De casi 50.000 hectáreas de regadío, un 25% opera de forma irregular. El caso Topillo intenta desmontar a todas
Imagina firmar un papel donde admites haber envenenado, tú solo, un ecosistema protegido durante años. Eso ha hecho un agricultor murciano en la sentencia de conformidad que acaba de hacerse pública. Veinte mil trescientos metros cúbicos de salmuera. Suficiente para llenar ocho piscinas olímpicas, vertidos gota a gota durante dos años a través de una desalobradora que nunca debió existir. El agricultor de Santiago de la Ribera (San Javier) reconoce esta desalobradora ilegal que operó entre 2015 y 2017. Y es solo una gota dentro de una trama que investiga a 80 explotaciones agrícolas por el mismo motivo.
Condenas blanditas. La primera sentencia supone 15 meses de cárcel, 900 euros de multa y una indemnización de 6.900 euros. Ese es el precio legal por atacar a una de las lagunas más dañadas de Europa. De hecho, también tendrán que indemnizar al Estado con 4.600 euros por daños y a la Comunidad Autónoma de Murcia con 2.300 euros por gastos derivados. La explotación de 16 hectáreas usó una desalobradora sin permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Eso sí, la pena de prisión queda en suspenso durante dos años: si no vuelve a delinquir, no pisará la celda. ¿Por qué? Porque el Código Penal permite suspender penas de prisión de hasta dos años bajo determinadas condiciones. Entre sentencias de conformidad, penas de prisión de 12-15 meses siempre suspendidas y multas de escasamente cientos de euros —o inhabilitaciones de 9 meses para ejercer la agricultura—, la pregunta siempre es la misma: ¿qué mensaje de responsabilidad se proyecta?
Dentro del mismo caso Topillo, otro administrador agrícola de San Pedro del Pinatar recibió una condena prácticamente idéntica por los mismos hechos. En el juicio más ambicioso hasta la fecha, la Fiscalía llegó a pedir 7 años de prisión por verter 162.000 m² de salmuera (8 veces más que en el caso de Santiago de la Ribera). Todavía no hay condena.
¿Salmuera? No hablamos de aliño de pepinillos. Una desalobradora limpia agua salobre de los pozos agrícolas para hacerla apta para el riego. El proceso separa el agua "buena" de un residuo concentrado en sales, varias veces más salino que el agua marina normal.
Verterla sin tratar a una laguna hipersalina como el Mar Menor no solo aporta sal, arrastra también nitratos y fertilizantes que disparan el crecimiento descontrolado de fitoplancton. Y este mecanismo llevó a la laguna al borde del colapso. Y el plan para protegerlo que implicaba más de 10.000 kilómetros de setos todavía está en las primeras fases de desarrollo..
Una sopa verde. Así se bautizó al exceso de nutrientes que disparó las microalgas y asfixió la vegetación del fondo. En octubre de 2019, una DANA arrastró tal cantidad de agua dulce, barro y materia orgánica que se formó una capa anóxica (donde el oxígeno disuelto está agotado): tres toneladas de peces y crustáceos murieron asfixiados en las orillas de San Pedro del Pinatar. Dos años después, en agosto de 2021, se multiplicaron los problemas: 15 toneladas de fauna y flora muerta, según el informe concluyente del Instituto Español de Oceanografía, que descartó definitivamente el calor o el temporal como única causa.
La Operación Anóxica, coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente, detectó un regadío irregular de más de 2.000 hectáreas, 74 pozos ilegales, 25 millones de metros cúbicos de agua robada y 377.630 kilos de nitratos vertidos de más, con 15 empresas investigadas. Antes, en 2019, la Operación Chandos inspeccionó 67 fincas, precintando 38 plantas desalobradoras clandestinas —algunas escondidas en zulos subterráneos, otras montadas sobre remolques para moverlas de pozo en pozo—. La macrocausa que engloba buena parte de estos procesos señala a 38 empresas agrícolas y tres ex altos cargos públicos por daños calculados en 19,5 millones de euros.
Laguna con derechos propios. No olvidemos que en 2022 el Mar Menor pasó a ser el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia, gracias a una iniciativa legislativa respaldada por 640.000 firmas. La asociación ecologista AMARME recurrió fallos similares por no citar siquiera al Mar Menor como acusación particular en su propio juicio. Sí, el Mar Menor no se puede sentar en el banquillo como víctima en un proceso, pero los investigadores sí pueden responder por él: de 49.488 hectáreas de regadío, el 25% operaban de forma irregular. Y eso que todavía no se han descubierto todos los pozos.
Imágenes | Vista aérea del Mar Menor (Flickr)
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