
El desenlace determinará si la disputa queda limitada al transporte marítimo o termina afectando a sectores de gran importancia para la economía española
Estados Unidos ha abierto un (nuevo) frente de presión comercial contra España, esta vez desde sus puertos. La Comisión Marítima Federal estadounidense ha propuesto cobrar 200.000 dólares, unos 180.000 euros, por viaje a los buques de bandera española que atraquen en el país. La medida llega acompañada de una amenaza con consecuencias potencialmente mayores: restringir la entrada de productos españoles que mueven miles de millones de dólares al año. El origen de este pulso se remonta a tres barcos estadounidenses a los que España negó el acceso a sus puertos en noviembre de 2024.
Eso, y la “relación” que hay entre ambos presidentes.
Una factura de 200.000 dólares por entrar en puerto. La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) ha planteado imponer una tasa de 200.000 dólares por viaje a los buques que naveguen bajo pabellón español y hagan escala en puertos estadounidenses. La propuesta, anunciada el 14 de octubre de 2026, se encuentra sometida a un periodo de alegaciones de 60 días, por lo que todavía no se está aplicando.
Su alcance, en todo caso, es preciso, porque afecta a la bandera del barco, con independencia de la nacionalidad de su propietario o del origen de la mercancía que transporte. ¿Razones? El regulador estadounidense sostiene que España ha creado condiciones desfavorables para su transporte marítimo y considera justificada una respuesta económica.
El conflicto comenzó con tres barcos rumbo a Israel. Como contábamos al inicio, el desencadenante se produjo en noviembre de 2024, cuando España impidió que tres buques estadounidenses utilizaran sus instalaciones portuarias en el contexto del transporte de mercancías relacionadas con Israel. La investigación se centró especialmente en operaciones de Maersk Line Limited en Algeciras, uno de los grandes enclaves logísticos del Mediterráneo.
Las autoridades españolas defendieron que sus decisiones respondían al cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional sobre material de defensa y productos de doble uso. La compañía naviera, por su parte, sostuvo que los cargamentos afectados no incluían armas ni municiones, una discrepancia que terminó desembocando en la investigación de la FMC.
Empezó con Biden, desembocó con Trump. El procedimiento estadounidense arrancó en diciembre de 2024, durante la Administración de Joe Biden, y ha dado lugar a propuestas concretas bajo la presidencia de Donald Trump. El mandatario ya había amenazado anteriormente con adoptar represalias comerciales contra España por sus discrepancias sobre el gasto militar de la OTAN y por las posiciones del Gobierno español ante los conflictos de Gaza e Irán.
En ese sentido, la FMC presenta formalmente sus medidas como respuesta a las restricciones portuarias investigadas, dentro de sus competencias sobre transporte marítimo. ¿Y qué dice España? El Gobierno español ha anunciado que estudiará sus consecuencias y defenderá los intereses de las empresas afectadas en coordinación con la Comisión Europea y los demás Estados miembros.
Una amenaza que alcanza a miles de millones. Porque la tasa portuaria es solo una parte del plan estadounidense. Según los datos de 2025 recogidos en la propuesta oficial de la FMC, Washington estudia limitar importaciones españolas por valor de unos 3.134 millones de dólares anuales: 1.150 millones en aceites y grasas, incluidos 836,9 millones en aceite de oliva, 940 millones en perfumería y cosmética, 634,7 millones en cerámica, 270,6 millones en manufacturas de piedra y 138,8 millones en azúcar y confitería.
Para los exportadores españoles, una restricción de este calibre podría traducirse en pérdida de pedidos, presión sobre los precios y búsqueda de mercados alternativos. Con todo, la cifra refleja el comercio potencialmente expuesto, sin que exista todavía una estimación de pérdidas: la FMC puede limitar las medidas a determinados productos o reducir su alcance.
El problema de los puertos españoles. Plus: la investigación también revela un desplazamiento de actividad marítima que afecta especialmente a Algeciras. Según la FMC, los buques estadounidenses de Maersk Line Limited realizaban una media de 7,25 escalas mensuales en España antes de noviembre de 2024, mientras que posteriormente redujeron drásticamente su presencia y trasladaron buena parte de sus operaciones a Tánger Med, en Marruecos, donde esa flota registra una media de 4,17 escalas al mes.
La pérdida de atraques puede afectar a los ingresos por servicios portuarios, manipulación de mercancías y actividades logísticas asociadas. El propio regulador reconoce, además, que son relativamente pocos los buques de bandera española que visitan puertos estadounidenses, una circunstancia que ayuda a explicar por qué considera insuficiente la tasa y propone actuar también contra las mercancías.
La respuesta española y una decisión pendiente. Sea como fuere, eñ Gobierno español ha anunciado que analizará las conclusiones de la investigación y las posibles consecuencias de las medidas, al tiempo que "defenderá los intereses nacionales en coordinación con la Comisión Europea y sus socios comunitarios". La FMC mantiene abierto el procedimiento para recibir observaciones y contempla ofrecer a España una audiencia antes de decidir qué represalias adopta finalmente.
Una cosa parece clara: el desenlace determinará si la disputa queda limitada al transporte marítimo o termina afectando directamente a sectores exportadores de gran importancia para la economía española, como el aceite de oliva. Por ahora, la amenaza es concreta y está documentada, pero esos 200.000 dólares por escala y las restricciones a las importaciones siguen siendo propuestas pendientes de aprobación.
Imagen | José Sáez, Alex E. Proimos, Adam Cli
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