya IP está descargando 800 películas, sino que todo se basa en que un señor de Alemania ha detectado una IP compartiendo una obra concreta durante un segundo. Y eso es todo lo que se aporta".

La cuestión es que la ley exige para dar datos que no sean por usuarios particulares "teniendo en cuenta el volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas" no solo por una pic.twitter.com/ueMIuAcxC2

— David Maeztu (@davidmaeztu) September 13, 2019

No han trascendido detalles sobre la posición de Telefónica en este caso, pero aunque se hubiera opuesto no habría sido suficiente ya que están obligados a facilitarlos. "La Ley de Protección de Datos no aplica, ya que todo se hace a través del juzgado", expone Maeztu.

Se trata de la misma situación que le ocurrió a Euskaltel, quien tuvo que dar sus datos. En el caso de la operadora vasca, posteriormente al problema se decidió presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

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Qué puede pasar a partir de ahora

"Lo previsible es que con el resto de productoras minoritarias, puede que haya un avance de peticiones. No es difícil imaginar a alguna productora extranjera que encargue a un despacho de abogados de España y haya solicitudes masivas". La decisión del juzgado de Madrid llega después de un tiempo en que la productora lo haya reclamado, pero no se descarta que otros juzgados estén valorando acciones similares con otros proveedores, sean Telefónica, Orange, Vodafone o cualquier otro operador.

¿Cómo se paralizarían estas peticiones? Le preguntamos a Maeztu. "En el País Vasco la estrategia no es que no paguen los usuarios, es que la ley está mal porque no es compatible con la europea. Lo que planteamos es que haya una cuestión prejudicial y una cuestión de constitucionalidad, lo que nos abriría la puerta a poder pararlo".

En Genbeta | Una denuncia no puede obligarte a pagar por descargas P2P con tu IP como única prueba

Algunos clientes de Euskastel han recibido durante los últimas semanas una carta donde se les pide 150 euros en un plazo de 5 días a cambio de no ir a juicio. Una denuncia en la que se reclama a los usuarios este importe por haber descargado mediante sistema P2P la película 'Once Upon a Time in Venice'. Se trata de una amenaza real, pero para entenderlo debemos trasladarnos a un juicio que empezó en abril de 2017.

Es el caso Euskaltel, un pleito judicial donde la operadora vasca fue obligada por un juzgado de Bilbao a dar información sobre sus clientes a una productora cinematográfica. Una información que tiempo después ha servido a esta productora para amenazar con diversas denuncias a aquellos usuarios que realizaron la descarga de la película.

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Así es como la decisión de un juez, en contra de la jurisprudencia existente, ha terminado perjudicando la imagen de Euskaltel, ha vulnerado la privacidad de sus clientes y puede terminar otra vez en los juzgados con una reciente denuncia de Euskaltel a la propia productora por utilizar ilegalmente estos datos. Aquí os explicamos cómo se ha llegado a este punto y qué podemos aprender del caso Euskaltel.

"Once Upon a Time in Bilbao"

El 3 de abril de 2017, un despacho de abogados que representaba a las productoras ganó una demanda contra Euskaltel. El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao obligó a la operadora vasca a entregar los datos sobre las direcciones IP de algunos usuarios que habían compartido contenidos sin permiso a través de sistemas P2P.

En concreto, la dirección IP de aquellos clientes que hubieran compartido la película 'Once Upon a Time in Venice'. Inicialmente Euskaltel se negó a entregar estos datos, pero el Juzgado de Bilbao obligó a aportar los datos de los clientes afectados, sin posibilidad de recurso. Unos datos que acabaron en manos de la productora que ahora, años después, los ha aprovechado para enviar cartas amenazantes de denuncia.

El caso es bastante peculiar ya que las decisiones del Juzgado de Bilbao difieren con las adoptadas por otros jueces. Amparándose en la Ley de Protección de Datos, las operadoras se habían negado a facilitar a los demandantes los datos de sus clientes. Pero esa resolución judicial obligó a Euskaltel a identificar a los propietarios de las direcciones IP que se habían descargado la película.

Este Juzgado abrió la puerta a que la productora obtuviera unos datos sensibles y pudiera así enviar cartas a los clientes. Usuarios de Euskaltel denuncian que el operador no realizó suficiente esfuerzos para defender su posición y explican que otras operadoras han tenido procesos similares y finalmente la Justicia les ha dado la razón.

150 euros o denuncia por haber descargado una película

Desde la resolución del juicio ha habido casos constantes de clientes que han recibido cartas exigiendo distintas cantidades de dinero para evitar ser demandados. Una cantidad que va desde los 150 hasta los 475 euros.

En distintos foros, los usuarios de Euskaltel lamentan que la compañía haya permanecido quieta ante este asunto, lo que le ha valido la fama de ser una operadora de riesgo para aquellos usuarios que quieren compartir contenidos a través de sistemas P2P.

Durante las últimas semanas los clientes de Euskaltel han recibido numerosas cartas de la productora de cine "Venice PI, LLC", con un aviso donde se advierte que o se abona 150 euros en un plazo de 5 días o se iría a la vía judicial. Estas cartas incluyen un número de cuenta corriente a nombre de Alfa Guardian S.L, representante de la productora.

Adicionalmente, usuarios han denunciado haber recibido cartas con el mismo mensaje pero por haber descargado la película Titán, de la productora Reliance Entertainment Productions LLC con sede en Londres.

Ejemplo de carta recibida por clientes de Euskaltel.

Otro caso es el descrito por MSN, donde un usuario recibió un correo escrito por el abogado Rafael Eizaguirre Garaizar en el que, en representación de Venice PI LLC, solicitaba 150 euros "por vía amistosa". Una práctica que el cliente describe "similar a la extorsión".

Comunicado de prensa: pic.twitter.com/aKlILIc7UP

— Afectados Euskaltel (@AEuskaltel) 29 de mayo de 2019

Euskaltel decide actuar años después y presenta su propia denuncia ante la AEPD

Finalmente, Euskaltel ha decidido actuar. El operador vasco ha manifestado que la productora Venice PI ha utilizado estos datos personales en contra de la normativa de protección de datos. Estos datos conseguidos en diligencias preliminares estaban en manos de la productora, pero no se especificaba qué tipo de uso se podía hacer de ellos.

A raíz de las cartas recibidas por sus clientes, Euskaltel ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) donde considera que "cuando se facilitan los datos en cumplimiento del auto de diligencias preliminares la productora no es libre para decidir qué hacer con esos datos, circunstancia que parece que se incumple y que puede constituir infracción de la normativa de protección de datos".

La denuncia fue presentada el pasado 20 de mayo y se acusó de vulnerar la normativa de datos personales, como por ejemplo el uso de la dirección de correo, que habría sido obtenido de forma ilegal para enviar estos correos exigiendo el pago de 150 euros.

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Qué dice la Justicia sobre las condenas por IP

Con este movimiento Euskaltel intenta resarcirse de la mala imagen cosechada respecto a sus propios clientes en materia del uso libre de la red. El operador remarca que en ningún momento ha identificado a los titulares de las direcciones IP como autores de infracción alguna ni valora la licitud o ilicitud de las actuaciones realizadas por los usuarios. La operadora se habría limitado únicamente a dar un listado de IPs, pero esa información es suficiente sensible.

Cada vez más jueces evitan condenar únicamente basándose en la IP, pero hay excepciones como el Juzgado de Bilbao que ya condenó previamente a varios usuarios por el caso 'Dallas Buyers Club'.

En Bilbao un bufete de abogados está mandando cartas a usuarios de redes P2P -o eso dice la carta que son- reclamándoles 100 euros por cada capítulo de series descargadas y 150 euros por película. Dicen que es como acuerdo extrajudicial para evitar la demanda. Su prueba: una IP.

— David Bravo (@dbravo) 16 de abril de 2019

David Bravo, abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual, argumenta que "el número de IP, como ha declarado ya el Tribunal Supremo, solo acredita quién es la persona que contrató la conexión a internet desde la que se realizaron los hechos objeto del procedimiento, pero no quién la usó." En su opinión, la posición del juzgado de Bilbao es algo puntual y se basa en un desconocimiento tecnológico. Sin embargo las decisiones están ahí y han permitido alargar el conflicto entre Euskaltel, sus clientes y los abogados de las productoras que intentan sacar crédito de ello.

Por el momento los usuarios afectados que han recibido la carta han rechazado pagar. Esta decisión podría acabar en los Juzgados si el abogado demandante finalmente presenta la denuncia. Será entonces cuando el Juzgado deberá decidir qué tipo de resolución adopta. Paralelamente, el Juzgado también deberá decidir si el uso de los datos de los clientes de Euskaltel por parte de los abogados ha vulnerado la Ley de Protección de Datos.

Teniendo en cuenta la posición del Tribunal Supremo, los usuarios deberían estar tranquilos. Si bien, una resolución discordante puede alargar más el proceso. Una situación que no habría alcanzado a los usuarios si Euskaltel hubiera velado con más ahínco por la privacidad de sus clientes.

En las denuncias por piratería, tener la IP del supuesto infractor no siempre resuelve el problema para las autoridades. Principalmente, porque el hecho que un delito se haya cometido desde una IP determinada no implica que el culpable sea su titular. Se pueden dar múltiples situaciones, desde que alguien se haya colado en la red, que sea un familiar, que la red sea pública o simplemente que alguien haya utilizado tu dispositivo sin autorización.

Para proceder en este tipo de situaciones, las autoridades acostumbran a ordenar registros del domicilio, buscar material informático adicional y complementarlo con otro tipo de pruebas. Sin embargo, en diversas demandas por piratería se ha utilizado la dirección IP como única prueba acusatoria. Pese a que en la actualidad la mayoría de organismos judiciales están de acuerdo en que la IP no es suficiente prueba, todavía existen casos de internautas que sí han sido condenados solo con este dato.

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Los últimos juicios en EEUU consideran insuficiente la dirección IP como única prueba

Como vemos desde ADSLZone cada vez es más habitual ver jueces que evitan condenar basándose únicamente en la IP. Es una tendencia que se aprecia en los EEUU con los últimos juicios por piratería pero también es aplicable a España, donde los casos de jueces que sí aceptan la IP como única prueba son la excepción y no la norma.

Sin tener datos concretos sobre el número de juicios, algunos de los últimos casos en los EEUU muestran que los jueces están considerando insuficiente este dato. Es el caso del veredicto del Ninth Circuit Court of Appeals. El tribunal afirmó que una dirección IP no era suficiente para identificar al infractor, en este caso relacionado con la descarga a través de BitTorrent de la película 'The Cobbler' de Adam Sandler. Según la resolución, se necesita un elemento adicional más allá de la IP para poder implicar a una persona.

Los jueces suelen basarse en las sentencias previas. Esta jurisprudencia es la que ha terminado por provocar que el juzgado del distrito de Nueva York desestime la demanda de Malibú Media, también identificada únicamente mediante una dirección IP. En este caso, el juez ofreció la posibilidad de aportar más documentación pero la acusación únicamente se limitó a relatar la insistencia de la misma dirección IP de Verizon. Un hecho que tampoco fue considerado suficiente.

Según leemos en TorrentLawyer, todavía hay casos abiertos como los de Venice PI, LLC por la descarga de 'Once Upon a Time in Venice (2017)'. En esos juicios, pese a que los jueces se inclinan por no aceptar la dirección IP como única prueba, la acusación sigue buscando otro tipo de material. Unas resoluciones que muestran un cambio de parecer en la justicia estadounidense respecto a 2004.

Esta es la posición de la justicia española

La Agencia Española de Protección de Datos considera la dirección IP de un dispositivo como un dato de carácter personal. Sin embargo, las distintas jurisdicciones no comparten esta opinión a la hora de utilizarlo como prueba acusatoria.

Como ejemplo, suele utilizar la sentencia número 987/2012 del Tribunal Supremo a 3 de diciembre de 2012. En ella se determina que la IP por si sola no es suficiente para establecer quién es el responsable de la comisión de un delito.

La Audiencia Provincial de A Coruña en 2010 condenó a una persona por una falta de injurias utilizando la dirección IP del titular, sin embargo este dato fue un elemento más de un conjunto de indicios donde además se sumó el número de teléfono móvil y una descripción física.

Para conocer la opinión sobre el uso de la IP como única prueba, hablamos con David Bravo, conocido abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual. Así es cómo defendía su posición durante el caso 'Dallas Buyers Club'.

Existe la errónea creencia de que el número de IP identifica a la persona que utiliza una conexión de internet. Esa creencia ha permitido que varias personas tengan que sufrir larguísimos procedimientos con gravísimas acusaciones en su contra con una IP como única prueba. El número de IP, como ha declarado ya el Tribunal Supremo, solo acredita quién es la persona que contrató la conexión a internet desde la que se realizaron los hechos objeto del procedimiento, pero no quién la usó. No solo puede usar la conexión cualquier persona que conviva con quien contrató la línea sino que además, si tiene Wi-Fi, las posibilidades se amplían. Sobretodo, obviamente, si la conexión Wi-Fi es abierta. Por tanto, la IP como única prueba contra una persona es absolutamente estéril y los juzgados a los que se les explica esta cuestión vienen reconociéndolo sistemáticamente.

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El caso 'Dallas Buyers Club' se resolvió en dos juzgados distintos. Uno en San Sebastián, con los acusados de esa ciudad, y otro en Bilbao. En el primero de ellos, se cerró el caso alegando que la IP no era suficiente. Pero a 100 kilómetros de distancia, en Bilbao, se acabó condenando a varios usuarios con una indemnización de 150 euros, una cantidad menor de los 450 euros que se pedían. Pero aún así dos cantidades que David Bravo argumenta que fueron completamente aleatorias.

En respuesta a Genbeta, el condenado se preguntaba: "¿Alguien hizo un uso ilícito de mi conexión? Ni idea... no tengo manera de demostrarlo y para este juez soy responsable."

¿En base a qué se condenaron a esas personas? El juez consideró que la dirección IP generaba una responsabilidad. Y en caso de no poder asociarlo a una persona concreta, se transmitió la responsabilidad al titular de la línea contratada para que responda como autor y responsable de los daños y perjuicios. Salvo, que se probara mediante argumentos o datos que pongan en duda su responsabilidad.

En esa situación, algunos acusados acudieron a su operador para obtener un certificado que les exculpase, según nos explica David Bravo. En relación a este caso, el abogado ofrece un modelo de respuesta para casos de reclamación de indemnización por uso de P2P.

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Un ataque malicioso, un PC manipulado o una IP pública. Hay muchos argumentos esgrimidos por la defensa de estos casos para que los jueces desestimen el uso de la IP como única prueba. En opinión del abogado, la condena del juzgado de Bilbao es algo puntual y existe suficiente jurisprudencia como para desestimar las acusaciones basadas únicamente en la IP. Pero no todos los demandados tienen los mismos recursos y sí sigue existiendo una pequeña inseguridad jurídica.

La tendencia tanto en España como a nivel internacional, según David Bravo, irá hacia la eliminación del uso de la IP como prueba. Principalmente debido a que con el paso del tiempo cada vez más jueces entenderán cómo funciona esta tecnología. El abogado nos detalla cómo algunos jueces siguen considerando las direcciones IP como si fueran un carnet de identidad del internauta o una matrícula del coche. Pero como muestran las últimas resoluciones, cada vez son más los jueces que son conscientes que esta analogía no es correcta.