La legislación es muy clara sobre el papel que deben jugar los ayuntamientos en el cuidado de las colonias
A pesar de la lluvia y el frío y de que la convocatoria se hizo un domingo a mediodía, hace unas semanas alrededor de 200 personas salieron en la calle en Alicante, con pancartas y un megáfono, para exigir entre otras cosas la dimisión del alcalde de la ciudad. No se movilizaron por la vivienda, el encarecimiento de la cesta de la compra, el desempleo, la inmigración, la corrupción o cualquiera de los otros temas que según el CIS quita el sueño a los españoles. Lo que los llevó a quejarse son las colonias felinas de Alicante.
O mejor dicho, cómo las está gestionando el Consistorio pese a que desde 2023 la Ley de Bienestar Animal (y la autonómica) recoge claramente cuáles son sus responsabilidades.
¿Qué ha pasado? El 12 de abril alrededor de 200 personas se reunieron en la Explanada de España, en pleno paseo marítimo de Alicante, para exigir al Consistorio que cambie su política de gestión de las colonias felinas. Entre mensajes como "los gatos están desprotegidos" o "no mirar es abandonar" los manifestantes denunciaron lo que consideran una actitud pasiva por parte del Ayuntamiento, responsable de las colonias callejeras. "No ha hecho absolutamente nada", lamentaba en declaraciones al diario Información Antonio Ripoll, presidente de la asociación Felinos Lo Morant.
El colectivo asegura que, pese a su insistencia sobre la situación de las colonias, desde el Consistorio solo han recibido "excusas" y respuestas que interpretan como "una manera de ir retrasando las cosas". Uno de los detonantes de la manifestación del 12 de abril llegó a principios de marzo, cuando la asociación Colonias Felinas Alicante (Acofal) denunció que los servicios municipales de limpieza habían retirado las casetas para gatos instaladas en el Parque de la Ereta, lo que dejó a su colonia sin refugio ni comida.
"Dispersos y desorientados". Lo ocurrido en la Ereta incluso llevó a PACMA a lanzar un comunicado en el que denuncia "la retirada reiterada" de comida, agua y refugios en la zona, lo que afecta a "más de cien gatos censados", y advierte al Consistorio de "una posible vulneración de la legislación autonómica y estatal de protección animal". "Es imposible trasladar a los gatos del Parque de la Ereta, que ocupa toda la ladera del monte que rodea el Castillo de Santa Bárbara", subraya el colectivo: "La retirada de alimento, agua y cobijo deja a los animales desprotegidos, dispersos y desorientados, especialmente en episodios de lluvia".
¿Qué tiene que ver la LBA? Tanto en los mensajes de las asociaciones animalistas como en el de PACMA se repite una idea fundamental: si el foco se centra en el Ayuntamiento es porque desde hace unos años la Ley de Bienestar Animal (LBA) recoge claramente que la administración local juega un papel clave en la gestión y cuidado de las colonias felinas. De hecho PACMA advierte que lo ocurrido en la Ereta podría "constituir una vulneración" de la normativa estatal, la Ley 7/2023, pero también la de rango autonómico, la 2/2023.
"Obligan a las administraciones públicas a garantizar la correcta gestión y protección de las colonias felinas", argumenta el partido animalista. El mensaje es muy parecido al que se lanza desde el mundo asociativo. Ripoll, por ejemplo, coincide en que el Ayuntamiento "está incumpliendo sistemáticamente la ley de bienestar animal". Incluso señalan que las colonias dependen a menudo de cuidadoras que las gestionan invirtiendo sus propios recursos y tiempo, algo que achacan a la falta de "presupuesto y personal técnico adecuado" en la oficina de protección animal.
Capítulo VI. Artículo 39. Lo cierto es que la legislación es muy clara al respecto. La ley estatal 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales detalla en su capítulo IV, artículo 38, el papel de los ayuntamientos: "En ausencia de otra previsión en la legislación autonómica y respetando el ámbito competencial establecido por la legislación vigente, corresponde a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios, a cuyos efectos deberán desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas".
Incluso precisa qué requisitos mínimos deben cubrir esos planes de gestión: fomentar la colaboración ciudadana, lanzar campañas de formación e información y fijar planes de control poblacional. También el cuidado de los animales. De hecho, la norma deja claro que debe ser la entidad local la que asuma "la responsabilidad de la atención sanitaria", recurriendo para ello a veterinarios colegiados, y también establezca protocolos para tratar las colonias de gatos.
¿Dice más la ley? Sí. Pone unos cuantos deberes extra a los ayuntamientos (por ejemplo, incluir esterilizaciones en los planes de control de población), concreta los roles de las administraciones autonómicas y los ciudadanos y por último subraya ciertas acciones tajantemente "prohibidas" en las colonias. Entre ellas se incluye sacrificar gatos salvo excepciones muy puntuales, llevar ejemplares de colonias (y por tanto no habituados a estar entre humanos y encerrados) a "centros de protección animal" e intercambiar animales de una colonia a otra. La ley también precisa que los gatos solo se podrán sacar de sus comunidades en ciertos casos.
Por si quedasen dudas la ley valenciana subraya también que los ayuntamientos, mano a mano con asociaciones animalistas y veterinarios, "llevarán a cabo en sus municipios una gestión integral" de las colonias. Y eso incluye programas CER (Captura, Esterilización y Recuperación), alimentación, cobijo, supervisión y tratamiento sanitario para los felinos. "Los gatos comunitarios serán identificados con microchip bajo titularidad de la administración local".
Más allá de Alicante. Alicante no es el único municipio en el que la aplicación de la LBA y sus obligaciones ha generado fricciones con los ayuntamientos. En Torres Torres (Comunidad Valenciana) los voluntarios que cuidan de las colonias felinas amenazaron hace poco también con acudir al Defensor del Pueblo ante lo que consideran la "inacción del ayuntamiento" y a finales de 2025 PACMA denunció que el Ayuntamiento de Donostia estaba vulnerando la Ley 7/2023 en una colonia de la ciudad. Situaciones similares se han vivido en Sangunt (Comunidad Valenciana) o Sant Josep (Ibiza).
"Veterinarios voluntarios". Hace dos años, poco después de la aprobación de la LBA, el Colegio de Veterinarios de Alicante incluso lanzó un comunicado para recordar dos ideas clave sobre el cuidado de las colonias de gatos. La primera es que el "control poblacional y sanitario" depende de los municipios, que suelen gestionarlo con programas CER.
La segunda es que el cuidado de las colonias y las esterilizaciones no pueden llevarse a cabo dependiendo del "altruismo" de los colegiados. El aviso llegó poco después de que el Ayuntamiento de Ibi preguntase al colegio por un grupo de "veterinarios voluntarios" dispuestos a asumir las castraciones mientras durase su "bloqueo presupuestario".
Imágenes | Anastasija Puskas (Unsplash) y Winston Chen (Unsplash)
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